La represión en Cuba se mantiene en el actual contexto de protestas. Mientras el régimen de La Habana anuncia nuevas reformas económicas y una supuesta «apertura», persiste el patrón de criminalización de las manifestaciones de descontento frente a los apagones, la escasez y el deterioro de los servicios básicos. Los cubanos también protestan contra las autoridades que no han podido ofrecer una salida a la crisis y contra símbolos del poder.
La organización de derechos humanos Cubalex denunció la detención arbitraria de al menos tres mujeres tras la protesta ocurrida el 19 de junio de 2026 en Casablanca, municipio Regla, La Habana.
De acuerdo con el monitoreo de la ONG, Yohana Hardy Ramírez, Leanis Suárez Ramírez y Jennifer Castañeda Oquendo —madres de varios niños— participaron en una manifestación pacífica motivada por la falta de agua, alimentos y electricidad.
Cubalex precisó que, según la información recibida, las tres fueron detenidas el día de la protesta, luego de que una persona les tomara fotografías y las entregara al jefe de sector. Posteriormente, fueron trasladadas a la unidad de la Policía de Regla, donde, según los reportes, se les indicó que debían buscar un abogado y fueron amenazadas con posibles sanciones penales.
Familiares han intentado obtener información sobre su situación, pero en la unidad policial no han recibido respuestas claras. Las autoridades se han limitado a señalar que aún no se ha decidido qué acciones se tomarán en su contra.
Cubalex también alerta que se trata de mujeres que no han sido formalmente acusadas de algún delito y que habrían sido detenidas por ejercer su derecho a la protesta pacífica. La organización advierte, además, sobre el riesgo que enfrentan en detención, en un contexto donde no existe información pública suficiente sobre su situación legal ni acceso efectivo a garantías judiciales.
Arrestos, golpizas y amenazas
La ONG Cubalex registró, entre el primero y el 26 de junio de 2026, al menos 38 personas detenidas en el contexto de protestas ciudadanas en Cuba, incluidos seis menores de edad, informó en Facebook.
De esas cifras, documentó que al menos siete personas, incluidos cuatro menores de 18 años, fueron arrestadas tras el incendio ocurrido el 21 de junio en la Casa Memorial Orlando Pantoja Tamayo, en Contramaestre, Santiago de Cuba.
Según la organización, mientras el inmueble ardía, varias personas se congregaron en las cercanías para exigir electricidad y libertad en medio de los apagones, la escasez y la represión. Después del incidente, las autoridades desplegaron un amplio operativo policial y de la Seguridad del Estado en el barrio La Cuba y zonas cercanas.
Cubalex señala que varias personas fueron arrestadas por su presunta vinculación con los hechos, sin que se conozcan pruebas que sustenten las acusaciones. Algunas habrían sido trasladadas al Centro de Operaciones e Instrucción Penal de Versalles, en Santiago de Cuba, donde permanecen incomunicadas.
La organización confirmó las identidades de José Ángel Borrero Zorrilla (17 años), José Jorge Menéndez Vázquez (17), Luis Alberto Leyva (alrededor de 20) y Yordi Daniel Gómez Aguilar (21), aunque advierte que la cifra de detenidos podría ser mayor.
Cubalex documentó, además, hechos ocurridos durante una protesta en el barrio Barbosa, municipio Playa, también en La Habana, el 19 de junio de 2026 tras más de 30 horas sin servicio eléctrico.
Según la información verificada, fuerzas antimotines intervenieron en la manifestación y golpearon a varias personas que se encontraban protestando de manera pacífica. El operativo terminó con detenciones y reportes de violencia policial.
Los datos preliminares indican que más de una docena de personas habrían sido arrestadas. Hasta el momento, se ha confirmado la detención de los hermanos Yoan y Yosvan Arévalo Álvarez, así como de Dayron Chamizo y Héctor Ramón Aroche Olivero. Uno de los hermanos Arévalo habría resultado con lesiones a causa de la intervención policial.
Andrés Matos Alcántara, un rapero independiente conocido como «MC K-LIBRE», fue detenido el 25 de junio tras asistir a una citación del Minint en el municipio Playa (La Habana). Las autoridades lo acusan de supuestamente liderar protestas en el reparto Barbosa, algo que niega su familia.
En un video grabado antes de su arresto y divulgado el 28 de junio por el rapero exiliado Raudel Escuadrón, Matos advierte sobre el acoso policial del que estaba siendo objeto y alerta que podrían encerrarlo con el pretexto de las manifestaciones en su localidad.
«Ellos dicen que Matos es el líder de las protestas y cacerolazos que hay aquí en Barbosa», dijo a Martí Noticias su esposa, Ariacna Garcés.
Detención del rapero Mc K-Libre. Foto: Facebook de Raudel Escuadrón
Para Raudiel Peña Barrios, abogado y experto de Cubalex, estos hechos forman parte de patrones represivos documentados de manera recurrente durante las protestas en Cuba. En declaraciones a elTOQUE, explicó que la organización ha registrado este año arrestos en plena vía pública, pero también detenciones selectivas y preventivas de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos en sus viviendas para impedir su participación en las manifestaciones.
Peña señaló que es frecuente que las detenciones ocurran horas o incluso días después de las protestas, acompañadas de períodos de incomunicación en los que las familias desconocen el paradero de los arrestados. Según el jurista, también se ha documentado uso excesivo de la fuerza, golpizas, amenazas, malos tratos bajo custodia, cortes de Internet y telefonía para limitar la circulación de información, así como procesos judiciales acelerados sin garantías mínimas de defensa.
El experto advirtió que las autoridades suelen recurrir a figuras penales ambiguas como «desorden público», «atentado», «desacato» o incluso «sedición», lo que permite imponer sanciones severas con un efecto ejemplarizante sobre el resto de la población. A ello se suma, dijo, la falta de independencia judicial y la tendencia de los Tribunales a validar casi exclusivamente la versión presentada por la Policía y la Seguridad del Estado.
Por su parte, Yaxys Cires, director de estrategias de Observatorio Cubano de Derechos Humanos, señaló en declaraciones a elTOQUE: «la represión actual se enmarca en una nueva etapa que comenzó en 2021 en la que, sin abandonar a la oposición y la sociedad civil, esta llega con fuerza contra el ciudadano de a pie, que es el protagonista del descontento social y las protestas pacíficas».
«También hay que destacar que el anuncio de las últimas medidas económicas no han parado las protestas, lo cual hace evidente la desconfianza de que las soluciones a la grave situación vengan del propio régimen», añadió.
Otras denuncias de represión en Cuba
La represión en las protestas se suma a la criminalización constante contra las voces disidentes en el país.
El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, denunció haber sido detenido, torturado y amenazado de muerte por agentes policiales durante un arresto reciente, según una entrevista concedida a RFI y publicada el 23 de junio de 2026.
Cuesta Morúa aseguró que fue trasladado a una zona apartada de Artemisa, donde habría sido golpeado dentro de una patrulla y amenazado con ser ejecutado en caso de una eventual intervención de Estados Unidos en la isla.
El activista también afirmó que la acusación oficial en su contra por «incitar a protestas» responde a una estrategia para criminalizar a sectores de la sociedad civil.
La periodista independiente Camila Acosta también ha denunciado permanecer en su vivienda en La Habana bajo vigilancia policial durante mayo y junio de 2026.
Por otro parte, la activista cubana Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs, denunció el 21 de junio de 2026 haber sufrido lesiones físicas tras un incidente ocurrido luego de reportar el robo en su vivienda en La Habana. Según su testimonio, presentó una erosión en la córnea y fuertes dolores abdominales tras un enfrentamiento con varias personas que identificó como agentes policiales, aunque, según afirma, no se encontraban uniformadas ni se identificaron como tales.
Lafita explicó que el robo incluyó dinero, medicamentos, ropa, artículos de aseo, un teléfono celular, su pasaporte brasileño y documentos personales, además de insumos destinados a su labor solidaria con personas vulnerables, como sillas de ruedas, andadores y una mecedora para bebé. La activista señaló que el hecho ocurrió durante un apagón, y lamentó que, tras la denuncia, su situación derivara en lesiones físicas y lo que describe como un proceso de criminalización.
Detenciones arbitrarias y mecanismos de denuncia
Las detenciones vinculadas a las protestas son consideradas por Cubalex arbitrarias, sistemáticas y con fines políticos.
Peña sostiene que las autoridades utilizan los arrestos no solo como una herramienta policial, sino como un mecanismo de castigo y disuasión para desalentar la protesta social. A su juicio, existe una contradicción entre el reconocimiento formal del derecho a la manifestación en la Constitución cubana y la práctica de procesar a los manifestantes mediante delitos imprecisos que convierten el ejercicio de un derecho en una conducta criminal.
El abogado destaca además que la mayoría de los detenidos no son opositores tradicionales ni activistas, sino ciudadanos comunes afectados por la crisis económica y la precariedad de los servicios públicos.
Aunque reconoce las limitaciones del sistema judicial cubano, Cubalex recomienda a familiares y afectados utilizar los mecanismos legales internos disponibles, entre ellos el recurso de habeas corpus, las impugnaciones de la prisión provisional y las denuncias ante la Fiscalía General de la República y las autoridades penitenciarias para dejar constancia de posibles abusos.
La organización también acompaña a las víctimas en la presentación de denuncias ante mecanismos internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, el Comité contra la Desaparición Forzada y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancias que pueden contribuir a visibilizar los casos y aumentar la presión internacional sobre el Estado cubano.
La represión en las calles se suma a la situación de más de 1 000 presos políticos en las cárceles cubanas y a las denuncias constantes de violaciones de derechos humanos contra activistas, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil, quienes reportan detenciones arbitrarias, vigilancia, restricciones a la libertad de expresión y falta de garantías judiciales.
