Si los solicitantes de asilo dejaran de trabajar mañana en el sur de Florida, desaparecería de golpe aproximadamente uno de cada 20 trabajadores de la región. La cifra, revelada durante una conferencia online organizada por WorkPermits.US, ayuda a dimensionar el impacto que podrían tener los cambios migratorios impulsados por el Gobierno federal sobre la economía de uno de los estados más dependientes de la mano de obra inmigrante.
Según datos presentados durante el encuentro, el 24 de junio de 2026, por el investigador Philip Connor —del Centro para la Migración y el Desarrollo de la Universidad de Princeton—, Florida alberga en la actualidad a más de 541 000 trabajadores con solicitudes de asilo pendientes. El área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach concentra cerca de 300 000 de ellos, la mayor cifra registrada en cualquier región metropolitana del país.
La advertencia llega en un momento en el que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) debate dos propuestas regulatorias que aún no tienen fuerza de ley, pero que podrían restringir drásticamente el acceso a permisos de trabajo: una para solicitantes de asilo y otra para personas con parole humanitario —categoría que incluye a miles de inmigrantes del programa parole para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV)—, y que de entrar en vigor afectarían a cientos de miles de trabajadores en Florida.
La primera propuesta, publicada el 23 de febrero de 2026, aumentaría de 150 a 365 días el tiempo de espera para solicitar un permiso de trabajo inicial y podría pausar la recepción de nuevas solicitudes por un período que el DHS reconoce que podría extenderse entre 14 y 173 años; su período de comentarios públicos cerró el 24 de abril con más de 7 000 respuestas pendientes de revisión. La segunda, publicada el 5 de junio de 2026, restringiría la autorización de empleo para personas con parole humanitario e impondría el uso del sistema de verificación E-Verify para renovaciones; su período de comentarios está abierto hasta el 4 de agosto de 2026. Ninguna tiene fecha oficial de aprobación y ambas podrían enfrentar impugnaciones legales.
Florida, uno de los estados más dependientes de los trabajadores inmigrantes
El estudio presentado por Connor en la conferencia sostiene que los solicitantes de asilo no representan una fuerza laboral marginal. Por el contrario, ocupan puestos claves en sectores que ya enfrentan escasez crónica de trabajadores.
En Florida, los principales sectores en los que trabajan son la construcción, la hostelería y el turismo, el comercio minorista y mayorista, el transporte, los servicios profesionales y el sector sanitario. Más de 100 000 trabajadores solicitantes de asilo laboran en la construcción —representan aproximadamente el 10 % de la fuerza laboral del sector en el estado—. En turismo y hoteles constituyen cerca del 8 %, mientras que en transporte alcanzan porcentajes similares.
En el sur de Florida, la dependencia es mayor. Los datos muestran que los solicitantes de asilo representan el 16 % del total de trabajadores de la construcción, el 12 % de quienes laboran en hotelería y restauración y el 14 % de los empleados en transporte, almacenamiento y servicios públicos.
Connor explicó que muchas de estas industrias llevan años enfrentando dificultades para cubrir vacantes. A nivel nacional, estimó que existen más de 7.2 millones de puestos sin cubrir en sectores en los que trabajan habitualmente los solicitantes de asilo.
Un motor económico de miles de millones de dólares
Más allá de cubrir vacantes, los inmigrantes con solicitudes de asilo activas también generan una importante actividad económica.
El estudio calcula que los 2.3 millones de solicitantes de asilo que trabajan en Estados Unidos aportan más de 100 000 millones de dólares anuales a la economía nacional mediante su capacidad de consumo y pagan alrededor de 33 000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.
En Florida, el impacto económico se estima en 22 000 millones de dólares al año, mientras que solo en la región metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach su poder de gasto alcanza los 11 600 millones de dólares anuales. Además, contribuyen con aproximadamente 5 900 millones de dólares en impuestos en el estado, de los cuales 3 100 millones corresponden al sur de Florida.
Connor destacó un dato que considera revelador: 2 de cada 100 USD ganados en Florida son generados por trabajadores con solicitudes de asilo pendientes.
Las reglas que podrían cambiarlo todo
Durante la conferencia, Cristina Moreno, asesora de políticas públicas de WorkPermits.US, explicó la propuesta regulatoria presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que podría restringir el acceso a permisos de trabajo para quienes tienen solicitudes de asilo pendientes.
Según Moreno, la propuesta contempla tres cambios principales:
- Haría mucho más difícil obtener un permiso de trabajo inicial.
- Otorgaría a Uscis una mayor discrecionalidad para negar permisos de trabajo iniciales o renovaciones.
- Añadiría nuevos requisitos para renovar los permisos de trabajo existentes.
La preocupación radica en que Uscis ya tarda alrededor de 14 meses en procesar algunas renovaciones de permisos de trabajo para solicitantes de asilo, por lo que cualquier requisito adicional podría provocar que miles de trabajadores pierdan su autorización antes de recibir una respuesta.
Moreno también recordó que la Administración federal ha puesto fin o ha intentado poner fin a distintos programas migratorios temporales, incluidos varios TPS y el programa de parole para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV).
El impacto ya se siente en los hogares de ancianos
Las consecuencias potenciales no son solo estadísticas. Jason Pincus, vicepresidente y administrador de Miami Jewish Health —una de las mayores instituciones de atención geriátrica del sureste de Estados Unidos—, explicó que la incertidumbre migratoria ya está afectando la capacidad de contratación y retención de personal.
La organización emplea a numerosos trabajadores haitianos protegidos por TPS y a personas con permisos de trabajo basados en solicitudes de asilo. Según Pincus, algunos empleados ya han abandonado el país por temor a perder su estatus migratorio.
La situación ha llegado al punto en que la institución planea reducir en 120 camas su capacidad de atención en hogares de ancianos durante los próximos meses, una medida que atribuye directamente a la dificultad para encontrar y retener personal suficiente.
«¿A dónde van a ir esos adultos mayores?», cuestionó Pincus al advertir que el envejecimiento de la población de Florida continúa acelerándose mientras disminuye la disponibilidad de trabajadores para atenderla.
Preocupaciones similares fueron expresadas por Jennifer Stevens, vicepresidenta de atención médica de John Knox Village, en Broward. La institución atiende a más de 800 adultos mayores y depende en gran medida de trabajadores haitianos que llevan años cuidando a sus residentes. Stevens alertó que perder una parte de esa fuerza laboral tendría consecuencias directas sobre la calidad de vida de los pacientes y la capacidad operativa de los centros de salud.
Más que una discusión económica: el caso cubano y el «limbo» migratorio
Para las organizaciones comunitarias, el debate no se limita al mercado laboral. Tessa Petit, directora ejecutiva de Florida Immigrant Coalition, recordó que detrás de cada permiso de trabajo existe una familia que depende de esos ingresos para pagar alquiler, comprar alimentos y sostener a familiares tanto en Estados Unidos como en sus países de origen.
Petit señaló que Florida cuenta con alrededor de 400 000 beneficiarios de TPS y más de 300 000 beneficiarios del programa CHNV, por lo que las distintas medidas migratorias podrían afectar simultáneamente a más de 1 millón de personas en el estado.
Según la activista, ya se observan señales de tensión económica dentro de las comunidades inmigrantes: más familias compartiendo vivienda, aumento de la dependencia de redes de ayuda mutua y personas que han perdido la capacidad de sostenerse por sí mismas.
Durante la conferencia, Ana Sophia Peláez, directora ejecutiva de Miami Freedom Project, destacó que la incertidumbre afecta especialmente a muchos cubanos que llegaron mediante el programa CHNV, así como a quienes poseen formularios I-220A o tienen estatus migratorios mixtos dentro de sus familias.
Peláez afirmó que miles de personas enfrentan dificultades para acceder o renovar permisos de trabajo mientras intentan regularizar su situación migratoria, lo que ha generado retrasos y una creciente burocracia para quienes buscan estabilidad legal.
También recordó que más de 100 000 cubanos solicitantes de asilo podrían verse afectados por las nuevas restricciones propuestas.
¿Qué podría pasar con los precios?
Uno de los aspectos menos discutidos de estas políticas es su posible efecto sobre el costo de vida.
Connor señaló que investigaciones previas sugieren que una reducción significativa de la fuerza laboral inmigrante podría traducirse en aumentos de precios en diversos sectores. Entre las estimaciones citadas figuran incrementos de hasta 15 % en los precios de los alimentos, alrededor de 6 % en los costos de construcción de viviendas nuevas y cerca de 4 % en servicios relacionados con hoteles y restaurantes.
Aunque esos cálculos corresponden a escenarios nacionales, el investigador advirtió que el impacto podría ser aún mayor en el sur de Florida debido a la alta concentración de trabajadores inmigrantes en la región.
Para los participantes de la conferencia, el sur de Florida se ha convertido en el epicentro nacional del debate sobre permisos de trabajo para solicitantes de asilo.
Los datos sugieren que pocas regiones del país dependen tanto de esta fuerza laboral. Por ese motivo, cualquier cambio que limite el acceso a permisos de trabajo podría sentirse no solo en las familias inmigrantes, sino también en hospitales, hogares de ancianos, restaurantes, hoteles, obras de construcción y pequeños negocios que hoy sostienen buena parte de la economía local.
