El vaso de leche para «todo el que quiera», que enunció el exmandatario Raúl Castro Ruz al pueblo cubano durante el acto del 26 de julio de 2007 en Camagüey, nunca llegó. La promesa, incluso, quedó borrada del registro oficial de ese día.

Más de una década y media ha transcurrido desde que aquellas palabras fueron pronunciadas y, al sol de hoy, ni los niños menores de siete años ni la población enferma de la tercera edad —dos sectores prioritarios en la asignación extra del alimento— reciben con frecuencia las «dosis» que les deberían llegar por la libreta de abastecimiento. La escasez de leche, como sucede con otros tantos productos de primera necesidad, es un problema real.

No debería entonces ser una sorpresa la información de que en Matanzas la reducción a medio litro de la venta racionada de leche desencadenara el caos entre las madres y llevara a la prensa estatal a emitir un comunicado. En la nota, el dedo acusador apuntó hacia los campesinos y no hacia el Gobierno, que ha provocado insatisfacciones y falta de motivación en los productores debido a «cadenas de impagos». La información indicaba también que el aumento del hurto y sacrificio del ganado han mediado en el bajo nivel de producción.

En conversación con el diario local Girón, Reinaldo Rodríguez Martínez, director de la Empresa de Productos Lácteos de Matanzas, admitió que el Grupo Empresarial de Comercio acumula deudas millonarias por retrasos en el pago. Una situación que ha llevado a campesinos a vender la leche por «vías alternativas», es decir, en el mercado negro. El funcionario confirmó que la Empresa de Productos Lácteos solicitó en diciembre de 2022 un crédito de 110 millones de pesos al banco, para cerrar parte de la deuda, pero quedaron casos pendientes. «Los impagos se acumulan», afirmó Rodríguez Martínez.

De los 39 mil litros previstos en el plan de acopio de leche en Matanzas, solo 25 mil han sido entregados. Lamentablemente, esto no es una problemática exclusiva de la provincia ni tampoco un fenómeno reciente.

Agricultura cubana: más áreas de cultivo pero menos comida a la mesa

A pesar de los publicitados planes de siembra y el aumento de áreas de cultivo de comienzos del año, el Ministerio de la Agricultura finaliza 2020 con caídas en la mayoría de sus producciones. La falta de insumos y los compromisos con la exportación limitan cada vez más el volumen de alimentos destinados a los cubanos.

Menos leche en polvo y más producción nacional

De acuerdo con un informe publicado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en 2020 Cuba importó leche en polvo entera por un valor de 85 millones de euros y desnatada, por unos 25 millones. El negocio se realizó con países como Nueva Zelanda, Uruguay, Bélgica, Alemania, Francia y Países Bajos. En años anteriores, incluso, se llegó a comerciar con Estados Unidos.

En 2021 Cuba destinó poco más de 110 millones de dólares a pagar su menor importación de leche en polvo de la última década, 30 984 toneladas. El costo promedio por tonelada fue de 3 552 dólares.

Aunque no existen datos actualizados, durante 2022 la factura pagada por la isla debió ser mayor. Aunque el año terminó con una marcada caída de la cotización internacional de ese producto lácteo, en el primer trimestre las subidas de precio fueron constantes. El cierre récord de los mercados se registró el primero de marzo, cuando se firmaron contratos por hasta 5 065 dólares la tonelada. Todavía en mayo, al comenzar en firme la desvalorización, la tonelada se mantenía sobre los 4 mil dólares.

Como cualquier bien importado, al valor de la leche en polvo deben sumarse el flete, los seguros y las tasas aduaneras, que engrosan la factura pagada por los consumidores. Es posible calcular esos sobrecostos al comparar los precios internacionales de los últimos años y los reportados por Cuba en sus anuarios estadísticos.

De una tonelada de leche en polvo pueden obtenerse alrededor de 8 mil litros de leche fluida. A los precios actuales, cada litro importado cuesta 43 centavos de dólar o, lo que es lo mismo, 75 pesos al cambio informal (tasa del 22 de febrero).

De acuerdo con la metodología de los ministerios de la Agricultura y la Industria Alimentaria, los productores deben vender al Estado una determinada cantidad de leche al año. Dichas entregas «por plan» se pagan hasta a 20 CUP el litro, con compensaciones adicionales para quienes asuman el acarreo hacia las bodegas, centros de acopio o industrias. Una vez cumplidos los contratos, se espera que los productores mantengan la entrega de leche. Para motivarlos se les autorizó a negociar mayores pagos en moneda nacional. Además, por cada litro de leche «de sobrecumplimiento», las empresas lácteas deben transferirles 15 centavos en moneda libremente convertible (MLC).

Al cambio actual (165 pesos, tasa del 22 de febrero), 15 centavos MLC equivalen a 24.75 CUP. A esa bonificación las empresas lácteas cubanas podrían sumar un pago de hasta 45 CUP por litro y aun así mantenerse operando con costos más bajos que los del mercado internacional.

El vaso de leche y otras tragedias

La escasez y carestía de la leche y toda la gama de sus derivados es un muestrario de la ineficiencia de planes gubernamentales y las retrancas absurdas a la producción no estatal para suplir las ausencias.

De impagos y multas «rentables»

Favorecer la producción lechera en Cuba tiene múltiples beneficios. Además del ahorro de divisas y el fomento de las zonas rurales, la leche «nacional» se traduce en una amplia gama de derivados industriales. Uno de los más valiosos es la crema —materia prima fundamental para la mantequilla y el helado—, que queda como subproducto de la elaboración de leche en polvo. La planta de Camagüey, por ejemplo, se proyectó para que entregara anualmente 2 350 toneladas de leche en polvo y 1 100 toneladas de mantequilla.

Sin embargo, el suministro de leche a las industrias se entorpece por la mala gestión estatal y la demanda del mercado informal.

Desde finales de 2021, los medios de prensa estatales se hacían eco de los impagos a productores, quienes debían esperar hasta un mes para cobrar por los litros que vendían al Estado y, por tanto, veían más ganancia ofreciendo la leche a precios más altos en el mercado informal. En situación similar se encontraron los acarreadores, responsables de transportar el producto hasta los centros de refrigeración. La variación del precio de la leche impactó de forma directa en sus ingresos y muchos dejaron de prestar el servicio. A todo esto se unió la sequía en el país. Menos precipitaciones se tradujo en menos forraje para el ganado y, por tanto, en una disminución de su peso y su capacidad para dar leche.

En 2022, el desabastecimiento de leche —tanto líquida como en polvo— provocó que a inicios del año una bolsa de un kilo llegara a costar entre 6 y 8 MLC.

Los impagos a los ganaderos son un problema histórico. Así sucedía con la leche acopiada para producciones en CUC o destinadas al turismo y a la exportación, a cuyos productores correspondía una bonificación en esa moneda. Pero el dinero no podía depositarse debido a una disposición del banco central que dificultaba la apertura de cuentas en CUC a las cooperativas agropecuarias y a campesinos individuales. La justificación era que el país se encaminaba hacia la unificación monetaria.

Los sucesivos cambios en las escalas de pago no han acabado con los atrasos. El 20 de febrero de 2023 el vicepresidente Salvador Valdés Mesa reclamó a dirigentes de la agricultura y la industria láctea en Camagüey «buscar alternativas para ponerle fin a los impagos».

Convocatorias similares jalonan sus visitas de años a la provincia agramontina, donde en otros tiempos se acopiaba más de un 20 % de la leche de Cuba. En diciembre pasado, durante la discusión de la nueva ley de ganadería, un diputado del municipio Arroyo Naranjo planteó un caso concreto que lo implicaba. «Hace poco envié para el matadero tres animales y aún no sé cuándo voy a cobrar ese dinero. En cambio, para comprar un semental, necesario para mejorar la masa ganadera, debo pagar en efectivo. Entonces, ¿cómo lo hago? No es posible avanzar así en la agricultura», dijo en la reunión. Sobre el caso en particular, Valdés Mesa y el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, pasaron de puntillas.

Las circunstancias no son las mismas de una década o siquiera la de cinco años atrás. En noviembre de 2021, a poco de la puesta en vigor de los nuevos precios para el acopio de leche, el periódico Invasor alertaba sobre la posibilidad de que muchos ganaderos prefirieran pagar la penalización por incumplimiento (10 pesos por cada litro contratado y no entregado a la industria) y desviar sus producciones hacia el mercado informal. «Cuenta sencilla: le dan al Lácteo 10 pesos y se quedan con el litro que puede venderse en la calle a 100», razonó otra vez la periodista avileña Katia Siberia a finales de diciembre, tras confirmarse su pronóstico.

Solo incentivos como la bonificación en MLC o la entrega de insumos podrían competir con los pagos del mercado informal. Es un ámbito en el que el Estado juega con ventaja, opina un ganadero camagüeyano consultado por elTOQUE. «El campesino es esclavo de su finca. Casi todo lo que gana lo reinvierte en cercas, cantinas o comida. Esas son cosas que el Estado tiene en sus almacenes o puede importar con facilidad. El dinero que pagan por la leche está amortizado desde antes de que lo transfiera el Lácteo».