El 19 de agosto de 2021 la Gaceta Oficial de la República publicó las normativas para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia en Cuba. Estas prohíben la práctica de un amplio grupo de actividades profesionales en el sector privado; entre ellas, la arquitectura.

La prohibición del ejercicio de la arquitectura de forma privada desoye un reclamo de décadas, y desconoce acciones recientes como una carta abierta con fecha 6 de septiembre de 2021, dirigida al primer ministro, al ministro de la Construcción y a la presidenta de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros.

El documento, firmado por casi 700 profesionales del gremio, solicita la legalización de esta actividad en el sector no estatal, así como la modificación del decreto 49 del Consejo de Ministros, para aprobar actividades relacionadas con el sector como la «Consultoría, Diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, Planeamiento de conjuntos y Arquitectura Paisajista, los Proyectos de Redes Hidráulicas y Sanitarias en edificios y pequeños y medianos conjuntos, Proyectos de ingeniería eléctrica, de acondicionamiento de aire y control acústico en edificios y la Gestión de Proyectos relacionados con la construcción».

Al decir de varios arquitectos que encabezan la petición, hasta el momento solo se han realizado reuniones en las que funcionarios de los ministerios escuchan y responden con vagos argumentos para mantener la prohibición. Tampoco el presidente ha contestado a cartas que le han enviado.

El doctor en Ciencias Técnicas Carlos García Pleyán, quien ha participado en varios encuentros con los ministerios de Construcción y de Economía y Planificación, explica que la reciente y única propuesta de estos organismos ha sido la posible conformación de mipymes estatales de arquitectura, lo que a su entender no responde a la demanda del gremio.

«Se trataría de una mipyme unipersonal, con un solo socio nombrado por el Estado y que no tiene que ser necesariamente arquitecto. El socio nombra un administrador y este es quien puede contratar arquitectos. En el documento que nos han entregado hasta el momento no se nombran los deberes ni derechos de los arquitectos, se habla de un salario fijo que no tiene en cuenta la calidad ni la cantidad de trabajo, y se adjudica la autoría de los proyectos a la mipyme estatal, impidiendo al arquitecto asumir la propiedad intelectual de su obra», explica Pleyán.

A su vez, Universo García, director del estudio privado U + D Arquitectura, expone que el reconocimiento autoral que merecen los arquitectos como creadores de obras ha centrado debates en Cuba desde hace décadas, así como la concepción de la arquitectura como manifestación artística.  

«Miguel Barnet decía que si la cultura era el alma de la nación, la arquitectura era su rostro; sin embargo, lo que hoy estamos viendo como rostro de la nación es una tendencia a sistemas prefabricados y poco estéticos, pues se ha menospreciado e ignorado el rol de la arquitectura como proceso creativo y artístico. Debido a la poca divulgación de esta actividad, hoy nos topamos con sucesos como el escándalo mediático de la calle G, o del muro de 3ra y 70 en La Habana, porque los administradores contratan directamente a constructores o jardineros sin que haya un proyecto arquitectónico de por medio», añadió.

Por su parte, el arquitecto Orlando Inclán Castañeda, director del estudio h[r]g_arquitectura, subraya que esta actividad debe ser un factor esencial del crecimiento de las ciudades y el desarrollo del país: «No se trata solo de una lucha gremial, sino también de un llamado de la propia ciudad por preservar sus valores arquitectónicos y patrimoniales».

Arquitectura privada: ¿capricho o necesidad?

Datos emitidos por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (Onei) confirman que hoy en Cuba son los ciudadanos los principales encargados de la ejecución de viviendas, las cuales representan un alto porcentaje del total de obras de construcción llevadas a cabo en el país. 

De acuerdo con un informe de la Onei, un 57,8 % de las viviendas terminadas en el país en 2020 estuvieron a cargo de ciudadanos comunes. En el caso de las más de 100 mil viviendas que continuaban en construcción al cierre de ese año, solo 11 460 se encontraban bajo ejecución estatal, mientras que el resto (89 456 inmuebles) se edificaban con esfuerzo propio.

 Fuente> ONEI

«La población ha tenido que asumir sin acompañamiento una tarea que requiere del concurso de arquitectos que contribuyan al desarrollo de proyectos funcionales, estéticos y respetuosos con el ambiente y las infraestructuras de la localidad'', señala García Pleyán.

El programa de vivienda trazado por el Ministerio de la Construcción para el decenio en curso contempla la fabricación de 300 mil nuevas viviendas por esfuerzo propio, «así como otras 216 mil para la rehabilitación del fondo existente, con el fin de evitar grandes demoliciones y proteger el patrimonio».

«¿De verdad se pretende construir y rehabilitar medio millón de viviendas por esfuerzo propio sin proyecto de arquitectura?», se pregunta García Pleyán en un artículo publicado en IPS Cuba. En el texto señala como principales consecuencias de estas prácticas «la ocupación de zonas que no son urbanizadas ni urbanizables, la sobreocupación de edificios existentes, ya fuera en subdivisiones, ampliaciones, barbacoas o en construcciones improvisadas en azoteas; la pérdida de los referentes de arquitectura y el predominio de la improvisación, la falta de estética y las soluciones de baja calidad». 

Orlando Inclán apunta, además, la carencia de espacios públicos de calidad, la notable ausencia de áreas verdes y la destrucción de piezas importantes que «están siendo intervenidas por personas sin conocimientos, sin sensibilidad, o que priorizan los costos económicos a la preservación del patrimonio».

De acuerdo con una investigación de la Universidad de Oriente, algunos de los principales componentes patrimoniales afectados en las últimas décadas por deterioro o sustitución de elementos son «las estructuras portantes tradicionales, cubiertas de tejas cerámicas, carpintería (puertas y ventanas), pisos, elementos decorativos; además de las alteraciones irreversibles a espacios que viabilizan el confort ambiental como patios interiores, patios al interior de manzanas, o jardines».

«Las ciudades cubanas están cambiando y su estado es cada vez peor: la tarea inminente no es ampliar, puesto que no existe un crecimiento demográfico fuerte; se trata de entrar en la ciudad, rehabilitar y regenerar el fondo construido. Para ello hay que cambiar tecnología y también la mentalidad. No puedes entrar con las grúas con las que construías Alamar, ni puedes llamar a la autoconstrucción, porque hay edificios donde esto no resuelve el problema. Cada caso requiere la atención personalizada de arquitectos que contribuyan a la adaptación de la ciudad a la nueva demanda», afirma Carlos García Pleyán.

«En este contexto no son funcionales los proyectos seriados de la empresa estatal, que hoy sirve para construir fábricas, hoteles y vivienda en masa, pero no se ocupa de casos puntuales de familias diversas, en contextos físicos diferentes. Por otra parte, los arquitectos de la comunidad fungen hoy como inspectores urbanos y no tienen capacidad proyectista, por lo que tampoco son la respuesta a este problema que se hace cada vez más grave», subraya el especialista.

Investigadores de la Universidad de Oriente evalúan como alto «el grado de deterioro del paisaje —fundamentalmente el urbano— y del conjunto arquitectónico; dada la presencia de usos incompatibles; el déficit cualitativo y cuantitativo de servicios básicos; el sobreuso de inmuebles dedicados a viviendas».

La apertura de negocios privados en Cuba representó un factor clave, puesto que muchas viviendas privadas se convirtieron en locales. Sus distintos usos exigieron la modificación de los espacios de acuerdo con nuevas necesidades. Estas reestructuraciones raras veces contaron con acompañamiento especializado. Las empresas estatales no ofrecen este servicio, y el arquitecto de la comunidad solo tiene entre sus funciones la atención a proyectos con fines de vivienda. Fueron arquitectos privados quienes mayoritariamente respondieron a la demanda, sorteando trabas y con licencias de decoradores, jardineros, contratistas, gestores de casas de renta, entre otras. Su profesión no estaba entre las permitidas para el ejercicio por cuenta propia; si bien tampoco estaba expresamente vedada en el sector, algo que llegó con la lista de actividades prohibidas.

Hoy estos profesionales deben acudir a estrategias similares dentro de las cooperativas de construcción, legales, pero en las cuales no está aprobado el puesto de arquitecto. Cooperativas de construcción sin concepción del proyecto...

«Si quisiéramos, como ciudadanos, podríamos abrir nuestra propia cooperativa de construcción; sin embargo, paradójicamente dentro de ellas podemos construir pero no proyectar. Dentro de esas cooperativas no está aprobada la presencia de un arquitecto, ni de un abogado, por ejemplo, que son claves en el funcionamiento de este tipo de empresas. El arquitecto funciona como una figura clandestina, una profesión totalmente subvalorada. Genera su valor social sin reconocimiento legal ni social y se ve obligado a violar lo establecido», señala Unverso García.

«Es triste que tengamos que estar disfrazando continuamente una actividad que es completamente legítima y tan necesaria en el contexto cubano actual. Mientras esto ocurre, una gran parte de los experimentados y jóvenes arquitectos cubanos decide emigrar, por estar excluidos de la actividad arquitectónica de su país, lo que limita sobremanera su desarrollo profesional», agrega.

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