La construcción de viviendas en Cuba tras el triunfo de la revolución semeja una larga y compleja serie, con muchas temporadas, al parecer interminables. Los capítulos más intensos, llenos de terror y suspense, se han vivido después de 1990. Pero desde que el Gobierno, encabezado por Miguel Díaz-Canel, asumió sus funciones en 2018, esta trama audiovisual ha saltado a la popularidad de una manera notable. Público no le falta: son muchos los teledolientes.

El viejo asunto ha emergido, porque como él reconoció en diciembre de 2019, se trata del “principal problema social acumulado que enfrenta Cuba hoy”.

Meses antes, en el balance de trabajo del Ministerio de la Construcción (Micons), el presidente recalcó una idea que casi se ha convertido en slogan de su gestión: “que, como mínimo, cada municipio logre producir diariamente lo que necesita una vivienda”, poniendo el mayor énfasis en la producción local de materiales.

Sin embargo, las violaciones en los proyectos, falta de materiales indispensables, dictámenes técnicos defectuosos o incompletos, corrupción monda y lironda… son algunos de los baches que minan constantemente este asunto. A ellos se suma la excesiva burocratización.

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El “papeleo”, como nombra cualquier cubano de a pie a la multitud de gestiones que acompañan un proceso constructivo: la legalización del terreno, los proyectos, la licencia de obra, la propiedad final y la inscripción de esta en el correspondiente registro de la propiedad, entre otras, deja sin resuello a cualquier esperanzado.

Durante la tercera sesión extraordinaria de la IX Legislatura del Parlamento, en abril de 2019, se conoció que “en la mayoría de los municipios se incumple el Acuerdo 8093 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, que reglamenta lo relacionado con los subsidios [para la construcción y reparación de casas] y se viola el término de 70 días hábiles para dar respuesta a las solicitudes”.

El ministro del ramo, René Mesa Villafaña, reconoció que existían “recursos financieros y materiales inmovilizados por un valor superior a los 1.300 millones de pesos, por no ejecutarse los subsidios en tiempo, lo que equivale a unas 19.000 viviendas pequeñas o células básicas pendientes de concluir”.

LAS POLÍTICAS, LA POLÍTICA Y LOS AGUJEROS

Cuando se revisa en el sitio web Cuba Crece de la “Actualización del modelo económico y social” lo referente a vivienda, es evidente que no han faltado los documentos, planes y proyectos desde 2014 a la fecha. Hay al menos siete textos aprobados contentivos de políticas al respecto:

1. Modificación a la política sobre el otorgamiento de subsidios a personas para realizar acciones constructivas en sus viviendas (22 de enero de 2014).
2. Política del valor referencial a aplicar para el cálculo del impuesto sobre la trasmisión de la propiedad de la vivienda (20 de noviembre de 2014).
3. Política para el traspaso de viviendas estatales en ejecución para su terminación por esfuerzo propio (27 de noviembre de 2014).
4. Política sobre la simplificación e integración de los servicios y trámites (26 de febrero de 2015).
5. Política para la trasmisión de la propiedad de las viviendas asignadas por el Estado o células básicas construidas con subsidios (20 de marzo de 2015).
6. Política para la legalización de la vivienda y el reconocimiento del derecho perpetuo de superficie por eventos climatológicos (26 de marzo de 2015).
7. Política para ordenar y legalizar viviendas, locales y habitaciones que cumplan con las disposiciones urbanísticas (26 de junio de 2018).

Cada uno de estos textos generó otras normas jurídicas que les daban curso. Principalmente, resoluciones de los ministerios e institutos implicados y decretos leyes.

Singular importancia, por su carácter totalizador, tiene la Política de la vivienda en Cuba, documento presentado en diciembre de 2018, por el Micons y aprobado por el Parlamento. El texto acude a la comparación de Cuba antes de 1959 (específicamente en 1953, la esbozada por Fidel Castro en La Historia me absolverá) y después de 1959 (con fecha de cierre de documentación en 2017). Al examinar datos, se observa que, si bien la obra constructiva tras el triunfo revolucionario es innegable, también lo son las deudas acumuladas. Tres indicadores resultan elocuentes:

Otros datos y referencias, diseminados a lo largo de las 47 páginas, encienden focos sobre vacíos puntuales.

Veremos más adelante cómo va concretándose este diseño global, según datos oficiales de 2019 y lo que va de 2020.

¿QUÉ VIVIENDAS Y PARA QUÉ ENTORNOS?

Una vivienda adecuada implica algo más que un techo bajo el que protegerse, “significa también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad […], estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, ventilación y calefacción suficientes, una infraestructura básica […] que incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados de calidad del medioambiente relacionados con la salud […] todo ello a un costo razonable”, según cita la investigadora cubana Dania González en el libro Vivienda saludable, medioambiente, salud (2016). De cara a esta definición, algunas de las proyecciones del documento rector gubernamental pueden resultar preocupantes.

Según la Política, “Las 527.575 nuevas viviendas a construir demandan de un incremento en las urbanizaciones” y “Las urbanizaciones y los permisos tendrán que anticiparse como mínimo un año a los programas constructivos”.

Conociendo que en cada provincia de Cuba existen decenas de barrios y poblados pendientes de urbanización (asfalto, alumbrado público, alcantarillado, servicios básicos) desde hace décadas y que en los planes de desarrollo local no se vislumbra solución efectiva al respecto, ¿estarán en tiempo las nuevas urbanizaciones? Y si así fuere, ¿qué se haría con las irresueltas y tantas veces postergadas? Al saber cómo funciona la papelística burocrática, ¿lograrán los permisos adelantarse un año a las ejecuciones?

Del total de inmuebles a edificar en la década proyectada, 15.000 serán “petrocasas”, producidas por fábricas que se instalarían en Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba. Un estudio publicado en 2014 por el DrC. Carlos Barceló Pérez y un equipo del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (Inhem) aporta datos a considerar sobre esta tipología de hogares.

Poseen “un ambiente físico interior que pudiera ocasionar molestias a los residentes, al presentar un microclima inconfortable en relación a la temperatura durante el día y escasa ventilación, altos valores de los coeficientes de iluminación y del nivel sonoro”, detalla la investigación.

En el anexo 8 del documento (“Demanda Total de Materiales”), para el plan de los 10 años, se refiere la necesidad de tejas de asbesto en una cuantía de 4.664 millones de metros cuadrados. El asbesto, junto al radón, se hallan entre los contaminantes de aire interiores más conocidos. Ambos son carcinógenos humanos, explica el Dr. Enrique Molina, en el citado volumen de la editorial Científico-Técnica.

Por la cantidad de tejas de asbesto y de zinc (11.711 millones de metros cuadrados ) que se planifican para el empeño constructivo —y hasta por las menciones a materiales como ¡guano y yagua!—, puede inferirse que el país seguirá apostando por la cubierta ligera, cuando, por los frecuentes daños de ciclones tropicales, esta ha demostrado ser inoperante. En el propio texto de la Política se refiere que el huracán Sandy provocó afectaciones a 36.523 hogares. De ellos, solo 10 eran de cubierta sólida. Lo mismo sucedió con el huracán Matthew, afectó 8.565 casas, solo 35 de cubierta sólida.

CONCRECIONES Y VULNERABILIDADES (2019 Y 2020)

En 2019, el primer año de implementación de la Política, “se concluyeron en la Isla 44.500 hogares, 11 mil más que lo planificado para la etapa”, expresó Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda del Micons. Para 2020, destacó la funcionaria en mayo último, se espera terminar 41.014 nuevas casas “a pesar de las circunstancias epidemiológicas”. De las proyectadas para este año, “los organismos estatales deben concluir poco más de 15 mil, mientras que más de 12 mil corresponden a la entrega de subsidios y casi 13.500 responden a la modalidad de esfuerzo propio”.

Entre los programas priorizados dentro de la proyección general por el Gobierno están la atención de madres con tres hijos o más, menores de 12 años, la erradicación de cuarterías y la eliminación de pisos de tierra. Entre 2019 y el primer cuatrimestre de 2020, se habían beneficiado 2.015 madres de las incluidas en esta categoría, afirmó el ministro del Micons en el espacio Mesa Redonda. En ese momento, el levantamiento de cubanas necesitadas de esas características daba como cifra total 21.819.

Cuatro meses más tarde, el 6 de septiembre, el órgano oficial del PCC sostenía que el registro de mujeres en esas condiciones era de 28.679. Y que “todos los territorios cuentan hoy con cronogramas para dar respuesta a esa problemática, en periodos de entre tres y cinco años”. Sin embargo, al sacar cuentas elementales, al ritmo que fueron atendidas las primeras 2.015 madres —126 por mes— harían falta 227 meses; es decir, casi 19 años para solucionar el asunto. ¿Podrán los Gobiernos locales multiplicar exponencialmente su rendimiento para esta tarea? ¿Se habrá tenido en cuenta en el diseño estratégico que en el período en que se da solución a estas madres otras cubanas arribarán seguramente a la condición de tres hijos?

De las cuarterías: “Hay 9.611 identificadas”, dijo Mesa Villafaña. “En este año se planificó la terminación de 413, pero estamos revisando porque es un número muy bajo. Y son de las tareas que nosotros no podemos dejar que se nos corran, dentro de la Política de la Vivienda, más de cinco años”.

Con razón se preocupaba el ministro por lo “bajo” del plan, pues, si llega a cumplirse como está previsto, denotaría un ritmo de trabajo con el cual se necesitarían 23 años para erradicar esos vulnerables hacinamientos humanos, sin considerar que puedan aumentar.

Constituyen los pisos de tierra el dilema más fácil de resolver de los tres “embrollos”, si se tiene en cuenta que solo depende, a nivel de insumos, de cemento y áridos en su versión más económica. No obstante, tampoco es “coser y cantar” esta encomienda.

Hasta mediados de 2019, el inventario de hogares en estas condiciones arrojaba 122.072 (4.297 más que las contabilizadas hasta 2017 e incluidas en la Política), informó el titular de la construcción. “En este año —aseveró— tenemos un programa de erradicar 59.931. […] La idea es en dos años más tener resueltos el ciento por ciento de los pisos de tierra. En este cuatrimestre se han resuelto más de 11.300 pisos de tierra… es una tarea que está marchando”.

Otra vez la matemática elemental enciende los reflectores: al paso que se avanzó en el primer cuatrimestre de 2020, al finalizar el año no hay forma humana de llegar a la cifra prometida. ¿Acelerarán las capacidades y acciones en esta misión? ¿Aun en medio de supercrisis y pandemia que atraviesa el país?

Por si esto fuera poco, están los cubanos pendientes de soluciones a daños climatológicos en sus hogares. El tema en sí mismo da para un libro, pero un dato puede contribuir a ilustrarlo. De acuerdo con un reportaje de la Agencia Cubana de Noticias, en Pinar del Río, la provincia más golpeada históricamente por huracanes, “existen personas viviendo en facilidades temporales desde hace 17 años”. Donde dice “facilidades temporales”, léase cuartuchos de tabla y cubierta ligera, que, erigidos para una corta temporalidad, a veces deben resistir años, hasta que los tumba el próximo ciclón.

AVATARES DEL SUBSIDIO, LA VÍA DE LOS MÁS VULNERABLES

Capítulo aparte en esta trama “hogareña” merecen los subsidios, en virtud de los cuales los Gobiernos locales financian a personas de bajos ingresos que viven en malas condiciones o carecen de residencias, y que, según trascendió en debates parlamentarios, beneficiaron en la Isla más de 139 familias de 2012 a abril de 2019.

Sin embargo, las dificultades han mellado tan necesaria y loable vía de asistencia social. Una rápida ojeada a los titulares periodísticos sobre cartas ciudadanas publicadas en la sección Acuse de Recibo, de Juventud Rebelde, muestra pistas al respecto:

“Los vericuetos de un subsidio” (12 de abril de 2018), envidada desde Arroyo Naranjo, La Habana, por Isbel Hernández López; “Sufrido subsidio” (8 de noviembre de 2018), sobre el caso de David Moya González, de Ranchuelo, Villa Clara; “Subsidio angustiante” (25 de junio de 2019), de Alina Caridad Sigarate Peña, residente de Banes, Holguín; “Problemas con subsidios” (26 de junio de 2019), de Félix Díaz Simón (Bella Vista, Camagüey); “Esperando un subsidio” (10 de octubre de 2020), de la artemiseña Teresa Fiallo González… constituyen solo un botón de muestra sobre cómo los buenos propósitos a veces tropiezan.

En el artículo “El subsidio en Cuba. Una política pública para la construcción y reparación de viviendas” de Noris Tamayo Pineda y Marvelis Velázquez Reyes, se analiza la situación.

Señalan la gran cantidad de instituciones vinculadas a la concesión y ejecución del subsidio, entre las que muchas veces no se logra un trabajo sinérgico: Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social (DMTSS), Consejo de la Administración Municipal (CAM), Dirección Municipal de Finanzas y Precios, Oficina del Arquitecto de la Comunidad, etc.

Por otra parte, la insuficiente preparación de los técnicos de la Vivienda, el incumplimiento de plazos por las DMV, las DMTSS y los CAM, la reiterada falta de materiales constructivos en la red de Comercio Interior, entre otros factores, problematizan esta estrategia. Súmese la enorme cifra de solicitudes que deben valorar en cada reunión las administraciones provinciales, que han llegado a examinar en una sola sesión hasta sesenta o más expedientes, ilustran las autoras.

De ahí que las académicas enfaticen en la pertinencia de “un futuro procedimiento que, fundamentalmente, simplifique la tramitación actual, proteja a personas con mayores necesidades sociales y con capacidad de asumir la construcción por esfuerzo propio y tutele mejor los medios financieros del Estado”.

UN HORIZONTE DE PREGUNTAS

Viejas y persistentes demandas del fondo habitacional, como las obstrucciones y fugas hidrosanitarias, continúan golpeando con fuerza, “fundamentalmente en los edificios multifamiliares”, anotaban Noris Tamayo y Marvelis Velázquez. El subtema implica otras angustias “si se tiene en cuenta que los precios de los recursos que se ofertan en las tiendas recaudadoras de divisas [ahora podríamos decir en MLC] para solucionar esta problemática exceden las posibilidades económicas de la mayoría de los cubanos”.

En cualquier ciudad de Cuba, si se sale a la calle a buscar materiales de construcción, muchas veces la única vía de obtenerlos es pagar una elevada multa a los representantes de redes de comercio ilegal que se las agencian para luchar parte de los recursos que llegan a las tiendas/depósitos de construcción (rastros) y demás tiendas de comercio interior. Así, un saco de cemento P-350 (reenvasado) y una tira de cabilla de ½ pulgada de grosor y 9 metros de largo pueden oscilar entre los 250 y 350 pesos cada uno (precio anterior a la pandemia), lo cual es prácticamente incosteable para las familias promedio.

La autorización de la compraventa de casas hace pocos años evidentemente flexibiliza el panorama para algunos estratos poblacionales, pero este rubro “ha sido ocupado parcialmente por capital extranjero que ha subido anormalmente los precios y ha segmentado el mercado sin que los instrumentos jurídicos y tributarios que lo regulen sean los más adecuados”, reflexionaba el sociólogo y académico Carlos García Pleyán en un texto publicado a inicios de 2018 en la revista Temas.

Conseguir una vivienda de mampostería que disponga del confort básico y al menos las tres habitaciones indispensables (dormitorio, baño y cocina) es una empresa en la que no se puede lanzar ningún aspirante si no cuenta, mínimo, con 4.000 CUC (100.000 pesos); lo cual, incluso considerando el salario medio mensual registrado por la ONEI, en 2019, equivaldría a ahorrar íntegramente lo devengado durante más de 9 años para tal empeño. Sin gastar en comida, vestido ni nada más. El Estado no tiene un sistema montado para fabricar y vender sistemáticamente hogares —salvo a sectores privilegiados como los militares—, ni siquiera para disponer de edificios de alquiler a precios accesibles al trabajador común.

Aun cumpliendo en cantidad los compromisos de edificación, ¿cómo resultará la calidad de las construcciones? En una de las emisiones recientes del programa Sacando Cuentas, se alertaba de que “es la perdurabilidad de las obras lo que marcará el éxito de esta política. Sin embargo, parece ser esta una asignatura pendiente”. La cámara del espacio daba voz a vecinos con apartamentos recién entregados que se quejaban de: filtraciones, problemas eléctricos, pisos y paredes jorobadas, salideros, el edificio sin el certificado de “habitable”, porque la empresa constructora no venía a terminarlo de verdad. Resumen: chapucería.

Hace casi tres años, el profesor García Pleyán se preguntaba: “¿Lograremos que 2018 sea el año de la constitución del Ministerio de la Vivienda y el Urbanismo para superar la actual fragmentación institucional? […] ¿Se agilizarán y simplificarán en 2018 los trámites […] en particular los relacionados con los créditos y los subsidios? ¿Se constituirán en 2018 las empresas —estatales, cooperativas o privadas— que construyan vivienda de alquiler para las parejas jóvenes o grupos vulnerables que no pueden acceder a una […] a precio de mercado? ¿Se permitirá en 2018 el libre ejercicio de la profesión de arquitecto, que permita asegurar la calidad y seguridad de las construcciones? ¿Se incrementará en 2018 la oferta de suelo urbanizado para la construcción? […] ¿Se logrará en 2018 superar los enfoques esquemáticos y diversificar la oferta tanto tipológica como en la incorporación de nuevos agentes productivos y que fomentan distintas formas de tenencia? ¿Se promulgarán en 2018 las cada vez más necesarias Ley del suelo y Ley inmobiliaria?”.

A las puertas de 2021, las lúcidas interrogantes continúan martillándonos.

La Política de la vivienda incluye en su última página una cita de Fidel Castro: “Hay piedra suficiente y brazos de sobra para hacerle a cada familia cubana una vivienda decorosa”.

Fue escrita en 1953.

 

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