Cuando el presidente designado Miguel Díaz-Canel se preguntó, en abril de 2022, por qué Cuba reincidía en «errores económicos recurrentes», no formulaba solo una duda retórica. Para el académico cubanoamericano Jorge Domínguez, la historia reciente del país ofrece una respuesta inquietantemente y consistente: no importa el contexto internacional, el momento político ni las formas de organización productiva que estén de moda en la isla. Siempre que la agricultura privada muestra señales de éxito, el Estado responde con medidas ideológicas que asfixian la producción y desembocan en una crisis alimentaria.

Domínguez hizo un análisis económico de las medidas adoptadas durante cinco episodios de la historia «revolucionaria» del país: la primera Ley de Reforma Agraria en 1959, la Ofensiva Revolucionaria en 1968, el Proceso de Rectificación de Errores en los ochenta, el Período Especial en los noventa y la contrarreforma económica aplicada entre 2015 y 2019.

«La única variable que reaparece (...) es la prevalencia del socialismo estatal, que se aplica independientemente de los resultados y de los demás factores en juego», comentó Domínguez en un artículo titulado «Ideas sobre el desarrollo agrícola cubano», del cual compartió un resumen en inglés y que luego será íntegramente publicado en español.

A lo largo de seis décadas, Cuba ha transitado por circunstancias radicalmente distintas. En los años sesenta predominaba el azúcar; hoy no. En 1959, aún pesaba la propiedad privada de la tierra; después fue reducida de manera drástica. Hubo períodos de crecimiento económico y otros de contracción severa. El país pasó de la alianza con la Unión Soviética a tener que sobrevivir tras el colapso del socialismo europeo; y de la confrontación abierta con Washington a un breve deshielo bajo la presidencia de Barack Obama. Incluso, el estilo del régimen evolucionó de la movilización revolucionaria masiva a un modelo más burocrático y agotado.

Sin embargo, en cada uno de esos momentos, Domínguez observó que la secuencia fue casi idéntica. Primero, un aumento de la producción agrícola —generalmente impulsado por incentivos de mercado o mayor autonomía para los productores privados— es interpretado por la dirigencia como un «exceso» incompatible con la ortodoxia ideológica. Luego, el Estado interviene: fija precios, obliga a vender a los mecanismos estatales de acopio, limita la contratación de mano de obra y persigue o prohíbe a los intermediarios privados. Finalmente, la producción cae y reaparece la escasez.

Más control sobre divisas y productores en el campo cubano, ¿y los alimentos?

Las producciones en los campos cubanos adelgazan y la inversión estatal es mínima, pero en las oficinas de la burocracia abundan las ideas para aumentar el control sobre el flujo de divisas del sector agropecuario y forestal y sobre quienes trabajan la tierra. Conoce qué establece la nueva Resolución 186.

Ocurrió así a inicios de los años sesenta, cuando el impulso generado por la primera Ley de Reforma Agraria fue seguido por expropiaciones, controles y, en 1962, la instauración del racionamiento que aún persiste. Se repitió en 1968, con la Ofensiva Revolucionaria, que eliminó a pequeños comerciantes y monopolizó la compra de alimentos tras un modesto pero real crecimiento productivo. Volvió a pasar en los ochenta, cuando el cierre de los mercados libres campesinos durante la llamada Rectificación desincentivó la producción justo antes del colapso del bloque socialista europeo.

Durante el Período Especial de los noventa, la crisis alcanzó dimensiones catastróficas. Aun así, el Partido Comunista insistió en centralizar decisiones sobre qué producir, cómo y a qué precio, incluso dentro de nuevas cooperativas. El resultado fue una emergencia nutricional, protestas callejeras y una oleada migratoria. Solo después de disturbios en La Habana, en 1994 —conocido como el Maleconazo—, el Gobierno relajó parcialmente los controles, aunque sin abandonar la lógica de precios intervenidos.

La historia más reciente no rompe el patrón. Tras las reformas económicas aprobadas en 2011, conocidas como Lineamientos, la producción privada de alimentos volvió a crecer y a sostener a buena parte de la población. Pero ese éxito fue nuevamente castigado: topes de precios, mayor dependencia del acopio estatal y una contrarreforma, que Domínguez ubica entre 2015 y 2019, que agravó la crisis alimentaria justo antes de la pandemia.

En abril de 2024, al evaluar el incumplimiento de las políticas alimentarias, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa expresó su alarma porque los productores «se [habían] acostumbrado» a vender a quien mejor les pagaba. Su solución —más «control y disciplina»— resonó como un eco del pasado.

La persistencia de estas decisiones no es accidental. Domínguez entiende que las políticas inspiradas en el socialismo estatal resultan funcionales para quienes toman decisiones: son conocidas, refuerzan el control político y permiten atribuir los malos resultados a factores externos, en particular al «imperialismo» y a las sanciones estadounidenses. Pero la evidencia histórica sugiere que, más allá de esas explicaciones, el problema es estructural.

Así, la pregunta de Díaz-Canel sigue sin respuesta oficial convincente. Mientras tanto, el ciclo se repite: cuando el campo produce, el Estado interviene y regresa la escasez. Y con ella, la certeza de que el régimen cubano está atrapado en una lección que se niega a aprender.