La noche del 15 de junio de 2026, en el barrio habanero Lawton, alguien forzó un cajero automático durante un apagón para robar una sucursal del Banco Metropolitano en la calle Dolores, según informó 14yMedio. Cerca de allí, esa noche, sustrajeron los paneles solares de un hogar de ancianos. Al día siguiente, los jubilados del barrio amanecieron sin poder cobrar su pensión mensual; mientras que los residentes del asilo, sin la única fuente de electricidad que mitigaba los extensos cortes eléctricos. El profesor y ensayista Julio González Pagés ha descrito un patrón que se repite en la isla: «Los adultos mayores somos ahora el centro de robos y asaltos».
No es una percepción aislada. El 3 de junio, González Pagés relató haber sido abordado por dos menores que intentaron arrebatarle la bolsa de los mandados en la calle; en la cuadra contigua, otra mujer fue asaltada por otros dos ladrones, capturados después por vecinos movilizados. El intelectual atribuye parte del fenómeno al fin abrupto del curso escolar y a la precariedad económica, que según él alimenta las filas de menores involucrados en hurtos.
La vejez como factor de vulnerabilidad no se limita a las viviendas. Francisco Palomino Quesada, custodio de 79 años de un restaurante privado en Yaguajay, Sancti Spíritus, murió golpeado, amordazado y asfixiado durante un robo en su lugar de trabajo, según el reporte de mayo del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), adscrito a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Su caso ilustra un patrón que el observatorio describe como creciente: ancianos que, por necesidad económica, siguen trabajando en labores de vigilancia nocturna y terminan expuestos a una violencia que antes se asociaba menos a los delitos contra la propiedad.
Otra investigación, dirigida por el periodista del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) José Manuel González Rubines, y publicada en Cuba Siglo 21, intentó cuantificar esa percepción. A partir de reportes recopilados durante 2025 —no de estadísticas oficiales, porque el Gobierno cubano no las publica de forma sistemática—, el estudio identificó 2 833 hechos delictivos, un 115 % más que en 2024.
Los robos fueron el delito más reportado, con 1 536 casos, un aumento del 74.5 % con respecto al año anterior; los asaltos crecieron casi 98 %. Matanzas, Granma, La Habana y Santiago de Cuba concentraron la mayor cantidad de reportes. De las 700 víctimas registradas, 62 eran ancianos y 48 menores de edad.
La violencia más dura, en el campo
Los informes de las organizaciones independientes mencionadas coinciden en que buena parte de los robos tiene como blanco la masa ganadera y los productos agrícolas, un indicador, según los investigadores, de la crisis alimentaria que atraviesa el país.
En el municipio Segundo Frente, en Santiago de Cuba, Osvaldo Carbonell murió por un ataque violento tras recuperar unos bueyes que le habían robado. En Bolivia (Ciego de Ávila) Yuniel Pérez fue apuñalado por uno de varios hombres a quienes sorprendió robando arroz en tierras de la zona. En Sancti Spíritus, Junior Cuéllar recibió una puñalada en la ingle durante una pelea con un primo que le había robado una gallina de patio. Y en San Juan y Martínez, Pinar del Río, un oficial del Ministerio del Interior murió por arma blanca cuando enfrentó a quienes habían sacrificado una res de su propiedad, según el comunicador independiente Niover Licea.
Son hechos que, según advierten quienes monitorean la situación, tienden a ser más violentos y menos visibles en zonas rurales apartadas, donde la vigilancia policial es escasa y como lo hurtado suele ser fundamental para la subsistencia, tanto quienes roban como quienes se defienden pueden recurrir más fácilmente a la violencia.
Otro patrón documentado en mayo de 2026 por el Observatorio Cubano de Conflictos es la violencia contra transportistas privados. La organización registró 42 delitos de latrocinio durante ese mes, con un alza en los asaltos a propietarios de motorinas, triciclos eléctricos y coches de caballos —vehículos codiciados por su valor en el mercado negro ante la crisis del combustible—. Dayron Urbay Solán, un transportista de 34 años de Caibarién, murió estrangulado por un pasajero que había solicitado sus servicios para robarle el triciclo eléctrico con el que trabajaba, según el relato que una persona allegada ofreció a Martí Noticias.
La violencia tampoco respeta el espacio público en las ciudades. El dramaturgo Maikel Chávez denunció el 8 de junio haber sido asaltado con una navaja en el Malecón habanero, cerca del Hospital Ameijeiras, por dos hombres que lo confundieron con un extranjero. No le quitaron el teléfono con la condición de que Chávez les transfiriera su salario mensual antes de amenazarlo para que no hablara. «Tal vez debí ser de los que se van [del país] y no de los que se quedan», escribió luego en Facebook.
Cuando el Estado no responde a tiempo
El 2 de junio, vecinos de El Vedado habanero atraparon en la esquina de H y 19 a una persona que, según testigos, «asaltó, junto con otro, a una mujer para quitarle la moto. La lesionaron, la arrastraron y golpearon».
Un residente en la céntrica zona capitalina dijo a elTOQUE que, a inicios de mayo, forzaron la reja de su vivienda —mientras se encontraba con su pareja en casa— para robarle una computadora y sus discos duros. «En El Vedado, en las manzanas desde la calle M hasta G, hicieron al menos 15 robos en mayo» de este año, afirma la fuente.
El historiador González Pagés ha contado en sus redes que El Vedado «es lo más parecido al oeste de madrugada con los gritos de vecinos cazando ladrones» y que, «ante la impunidad, ya los rateros vienen de día a los edificios con población envejecida y amenazan» tras ser señalados.
Detrás de la creciente disposición de las comunidades a actuar por su cuenta hay, según varios testimonios, una percepción de impunidad. El periodista Guillermo Rodríguez Sánchez publicó un video de un joven capturado por la ciudadanía en plena calle a quien, según las vecinas, habían sorprendido robando en cuatro ocasiones anteriores; en ninguna estuvo detenido más de una semana.
Para Rodríguez Sánchez, «no es normal que la Policía los trata casi como amiguitos cuando asaltan a una mujer y te manden un comando del ejército si eres una madre tocando cazuela tranquila en tu balcón obstinada del apagón».
Esa sensación de puerta giratoria —delitos contra la propiedad con sanciones leves o inexistentes— contrasta con la severidad que el Estado sí aplica cuando el robo afecta directamente su infraestructura o cuando la Policía responde a una protesta ciudadana. También ayuda a explicar por qué, ante la ausencia de una respuesta institucional efectiva, varias comunidades han optado por intervenir directamente en la captura y castigo de presuntos delincuentes.
En Santiago de Cuba, vecinos del reparto Sueño amarraron a un árbol y golpearon a un joven señalado como responsable de varios robos de teléfonos en la zona, según reportó el 7 de junio de 2026 el comunicador independiente Yosmany Mayeta. La Policía Nacional tardó en llegar.
Episodios similares se han reportado en esa ciudad desde octubre de 2025, y en mayo de este año en Camagüey. De acuerdo con la opinión del investigador González Rubines, «la criminalidad es síntoma de un país donde el Estado ya no logra —o no prioriza— garantizar condiciones mínimas de seguridad, legalidad y protección a la ciudadanía».
Esa «justicia por mano propia» —que algunos defienden abiertamente en redes sociales, incluso piden penas extremas para los capturados— plantea un dilema: surge en un contexto real de desprotección, en el que las víctimas sienten que las autoridades no responden, pero implica también el riesgo de sustituir el debido proceso por la violencia colectiva, sin garantías para nadie, incluido el señalado.
Para la socióloga Teresa Díaz, lo que está en juego no es solo la seguridad inmediata, sino la transformación más profunda del tejido social: «El terror desatado en Cuba en los últimos años, y sobre todo por la profundización de la crisis económica a un nivel descomunal, ha provocado un aumento (…) del nivel de violencia en la población. (…) Ya no podemos asegurar que son hechos aislados, al punto de que esa violencia está implicando un cambio de nuestra identidad», dijo a Martí Noticias.
Según Díaz, el país pasó de una cultura de puertas abiertas y solidaridad vecinal a una de aislamiento defensivo. Es, en cierto modo, la misma distancia que separa al cubano que antes ofrecía un café al vecino del que hoy se organiza en su cuadra para «cazar» ladrones, como describió González Pagés desde El Vedado: una sociedad que, ante el repliegue del Estado, se ha visto obligada a rediseñar por sí sola las formas de protegerse.
