Uno de los aspectos más mediáticos de las recientes elecciones de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular en Cuba fue el abstencionismo. Ciertamente se trata de una cifra récord de ciudadanos que no acudieron a las urnas, la cual aumentó hasta más del 40 % del padrón electoral al sumársele los votos en blancos y nulos. Pero el creciente abstencionismo, lejos de ser una sorpresa, es parte de una tendencia que se manifiesta desde hace varios años.

No pretendo en el artículo dilucidar las posibles causas del desestímulo de electores a ejercer su derecho al voto. Solo expondré qué funciones cumple la participación política institucionalizada en un régimen político como el cubano. A partir de ahí, argumentaré cómo los últimos procesos electorales y referendos evidencian que no se cumplen al menos dos de esas funciones en la actualidad.

La participación política institucionalizada cumple cinco funciones fundamentales en Estados con sistemas de partido único. La modalidad de participación política incluye las normas y los procedimientos legales vigentes dentro de un determinado ordenamiento sociopolítico. Es un tipo de participación reconocida por el statu quo y que pretende la integración de los individuos al sistema político.

Por definición, en contextos en los que solo existe un partido político no hay competencia electoral interpartidista. De ahí que la participación política tutelada jurídicamente se dedique a implementar la política trazada por el único partido existente, que en el caso analizado es el Partido Comunista de Cuba (PCC). Por tal motivo, la primera de las funciones que cumple cualquier mecanismo participativo es la movilización.

La participación en elecciones, referendos, plebiscitos y consultas populares es resultado de la presión organizacional desde arriba. El énfasis en la participación política recae en implementar las directrices políticas establecidas por el partido gobernante, en lugar de posibilitar la influencia de los ciudadanos en los procesos decisionales. La relevancia de la participación como forma de realizar la política del partido explica el no uso de la iniciativa legislativa popular como mecanismo para presentar proyectos de ley ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Dichos proyectos, en su inmensa mayoría, se han presentado por órganos del Estado.

Participación popular en elecciones registra récord mínimo desde 1959

La cifra de participación de 68.58 % en las elecciones de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular este 27 de noviembre de 2022, es la más baja desde que comenzaran este tipo de procesos electorales en 1976.

Otra de las funciones de la participación política es la educación política y la socialización. Antes y durante la celebración de procesos electorales o mecanismos de democracia directa se abre una mayor variedad de canales para la comunicación política. Los medios de prensa oficiales brindan más información relacionada con las características del sistema electoral o los cargos a elegir. En Cuba, el ejemplo clásico es la amplia cobertura mediática de cualquier proceso electoral o de los referendos.

En los casos de las consultas populares se informa sobre su contenido y en los referendos y plebiscitos solo se presenta como válido apoyar la opción positiva. Ello porque el voto favorable supone el respaldo a la postura oficial sobre el tema que se somete a decisión popular. La evidencia son las campañas por el sí en los referendos constitucionales de 1976 y 2019 y el del Código de las Familias de 2022.

La tercera función de la participación política en contextos como el de Cuba es la integración. Así, se construye —o al menos se intenta— una imagen pública de unidad e igualdad y de integración mediante la representación política de diversos grupos sociales. Las directrices del partido buscan lograr equilibrio y proporcionalidad en la integración de grupos ocupacionales, étnicos y minoritarios. La composición de los órganos representativos del Estado se basa más en la representatividad social que en la representación del pluralismo político. En el caso cubano, la búsqueda de la representatividad social se aprecia por el apoyo expreso de la élite del PCC a la integración de las mujeres y las personas negras a órganos y máximas instancias del poder popular.

Por otra parte, la legitimación es una de las funciones más importantes de la participación política en sistemas de partido único. Una gran proporción de candidatos del partido único ocupan cargos de representación. Las elecciones confieren legitimidad al sistema político, del cual ese partido es el núcleo. La evidencia más reciente en Cuba es que el 65 % de los candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) en los comicios del 27 de noviembre de 2022 son militantes del PCC.

La última de las funciones es la influencia política. Se trata de la apertura controlada para la expresión de actitudes populares hacia las políticas estatales mediante el empleo de barómetros participativos. Las reuniones de nominación y los encuentros entre candidatos y electores operan como foros para la expresión de las opiniones sobre asuntos de interés local. En Cuba, los espacios por excelencia para ello son las consultas populares sobre las reformas constitucionales y las leyes, así como las conocidas reuniones de rendición de cuenta del delegado a sus electores.

Con base en estas cinco funciones, es posible realizar una lectura más objetiva sobre las consecuencias del creciente abstencionismo en Cuba. Si se consideran las elecciones municipales de 2017, las generales de 2018, el referendo constitucional de 2019, el realizado para la ratificación del Código de las Familias en septiembre de 2022 y las elecciones del 27 de noviembre de 2022 se aprecia una disminución ostensible de la participación política, en especial en el período 2019-2022. Nótese que se han considerado aquellos mecanismos participativos que requieren el ejercicio del derecho al sufragio activo.

De tal forma, en las elecciones para elegir a los delegados a las AMPP de hace cinco años la participación fue del 89.02 % del padrón electoral, por lo que la abstención fue del 11.98 %. En 2018, durante las elecciones para diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el abstencionismo aumentó hasta el 18.10 % de los electores. Un año más tarde, en 2019, no votó en el referendo constitucional el 9.85 % de los electores.

A pesar de que las cifras oficiales muestran que disminuyó la abstención en dicho referendo respecto a los procesos electorales de 2017 y 2018, los datos exponen un panorama menos favorable para las autoridades en 2022. En el referendo del 25 de septiembre de 2022 asistió a las urnas el 74.12 % de los electores, por lo que se abstuvo el 25.88 %. Dos meses y dos días más tarde, el abstencionismo aumentó casi seis puntos porcentuales: 31.42 %.

¿Cómo interpretar las cifras en relación con las funciones mencionadas de la participación política? Para responder consideraré dos de ellas, la movilización y la legitimación. Sobre la primera resulta evidente que cada vez es más complicado movilizar a los electores en Cuba. Para las autoridades son indeseables la apatía política y la no participación. Ambas se conciben como manifestaciones de oposición debido a que implican el no respaldo de la postura oficial. En los referendos significa no apoyar el sí y en las elecciones no votar por los candidatos apoyados por el Gobierno y el partido único.

En materia de legitimación, y dado que ejercer el sufragio legitima el sistema político en su conjunto, el abstencionismo implica no respaldarlo. No es una cuestión que involucre solo a los candidatos o al sistema electoral, sino que abarca toda la estructura del sistema político, pues este no se basa en la competencia electoral entre varias fuerzas políticas. La abstención desconoce la supuesta «superioridad democrática» de un sistema político que se autoproclama «verdaderamente participativo».

Por último, es necesario apuntar otro elemento desde la perspectiva histórica y comparada. En otros regímenes similares al cubano (la República Democrática Alemana y las elecciones locales en 1989, o Nicaragua en octubre de 2022), se ha acudido a la «creatividad estadística» para enfrentar comportamientos cívicos opuestos a alguna de las funciones. Así, las autoridades manipulan a su favor los procesos de corrección final de actas o la depuración de los registros electorales. No tengo evidencias suficientes para afirmar o desmentir que hayan ocurrido conductas semejantes el 27 de noviembre en Cuba; pero el contexto tampoco permite obtenerlas. Eso es suficiente para sospechar. 

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