Algunos de mis contactos en Facebook que viven en Cuba han comenzado a compartir, con entusiasmo, los anuncios de varias autoridades locales sobre topes de precios a los alimentos u otros modos de intervenir en los mercados privados de distintos territorios. Puedo entenderlos: cuando no se tiene con qué freír un huevo o engrasar el arroz (si es que se tiene huevo o arroz), la tentación de aplaudir a quien prometa multiplicar panes o cualquier alimento a bajo costo, es casi irresistible.
Un spoiler sobre el desenlace de este nuevo capítulo de intervención estatal: no es esperable que estas medidas aumenten la oferta de alimentos y, si los precios establecidos quedan por debajo de los costos reales, pueden provocar una escasez mayor y más presiones sobre el mercado informal.
La «luna de miel liberalizadora» que muchos vieron en las 176 medidas económicas anunciadas por el Gobierno en junio está acabando antes de lo esperado. El 18 de junio, en el cierre del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció que los topes de precios «no lograron contener la inflación» y que, en cambio, habían vaciado los anaqueles y empujado la mercancía hacia el mercado informal.
La medida 117 del paquete de reformas expuesto por el primer ministro, Manuel Marrero, estableció: «Descentralizar la facultad de aprobación de precios y tarifas a las empresas y a las administraciones territoriales y locales. Se eliminan los topes de precios de manera general».
La Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios derogó los topes minoristas sobre el pollo, el aceite, la leche en polvo, las pastas y las salchichas. A mediados de julio el Consejo de Ministros retiró también el tope al arroz, vigente desde marzo de 2025.
Sin embargo, unas semanas más tarde, el mismo Estado que había admitido el fracaso de topar precios volvió a intervenir, solo que esta vez con otro nombre y a otra escala. Los consejos de administración municipal y los gobiernos provinciales comenzaron a fijar «precios de referencia» y límites al margen comercial.
De esta manera, la eliminación de los topes de precio en junio ha sido revertida de facto durante agosto, con las mismas herramientas de siempre: multas, decomiso, venta forzosa y cierre del negocio hasta por tres meses.
Del monitoreo de casos entre el 5 y el 17 de agosto se distinguen al menos tres modalidades:
- Precios máximos declarados como tales, con sanciones explícitas por incumplimiento, como en Guantánamo, Banes, Moa, San Luis o Songo la Maya.
- Límites al margen comercial, generalmente del 30 %, que dejan formalmente libre el precio final, pero acotan cuánto puede ganar cada eslabón de la cadena, como en Villa Clara, Matanzas, Artemisa y Holguín.
- Y operativos de inspección y fiscalización sin un tope numérico público, centrados en sancionar lo que las autoridades califican de «precios abusivos», como en Las Tunas, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.
En casi todos los casos, los propios comunicados insisten en que no se trata de topes sino de «precios de referencia», resultantes de un análisis de costos y gastos de comercialización. La distinción tiene menos peso del que aparenta: en Villa Clara, Matanzas y Guantánamo, superar esa referencia puede acarrear multas, decomiso, venta forzosa y cierre del negocio hasta por tres meses, amparados en el Decreto Ley 91 de 2024 y el Decreto 30 de 2021.
Los municipios y gobiernos provinciales que están imponiendo precios máximos o referencias sancionables están reproduciendo, bajo distintas fórmulas, mecanismos similares a los que el propio Gobierno reconoció como fallidos.
Los números ya empiezan a mostrar que la «liberalización» es un espejismo y el dinosaurio económico cubano sigue allí. En Sancti Spíritus, un solo operativo dejó más de 200 multas y al menos cinco establecimientos cerrados. En Las Tunas, un barrido de veinticuatro horas cerró 87 negocios, aplicó 52 decomisos y obligó a 26 ventas forzosas.
Asimismo, cuando a un vendedor se le impone un precio que no cubre sus costos, la respuesta previsible no es vender con pérdidas, sino salir del mercado, dejar de vender, como ha ocurrido en Matanzas y otros lugares.
En el contexto cubano, explica a elTOQUE el economista Pavel Vidal, existen desequilibrios simultáneos: escasez de bienes y servicios y escasez de divisas. El experto señala que el segundo encarece los costos de reposición de los comerciantes, especialmente porque buena parte de los bienes que llegan al mercado son importados.
«Nadie va a invertir para vender en un mercado donde está el Estado metiendo la mano y poniendo unos precios que no se corresponden con la realidad económica», opina Vidal, investigador principal del Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi).
«Si pones un tope de precio en un nivel que no se corresponde con la oferta y la demanda, con la realidad económica, estás distorsionando la situación económica e impidiendo que se solucione el problema», agregó.
El resultado no es más comida a mejor precio, sino menos oferta, más escasez y, tarde o temprano, el regreso del producto a un mercado informal donde puede alcanzar precios incluso mayores que los existentes hoy.
El problema es de fondo y no puede ser barrido debajo de la alfombra con ofensivas contra los privados.
Pedro Monreal, economista cubano, describió la situación en sus redes sociales con una metáfora que ilustra la situación crónica del país y el tratamiento errado que impone el Estado: «Intentar modificar los precios relativos (abaratar lo nacional frente a lo importado, o contener la inflación minorista) sin haber restablecido previamente la oferta real de alimentos equivale a manipular el termómetro mientras se ignora la fiebre».
Cronología de la ola de controles de precios (agosto de 2026)
5 de agosto, Guantánamo. El Consejo de la Administración Municipal fijó en 2 200 CUP el litro de aceite comestible como «precio de referencia» y anunció sanciones para quien lo incumpliera.
5 de agosto, Plaza de la Revolución (La Habana). La Dirección Municipal de Inspección realizó 20 acciones de control a negocios privados, detectó salchichas, aceite, pollo y picadillo vendidos sin precio visible o a «precios especulativos», aplicó 17 multas y tres ventas forzosas, y paralizó temporalmente un establecimiento.
6 de agosto, Banes (Holguín). El Gobierno del municipio fijó «un valor máximo» para el aceite de 2 200 CUP el litro, asegurando que se trataba de un valor «preferencial» y no de un tope, según la emisora oficial Radio Banes.
7 de agosto, Moa (Holguín). El Consejo de la Administración Municipal estableció un máximo de 2 200 CUP por litro de aceite, con base en la Resolución 148/2023 sobre formación de precios y márgenes de hasta el 30%, y extendió el monitoreo a cárnicos, leche en polvo, pasta, arroz, frijoles importados, azúcar y detergentes.
7 de agosto, San Luis (Santiago de Cuba). Se fijaron precios para aceite, pollo, arroz y huevo, con sanciones que incluyen multas, decomiso y cierre temporal de hasta tres meses.
8 de agosto, Villa Clara (toda la provincia). El Consejo Provincial aprobó el Acuerdo 127, que establece un margen comercial máximo del 30 % para alimentos de primera necesidad, con precios de referencia para aceite, huevo, leche en polvo, azúcar y salchichas, amparado en el Decreto Ley 91 de 2024 y el Decreto 30 de 2021.
8 de agosto, Matanzas (toda la provincia). El Gobierno Provincial aprobó el mismo margen del 30% y fijó precios de referencia para ocho productos —aceite, huevo, leche en polvo, azúcar, salchichas, pollo, pasta, picadillo, arroz y frijol— vigentes desde el 10 de agosto.
10 de agosto, Artemisa. El gobernador emitió la Resolución 115/2026, que limita el margen comercial al 30 % en toda la cadena de comercialización, aplicable una sola vez sobre el costo total del producto.
10 de agosto, Songo la Maya (Santiago de Cuba). El Consejo de la Administración Municipal fijó el aceite en un máximo de 2 500 CUP el litro y el huevo en 110 CUP la unidad, aclarando que se trata de valores basados en costos y no de precios topados.
10 de agosto, ciudad de Holguín. Se crearon grupos de trabajo gubernamentales para vigilar que el margen comercial no supere el 30 % en cárnicos, leche en polvo, pasta, arroz, frijoles, azúcar, jabón y aceite.
11 de agosto, Pinar del Río. El Gobierno municipal reguló el aceite en 1 950 CUP mayorista y 2 150 CUP minorista, con teléfonos habilitados para denuncias ciudadanas.
13 de agosto, Las Tunas. El Gobierno provincial intensificó los operativos: en veinticuatro horas impuso 26 ventas forzosas, cerró 87 establecimientos, realizó 52 decomisos y retiró seis proyectos privados.
15 de agosto, Ciego de Ávila. Las autoridades anunciaron un plan de supervisión de precios en coordinación con empresas privadas importadoras, sin que divulgaran aún qué precios específicos han fijado.
15 de agosto, Sancti Spíritus. Un operativo de fiscalización dejó más de 200 multas y al menos cinco establecimientos cerrados, sin un nuevo precio máximo anunciado públicamente.
17 de agosto, Isla de la Juventud. El Consejo de Administración Municipal anunció un acuerdo «por consenso» con el sector privado precios de referencia máximos para arroz, pollo, frijoles y aceite, además de un límite del 30 % al margen entre el precio mayorista y el minorista.
También en Mayabeque, Cienfuegos, Camagüey y Granma se registraron señales de mayor fiscalización sobre precios, pero no se localizó, hasta el cierre de este monitoreo, una disposición pública equivalente que fije un nuevo tope o margen máximo.
