Es importante entender cómo se calculan y contabilizan los resultados electorales, porque las cifras podrían poner a prueba la legalidad y la transparencia del sistema electoral cubano en un contexto en el que no existen observadores independientes.
Según los datos oficiales ofrecidos por el Consejo Electoral Nacional (CEN) sobre el proceso de elecciones de los candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP), el padrón electoral quedó compuesto por 8 354 717 electores que debieron asistir a las urnas (3 406 más que los inscritos el día de la votación). De ellos, solo 5 728 220 (68.56 %) hicieron efectivo su derecho al voto.
Las elecciones, como se había pronosticado y confirman los resultados totales, fueron las de más baja participación histórica registrada desde 1976, cuando se realizaron las primeras elecciones a miembros de las AMPP en el archipiélago. A diferencia de las elecciones de 2017, cuando apenas un 10.97 % de la población se abstuvo, en esta ocasión 2 626 497 electores decidieron no ejercer su derecho al voto, lo que representa el 31.44 %. También se constataron los números más altos de votos en blanco y anulados, aunque las autoridades electorales no hagan énfasis en ello.
Sin embargo, es necesario mirar no solo las cifras globales, sino los comportamientos y los resultados de cada territorio y la manera en que se han recogido y publicado.
¿CUÁNDO SE PUBLICAN LOS DATOS?
El primer elemento a tener en cuenta es que los datos públicos puedan ser revisados. Primero, una pausa y luego, una mirada en perspectiva.
Más allá de las cifras generales que fueron anunciadas de forma preliminar 24 horas después de la votación, en el transcurso de los primeros siete días tras el desarrollo del proceso, el CEN no emitió información sobre los resultados finales en cada provincia. Los datos públicos sobre el comportamiento en cada territorio fueron divulgados por medios de prensa y sitios web gubernamentales como portales del ciudadano, de forma asimétrica y poco detallada.
En la primera vuelta, solo Pinar del Río, Artemisa, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey y el municipio especial Isla de la Juventud publicaron las cifras del registro total de votantes, asistencia a las urnas, calidad del voto (votos válidos, en blanco, anulados) y número de circunscripciones a segunda vuelta. Aportaron cantidades o porcentajes, aunque no en todos los casos se explicitó la tabulación en ambas formas de cada parámetro.
Una semana después completaron sus datos Sancti Spíritus, Holguín y Guantánamo, mientras que provincias como Mayabeque, La Habana, Cienfuegos, Las Tunas, Santiago de Cuba y Granma divulgaron como mínimo las estadísticas de dos de los elementos mencionados. Matanzas no aportó resultado alguno.
La Ley 127 Ley electoral publicada en la Gaceta Oficial No. 60 el 19 de agosto de 2019 es la que rige los procesos de nominación y elecciones en el país; la organización y funcionamiento de los órganos que participan; la tramitación de las reclamaciones; el registro electoral.
De acuerdo con lo dispuesto en la norma (artículo 34.1, inciso l), corresponde al Consejo Electoral Nacional «hacer público el resultado preliminar y final de las elecciones, así como consolidar la información a nivel nacional en los casos de consultas populares que corresponda, referendos y plebiscitos».
Sin embargo, la ley no define un plazo específico para la publicación preliminar y final de las estadísticas del cómputo de cada elección por parte del CEN. Lo dispuesto en la norma solo regula el plazo de tiempo en que cada consejo electoral debe rendir informe de los resultados de las elecciones al órgano electoral inmediato superior.
En el caso del Consejo Electoral Nacional, debe hacerlo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en los 30 días siguientes a la culminación de los procesos. Mientras, los consejos electorales provinciales, municipales y de circunscripción deben hacerlo en un plazo de 15, 10 y 3 días, respectivamente.
El CEN, en conferencia de prensa el 7 de diciembre, ofreció los datos definitivos; sin embargo, fue el periódico Granma el que publicó la mayor cantidad de datos organizados. Aunque seleccionó indicadores generales y omitió otros, por ejemplo, las abstenciones.
Por esa razón, para tener una visión general del proceso hay que compilar, contrastar y calcular lo que las diferentes autoridades y medios han publicado. A continuación, la base de datos organizada por el equipo de DeFacto.
¿QUÉ INFORMACIÓN SE PUEDE ENCONTRAR?
El porcentaje de participación actual (que incluye votos válidos, blancos y nulos) con respecto al número de votantes registrados fue superior al general (68.56 %) en casi todas las provincias; con excepción de Isla de la Juventud y La Habana, donde solo acudieron a las urnas en esta última un 57.11 %.
En las otras siete provincias (Pinar, Mayabeque, Sancti Spíritus, Ciego, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo), la asistencia a las urnas superó el 70 %, pero en ningún caso el 75 %.
Sin embargo, lo interesante no termina en que las personas voten o no. Aunque el acto es un primer reflejo de la voluntad, la estadística suma tanto a quienes no asisten a las urnas por expresión política como a quienes no pueden hacerlo porque no se encuentren en el país el día de la elección. Según las normas, las personas que conservan su residencia legal en el país deben estar incluidas en el registro de electores. Por tanto, los más de 280 mil cubanos que han entrado a los Estados Unidos desde 2021 o a otros países, en teoría, debían haber votado y no lo hicieron.
Por otro lado, quienes sí fueron a las urnas y votaron en blanco o anularon sus boletas expresaron sus diferencias con el proceso electoral. La acción sugiere observar algunas tendencias interesantes.
El margen estadístico de boletas anuladas y en blanco en el total de provincias se ubicó entre un 4 y más de un 7 % en ambos parámetros. Artemisa, Pinar del Río y Mayabeque tuvieron índices superiores con más del 7 %; mientras las cifras más bajas se registraron en la Isla de la Juventud y Ciego de Ávila, con 4.35 % anuladas y 4.10 % en blanco, respectivamente.
Por tanto, si se observan los votos válidos con respecto al padrón de cada provincia, se advierte que se encuentra entre el 60 y el 65%. La estadística es la que podría indicar el respaldo político gubernamental, aunque existen otras mediaciones al respecto. Se conoce que Pinar del Río, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba han sido las más disciplinadas en las elecciones; mientras que La Habana y Cienfuegos, las más desobedientes.
En La Habana, solo la mitad del padrón electoral fue válido y como es la provincia de mayor cantidad de habitantes, eso significa que entre abstenciones, votos nulos y blanco (798 150) se suma más que el padrón de cada una de las provincias restantes, incluso que Santiago de Cuba con 776 133 electores.
Además, si miramos números totales, vemos que 623 632 personas que fueron a votar en todo el país anularon o dejaron en blanco su boleta.
¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS CON LOS DATOS PRELIMINARES Y QUÉ NO SE SABE?
Los resultados finales fueron publicados diez días después de la primera vuelta, el 27 de noviembre, y tres días después de la segunda, el pasado 4 de diciembre de 2022.
Durante la revisión posterior de las autoridades, el padrón electoral sufrió adición y eliminación de personas. Entre sus causas puede hallarse que votaron en una dirección en la que no estaban inscritos, que no hubieran sido incluidos de manera automática o que fallecieron. Las discrepancias modifican, por tanto, el número definitivo del padrón y también el de la abstención. Según los datos oficiales, se incluyeron 6 204 y se excluyeron 2 798 electores, aunque en ningún caso se explicaron cuáles y cuántos fueron por cada causa. El resultado es un padrón final que tiene 3 406 personas más que el inicial.
Sin embargo, el número total de electores que asistieron a las urnas en primera vuelta coincide tanto en los datos preliminares como en los definitivos: 5 728 220, algo completamente lógico porque ese dato se contó durante la jornada electoral. Lo que no está muy claro es por qué en tres provincias (Artemisa, Villa Clara y Guantánamo) el dato tiene cambios entre los anunciados por la prensa posterior a la jornada electoral y los finales.
De igual manera ocurre con respecto a los datos de boletas válidas, blancas o anuladas, pues no en todas las provincias los números finales coinciden con los preliminares. El hecho es preocupante porque cada boleta la contabiliza la autoridad electoral al momento de abrir las urnas, con testigos, y se entrega un parte al respecto.
Por otra parte, se debieron elegir en el país 12 427 delegados; sin embargo, no todos alcanzaron más del 50% de los votos válidos. Como anunciaron las autoridades, debieron ir a segunda vuelta electoral, el domingo 4 de diciembre, 925 circunscripciones.
Al terminar la segunda vuelta el CEN informó que nueve circunscripciones tampoco superaron el 50 % de los votos y, por tanto, irían a una tercera ronda. El periódico Granma indicó que solo cinco circunscripciones irán a tercera vuelta, pero no dijo a qué provincias pertenecen. A partir de la comparación con los datos de la primera vuelta, se deduce que van al menos dos de Villa Clara, una de Las Tunas y una de Guantánamo. En realidad, ¿van cinco o nueve?
Pero las inexactitudes no se vieron solamente en los datos nacionales. El periódico Tribuna de La Habana anunció que en la capital se habían elegido 1 114 delegados en primera vuelta y que debían ir a una segunda 191, lo cual da un total de 1 305. Sin embargo, Granma publicó que en La Habana fueron electos 1 335. Alguien tiene una diferencia de 30 delegados.
Los resultados de la segunda vuelta apenas se han publicado. Se sabe qué ocurrió el 4 de diciembre de 2022, pero sus datos no parecen tener relevancia para las autoridades electorales.
Ciego de Ávila es la única provincia que ha publicado sus resultados. Según las autoridades electorales locales, el 58.43 % de los electores convocados en el territorio asistió a las urnas, un número inferior a la participación registrada en primera vuelta (71.54 %); mientras, la calidad del voto fue de 92.71 %, superior a la reportada el 27 de noviembre (90.57 %).
Sobre la segunda fase electoral y la tercera, la principal pregunta sin respuesta es cómo se contabilizan los datos en la estadística final del proceso eleccionario. No está descrito ni las autoridades han explicado si se tuvieron en cuenta los resultados de esta fase en los datos presentados —aunque por la similitud de los datos con los preliminares parece que no—, o si se darán de forma independiente en el futuro. Pero sí se han incluido los datos de los que se eligieron en esta etapa.
No debería ser potestad de las autoridades seleccionar qué datos se publican. Acceder a toda la información posible y organizada debería ser un derecho de la ciudadanía y un primer paso para garantizar la legitimidad del sistema.
Que algunos cálculos no estén claros, que se desconozca el reglamento de trabajo, los procedimientos internos del sistema electoral y que la información sobre los diferentes territorios se publique por distintas fuentes —sobre todo de prensa— deja dudas sobre la mesa. Un solo error es suficiente para exigir más claridad y transparencia a las autoridades electorales.
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Silvano