Si usted se levantó esta mañana en Cuba, puede ser que no tenga electricidad o no la haya tenido anoche, como en la mayoría de las jornadas anteriores desde hace varios años. También es probable que desde mediados del mes no le alcance el dinero para comprar el desayuno que hubiera querido ni la comida necesaria para el resto del día. Incluso, si tiene los pesos cubanos suficientes para comprar algunos dólares —la moneda que importa a la hora de adquirir cualquier cosa en la isla donde, te dijeron, se construiría el «socialismo próspero y sostenible»—, deberá hacer colas interminables en los cajeros, bancos y casas de cambio, si es que hay efectivo… y electricidad.

Pero sepa que «la Revolución» ya ha ideado, eso sí, una «Estrategia Nacional de Educación Financiera», aprobada en diciembre de 2025 y publicada el 26 de enero de 2026 en la Gaceta Oficial mediante el Decreto Ley 115/2025 y su Reglamento (Decreto 145/2025).

El Estado cubano acaba de dotarse, por primera vez, de un marco jurídico integral para la educación financiera, una estrategia que ha puesto bajo la conducción del Banco Central de Cuba (BCC). Con la iniciativa, se busca «elevar la cultura financiera tanto de personas naturales como jurídicas» para que puedan tomar decisiones «conscientes e informadas, propiciar la resiliencia financiera y mejorar el bienestar económico y social».

Un observador descreído pensaría que el objetivo real del primer ministro Manuel Marrero y el presidente del Parlamento, Esteban Lazo —firmantes, respectivamente, del Decreto Ley 145 y el Decreto Ley 115— es fingir que gobiernan para beneficio de alguien más que no son ellos y distraer a los cubanos de los problemas y carencias que los agobian.

Por esa razón, en medio de uno de los peores momentos de la crisis nacional y ante la necesidad de cambios sistémicos, no encontraron otro asunto urgente que suscribir una estrategia que se había cocinado desde, al menos, principios de 2020, cuando comenzaron los trabajos de diagnóstico, investigación y diseño de este instrumento de política pública.

¿Cuba declaró el «estado de guerra»?

Medios oficiales cubanos difundieron mensajes que generaron interrogantes dentro y fuera de la isla sobre una posible declaración de estado de guerra en el país.

«La burocracia estatal cubana anda en modo presuntuoso», resumió en X Pedro Monreal, doctor en Ciencias Económicas. También criticó que en este contexto fuera aprobada «una norma secundaria que tiene mucha menor relevancia y urgencia que las pospuestas “ley de propiedad, posesión y uso de la tierra” y “ley de empresas”».

El experto expresó también sus dudas sobre la habilidad de la entidad responsable de llevar adelante la estrategia: «El Banco Central de Cuba ha demostrado ser incapaz de cumplir con su función básica de “sostener la estabilidad del poder adquisitivo del CUP”. ¿Qué sentido tiene recargarlo ahora con una función “pedagógica”?».

¿Qué es la Estrategia Nacional de Educación Financiera?

El Decreto Ley 115 describe la educación financiera como un proceso permanente que abarca desde el uso del dinero y la planificación del presupuesto hasta la comprensión del sistema tributario, los seguros, los riesgos financieros e incluso los activos virtuales. Pero una lectura detenida de la norma deja servida la duda sobre su alcance real en un país donde los márgenes de decisión financiera individual son escasos.

Para coordinar la iniciativa se creó una arquitectura institucional amplia y jerarquizada: un Comité Estratégico, un Grupo Líder y un Comité Técnico; todos bajo la rectoría del Banco Central de Cuba y con la participación de varios ministerios, bancos, aseguradoras y organizaciones profesionales.

La norma también obliga a los «participantes» (personas naturales o jurídicas) a destinar recursos presupuestarios a las «iniciativas y programas de Educación Financiera» y a reportar periódicamente sus resultados.

El diseño elegido reproduce una lógica conocida en la gestión pública cubana: alta centralización, múltiples instancias de coordinación y una fuerte dependencia del aparato administrativo. El Banco Central no solo conduce la estrategia, sino que define participantes, metodologías, indicadores, contenidos, imagen comunicacional y evaluación de resultados.

El reglamento profundiza esta estructura con planes de acción, reportes semestrales, reuniones periódicas y validaciones internas. Pero en ningún punto del decreto ley se establecen metas públicas verificables ni plazos concretos para medir impactos reales en el comportamiento económico de la población.

El texto legal asume que una mejor comprensión de los productos financieros contribuirá a la confianza en el sistema bancario, tributario y de seguros. Sin embargo, evita cualquier referencia a los factores estructurales que condicionan ese vínculo: inflación persistente, pérdida de poder adquisitivo, dolarización parcial de la economía, escasez de efectivo, bancarización forzada y cambios frecuentes en las reglas del juego.

Tasa oficial flotante: qué cambia, qué no y qué preocupa

El Observatorio de Monedas y Finanzas de elTOQUE resume los principales elementos que se confirman, los que no cambian, los que resultan positivos y los que generan mayores preocupaciones en el nuevo régimen cambiario oficial y su tasa flotante.

En ese contexto, la educación financiera corre el riesgo de trasladar la responsabilidad de la precariedad económica al individuo. Saber planificar un presupuesto o gestionar una deuda resulta poco útil cuando los ingresos son insuficientes o impredecibles, y cuando muchas decisiones financieras no dependen del consumidor o los empresarios, sino de regulaciones que cambian según los intereses políticos de la burocracia del Partido.

El decreto habla de «imparcialidad» y de informar tanto beneficios como riesgos, pero no aclara cómo se abordarán críticamente las limitaciones del sistema financiero cubano ni qué espacio tendrán los contenidos que cuestionen su funcionamiento.

Aunque la norma afirma identificar grupos destinatarios según sus necesidades, estos no se detallan públicamente. Jóvenes, jubilados, trabajadores estatales, cuentapropistas, mipymes o receptores de remesas enfrentan realidades financieras muy distintas, pero el decreto no ofrece pistas claras sobre cómo se adaptarán los contenidos a esas diferencias ni cómo se priorizan los sectores más vulnerables.

El fracaso del Decreto Ley 115 parece asegurado, no importa cuántos comités sean creados ni cuántos talleres impartan los funcionarios del BCC.

¿Puede un ciudadano tomar decisiones financieras informadas cuando sus opciones reales son tan estrechas? Mientras esa pregunta no tenga una respuesta honesta, la educación financiera será otra política desconectada de la vida económica cotidiana de la mayoría de los cubanos.

Si te interesan los temas jurídicos puedes visitar nuestros proyectos elTOQUE Jurídico y Legalis, en los cuales encontrarás análisis y debates sobre las leyes, los derechos y los procesos jurídicos en Cuba. 

Síguenos también en Twitter: @eltoquejuridico