La Gaceta Oficial Ordinaria 94, publicada el 9 de noviembre de 2026, trae consigo un paquete legislativo que reorganiza desde sus bases el sistema científico y tecnológico del país. La pieza central es la Ley 182/2025 «General de Ciencia, Tecnología e Innovación», aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2025 y que deroga la vieja Ley 38 de 1982 sobre innovaciones, el Decreto Ley 323 de 2014 y el Decreto Ley 7 de 2020. La acompañan un decreto ley sobre la Academia de Ciencias y dos reglamentos del Consejo de Ministros.
Un sistema con todos los actores, incluidos los privados
La Ley 182 amplía formalmente quiénes forman parte del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). El artículo 13 incluye no solo a universidades, centros de investigación y empresas estatales, sino también a cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, trabajadores por cuenta propia, proyectos de desarrollo local y asociaciones civiles. Es la primera vez que una ley cubana sobre ciencia reconoce explícitamente al sector privado como actor del sistema.
El artículo 32 asigna al Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales la tarea de «propiciar la creación de capacidades» para que estos actores participen crecientemente en actividades de CTI. Sin embargo, la norma no detalla qué mecanismos concretos de acceso a financiamiento o infraestructura tendrán los emprendedores privados, lo que deja la promesa en un terreno más declarativo que operativo.
Capital humano: el problema que la ley intenta nombrar
El capítulo III es quizá el más ambicioso de la norma. Reconoce que el potencial humano es «el principal componente» del sistema y establece un Programa de Desarrollo del Potencial Humano que abarca desde la primera infancia hasta la formación doctoral. Entre sus instrumentos se encuentran un Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos, becas de investigación, un sistema de categorización científica y tecnológica, y la figura de «personalidad relevante» del sistema, con estímulos morales y materiales asociados.
El artículo 33 menciona expresamente la «remuneración adecuada» y las «condiciones de vida y trabajo» como actividades fundamentales del sistema. El artículo 40 habla de «remuneración y otros estímulos acordes con su contribución individual». La ley también contempla, en el artículo 75, estimular la participación de científicos cubanos residentes en el exterior e incluso promover su retorno.
No obstante, la norma no fija montos, escalas salariales ni plazos concretos. Todo queda delegado al reglamento y a «normas complementarias», lo que significa que la efectividad de estas promesas dependerá de decisiones administrativas posteriores y, sobre todo, de la disponibilidad real de recursos financieros.
Empresas de base tecnológica y alianzas público-privadas
La ley crea un ecosistema de figuras empresariales pensadas para conectar conocimiento y producción: empresas de Base Tecnológica, empresas de Alta Tecnología, parques Científicos y Tecnológicos, empresas de interfaz y fundaciones. El artículo 91 autoriza expresamente la «alianza público-privada» para crear empresas de Base Tecnológica, donde la participación estatal «se determina por acuerdo entre las partes».
El artículo 90 introduce la categoría «empresas en incubación» con incentivos fiscales diferenciados según su etapa de desarrollo. Y el artículo 93 promete que el Estado propiciará inversiones en alta tecnología «a partir de la disminución del aporte por el rendimiento de la inversión estatal y del impuesto sobre utilidades».
Para financiar todo ello, la norma crea el Fondo Financiero de Ciencia e Innovación, nutrido por una deducción del 10 % del impuesto sobre utilidades de las empresas de Alta Tecnología, parques tecnológicos, empresas de interfaz y de Base Tecnológica (artículo 109). El Fondo puede otorgar financiamiento retornable o no retornable, y se prevén fondos de capital semilla para empresas nacientes.
Ética, inteligencia artificial y ciencia abierta
La norma incorpora temas que no existían en la legislación cubana anterior. El artículo 10 crea un Comité de Ética para la Inteligencia Artificial, cuyos miembros designa el ministro de Comunicaciones, encargado de asegurar «la validez científica y la justificación ética del uso de la Inteligencia Artificial en las investigaciones». El artículo 8 exige evaluar las implicaciones éticas de tecnologías emergentes como la ingeniería genética, la biotecnología y las neurotecnologías.
También se crea una infraestructura digital de ciencia abierta (artículo 59) y un Sistema Nacional de Certificación de Revistas Científicas (artículo 60), orientados a incrementar la visibilidad y calidad de la producción científica nacional.
La Ley 182, no obstante, deja interrogantes sustanciales. No establece un porcentaje mínimo del PIB destinado a inversión en CTI, limitándose a hablar de un «incremento progresivo» (artículo 100). No define qué fracción de sus utilidades deben invertir las empresas estatales en innovación, solo les exige que si no lo hacen, lo justifiquen en su balance anual (artículo 106). Tampoco precisa cómo accederán los actores no estatales —mipymes, cooperativas, cuentapropistas— a los fondos de innovación o al capital semilla en condiciones equiparables a las entidades estatales.
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Nota: Este texto fue realizado con apoyo de IA y supervisado por el equipo editorial de elTOQUE.
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