El Ministerio de Comunicaciones aprobó la Metodología para la Transformación Digital y la Introducción de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública, un documento extenso que pretende servir de guía para que cada uno de los organismos estatales cubanos se digitalicen y comiencen a usar inteligencia artificial antes de 2030.
La norma llega a un país donde la conectividad sigue siendo limitada y los trámites presenciales consumen horas a los ciudadanos, por lo que la pregunta obligada es si este marco metodológico logrará traducirse en cambios reales. La metodología está contenida en la Resolución 24/2026 del Ministerio de Comunicaciones, firmada por la ministra Mayra Arevich Marín y publicada en la Gaceta Oficial 96 el 17 de noviembre de 2026.
Qué establece la norma
La resolución en sí es breve —un artículo único que aprueba la metodología anexa—, pero ese anexo ocupa más de 20 páginas de la Gaceta y constituye el verdadero contenido normativo. Se trata de un marco integral que obliga a cada Organismo de la Administración Central del Estado (OACE) y a los territorios a elaborar su estrategia de transformación digital siguiendo cuatro etapas: iniciación y organización del trabajo, diagnóstico integral, análisis y definición estratégica, y diseño de la propuesta de estrategia.
El diagnóstico que debe realizar cada organismo no es superficial. La metodología exige evaluar cuatro dimensiones —personas, procesos, tecnología y datos— y medir la madurez digital institucional en diez áreas específicas, que van desde la gestión de riesgos y la calidad de datos hasta la cultura organizacional respecto al uso de información. Además, cada entidad debe determinar su nivel en una «Pirámide Funcional de IA» de siete escalones, desde «Principiantes» (entidades que ni siquiera conocen las oportunidades de la IA) hasta «Líderes» (donde la IA coordina personas, procesos y sistemas en toda la organización).
Gobernanza en tres niveles y un principio rector
Uno de los elementos más concretos de la metodología es el modelo de gobernanza. Cada organismo debe crear tres estructuras: un Comité de Transformación Digital, presidido por la máxima autoridad de la entidad, con funciones estratégicas; una Oficina de Transformación Digital, integrada por especialistas en tecnología, planificación y recursos humanos, encargada de la coordinación táctica; y equipos de proyecto multidisciplinarios para la ejecución operativa.
El sistema de seguimiento es detallado: reportes semanales de los equipos de proyecto, informes mensuales de la Oficina al Comité, evaluaciones trimestrales del avance estratégico y una revisión integral anual. Para la ejecución se recomienda la metodología Scrumban, una combinación de gestión ágil poco habitual en la burocracia estatal cubana.
El principio que atraviesa todo el documento es «Primero los datos, la IA después». La metodología reconoce explícitamente que sin gobernanza de datos —calidad, interoperabilidad, seguridad, catálogos de metadatos— no tiene sentido implementar inteligencia artificial.
Inteligencia artificial: un calendario progresivo hasta 2030
La introducción de IA se planifica en tres fases. Entre 2026 y 2027, la prioridad es crear capacidades: establecer gobernanza de datos, diagnosticar su calidad, capacitar al personal y definir principios éticos. En 2028, se implementarían proyectos piloto en los dos primeros niveles funcionales: chatbots de atención ciudadana y sistemas de apoyo a decisiones. Entre 2029 y 2030, se escalarían las soluciones exitosas y se avanzaría hacia automatización inteligente de procesos y sistemas generativos.
La metodología también incorpora nueve principios de IA responsable: transparencia, trazabilidad, escalabilidad, equidad, privacidad, supervisión humana, seguridad, beneficio social y sostenibilidad. Y establece que los datos de ciudadanos y de la administración pública «residirán en infraestructura nacional o regida por acuerdos soberanos», priorizando el desarrollo de capacidades propias y la colaboración con universidades cubanas.
A quién afecta y cómo
En lo inmediato, la norma afecta a los funcionarios públicos. Cada OACE debe constituir sus estructuras de gobernanza digital, realizar diagnósticos integrales y elaborar una estrategia con hoja de ruta para 2026-2030. Eso implica movilizar personal, asignar presupuesto y, en muchos casos, reconvertir plazas de trabajo. La metodología exige explícitamente identificar «plazas que pueden quedar obsoletas con la transformación digital» y elaborar programas de reconversión laboral.
Para los ciudadanos, el impacto potencial sería la digitalización de trámites y servicios públicos. La metodología menciona indicadores como el porcentaje de trámites digitalizados, el índice de satisfacción ciudadana y el uso de la Ficha Única del Ciudadano. Si se ejecuta según lo previsto, un cubano podría en teoría resolver consultas mediante asistentes virtuales o acceder a servicios sin desplazarse a una oficina estatal.
Lo que la norma no dice
El documento es exhaustivo en marcos conceptuales, matrices y diagramas de flujo, pero llamativamente silencioso sobre recursos. No se menciona ninguna cifra de presupuesto ni fuentes de financiamiento ni estimaciones de costos de implementación. Para un país con severas restricciones fiscales y de divisas, esta omisión no es menor: sin inversión concreta en infraestructura, conectividad y formación, la metodología corre el riesgo de quedarse en un ejercicio burocrático.
Tampoco queda claro qué ocurre si un organismo no cumple con los plazos establecidos. La Dirección General de Informática del Ministerio de Comunicaciones «queda encargada de ejercer el control del cumplimiento», pero no se definen consecuencias ni mecanismos de rendición de cuentas. La Secretaría de Transformación Digital tiene un año para evaluar los resultados y actualizar el documento.
La metodología habla extensamente de soberanía tecnológica y de que los datos deben residir en infraestructura nacional, pero no aborda cómo se garantizará eso cuando buena parte de las herramientas de IA disponibles en el mercado global son propiedad de grandes corporaciones extranjeras ni cómo se financiará el desarrollo de alternativas nacionales.
Descargar Gaceta Oficial (PDF)
Nota: Este texto fue realizado con apoyo de IA y supervisado por el equipo editorial de elTOQUE.
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