El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) realizó un incremento significativo en las tarifas de disímiles trámites migratorios. La modificación —que entra en vigor hoy, 22 de julio de 2025— impacta directamente a quienes buscan asilo, permisos de trabajo, protección temporal o visas de no inmigrante.

El ajuste responde al proyecto de ley presupuestario H.R. 1(One Big Beautiful Bill) promovido por Donald Trump y que fuera aprobado en la Cámara de Representantes de EE. UU. a inicio de julio de 2025. La normativa redefine el esquema de costos con el objetivo, según las autoridades, de cubrir los gastos operativos del sistema y reforzar la integridad de los procesos migratorios.

Uno de los cambios más polémicos es la imposición de una tarifa de 100 USD para las solicitudes de asilo (Formulario I-589), que hasta ahora eran gratuitas. Los solicitantes deberán abonar, además, un pago adicional de 100 USD por cada año que la petición permanezca en trámite.

De forma paralela, el permiso de trabajo (EAD) —necesario para quienes esperan respuesta a sus solicitudes de asilo, parole humanitario o Estatus de Protección Temporal (TPS)— costará 550 USD en su primera solicitud y 275 USD para las renovaciones. El registro al TPS aumenta de 50 a 500 USD.

El caso del parole humanitario merece una aclaración especial. Aunque la nueva ley H.R. 1 establece tarifas para este tipo de solicitudes —1 000 USD por la solicitud y 550 USD por el permiso de trabajo—, el programa CHNV (que beneficiaba a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) fue cancelado por el Gobierno federal a principios de año. Tras una serie de batallas legales, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó la terminación definitiva del programa en mayo de 2025.

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Desde entonces, no se están recibiendo nuevas solicitudes de parole humanitario, y los permisos de trabajo emitidos bajo este estatus han sido revocados. El Departamento de Seguridad Nacional indicó a los beneficiarios que debían devolver sus documentos, salvo quienes hayan cambiado su estatus legal. Por esa razón, en la práctica, las tarifas establecidas para el parole no tendrán impacto mientras el programa continúe suspendido.

Tras la entrada en vigor de las nuevas tarifas para trámites migratorios, Uscis ha advertido que cualquier formulario enviado con el importe antiguo será rechazado. Para evitar errores es fundamental revisar cada formulario con la calculadora oficial de tarifas de Uscis (Fee Calculator) antes de enviarlo.

La ley también contempla cambios importantes para las visas de no inmigrante —incluido el turismo, los estudios y trabajos temporales—. A partir de 2026, se sumará un nuevo cargo llamado Visa Integrity Fee, de 250 USD, que se cobrará adicionalmente a la tarifa consular regular.

Una visa de turista (B1/B2), por ejemplo, que actualmente cuesta 160 USD, podría elevarse a más de 410 USD. El recargo tiene carácter reembolsable solo para quienes cumplan estrictamente las condiciones de su visa, como no permanecer más tiempo del autorizado ni trabajar sin permiso.

Otros aumentos menos visibles, pero significativos, afectan la solicitud de residencia permanente o green card, que sube a 1 500 USD, y las apelaciones en casos de asilo, cuyo costo pasa de 110 a 900 USD. Las exenciones por inadmisibilidad (Formulario I-601) también se encarecen hasta los 1 050 USD. Además, la tasa del ESTA, utilizada por países con exención de visa, aumentará de 21 a 40 USD, y el Formulario I-94 pasará de 6 a 24 USD.

Según los expertos en temas migratorios, los reajustes suponen un desafío económico considerable para comunidades que ya enfrentan barreras legales y financieras. Organizaciones que trabajan con solicitantes de asilo y TPS advierten que el costo acumulado de estas tarifas podría dejar a miles de personas en una situación más vulnerable, con riesgo de perder sus solicitudes por no poder pagar.

La Administración Trump defiende la medida alegando que busca agilizar los procesos, modernizar los sistemas y garantizar que los servicios de inmigración no dependan exclusivamente de fondos públicos.

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