Desde hace meses se juega una partida comercial que nació en Cuba, pero que hoy tiene piezas repartidas por cuatro continentes. En Toronto, una minera al borde del colapso: Sherritt International. En Washington, una Casa Blanca decidida a arbitrar quién gana. En Texas, una firma con un acuerdo de exclusividad que vence en octubre. Y, desde Londres y Ginebra, un gigante de las materias primas que huele la oportunidad de su vida. En el centro del tablero está Moa, en Holguín: uno de los pocos yacimientos de cobalto de calidad militar que quedan fuera del control chino o ruso en el hemisferio occidental.
Y el tema es que Sherrit está vendiendo más de la mitad de su empresa para intentar sobrevivir. Su debacle se profundizó el 1 de mayo de 2026, cuando Washington amplió sus sanciones contra el régimen cubano y golpeó directamente a Moa Nickel S.A., la empresa mixta que Sherritt operaba junto al Estado cubano desde hacía más de treinta años. La compañía canadiense suspendió su participación directa en las actividades conjuntas en la isla y repatrió a su personal extranjero; tres directores, entre ellos el presidente de la junta, renunciaron de inmediato.
Pero los problemas eran anteriores. La refinería de Fort Saskatchewan, Alberta —la única refinería de cobalto y una de apenas tres de níquel en toda Norteamérica—, ya arrastraba escasez de mineral y afectaciones en la línea de producción generadas por los apagones y la falta de combustible que existían en la isla desde antes de enero de 2026. Tras el golpe de mayo, las acciones de Sherritt se desplomaron hasta un 30 %, y la compañía llegó a valer apenas unos 120 millones de dólares canadienses, frente a un pico histórico cercano a los 4 800 millones.
Dos pretendientes, un mismo problema
El primer comprador en aparecer fue Gillon Capital, la family office texana de Ray Washburne, empresario que dirigió la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) durante el primer mandato de Trump y que después integró el consejo asesor de inteligencia del presidente durante su primer período presidencial. En mayo de 2026, Sherritt firmó con Gillon un acuerdo preliminar y no vinculante para que la firma texana pueda hacerse del 55 % de las acciones mediante una orden de compra ejercitable en un plazo de nueve meses, con exclusividad de negociación hasta octubre.
Poco después entró un segundo jugador con una estructura más compleja: un consorcio liderado por Kyma Capital, fondo londinense que ya posee un 13 % de las acciones ordinarias de Sherritt, junto al inversor Trifon Natsis, cofundador de Brevan Howard, y al gigante suizo Glencore, que aportaría experiencia técnica en refinación y comercialización de níquel y cobalto. Todos ellos saben que, para que Washington bendiga cualquier transacción, necesitan un «ancla» estadounidense. Según ha señalado el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, ese socio existe pero ha pedido mantenerse en el anonimato, lo que ha despertado dudas sobre la solidez del compromiso.
La disputa entre pretendientes ha desbordado hacia las cortes. El 18 de agosto, Kyma —que ya es accionista de Sherritt— convocó por su cuenta una junta especial de accionistas de la compañía canadiense para el 29 de septiembre, invocando la ley de sociedades mercantiles de Canadá. Su intención, intentar forzar un acuerdo que beneficie su aspiración de adquirir el control de Sherritt.
La junta de Sherritt International respondió al día siguiente calificando la convocatoria de Kyma de inválida, pues ya había fijado su propia junta para el 15 de diciembre en función de las negociaciones con Gillon. Kyma llevó el diferendo al Tribunal Superior de Justicia de Ontario. El 20 de agosto el Tribunal aclaró que no podía obligar a celebrar la reunión en el plazo que pedía el fondo británico, aunque sí espera resolver a finales de septiembre si la asamblea de accionistas, señalada para diciembre, debe adelantarse.
¿Por qué le importa tanto a Washington?
Muchos especialistas coinciden en que el interés de Washington tiene nombre: cobalto.
El Departamento de Defensa busca comprar cerca de 7 480 toneladas de cobalto grado aleación por unos 500 millones de dólares para reconstruir sus reservas estratégicas, en un mercado donde Estados Unidos apenas tiene capacidad de refinación propia. Con ese telón de fondo, fuentes de la administración Trump han dejado saber que Washington prefiere que Sherritt termine controlada por una entidad con sede en Estados Unidos, para que el mineral cubano se destine a los mercados estadounidenses y, en particular, a aplicaciones militares en ese país.
Pero, paradójicamente, la política del embargo que ha sido el mantra en la relación entre Estados Unidos y Cuba en las últimas seis décadas pudiera representar un obstáculo para los supuestos intereses de la administración.
La Ley Helms-Burton, vigente desde 1996, permite demandar ante cortes federales a quien «trafique» con propiedades confiscadas por el régimen cubano tras 1959, y su aplicación se amplió tras fallos recientes de la Corte Suprema.
De hecho, la demanda más reciente presentada al amparo de la Helms-Burton tiene que ver con Sherritt. La protagoniza Atlas Holdings, propietaria de Office Depot y de los derechos de la antigua Compañía Cubana de Electricidad. El 29 de julio de 2026 demandó a la Unión Eléctrica de Cuba y a Energás —la empresa conjunta que hasta mayo operaba junto a Sherritt— por 267.5 millones de dólares más intereses del 6 % anual desde 1960, una cifra que, con daños triples bajo el Título III, podría escalar a unos 802.7 millones. La demanda la firma el bufete Steptoe LLP, el mismo despacho que representa a ExxonMobil en su litigio, ya avalado por la Corte Suprema, contra las empresas cubanas Cimex y Cupet.
La paradoja es evidente: quien compre el control de Sherritt no solo adquiriría derechos sobre las minas de Moa, sino una exposición directa a decenas de reclamaciones bajo la Ley Helms-Burton. Y a diferencia de lo ocurrido con las navieras de cruceros, la Corte Suprema ya estableció que una licencia del Ejecutivo no inhibe la capacidad de los afectados para demandar bajo el Título III. Es decir, incluso si la Casa Blanca da luz verde a Gillon o al consorcio de Kyma y Glencore, eso no exime automáticamente al comprador de responsabilidad legal al amparo de la ley que codifica el embargo estadounidense contra Cuba.
Lo que viene
Mientras los pretendientes se enfrentan, el valor de las acciones de Sherritt ha subido, lo que —paradójicamente— también eleva el valor contable de la participación cubana en la empresa conjunta y en la refinería de Alberta, reduciendo en términos porcentuales la deuda que La Habana mantiene con la compañía. De no concretarse una compra definitiva antes del 12 de octubre, fecha en que vence la exclusividad con Gillon, muchos analistas consideran que Sherritt podría verse obligada a acogerse a la Ley de Acuerdos con los Acreedores de Empresas de Canadá, el equivalente canadiense al Capítulo 11 de la ley de bancarrota estadounidense.
Sea cual sea el desenlace, una cosa no cambiará: la operación minera en Moa seguirá siendo una sociedad 50-50 con la estatal General Nickel Company, y La Habana seguirá siendo copropietaria de uno de los activos de cobalto más codiciados de Occidente.
