Hace casi dos años —cuando la anterior crisis de desabastecimiento de cerdos— en el mercado de El Hueco, en Camagüey, comenzaron a cerrar puestos de venta. Fue una parálisis de la que aún no se ha recuperado el área de cárnicos de esa feria, la mayor de las que funcionan en la ciudad.

Cuando la COVID-19 llegó a la provincia, hacía bastante que los camagüeyanos no recorrían la extensa zona del mercado en la que alguna vez comercializaran carnes de cerdo, carnero o conejo.

“Lo más que puede encontrarse es calabaza, ají y aguacate. Hay ajo y cebolla porque son productos que se guardan después de las cosechas y duran más, pero las viandas y los frijoles no llegan ni al amanecer; los poquitos que entran de madrugada los compran los carretilleros para después revenderlos en el pueblo”, comenta un estibador de ese mercado a este reportero.

Los sucesivos cierres de fronteras interprovinciales impuestos por la pandemia, junto a una política de compras más agresiva de parte de Acopio y a las pobres cosechas del año en curso, llevaron a El Hueco a su crisis actual. A escalas diversas la historia se ha repetido por todo el país. Casos extremos —geográfica y temporalmente hablando— han sido los de Santiago de Cuba y La Habana, que durante varias semanas de abril y en septiembre atravesaron por una suerte de cuarentena alimentaria, tras la prohibición de acceso a los camiones de carga (en la capital, aparentemente, debido a un equívoco de funcionarios locales).

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Promesas, promesas… pero los alimentos siguen desaparecidos

A estas alturas del año la Isla debía mostrar una realidad muy diferente en cuanto a producción de alimentos, al menos si nos guiamos por los optimistas pronósticos de dirigentes como el ministro de la Agricultura, quien meses atrás hablaba de un crecimiento inusitado en el número de solicitudes de tierras y de ambiciosos planes de exportación.

La campaña de siembras de primavera —finalmente incumplida— se promocionaba como la oportunidad para garantizar el grueso de los alimentos comprometidos con la mesa de los cubanos. Poco o nada se detallaba en cuanto a los medios que se emplearían para lograr esos objetivos.

Más conectado con la realidad, a finales de abril, el subdirector de Agricultura en ese ministerio, Carlos Martell Hernández, reconoció que de los cuatro productos fundamentales contemplados bajo el acápite de viandas, durante 2020 solo se esperaba cubrir la demanda del boniato; mientras que las cosechas previstas de plátano, yuca y malanga a lo sumo satisfarían el 85 %, 70 % y 33 % de las necesidades del país, respectivamente.

En cuanto al frijol, el funcionario fue incluso más cauteloso al señalar que la pretensión inmediata sería fomentar plantaciones de semillas (sobre todo, de la variedad caupí o caritas) con las que emprender un plan de siembras orientado a superar la crisis de comienzos del año.

Al cierre de la última cosecha de invierno, los acopios de la leguminosa quedaron en unas 7 mil toneladas, menos de un décimo del consumo nacional, y entre una séptima y una octava parte de sus producciones promedio de los últimos años. Entre las causas de esta disminución se halla la propagación por las provincias occidentales y centrales del trips de la flor del frijol, un insecto que se benefició de los deficientes protocolos fitosanitarios y la escasez de pesticidas (solo había conseguido importarse el 16 % de lo requerido por los productores). La plaga prácticamente extinguió este cultivo, principal fuente de proteínas vegetales en la dieta isleña, y ocasionó pérdidas millonarias a los miles de cultivadores afectados.

Mal manejo de los cultivos, falta de recursos: escasez de alimentos

A la vuelta de dos años y numerosas inversiones, la mayoría de los polos productivos —aquella suerte de complejos agropecuarios que el Ministerio de la Agricultura promocionaba como su principal partida en la apuesta por disminuir las importaciones de alimentos— se han embarcado en el extensionismo, como alternativa “a la falta de fertilizantes”.

“El aumento de las áreas de siembra no es la estrategia más adecuada, pero constituye una forma de paliar los bajos rendimientos”, justificó el vicepresidente Salvador Valdés Mesa al visitar cooperativas avileñas, el pasado mes de junio.

Una fórmula que conjuga menos disponibilidad de maquinarias, herbicidas y fertilizantes, con más terrenos a laborar y menos mano de obra, tiene ante sí un estrecho margen de éxito. Al recorrer la región central, Valdés Mesa constató el “incremento del enyerbamiento” y las dificultades para la recogida de cosechas, por ejemplo.

La reciente flexibilización de las normas para la contratación de trabajadores temporales pone de manifiesto la crisis del sector. La escala de pagos diarios exigida por los peones agrícolas va desde 40 o 50 CUP (en el Oriente) hasta 150 CUP (en Artemisa y Mayabeque). “Prácticamente no hay quien lo haga por menos, a pesar de que nada más se trabaja en la mañana”, señaló un finquero artemiseño en un encuentro reciente con Valdés Mesa y el segundo secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura.

Con más gastos, y una presión redoblada de la Unión de Acopio y las delegaciones territoriales de la Agricultura, muchos cultivadores han optado por ocultar mayor parte de sus producciones para venderlas con precios multiplicados a los intermediarios; estos últimos, como es lógico, transfieren los costos a los consumidores.

“Tú tienes que poner en la balanza lo caro que está todo y el riesgo que corres con la mercancía. Antes, un saco de malanga podía salir hasta en 200 pesos, y para moverte entre provincias bastaba con una carta de cooperativa. ¿Dime si puede compararse con la situación de ahora?”, pregunta un camionero particular consultado a su arribo a El Hueco con una carga chiquita de aguacates y calabaza. Había contratado el viaje por no estar parado, pues los trasiegos más productivos —hasta las tierras vianderas de Ciego de Ávila o Sancti Spíritus— llevaban semanas prohibidos a causa de la pandemia.

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Los pros y los contras de la exportación de alimentos

La “reanudación inmediata de todas las actividades de la cadena agropecuaria” sobresale en la Propuesta de reforma presentada hace pocos días por un grupo de economistas, entre los que se cuentan los especialistas Pedro Monreal y Julio Carranza. Su análisis recuerda cómo la crisis agroalimentaria cubana no comenzó con la COVID-19 ni terminará de manera automática luego del retorno a la normalidad sanitaria.

“El contexto internacional de la reforma económica en Cuba no podría ser peor, sin embargo, a pesar de esto llevarla adelante es un imperativo que no debe dilatarse más”, coinciden los firmantes del texto, quienes plantean decisiones tan radicales como la eliminación “selectiva” de los precios topados, y de la obligación de vender Acopio para los productores comprometidos con los programas de abastecimiento local. Otro punto fundamental de la Propuesta es el de “autorizar exportaciones e importaciones directas a todos los productores agropecuarios”.

Los mercados extranjeros son un objetivo manifiesto del Ministerio de la Agricultura, que en los últimos dos años ha venido modificando normas y comprometiendo a productores, principalmente de la antigua Habana-campo —hoy Mayabeque y Artemisa— y Ciego de Ávila, para que destinen parte de sus cosechas a la exportación.

A finales de septiembre Cubadebate informó sobre un mayabequense que había exportado alrededor de una tonelada de limones en España, y se preparaba para sus primeros envíos de aguacate hacia el mismo destino. “Si queremos mejorar las cosechas aquí, hay que buscar la divisa para reaprovisionarnos”, afirmaba el protagonista de la nota, ante el aparente contrasentido de despachar hacia otro país un producto que en Cuba se ha convertido en artículo de lujo. Este 28 de septiembre la prensa estatal divulgó una nueva ronda de visitas a provincias realizada por Machado Ventura y otros dirigentes; una de las consignas más repetidas fue la de “favorecer la exportación”.

Con una agricultura y ganadería que en los últimos dos años han visto desplomarse sus principales indicadores, el sentido común obliga a asumir con cautela tal pretensión. En las condiciones actuales, exportar y aumentar las entregas al turismo solo parece posible a costa de rebajar lo planificado para el consumo de la población.

“Mientras no se lleven pa’ fuera el boniato y la malanga, siempre algo podrá hacerse”, opinó el camionero interpelado en el mercado de Camagüey. Para su inquietud, ya la primera de esas viandas es presencia habitual fuera de fronteras, de la mano de empresas como Cítricos Caribe S.A. Y la meta es que siga ganando espacio.

A estas alturas de 2020 quizás la pregunta correcta no sea qué fue de los cultivos anunciados al comienzo de la pandemia, sino a dónde fueron a parar sus cosechas.

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