Hasta hace pocos días, el vendedor de carne de cerdo de mi cuadra pasaba las horas muertas viendo los camiones cisterna recargar en una toma de agua cercana y buscando conversación con cuanto parroquiano apareciera. Un par de mañanas cada tanto, podían verse sobre su mostrador algunas mazorcas de maíz tierno o un pedazo de embutido, poco más.

Vender carne de cerdo a precios topados era imposible; «la cuenta no cuadraba por más vueltas que se le diera», comentó. El suyo era de los pocos «puntos de cárnicos» que intentaban sobrevivir en Camagüey mediante ofertas alternativas; la mayoría había bajado la persiana ante la caída de las utilidades.

Pero a comienzos de agosto, apenas el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) derogó los topes de precios, la carne de cerdo regresó a las tarimas. También lo hicieron viandas y otros productos agrícolas que durante meses solo se encontraban en ocasionales ferias estatales o carretilleros.

«Al final, la libra de puerco está a 125 pesos, como la tenían antes los revendedores, pero al menos una tiene la tranquilidad de no vivir montéandola, ni verse en la obligación de comprar piezas enteras (perniles, paletas…) porque el vendedor quería cerrar rápido el negocio», le escuché decir a una compradora. Varios carniceros afirman que ahora también deben sacrificar sus animales en losas sanitarias y usar pesas certificadas, dos requisitos que bajo las condiciones de la comercialización informal resultaban impensables.

Especial multimedia: El drama de la comida en Cuba

Desde la embriaguez marginada de una calle o desde la sapiencia intelectual, los cubanos hemos enfrentado en las últimas décadas la carencia alimentaria como el angustioso dilema del día a día. El humorismo criollo lo refleja así: «En la Isla solo hay tres problemas: desayuno, almuerzo y comida».

El alcance de la Resolución 320/2021 del MFP no se limita al intercambio entre particulares. Una de sus disposiciones deroga «los precios máximos de acopio y mayoristas de los productos agropecuarios con destino al consumo social, dietas médicas y sistema de atención a la familia (SAF)». En otras palabras, el grueso de las compras estatales.

Para impedir una espiral inflacionaria, el Gobierno enarbola como principales estrategias los llamados a la «conciencia de los productores», y su control sobre los sistemas de asignación de insumos, esenciales en áreas como la porcicultura y cultivos como la papa y el arroz.

«Lo que sí les pedimos en medio de una situación tan compleja, en la que un sector de la población tiene vulnerabilidades, sobre todo los pensionados y jubilados, es que en la medida en que ustedes puedan propiciar precios que sean más asequibles sin que se afecten en sus ingresos, lo hagan», convocó el presidente Miguel Díaz-Canel durante un encuentro con campesinos de Artemisa y Mayabeque, el sábado 7 de agosto. Las autoridades confían en que la relación entre oferta y demanda, y en consecuencia los precios, encontrará su equilibrio a «medida que las producciones crezcan».

Ordenamiento: Es la producción lo que determina, no los precios

Cualquier cubano conoce los peligros que acechan tras la fórmula de los precios topados —sea en el cambio de monedas o la venta de artículos de consumo—, por lo que el profesor Mauricio de Miranda Parrondo no los considera una alternativa, si de fundar un proceso de recuperación económica se trata.

Para que esta nueva flexibilización del mercado alimentario no fracase, el economista Pedro Monreal recomienda «ofrecer protección social, especialmente en el corto plazo cuando es razonable esperar incrementos de precios, hasta que surtan efectos las medidas para estimular la oferta».

«La eliminación de precios máximos agropecuarios no se hizo con la secuencia adecuada», alertó. En su opinión, antes debieron implementar medidas en favor de la producción privada, y un programa de apoyo material a los productores.

En septiembre de 2020, Monreal y otros académicos cubanos redactaron una propuesta de reforma para la agricultura y la ganadería en Cuba. Desde entonces, la Isla vio cómo sus ingresos en divisas caían en picada, se embarcó en el Ordenamiento Monetario y sufrió el embate de nuevas cepas de la COVID-19, causantes de su mayor crisis sanitaria en décadas. En segundo plano, la agricultura veía cómo retrocedían los discretos avances de años anteriores, con casos extremos en los cultivos del frijol y el arroz (cuyas cosechas se redujeron a la mitad y en más de un tercio de 2019 a 2020). Mientras, la producción avícola se contrajo un 7 %, y los sacrificios de la ganadería vacuna y porcina aportaron un 11 % y un 27% menos de carne que en el difícil calendario fiscal de 2019.

«Consideramos que los actuales mecanismos y regulaciones que operan en el sector han sido agotados por el tiempo», exponía el proyecto presentado por Monreal y sus colegas. Entre las medidas contempladas para su primera fase, de «Relanzamiento», ocupaba un lugar prominente la eliminación selectiva de los precios topados, y la autorización a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes) para gestionar fincas rústicas. Otra recomendación era que estos actores económicos y los trabajadores por cuenta propia pudieran «relacionarse directamente, sin intermediarios estatales, con suministradores y compradores extranjeros». 

Señales contradictorias

Al día siguiente de que el Ministerio de Comercio Interior anunciara que hasta diciembre sumaría a la cuota normada otras 3 libras de arroz, conversé con un carretillero al que pocas semanas antes le había comprado 10 libras del cereal, cada una a 45 pesos. 

Suponía que la noticia lo habría afectado al disminuir la demanda general del producto que ofertaba. «Hasta cierto punto sí. Con lo que darán ahora por la libreta la mayoría de las personas resuelven para todo el mes», reconoció, antes de aclarar que aun así encontraría compradores «porque siempre hay gente que quiere guardar su reserva, por si acaso. Además, esa 'ley' nada más llega hasta diciembre».

El 31 de diciembre marca la frontera temporal también para las llamadas libretas de abastecimiento de carácter excepcional, que han beneficiado al menos a 200 mil personas en todo el país. Los primeros meses de 2022 se perfilan como una suerte de incógnita para las economías familiares cubanas.

Soluciones cubanas para distribuir alimentos y sortear la escasez durante la COVID-19

Aunque estas iniciativas no han estado exentas de problemas con la calidad, cantidad y retraso en la distribución y comercialización de los productos, las personas reconocen que, en la mayoría de los casos, son un alivio ante el desabastecimiento existente.

Los hechos envían señales contradictorias. Por una parte Díaz-Canel y sus colaboradores cercanos han reconocido la necesidad de distribuir más insumos entre los campesinos y mejorar su retribución; por otra no faltan las convocatorias a producir con recursos locales. En julio, el gobernador de Villa Clara se reunió con criadores de Placetas (otrora el municipio mayor productor porcino del país) para que se comprometieran a «retornar a los niveles de carne de antaño» sobre la base de piensos adquiridos en Moneda Libremente Convertible (MLC) y plantas proteicas sembradas a la vera de las cochiqueras.

«A varios nos deben piensos del año pasado, que formaban parte del pago de animales que habíamos entregado en 2019. Las medidas [las 63 medidas gubernamentales adoptadas para incentivar la producción agropecuaria] no son malas en sí, pero el Estado no ha definido cuánto va a pagar ni si únicamente estarán disponibles los paquetes [tecnológicos] en MLC; tampoco es que uno se encuentre tan bien surtidas esas tiendas en Gelma [el grupo logístico del Ministerio de la Agricultura]». Así describe la situación Yasnier Olivera, un criador porcino del municipio Florida, en Camagüey.

Los arroceros de la misma localidad tuvieron ante sí el reto de llevar adelante la primera cosecha de este año sin saber cuánto les costaría el agua, la electricidad o los servicios de aviación. Todavía a finales de marzo el Consejo de Ministros estaba modificando las escalas de precios, de pagos e impuestos por las que debían ajustar sus cuentas.

En la segunda mitad de la década de 1980 Vietnam puso en marcha su programa de reformas, que concentró sus primeros esfuerzos en la agricultura. Un compendio de estudios publicado hace varios años por la Universidad de la República (Udelar), en Uruguay, da cuenta de cómo Hanoi amplió de manera exponencial los derechos de los campesinos. «Los productores rurales se sintieron seguros (...) pagaban un impuesto por el uso de la tierra y podían utilizar libremente los productos para su propio consumo o venderlos en el mercado. Esto permitió que su ingreso se incrementara en forma constante», detalla un analista del Instituto de Estrategia del Desarrollo del Ministerio de Planificación e Inversión vietnamita. 

En pocos años la nación indochina logró eliminar los racionamientos y convertirse en la principal exportadora de alimentos del sudeste asiático. 

La contrapartida del estudio de la Udelar era el caso cubano, que para comienzos de los 2010 se consideraba a la puertas de reeditar la experiencia vietnamita; algo que entonces no ocurrió. Diez años después, el Gobierno cubano parece haber aceptado la idea de que los topes administrativos de precio alguna vez funcionarán; pero, a pesar de la crisis alimentaria, su propensión a reformar no llega mucho más lejos.