La Resolución 25/2025 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) circula en redes sociales a pesar de no haber sido publicada en la Gaceta Oficial de la República.

El fenómeno no es nuevo: el régimen comunista cubano parte de la idea de que una norma jurídica puede ser válida aun sin ser publicada en el boletín oficial que, en la mayoría de los países, garantiza la publicidad necesaria para su entrada en vigor.

Aunque la resolución firmada por el ministro Joaquín Alonso Vázquez el 7 de abril de 2025 establece que «surtirá efecto desde la fecha de su firma», no precisa dónde se hará esa publicación. En la práctica cubana, ese detalle resulta irrelevante, pues muchas disposiciones entran en vigor sin necesidad de aparecer en la Gaceta Oficial, reservada únicamente para las normas de «interés general»; es decir, las que el régimen decide que la ciudadanía debe conocer.

La Resolución 25/2025 del MEP no parece estar dentro de esa categoría.

Y la justificación más aparente parece estar ligada al hecho de que aunque establece un nuevo esquema de financiamiento en divisas para la exportación de carbón vegetal, también introduce mayores restricciones para los productores y un refuerzo del control estatal sobre el sector.

Desde mediados de 2024, fuentes cercanas a elTOQUE advertían sobre un endurecimiento de las reglas para las iniciativas privadas vinculadas a la producción de carbón vegetal. Las fuentes hablaban de trabas que estaban experimentando en el acceso a las divisas generadas por sus exportaciones. Denunciaron retrasos en los pagos por parte de las comercializadoras estatales y aseguraron que se debía a la poca claridad en la implementación de una «Resolución 25» que hasta hoy no ha tenido espacio en la Gaceta Oficial de la República.

¿Existe competencia entre el Estado y el sector privado por la exportación de carbón?

Varios productores y comercializadores de carbón vegetal en Cuba hicieron llegar a elTOQUE sus preocupaciones sobre un posible cambio en las regulaciones que les competen.

Y en efecto, meses después cuando el texto de la normativa ha comenzado a circular por caminos alternativos, se pudo constatar que la Resolución 25 dispone un nuevo esquema de financiamiento en divisas que elimina subsidios anteriores y crea un régimen especial de exportación fuera de lo dispuesto por la Resolución 115/2020 —norma general que regula la asignación de liquidez del Plan de la Economía Nacional—. Según el documento, desde el 7 de abril de 2025, «las entidades estatales exportadoras […] no pueden realizar operaciones en divisas que no estén relacionadas con los insumos y aseguramientos necesarios para la producción y comercialización del carbón vegetal».

Cómo funcionará el esquema

La normativa estipula que, por cada dólar obtenido de la exportación, 0.70 USD recibirá la entidad estatal exportadora; de esa cantidad, el 54 % se transferirá al productor como precio de compra, mientras que el 46 % restante quedará en manos de la empresa exportadora para cubrir gastos de contratación, comercialización y aseguramiento de insumos.

Los 0.30 USD restantes se ingresarán en una cuenta de financiamiento central. La divisa que se aporte a la liquidez corriente se pagará al productor en pesos cubanos según el tipo de cambio correspondiente. El pago al productor se realizará en una cuenta real en divisas con acceso a compras en mercados mayoristas y minoristas en moneda extranjera, incluido el combustible.

No obstante, las cuentas estarán sujetas a severas restricciones: «Los productores no pueden realizar desde sus cuentas en divisas, transferencias hacia otras cuentas en divisas o extraer efectivo en divisas». Además, la posibilidad de emplear sus fondos quedará supeditada a operaciones autorizadas y supervisadas por el sistema bancario estatal.

Exportación de carbón: un mercado en disputa

Cuba produce anualmente cerca de 40 000 toneladas de carbón vegetal. Según datos del Observatorio de Complejidad Económica, en 2023 la isla exportó 61 800 000 USD de esa materia prima, lo que la convirtió en el noveno exportador mundial de este producto entre 159 países. El carbón vegetal fue, además, el sexto producto más exportado por la isla entre 414 rubros.

Sus principales destinos ese año fueron España (15.7 millones de dólares) y Portugal (13.5 millones de dólares). Asimismo, los mercados de exportación que más crecieron entre 2022 y 2023 fueron España (5.02 millones de dólares), Portugal (3.53 millones de dólares) e Italia (2.99 millones de dólares).

Dado el crecimiento del sector y su impacto creciente en la economía cubana, la estrategia del Estado parece orientada a mantener un control absoluto sobre la cadena de exportación y evitar que el sector privado compita directamente por ese mercado. Su táctica ha sido la misma que en el pasado: reforzar el monopolio estatal del comercio exterior.

La revocación de licencias de importación y exportación fue a empresas estatales, no a privadas

¿Por qué el Gobierno cubano revocó 24 licencias de importación y exportación a empresas estatales? ¿Cómo funciona el comercio exterior para el sector privado en Cuba?

En una nota anterior, el TOQUE refirió que, desde hace años, los productores venden a empresas estatales o privadas que, a través de intermediarias estatales, exportan el carbón. De acuerdo con el Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la producción artesanal o tradicional pertenece a la clase 0220 («extracción de madera»). Varios trabajadores por cuenta propia con esta licencia venden a cooperativas o de forma directa a compradores que operan a través de redes sociales. «Las mipymes se robaron el mercado porque pagan oportunamente y bien a esos productores», dijo a esta redacción un emprendedor de Ciego de Ávila en 2024.

Datos del MEP indican que más de un centenar de mipymes privadas están relacionadas con la producción de carbón vegetal, además de una treintena de negocios que compran y gestionan su exportación mediante las empresas estatales autorizadas. El sector privado ha facilitado a los productores medios de trabajo que escasean en Cuba y, en algunos casos, ha financiado mejoras tecnológicas. Sin embargo, también existen denuncias de cobros abusivos por parte de intermediarios y prácticas de corrupción en las exportadoras estatales.

Rumores confirmados

A mediados de 2024, elTOQUE reportó que varios actores del sector esperaban «instrucciones» del Ministerio de Comercio Exterior y que circulaban versiones sobre la inminente obligación de depositar los ingresos en bancos cubanos. Productores y comercializadores expresaron preocupación por la pérdida de autonomía para usar sus divisas, dada la falta de liquidez y las limitaciones para extraer efectivo. «Si el dinero que yo le pague a mis proveedores en Cuba va a una cuenta del Gobierno, no podrán cambiar carbón por equipos e insumos que necesitan para ampliar la producción», alertó Ramón García, exportador radicado en España.

En aquel momento, un artículo del periódico Granma responsabilizó al sector privado por incumplimientos en las exportaciones de las empresas estatales de Camagüey y apuntó que «la fuga de personal y de producciones hacia el sector no estatal» se debía a que «los particulares pagan más y muchas veces al cash».

El borrador de la nueva resolución obliga a los grupos empresariales vinculados con el esquema a presentar informes trimestrales al MEP sobre su ejecución «para evaluar los avances o corregir cualquier desviación». El Ministerio, además, evaluará de forma periódica la aplicación del mecanismo y podrá introducir modificaciones.

En la práctica, la normativa apunta a frenar la fuga de ingresos hacia el sector privado y a reforzar el control estatal sobre un producto que el ministro de Economía ha identificado como «una de las reservas que se debe aprovechar por la subida de su cotización en el mercado mundial».

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