El Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional (FAAE, por sus siglas en inglés) de la Cámara de los Comunes de Canadá convocó el 26 de febrero de 2026 a una sesión especial para abordar la crisis humanitaria en Cuba. A la audiencia fueron invitados miembros de la sociedad civil cubana para ofrecer sus testimonios ante el Parlamento canadiense —un país clave para la isla por su peso en el turismo, la inversión minera y el acceso a divisas—.

La reunión tiene lugar días después de la presentación el 24 de febrero de Rodrigo Malmierca Díaz, embajador de Cuba en Canadá, ante el mismo comité de exteriores de la Cámara de los Comunes. El diplomático y exministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera acusó al Gobierno de Estados Unidos de un «bloqueo petrolero» que busca «crear una crisis humanitaria y forzar un cambio de régimen» en La Habana.

Raimet Martínez, presidente de la Coalición Cubano-Canadiense (CCC), una de las organizaciones invitadas a testificar, dijo a elTOQUE que la CCC asistió para defender ante los legisladores canadienses que «en Cuba existe una grave crisis humanitaria, pero que esta no es consecuencia de una reciente orden ejecutiva de la Administración estadounidense. Es el resultado de 67 años de un sistema que ha demostrado su incapacidad para gobernar, llevando al país al colapso económico, social e institucional».

El activista opina que «cualquier ayuda humanitaria destinada al pueblo cubano debe ser canalizada a través de organizaciones independientes de la sociedad civil», algunas de las cuales fueron recomendadas en un informe previo enviado al FAAE por la Coalición Cubano-Canadiense.

«Nuestro llamado al Gobierno de Canadá es firme: si desea contribuir a que el pueblo cubano supere esta crisis, debe abogar por un cambio político real en la isla, sancionar a los verdaderos responsables, exigir la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y promover elecciones libres, pluripartidistas y supervisadas por organismos internacionales», explicó Martínez, presidente de la CCC.

Yaxys Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), dijo a elTOQUE que asistió al Parlamento en Ottawa para «exigir un mayor compromiso de Canadá, su Gobierno e instituciones con los cambios en Cuba. No se solucionará la situación humanitaria de nuestro país si no ocurren cambios políticos, económicos y sociales».

La Cámara de los Comunes es la cámara baja y el principal cuerpo legislativo electo del Parlamento de Canadá; es responsable de aprobar leyes federales, debatir temas nacionales y controlar al Gobierno.

Canadá es el mayor emisor histórico de turistas a Cuba por país. Antes de la pandemia de COVID-19, más de 1 millón de canadienses al año visitaban la isla, lo que convirtió al país norteamericano en una fuente crítica de divisas para el régimen de La Habana. Además, la empresa canadiense Sherritt International tiene una presencia estratégica en el sector minero, en particular en la explotación de níquel y cobalto, minerales claves para Cuba.

Aunque el Gobierno cubano justifica la crisis con el sistema de sanciones de Estados Unidos, expertos han señalado que la situación energética actual y la escasez de alimentos tiene sus causas principales en políticas económicas y sociales fallidas, pero mantenidas durante décadas por las autoridades.

Del paternalismo al sálvese quien pueda: el Estado cubano reduce su papel en la asistencia social

La pregunta que no responde el poder es fundamental: ¿cómo se garantizará el suministro de los productos en las bodegas estatales de las ciudades y campos? La cuestión no está resuelta porque el objetivo principal no es asistir a los «vulnerables», sino reducir la carga pública del Estado que prometía «no dejar a nadie desamparado».

Por su parte, el Gobierno de Canadá anunció el miércoles que enviará 6.7 millones de dólares estadounidenses en ayuda alimentaria a Cuba, mientras la isla enfrenta una crisis de combustible cada vez más grave —ya que los envíos de petróleo se han ralentizado tras las amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos—, informó la agencia de noticias Associated Press.

La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, señaló que no habló sobre las intenciones de ayuda de Canadá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ni con otros funcionarios estadounidenses.

Mientras, gran parte de la sociedad civil cubana hace énfasis en que superar la crisis solo es posible mediante la democratización del país —gobernado sin contrapesos desde hace décadas por el Partido Comunista de Cuba (PCC)— y reclama el respaldo de la comunidad internacional.

De acuerdo con el activista cubano en Canadá, Raimet Martínez, «la crisis humanitaria no puede separarse de la crisis política, tras décadas de políticas fallidas, falta de libertades fundamentales, represión y encarcelamiento de opositores [que] han conducido a que hoy Cuba funcione como un Estado fallido».

Además de Raimet Martínez y otros integrantes del CCC —Kirenia Carbonell (directora de relaciones públicas) y David Mederos—, fueron invitados a testificar en el Parlamento canadiense John Suarez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, y Carolina Barrero Ferrer, presidenta y directora ejecutiva de la ONG Ciudadanía y Libertad.