Cuando se efectúe en Cuba la votación en el referendo del Código de las Familias el domingo 25 de septiembre de 2022, los cubanos de la diáspora, despojados de ese derecho, podrán participar de manera simbólica en un sufragio digital con iguales fines; aunque con carácter no vinculante. 

Una plataforma tecnológica ha sido creada para ello por iniciativa de la ONG Transparencia Electoral —la cual promueve elecciones íntegras y equitativas en las Américas— y su programa regional DemoAmlat.

Jesús Delgado Valery, director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral y coordinador de DemoAmlat, conversó con elTOQUE sobre las particularidades, alcances y significación de la iniciativa; primera experiencia de su tipo que se propone organizar la diáspora cubana desde la perspectiva electoral.

«El proyecto surge luego de años de estudio del sistema electoral cubano y de la identificación puntual de una entre tantas irregularidades: la privación de los derechos políticos de la diáspora. Diseñamos, entonces, un ejercicio de participación ciudadana, el cual, si bien no constituye un voto vinculante, sí representa una forma de expresión de los más de dos millones de cubanos que permanecen fuera de su país y que pueden tener una opinión sobre el Código de las Familias que se refrendará», detalla Jesús Delgado.

Ann Ravel y Jaime Talancón, integrantes del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral, serán quienes conformarán la Comisión Electoral para la participación en este referendo. ¿Cómo está concebido el proceso, la ceremonia de escrutinio y la publicación de los resultados?

La empresa que diseñó la plataforma electrónica recomendó a Transparencia Electoral la conformación de una comisión integrada por personas que tuvieran experiencia y trayectoria en procesos electorales, desde una perspectiva técnica. Por esa razón, fueron invitados dos de los integrantes del Consejo de Expertos de Transparencia. Ann Ravel fue presidenta de la Comisión Federal Electoral de EE. UU. y Jaime Talancón ocupó distintos cargos en el Tribunal de Justicia Electoral de México —además de ser observador de la OEA [Organización de Estados Americanos], con más de 15 misiones de observación electoral—. 

La comisión acompañará todo el proceso, desde el empadronamiento —que comenzó el 15 de septiembre—, la presentación oficial de la plataforma —que ocurrió el 20 de septiembre— hasta la jornada electoral, escrutinio y anuncio de los resultados. La publicación se realizará minutos después del cierre del proceso electoral en Cuba, a las 6: 00 p. m. Como se trata de una plataforma electrónica, el escrutinio se hará de manera muy rápida y, por tanto, en solo minutos tras el cierre de las mesas, los resultados de la votación se anunciarán en una transmisión en vivo desde las redes de Transparencia Electoral. La semana siguiente se confeccionará un informe con un diagnóstico sobre este primer ejercicio que se espera sea precedente; un primer paso para habilitar otros ejercicios de participación ciudadana de la diáspora cubana.

Aunque se trata de una votación simbólica y con carácter no vinculante, ¿piensan extender los resultados del ejercicio (según estos sean) a organismos internacionales, por ejemplo, para que se visibilice o condene con mayor alcance la exclusión de los emigrados cubanos que no están vinculados al Gobierno en los asuntos políticos del país?

La idea es que sea un ejercicio para las personas, que hace décadas perdieron sus derechos políticos, puedan expresar su opinión sobre los asuntos políticos del archipiélago. Los resultados, si bien no serán representativos del total de la diáspora, sí serán divulgados en un informe para dar cuenta no solo de cómo se desarrolló el proceso, sino de la exclusión y privación de los derechos políticos de la diáspora cubana.

Jesús Delgado Valery.

¿Se han empadronado hasta el momento emigrados cubanos? ¿Se puede hablar de cifras preliminares?

Hasta ahora se han empadronado 50 personas. Sin embargo, se considera que, como el domingo 25 estará abierto también el empadronamiento y es el día de la elección, llegará la información a muchos más cubanos en el exterior, quienes, quizá, decidan participar y expresar su opinión. La idea es que la herramienta sirva para que todos puedan expresar su opinión sobre el Código, a favor, en contra o si desean anular el voto o votar en blanco.

La herramienta se propone iniciar «la confección de un padrón de cubanas y cubanos en el exterior» que sería fundamental «para el análisis y diseño de políticas para este grupo y sus países receptores». ¿Qué diseño de políticas podrían desarrollarse en específico? ¿Qué objetivos o ganancias pudieran esperarse?

Uno de los grandes problemas asociados con la migración cubana tiene que ver con la falta de datos oficiales sobre la cantidad de personas que habitan en los distintos países receptores. Esto es un obstáculo para diseñar políticas de reinserción e integración de los emigrados en los países que los reciben. Ante la falta de datos oficiales por parte del Gobierno de la salida de cubanos por disímiles vías, hay un subregistro de las cifras. Se espera que la herramienta sea un primer paso para visibilizar la importancia de conformar un padrón de cubanos en el exterior que permita integrarlos con los asuntos políticos de su país; pero también diseñar políticas para mejorar la integración y su participación en las sociedades que los acogen.

Dieciséis países de la región garantizan el derecho al voto de sus ciudadanos en el exterior; además de Cuba, ¿qué otros países no lo garantizan y qué significa esto para los desafíos de la democracia en América Latina?

La tendencia regional es sumar derechos políticos para los grupos emigrantes. Son millones los que abandonan sus países en América Latina. Aún quedan limitaciones y restricciones para estos grupos. En el caso de Venezuela, si bien la ley contempla el voto de la diáspora, en la realidad no lo cumplen. Con una diáspora de casi siete millones de personas, solo poco más de doscientos mil están habilitados para votar desde el exterior —para impedir que voten porque saben que se trata de una mayoría opositora—.

Otros países han implementado el voto en el exterior, como es el caso de Chile; otros, no lo contemplan, como Uruguay. Este aspecto representa una grave restricción para el ejercicio de los derechos políticos en un momento en el que los movimientos migratorios crecen. En un período de crisis económica, regional y mundial, muchas personas buscan libertades económicas y políticas, por lo que es urgente que los legisladores de cada uno de los países piensen en estos grupos; no solo para el voto, sino para avanzar en políticas (como lo han hecho, por ejemplo, República Dominicana y Ecuador) que otorguen representación a la diáspora en los congresos nacionales.

DemoAmlat y Trasparencia Electoral tienen un trabajo sostenido que implica, en especial, el estudio y monitoreo del sistema electoral cubano, según análisis previos del funcionamiento electoral en Cuba, ¿qué opinión le merece el referendo que se llevará a cabo —además de la exclusión del voto de la diáspora—?

El proceso está lleno de irregularidades que inician en el hecho de que se llevarán a plebiscito los derechos de las minorías; según instrumentos internacionales, esto es un despropósito. Los derechos fundamentales no se refrendan ni se plebiscitan, se garantizan. En este sentido, lo que correspondía era que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobara sin tipo alguno de consulta popular, al menos, lo referente a la ampliación de derechos. 

En segundo lugar, el sistema electoral cubano está creado de manera tal que el Partido Comunista controla todas las instancias, desde el hecho de que es el presidente de la República quien nomina a la directiva del Consejo Electoral Nacional [CEN], que luego es refrendada por la Asamblea que está constituida, únicamente, por representantes del Partido. 

De ahí en adelante todo se vuelve un esquema de control a nivel provincial, municipal y de circunscripción. No hay instancias de control ciudadanas ni auditorías; no hay organizaciones de la sociedad civil que puedan exigir transparencia, acceso a datos; no hay controles cruzados ni observación electoral nacional o internacional (de hecho, esta última se criminaliza). No hay forma de corroborar los resultados que anuncie el CEN. No podrán ser contrastados mediante un conteo rápido u observación o encuesta independientes; por lo tanto, creer o no en los resultados es cuestión de fe. 

Se trata de un proceso irregular de inicio a fin, aunado al hecho de que la campaña electoral está prohibida según el artículo 85 de la Ley Electoral. Sin embargo, el Gobierno ha hecho campaña a favor de la aprobación del Código, al usar de manera indiscriminada los recursos del Estado para invisibilizar a aquellos grupos que están en contra de la aprobación.

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