En medio del agravamiento de la crisis económica y social que se vive a diario en Cuba, la situación de los animales domésticos en la isla revela hoy una arista poco visible: el incremento del maltrato y el abandono, asociado tanto a la precariedad material como a la insuficiente respuesta institucional.
A pesar de la entrada en vigor del Decreto Ley de Bienestar Animal (2021), que prohíbe el maltrato y establece deberes para los propietarios, especialistas y activistas coinciden en que su aplicación sigue siendo limitada y carece de mecanismos efectivos de control.
Los testimonios de abuso y asesinato de perros y gatos abundan en las redes sociales; las sanciones que se toman, si se aplican, consisten en multas entre 1 500 y 4 000 CUP, impuestas por diversos organismos estatales como los Ministerios de Agricultura y el de Salud Pública. Ello ha sido motivo de críticas de los activistas por el poco efecto disuasorio que genera y su escasa aplicación.
Por su parte, el fenómeno del abandono ha crecido de forma sostenida. La actual ola migratoria y la imposibilidad de asumir los costos de manutención han llevado a numerosas familias a dejar atrás a sus mascotas. El precio de alimentos, medicamentos veterinarios y servicios básicos —en un contexto de inflación— resulta inalcanzable para amplios sectores de la población, lo que tensiona la tenencia responsable.
Algunos cubanos como María se quejan del elevado gasto que deben hacer para alimentar a sus mascotas. Tiene un perro al que intenta alimentar adecuadamente por su delicado estado de salud. «Cada mes gasto cerca de 15 000 CUP en comprar arroz, pollo y alguna vianda, pero eso es un privilegio», cuenta María, quien se emplea en tres trabajos diferentes para completar los gastos pendientes. «Prácticamente trabajo e invento para darle comida a él», añade.
A esta situación se suman las recientes regulaciones para la salida de animales del país, cuyos costos han aumentado significativamente.
Según denuncias de organizaciones animalistas, los trámites para legalizar y transportar una mascota pueden alcanzar decenas de miles de pesos cubanos, incluidas certificaciones, permisos sanitarios y pagos en aeropuertos. Esas tarifas, multiplicadas en los últimos años, han sido señaladas como un factor que incentiva el abandono, al colocar a los dueños ante la disyuntiva de emigrar sin sus animales o asumir gastos prohibitivos.
Mientras tanto, la capacidad estatal para atender el problema continúa siendo limitada. No existen redes suficientes de refugios ni programas masivos de esterilización y vacunación, lo que agrava la proliferación de animales callejeros y los riesgos sanitarios asociados.
En ese escenario, la protección animal descansa fundamentalmente en la sociedad civil. Grupos independientes, activistas y ciudadanos han asumido tareas de rescate, alimentación y cuidado, muchas veces desde sus hogares y con recursos personales. Sin embargo, estas iniciativas operan al límite de sus capacidades, por lo que enfrentan escasez de insumos y falta de reconocimiento legal efectivo.
«Periódicamente, organizamos rifas entre los amigos y vecinos para esterilizar a los gatos de la colonia del vecindario, pero el cuidado general de estos animales es más caro que eso», señala Felipe, una persona que atiende a los animales callejeros en un barrio del municipio Boyeros.
Dice que a pesar de recibir bastante apoyo de los colectivos animalistas, no es suficiente para enfrentar la situación actual. «He adoptado dos perros de amigos que no se los pudieron llevar. Hemos hecho una familia armoniosa, pero el peso económico es cada vez mayor», agregó.
Entre la precariedad económica, las restricciones migratorias y la debilidad institucional, las mascotas en Cuba se convierten en víctimas silenciosas de la crisis. El desafío no solo pasa por reforzar el marco legal existente, sino por articular políticas públicas que apoyen y acompañen —y no sustituyan— el esfuerzo creciente de la ciudadanía.
