Estando en España consulté un abogado antes de solicitar una extensión de visado. Le pregunté “¿Qué debo decir? ¿Cómo debo comportarme?” A lo que él me respondió: “Solo rellena las casillas y olvídate del funcionario, a él solo le interesa si cumples o no cumples con los requisitos exigidos, es blanco o negro, no hay matices”.

También recuerdo lo rápido que era en el país europeo obtener una licencia para trabajar como autónomo, lo que en Cuba llamamos trabajador por cuenta propia. Se trataba de aportar planillas y sellos, sin comisiones que evaluaran la propuesta del negocio ni que determinen tu viabilidad. Solo interesaba si cumplías o no con los requisitos exigidos. Era blanco o negro también, no había matices.

No me gustan los matices. Creo que cuando hay espacios para los matices, cuando uno o varias personas deciden a voluntad, cuando las cosas se pueden hacer difíciles y engorrosas con largos trámites, cuando te tienes que preocupar por quién es el funcionario que evalúa y decide; comienza a empedrarse el camino del infierno.

No me gustó que ordenado el cierre de Cooperativa No Agropecuaria SCENIUS por la Ministra de Finanzas y Precios y presentada ante el Tribunal Provincial Popular una demanda solicitando la revocación de esta medida, este la desestimó, alegando:

“(…) que no existe mérito para sustanciarlo, toda vez que el acto que se impugna emanó de la actuación administrativa en el marco de su potestad discrecional, entendida como la facultad atribuida por el ordenamiento jurídico a tales órganos, sin estar obligados a atenerse a ningún precepto jurídico concreto pre existente, aunque acomodando su conducta a un fin publico especifico, sobre la base de determinadas condiciones ciertas (…)”

Acato la decisión del Tribunal, pero no la entiendo. O sí, la entendí, pero no la comparto.

Cuán indefinida es la “Potestad discrecional”, ese derecho a decidir o disponer a voluntad, según el particular parecer del facultado para ello. ¿De qué color es el caballo blanco de Maceo? Pues del color que quiera quien tenga la potestad discrecional de dar la respuesta. No obstante, no era en el caso de SCENIUS. Para el cierre de una cooperativa tienen que cumplirse supuestos bien definidos en la ley, no es una facultad potestativa, está “reglada”.

Otro de los argumentos del Auto judicial se explica solo: “Sin estar obligados a atenerse a ningún precepto jurídico concreto pre existente”. Benditos aquellos administradores que comparten con Dios la facultad de estar por encima de la ley. No debería ser así, la ley debería ser sagrada como las escrituras, cuando la ley no es para todos por igual, termina no sirviéndole a nadie.

Por último, me quedo con otro fragmento: “Acomodando su conducta a un fin publico especifico, sobre la base de determinadas condiciones ciertas”. Ya esto es barra libre. Cada cual (en la Administración) se acomoda o acomoda otro, como más cómodo le parezca. Todo es relativo e individual. No hay reglas en cuanto a comodidad, es solo lo que más cómodo resulte a quien acomoda. Un “fin público” ¿Cuál? Y “condiciones ciertas” ¿Cuáles? ¿Quién determina ambas?

No estoy de acuerdo, pero acaté la decisión, sobre todo porque no tengo la facultad discrecional que me permita decidir lo contrario, y sí estoy obligado a atenerme a los preceptos jurídicos concretos pre existentes, pues la ley si es para mí, que solo intentaba acomodar mi conducta al fin publico especifico, de cumplir con el acuerdo de la Asamblea General de Socios de la Cooperativa, que exigían la revocación de la medida de cierre, sobre la base determinada de condiciones ciertas que se exponían en la demanda presentada y no aceptada, y que prueban que no se cometió falta alguna.

Pero dejemos atrás la historia de la Cooperativa No Agropecuaria SCENIUS. Regresemos a los matices.

Los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas no son presupuestados por el Estado, nadie los rescata, no subsisten cuando tienen pérdidas, no tienen la opción de no ser rentables y seguir adelante, cambiando un jefe por otro que en patriótico discurso prometa hacerlo mejor. Cuando se cierran, o los cierran, lo pierden todo: el dinero propio, el de la familia, el prestado. Se pierde el tiempo, el esfuerzo, el trabajo. Por eso, las leyes que rigen sus actividades tienen que definir exactamente el blanco y el negro, sin matices, para que no se pierda la esperanza, para continuar creyendo, para que no haya inseguridad, para ganar o perder de justa manera.

¿Cuánto del carácter personal de un funcionario con poder influye en sus decisiones? Cuando las reglas tienen escondrijos, atajos, interpretaciones amplias, cuando no son blancas o negras y tienen matices, depende de un individuo su aplicación y cada individuo es un mundo. Cada persona tiene sus propios principios morales o intereses materiales que defender: un puesto, auto, gasolina, jabas, dietas, viajes, vacaciones… La carne es débil, a veces muy débil.

Se dice que donde exista un problema surgirá un negocio, y es verdad: el mejor negocio del desierto es vender agua. Si creamos las condiciones adecuadas para que un funcionario interpretador de las normas pueda crear trabas, dilatar procesos, decidir a voluntad, estaremos creando las condiciones idóneas para sembrar malestar, corrupción, favoritismo, para crear problemas que faciliten el peor de los negocios y recoger el peor de los frutos.

La política es expresión de voluntad, pero para ser aplicable y exigible debe materializarse en normas de obligado cumplimiento para todos. No debe seguir sucediendo que alguien argumente una interpretación política para imponer una decisión contraria a una norma legal. Las normas tienen que ser claras y precisas y dejar el mínimo espacio posible a las interpretaciones individuales o convenientes. Tienen que ser para todos y por igual.

 

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