En junio, en medio del desierto de Arizona, Dolores Freixa se despertó a las 3:00 a. m. en Eloy Detention Center al escuchar a un oficial que le ordenaba levantarse y recoger sus cosas. La iban a trasladar, pero nadie le dijo adónde.
Freixa recuerda que bajo un cielo aún oscuro, otra mujer y unos 40 hombres subieron con ella a un autobús. Ella era la única cubana. Cuando les preguntó a los hombres qué estaba pasando, le dijeron que habían firmado voluntariamente para regresar a su país de origen: México.
Freixa nunca había aceptado que la llevaran a otro país.
Las deportaciones a terceros países permiten expulsar a inmigrantes incluso cuando sus países de origen se niegan a recibirlos. Más de 25 000 personas han sido enviadas a 29 países, según Third Country Deportation Watch, un proyecto de Refugees International y Human Rights First que monitorea los datos sobre deportaciones a terceros países.
En febrero, un juez federal de Massachusetts bloqueó las deportaciones a terceros países y reconoció el derecho de los deportados a recibir una notificación y a impugnar su expulsión.
Sin embargo, The Trib descubrió que ICE continuó llevando a personas hasta la frontera sin previo aviso mientras la prohibición judicial seguía vigente, según entrevistas con migrantes y abogados de inmigración. Los constantes traslados entre centros de detención y la presión para firmar documentos en situaciones de alto estrés pueden hacer que los migrantes no comprendan plenamente sus opciones. En algunos casos, esa presión incluye amenazas de consecuencias legales más graves si se niegan a firmar. Como resultado, algunos pueden aceptar abandonar el país sin entender lo que están firmando, dijeron abogados a The Trib.
Freixa se negó a firmar los documentos y fue trasladada de vuelta a Arizona, pero su caso fue una excepción.
«Estamos viendo un patrón: los suben a un autobús sin decirles nada, los llevan a la frontera mexicana y los obligan a bajarse», dijo Liudmila Marcelo, abogada de inmigración. «Le ocurrió a uno de mis clientes. En su caso, se negó a bajarse. Otros sí lo hicieron y una vez que se bajaron, aceptaron su deportación. A mi cliente también le han pedido varias veces que firme documentos».
Un portavoz de DHS le pidió a The Trib que identificara por nombre y fecha de nacimiento a los migrantes que habían compartido las experiencias donde fueron presionados para aceptar su deportación. Cuando The Trib se negó a revelar sus identidades, el portavoz respondió por correo electrónico: «Cuando los medios se niegan a dar nombres, resulta imposible proporcionar detalles sobre casos específicos o siquiera verificar si todo esto ocurrió o si esas personas existen. Si ustedes no pueden hacer su trabajo, nosotros tampoco podemos hacer el nuestro».
El portavoz también afirmó: «Es categóricamente falso que presionaríamos a alguien para que acepte su propia deportación».
Desde entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido que se reanuden las deportaciones a terceros países.
En mayo, los cubanos constituían el grupo más numeroso de deportados a terceros países, y la mayoría había sido trasladada a México, según un informe de Human Rights Watch. La mayoría de los cubanos en Estados Unidos vive en Florida, y el condado de Miami-Dade alberga la mayor concentración de cubanos fuera de la isla.
Algunos cubanos que perdieron su residencia permanente tras recibir condenas penales continuaron viviendo en el país bajo órdenes de supervisión, ya que el Gobierno no podía ejecutar sus deportaciones. Debían presentarse periódicamente ante ICE y, si cumplían con sus obligaciones de reporte y no cometían nuevos delitos, podían solicitar permisos de trabajo.
Bajo estas reglas, muchos cubanos pasaron décadas reconstruyendo sus vidas en Estados Unidos, principalmente en Florida.
Ahora, el Gobierno los quiere deportar a terceros países. Esa es la historia de Freixa.
Llegó a Estados Unidos a los 11 años durante el éxodo del Mariel de 1980 y fue arrestada en 2015 por cargos que incluían allanamiento, robo y delitos relacionados con fraude. Tras cumplir su condena, fue trasladada directamente a un centro de detención migratoria a principios de este año.
«El Gobierno estadounidense quiere deportar a la mayor cantidad de personas como sea posible, y una forma de hacerlo es firmando acuerdos con países de todo el mundo que acepten recibir deportados a cambio de dinero. Desafortunadamente, muchos cubanos tienen órdenes de deportación, y es fácil deportarlos porque llevan décadas presentándose en las oficinas del ICE, cumpliendo la ley y haciendo lo que se supone que deben hacer», dijo Andrea Jacoski, abogada de Inmigración.
El acuerdo con México no se ha hecho público, lo que deja interrogantes sobre las responsabilidades del Gobierno mexicano al recibir a estos migrantes.
En el informe, Human Rights Watch encontró que los migrantes que son dejados en México no tienen instrucciones claras al llegar al país. Se les concede un permiso para permanecer en el país durante diez días, tras los cuales deben iniciar por su cuenta un proceso para solicitar asilo. Quedan sin una vía clara para acceder a refugio, alimentos o atención médica. La organización también determinó que los migrantes son abandonados en ciudades donde están expuestos a extorsionadores y a trata de personas.
En agosto, otros cubanos residentes del sur de Florida fueron deportados a países más lejanos, llevándolos a África, informó el Miami Herald. Estas deportaciones han provocado protestas, especialmente porque algunos de los países receptores están sujetos a alertas de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos que advierten sobre los niveles de violencia e inseguridad en esos lugares.
«La ley permite la expulsión a un tercer país, pero debe ser un tercer país seguro. Y esa palabra, ‘seguro’ es fundamental y muy importante, porque muchos de los países a los que se está deportando a estas personas no son seguros. Están en medio de una guerra civil o atraviesan conflictos internos que hacen que no sea seguro para ellas estar allí», agregó Jacoski.
Un portavoz del DHS dijo a The Trib que los migrantes que se niegan a regresar a sus países de origen son enviados a un tercer país seguro, e hizo énfasis en que la decisión de regresar a casa es de ellos. «Si un inmigrante ilegal decide presentar una demanda ante los tribunales para negarse a ir a su país de origen, estamos obligados por ley a encontrar un país seguro y protegido al que pueda ir. Si decide regresar a casa, le daremos un vuelo gratuito y un cheque de 3 000 USD. La decisión es suya», afirmó el portavoz en un correo electrónico.
Cuando Freixa llegó a la frontera, recordó que ya le había advertido de esto su compañera de detención en Arizona y su abogada. Entonces le dijo al oficial que dejarla allí era ilegal. Según su relato, el oficial le mostró entonces un documento donde ella aceptaba su deportación y le preguntó si la firma era suya. No lo era.
Siguió repitiendo que la expulsión era ilegal y que tenían que volver a subirla al autobús.
Freixa fue trasladada de vuelta al centro de detención de Eloy, pero las protecciones legales que le habían permitido oponerse a su traslado en la frontera mexicana desaparecieron después de que la Corte Suprema autorizara continuar con las deportaciones a terceros países.
«Creo que la gente ha llegado a creer que existe una división entre los inmigrantes que merecen quedarse y los que no, y que quienes tienen antecedentes penales, independientemente de sus circunstancias, sus vínculos familiares o el tiempo que lleven aquí merecen ser deportados», dijo Jacoski, la abogada de Inmigración. «Cuando, en realidad, nadie merece que se violen sus derechos humanos. Nadie merece sufrir innecesariamente en un país que no conoce. Nadie merece ser el rostro del sufrimiento humano».
Nota editorial: este texto es una traducción al español del original publicado en The Trib, un medio del que elTOQUE USA es aliado.
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