Mucho se ha debatido en los últimos días sobre las imágenes publicadas por la agencia AP en las que un «revolucionario» agrede a una mujer negra durante la protesta del 2 de octubre de 2022 en la calle Línea del Vedado habanero.

Los debates al respecto son la expresión de la lucha entre dos formas de contar y explicar el aumento de la protesta social en Cuba y la respuesta del régimen cubano. Pero también reflejan la intención de algunas personas ―casi todas intelectuales y opinadores orgánicos al poder― de relativizar un fenómeno que es sencillo y no amerita complicaciones artificiales o artificiosas.

La protesta en Cuba no es tolerada por el poder. Por eso no duda en emplear la violencia de los cuerpos represivos institucionalizados y la de fuerzas teóricamente civiles para desmovilizar a quienes deciden ocupar espacios públicos con demandas puntuales como electricidad, agua y comida, o generales como libertad.

A pesar de que la realidad es cada vez más evidente, varios cubanos todavía niegan y justifican ―explícita o implícitamente― la violencia estatal. Por ejemplo, consideran que las fuerzas vestidas de civil que violentan a manifestantes son el pueblo revolucionario y fiel y los manifestantes inconformes son vulgares, marginales y amantes del desorden. Un discurso que tiene muchos puntos de contacto con las ideologías supremacistas y clasistas y con los argumentos de las dictaduras militares que se empoderan con la fachada de defender el orden frente al caos.

Sin embargo, las relativizaciones caen ante los propios eufemismos generados por el sistema. El pueblo revolucionario fiel se agrupa en «brigadas de respuesta rápida» (BRR); brigadas estatales para responder con violencia a la ciudadanía que le increpa.

Las BRR son el Estado cubano disfrazado de ciudadanía. Son las Sturmabteilung tropicales (camisas pardas del Partido Nacionalsocialista alemán), pero convocadas y movilizadas por el Partido Comunista. Se mueven con medios del Estado y están dispuestos y autorizados para, ante una orden, desplegar la violencia «popular» ―revolucionaria dirían algunos eruditos de las redes sociales― contra quienes se atrevan a desafiar al Estado.

A estas alturas nadie debería dudar que las BRR son simplemente la respuesta estatal a la protesta pública de la gente. Sin embargo, muchos continúan señalando la violencia de las BRR como algo espontáneo y esporádico. Como conductas que representan solo excesos puntuales que deberían ser investigados y sancionados. Pero ese análisis obvia que el Estado totalitario cubano ―y lo que es lo mismo, el Partido Comunista― no se investigará nunca a sí mismo y mucho menos limitará su capacidad represiva.

No se puede continuar trasladando la responsabilidad de actuar a los violentados. Muchos reclaman que las agresiones de civiles a manifestantes se denuncien ante las autoridades porque consideran que la falta de denuncia es la que produce la inacción estatal. Pero también obvian que las autoridades cubanas no necesitan que se produzca una denuncia formal para poder actuar en contra de los posibles responsables de delitos. El artículo 153.5 de la Ley de Proceso Penal ―en vigor desde el primero de enero de 2022― establece que «[l]as noticias sobre un presunto delito que, por cualquier medio, reciba la autoridad actuante, dan lugar al inicio de las investigaciones que correspondan».

¿Alguien duda que violentar a una mujer y reventarle el tabique y la mejilla a alguien que protesta puede ser un delito? ¿Alguien duda que algo como eso haya pasado en Línea y F? Debe haberlos. Pero quien lo hace ha decidido no ver una realidad que tiene ante sus ojos y prefiere ser cómplice de la barbarie. Hace mucho la retórica en Cuba no se construye exclusivamente desde el Granma, Cubadebate y el Noticiero.

La falta de acción del Estado y la reproducción de la impunidad de los que responden rápidamente al llamado del Partido Comunista para combatir manifestantes son las principales muestras de la responsabilidad estatal con la violencia entre cubanos. No puede alegarse desconocimiento cuando todo ocurre delante de las cámaras de la prensa internacional acreditada en la isla y cuando se mantiene en las mazmorras de esas autoridades a personas con el rostro desfigurado por la acción de las BRR.

La inacción estatal es también la principal causa de que hoy muchos cubanos utilicen las redes sociales para tratar de identificar a quienes el Estado ha ofrecido una patente para arrasar con quienes disienten de sus políticas oficiales y se atrevan a mostrarlo de manera pública.

La campaña impulsada contra los hermanos Simon Gil es muestra a su vez de la indefensión de la ciudadanía. Una ciudadanía que ante la impunidad solo puede reaccionar con una de las herramientas que históricamente se han utilizado para defender los derechos humanos: el name and shaming.

Ante un Estado que promueve y necesita la impunidad de quienes violan derechos humanos en su nombre, es imprescindible señalar a los responsables (name/nombrar) e intentar al menos conseguir el repudio social que su conducta amerita (shaming/vergüenza). El name and shaming cuando es impulsado pasionalmente por la ciudadanía puede tener consecuencias poco saludables como el señalamiento de personas inocentes. Sin embargo, esa responsabilidad no recae solo en quienes impulsan un mecanismo como este, sino también en el Estado que propicia su utilización al premiar la violencia de sus acólitos o como mínimo permitir que se desarrolle sin consecuencias.

La responsabilidad estatal se expresa también en la forma que han intentado justificar solo algunos actos de violencia, los que han sido mediatizados. Juristas y justicieros de redes sociales han dicho que el galletazo o el empujón captado por las cámaras de AP contra una mujer que parece mayor de 50 años estaba justificado porque defendía a una muchacha que portaba un cuchillo y era preciso desarmarla. Supuestos testigos han contado su versión de los hechos, en la cual aseguran que era la señora quien llevaba un cuchillo. Hoy se habla de la portación de un arma blanca de la que desconocemos las características. Pero nadie ha dicho que con esa arma blanca se haya intentado agredir a alguien o que incluso tuviera la posibilidad real de ser utilizada para ello. Se ha dado por sentado que la presencia de un cuchillo ―del que repito, desconocemos las características― es suficiente para la escalada de la violencia y para que «civiles» hicieran frente con violencia a un riesgo del que no se tiene ninguna claridad. La agredida por demás no solo recibió la violencia física de quienes permanecen impunes, sino también la afrenta a su honor que implica su consideración como una persona merecedora de ese tipo de respuestas por sus supuestas vulgaridad y propensión al alcohol.

Incluso si la portación del cuchillo fuera cierta, no hace legítimo un galletazo o empujón. Las imágenes y los testimonios de lo que pasó en Línea y F no hablan de una legítima defensa. Hablan de una agresión ilegítima que no solo se desplegó contra una mujer, sino contra varias que se encontraban en el lugar.

Nadie puede impedir que el régimen cubano y su propaganda traten de inventar su propia realidad y legitimar su violencia. Pero sus actos los delatan. Quienes hoy permanecen presos después de la protestas no están detenidos por portar armas blancas o por violentar a otras personas. Siguen en prisión por decir «Díaz-Canel, singao» y haber atentado contra la tranquilidad pública. No están presos por violentos o por haber roto tabiques de apoyadores del Gobierno. Están presos por expresarse contra el modelo político-económico que nos ha sido impuesto a los cubanos. La prisión que sufren luego de la paliza los convierte en víctimas dobles de un sistema reaccionario que no cree en la igualdad de las personas.

 ¿Qué separa a Díaz-Canel del resto de los cubanos? ¿Por qué los manifestantes pueden ser violentados, llamados marionetas, vulgares, indigentes y alcohólicos y el mandatario que usa esos términos no puede ser señalado y evaluado?

A Díaz-Canel no lo hace diferente ni el voto de la gente. No ha ascendido en la consideración popular porque la ciudadanía lo haya decidido. El honor de Díaz-Canel solo se protege con la cárcel porque todavía cuenta con el apoyo de un Estado totalitario. Porque alguien con poder le puso la mano en el hombro y determinó que era el único sobreviviente de una generación de dirigentes que habían preparado para entregarles lo que hace décadas habían secuestrado: el Estado cubano.

Díaz-Canel es una figura construida que puede desaparecer cuando el mismo poder que lo encumbró lo decida. Por eso, si la gente que protesta en las calles merece el desprecio de Díaz-Canel, lo más lógico es que él también reciba el desprecio de la gente.

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