En las últimas semanas, diversos artículos en medios de prensa han intentado responder a una interrogante que se posiciona con fuerza en la conversación pública ¿quién será el «Delcy Rodríguez» del castrismo? Al barajar nombres de ciertos funcionarios y analizar su potencial como operadores pragmáticos, inevitablemente, se establecen paralelismos con Venezuela. Entiendo lo tentador que resulta para los cubanos mirarnos en ese espejo, pero me temo que ese reflejo nos devuelve una imagen distorsionada.

Esto me parece preocupante no solo porque tributa a la falacia de la voluntad de reforma de un régimen que ha demostrado, con evidencia incontestable, su incapacidad para ello; sino porque las analogías descontextualizadas con el caso venezolano —que desconocen las diferencias estructurales de ambos regímenes— solo pueden conducirnos a diagnósticos errados sobre nuestra realidad sociopolítica. A continuación, desarrollo los porqués de esta afirmación.

I. La distorsión de la figura del operador pragmático

Vernos en el espejo venezolano sin considerar las significativas diferencias en la arquitectura de poder de ambos regímenes nos devuelve la primera distorsión: la idea de encontrar entre los funcionarios cubanos una figura capaz de desempeñar el rol de operador pragmático. Me refiero a alguien con la disposición y competencias que fue adquiriendo Delcy Rodríguez dentro de una estructura que, a diferencia de la cubana, le permitió acumular capital político para ejercer el rol que hoy cumple.

Y es que, muy a pesar de la consolidación autocrática de los últimos 25 años en Venezuela, el chavismo-madurismo no desmontó por completo —como sí hizo el castrismo en Cuba— la arquitectura de la institucionalidad democrática. La permanencia de espacios institucionales y de la sociedad civil (partidos políticos, gremios, ONG y una Asamblea Nacional que contó en diversos períodos con una fuerte presencia opositora) obligó al régimen venezolano a permitir la formación de operadores políticos reales. Figuras capaces de negociar en las sombras, de transar con capitales globales y de gestionar crisis con un pragmatismo dictado por la necesidad de supervivencia.

Delcy Rodríguez es el resultado de ese entorno que, aunque autoritario, dista mucho del control monolítico que el castrismo aún exhibe en la isla. En Cuba, la arquitectura institucional responde a un modelo totalmente secuestrado por un partido único al que todo se subordina y que forma funcionarios a quienes no se les exige mayor competencia que la obediencia y la administración —supervisada— de la escasez.

Estas son las medidas para la contingencia en Cuba

En principio, el escenario proyectado para la contingencia es de un mes, según comunicaron funcionarios a estudiantes de educación superior en la capital. Pero el panorama es incierto.

Lo anterior evidencia las dificultades enormes de imaginar una «Delcy» cubana, y más aún en la figura de Oscar Pérez-Oliva Fraga, como han sugerido varios. La referencia a su formación técnica o su experiencia en el Ministerio de Comercio Exterior no puede dejar de contrastarse con su origen familiar y con la naturaleza del poder político en Cuba. Leer el ascenso del sobrino nieto de Fidel y Raúl como un indicio de apertura pragmática peca de optimismo descontextualizado. Desde la lógica del castrismo pos fidelista, es mucho más coherente la colocación de una pieza que preserve el poder del clan familiar que la de un operador político-financiero de alto vuelo.

Una probable sustitución de Díaz-Canel por Pérez-Oliva no garantiza el paso a una etapa de reforma hacia formas más democráticas o eficientes. Me pregunto por qué no se encienden las alertas ante un movimiento que nos recuerda vívidamente el traspaso de poder entre los tíos abuelos del hoy potencial «candidato». ¿Tan corta es nuestra memoria? En aquel entonces, también se habló de pragmatismo y apertura, y sabemos cuál fue el desenlace. Como ocurrió antes, hoy la retórica reformista inunda la esfera pública mientras la alusión a cambios estructurales urgentes continúa siendo estigmatizada como radical. El «cambio» no es tal, sino más de lo mismo: continuidad.

II. La distorsión del sujeto social y la orfandad de liderazgos

Si el primer error del espejo venezolano es ver reflejado un operador pragmático donde hay un heredero de la continuidad y un custodio del poder concentrado en un clan; el segundo es creer que el cambio sociopolítico en Cuba depende de los movimientos en la cúpula. La «fórmula Venezuela» contiene elementos cuasi inexistentes en la isla tras más de siete décadas sin vivencia democrática.

En Venezuela, a pesar del sistemático desmantelamiento autocrático, preexistía —y sobrevive— una sociedad civil con «oficio». Me refiero a un ecosistema de ONG, gremios y universidades que conservan niveles de autonomía y un dominio técnico de las herramientas de acción colectiva. El país cuenta, además, con una estructura de partidos con representación territorial que ha resistido los embates del secuestro gracias a una cultura de participación política profundamente arraigada. Ese «músculo» social es el que hizo posible la proeza organizativa del 28J; y el mismo que, ante el fraude electoral y la ola represiva sin precedentes, sostuvo la presión por la libertad de los presos políticos y el retorno democrático, incluso, tras el repliegue ciudadano. Es, en esencia, un cuerpo social con altos niveles de cohesión en torno al ideal democrático que sabe reconocerse y actuar como tal.

Boris González Arena: «Nuestro exilio quiere estar en una Cuba libre»

El objetivo del régimen es dañarte. Tienen tiempo, voluntad y capacidad para hacerlo. No hay humanidad, es un teatro de operaciones. Tengo la certeza de que la maldad cotidiana que nos rodea en Cuba es extraordinaria.

Las diferencias con el escenario cubano son notables. En la isla, el músculo democrático ha sido atrofiado por décadas de control totalitario. El castrismo no se limitó a secuestrar las instituciones del Estado, también criminalizó cualquier asomo de autonomía asociativa, sustituyendo el tejido social por un ecosistema de organizaciones paraestatales funcionales al control político. Si en algo ha sido eficiente la ingeniería del poder es en socavar preventivamente cualquier liderazgo alternativo mediante un omnipresente sistema de vigilancia, el fomento de la sospecha y el linchamiento moral de cualquier figura disidente. Una estrategia meticulosa de fragmentación social para impedir la formación de redes de confianza entre los ciudadanos al margen del Estado.

A lo descrito se suman los efectos de una crisis económica prolongada y la creciente depauperación de los servicios públicos. Sin mecanismos institucionales eficientes para encauzar el malestar social, la energía vital de la ciudadanía se drena en la supervivencia biológica. En este contexto, la emigración no es solo una válvula de escape individual, sino una herramienta del poder para desactivar el conflicto político interno, exportando hacia el exterior a los sujetos con mayor potencial de liderazgo.

En consecuencia, la ciudadanía cubana experimenta una inhabilitación de su rol como sujeto político. El régimen ha logrado que la falta de cohesión en torno a valores democráticos mínimos y la atrofia de las capacidades de articulación sean hoy un obstáculo difícil de salvar. Sin un sustrato de valores democráticos básicos —como el respeto a la discrepancia, la solidaridad ante la represión ajena y la confianza mínima—, resulta imposible construir las alianzas transversales que requiere cualquier transición.

III. La diáspora y su capacidad de incidencia política

Incluso en el papel de la diáspora, cualquier analogía con el caso venezolano también fallaría si desconoce las diferencias estructurales. La emigración venezolana ha logrado actuar como retaguardia logística de una clase política interna activa; existe una sinergia en la cual el liderazgo de afuera amplifica y sostiene al de adentro. En países como Estados Unidos, España, Argentina o Chile, la diáspora venezolana logró colocar su agenda en la política local, privilegiando la defensa de los derechos humanos por encima de las diferencias ideológicas. Además, conservó derechos políticos que le permitieron movilizarse como un actor electoral decisivo hasta el proceso del 28J, a pesar del sabotaje del madurismo al voto en el extranjero.

En el caso cubano, existe una exclusión institucionalizada. El Estado despoja a los emigrantes de su condición de ciudadanos políticos, negándoles el derecho a elegir o ser elegidos. A ello se suma que la diáspora cubana, marcada por oleadas de exilio muy distintas y décadas de sospecha fomentada desde La Habana, enfrenta retos de cohesión interna que la venezolana —más reciente y unificada por un objetivo electoral claro— no tuvo que sortear. Sin una contraparte interna articulada con la cual conectar, y fragmentada en organizaciones y liderazgos frecuentemente en pugna, el exilio cubano enfrenta dificultades para incidir en una estructura de poder que lo considera, por definición, un enemigo político.

Cuba: el fin ha comenzado

Los esfuerzos deben concentrarse ahora no en celebraciones prematuras, sino en pensar todas y todos los cubanos, dentro y fuera de la isla, en cómo actuar y planear ante un colapso inminente que se torna inevitable, ante la falta absoluta de voluntad de las élites parásitas cubanas para conducir al país hacia un proceso de destotalitarización.

El gran reto actual es lograr que la agenda del exilio conecte de manera orgánica con las necesidades de supervivencia de quienes resisten en la isla. Para incidir realmente, la diáspora debe superar los estigmas de la fragmentación y consolidarse como la retaguardia capaz de brindar alternativas allí donde el Estado cubano solo ofrece carencias y control.

IV. Hacia una incidencia real. ¿Qué se puede hacer?

Llegados a este punto, la pregunta no es quién será el próximo rostro en el poder, sino cómo preparamos el terreno para que la ciudadanía aproveche cualquier movimiento en la cúpula. Si el diagnóstico es la atrofia del músculo social, la receta no puede ser esperar por una concesión desde arriba, sino iniciar una reconstrucción ciudadana desde abajo.

En la isla, la prioridad inmediata debe ser el fomento y la reconstrucción del tejido social básico. Antes de lanzarnos a buscar la «gran transición» política, es imperativo sanar la micropolítica de la cotidianidad: asociaciones de confianza, redes de apoyo mutuo y alianzas gremiales informales. Aquí sí puede ser útil la experiencia de los «comanditos» venezolanos como estructuras de base. Sin ese tejido previo, cualquier oportunidad política que se abra por una crisis interna en el régimen caerá en el vacío, pues no habrá un sujeto organizado capaz de ocupar ese espacio. La verdadera resistencia hoy se mide en la capacidad de los cubanos para volver a confiar en el otro y articular soluciones que el Estado ya no puede —o no quiere— proveer.

Desde la diáspora, se debe trabajar activamente en superar la fragmentación para construir alianzas transnacionales y transideológicas que permitan desempeñar un rol de representación y vocería de los cubanos en su más amplia diversidad, tanto dentro como fuera de la isla. El imperativo estratégico de la emigración es convertir su enorme peso demográfico —que hoy representa más de un tercio de la nación— y su papel como sostén socioeconómico —evidenciado en las remesas— en una herramienta de incidencia política real. Todo ello sin desatender la crisis humanitaria en ciernes ante la incompetencia del Estado. La denuncia contundente al régimen debe ir de la mano del apoyo solidario a los más necesitados, ofreciendo alternativas frente al desamparo que el poder utiliza como mecanismo de sometimiento.

Debemos, finalmente, aprender a incidir en las grietas que se abren en el muro totalitario. La ciudadanía, dentro y fuera, debe agudizar su capacidad para identificar los momentos de debilidad en la narrativa de los «nuevos nombres» que asoman en el poder. No se trata de aplaudir el ascenso de un Pérez-Oliva, sino de aprovechar la inestabilidad de su legitimidad para presionar por demandas concretas y urgentes: alimentación, electricidad, agua y el respeto a los derechos de expresión y asociación. Al exigir lo que el régimen, en su ineficiencia estructural, no puede cumplir o se niega a permitir se agudiza el quiebre del contrato social y se consolida la transmutación del ciudadano en sujeto político.

A la falacia de un cambio negociado entre élites o basado en un mero relevo de apellidos, debemos oponer el fortalecimiento de nuestras capacidades para el rescate de la democracia.

ELTOQUE ES UN ESPACIO DE CREACIÓN ABIERTO A DIFERENTES PUNTOS DE VISTA. ESTE MATERIAL RESPONDE A LA OPINIÓN DE SU AUTOR, LA CUAL NO NECESARIAMENTE REFLEJA LA POSTURA EDITORIAL DEL MEDIO.