La Corte Suprema de Estados Unidos asestó el lunes 29 de junio de 2026 uno de los golpes constitucionales más importantes al segundo mandato de Donald Trump al declarar inválida la orden ejecutiva que pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres en situación migratoria irregular o con presencia temporal en el país.
La decisión —en Trump vs. Barbara (No. 25-365)— fue adoptada por una mayoría de cinco magistrados encabezada por el presidente del Tribunal, John Roberts, y respaldada por las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson. La Corte concluyó que los niños son ciudadanos estadounidenses desde el nacimiento en virtud de la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.
Una defensa histórica del jus soli
La opinión de Roberts constituye una de las reconstrucciones históricas más extensas que la Corte ha realizado sobre la ciudadanía estadounidense.
Lejos de limitarse al texto constitucional, el presidente del Tribunal reconstruye la evolución del principio del jus soli —la ciudadanía por nacimiento en el territorio— desde el Derecho común inglés, y pasa por la independencia estadounidense, la Guerra Civil, el rechazo a Dred Scott vs. Sandford (1857) y la aprobación de la Decimocuarta Enmienda.
Según la mayoría, la expresión constitucional subject to the jurisdiction thereof («sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos») siempre significó estar sometido a las leyes estadounidenses mientras se permanece dentro del territorio nacional.
Por ello, las únicas excepciones históricamente reconocidas son las existentes en el Derecho común:
- hijos de diplomáticos extranjeros;
- hijos nacidos durante ocupaciones militares enemigas;
- y, originalmente, miembros de tribus indígenas soberanas.
La Corte rechaza expresamente que la situación migratoria de los padres cree una nueva excepción constitucional.
Wong Kim Ark sigue siendo el precedente decisivo
El núcleo jurídico de la decisión descansa sobre United States vs. Wong Kim Ark (1898).
Para Roberts, ese precedente resolvió la cuestión hace más de un siglo al establecer que la Decimocuarta Enmienda incorporó al texto constitucional el principio tradicional del derecho común: quien nace en territorio estadounidense, bajo la jurisdicción estadounidense, adquiere la ciudadanía automáticamente, salvo las excepciones históricas ya reconocidas.
La mayoría considera que la orden ejecutiva de Trump intenta introducir requisitos —como la residencia permanente o el estatus migratorio de los padres— que simplemente no aparecen en el texto constitucional.
Jackson: la Constitución protege a las personas, no a las políticas migratorias
La jueza Ketanji Brown Jackson escribió una opinión concurrente.
Aunque coincidió plenamente con el resultado, insistió en que el caso trasciende el debate migratorio.
Para Jackson, permitir que un presidente redefina unilateralmente quién es ciudadano implicaría otorgarle un poder incompatible con la estructura constitucional. La ciudadanía constitucional, sostiene, no puede depender de cambios políticos o administrativos sino únicamente de la Constitución.
Kavanaugh: Trump perdió... pero por la ley, no por la Constitución
La posición más llamativa es la de Brett Kavanaugh.
Kavanaugh discrepa de la mayoría respecto a la interpretación constitucional.
Según él, la Decimocuarta Enmienda no obliga necesariamente a reconocer la ciudadanía a hijos de inmigrantes presentes ilegal o temporalmente. En su opinión, la Constitución podría permitir restricciones de esa naturaleza.
Sin embargo, terminó por votar contra la Administración Trump por un motivo completamente distinto.
Recuerda que el Congreso, mediante 8 U.S.C. §1401(a), reconoce expresamente la ciudadanía por nacimiento utilizando un lenguaje que protege a esos niños. Mientras esa ley permanezca vigente, el presidente no puede modificarla mediante una orden ejecutiva.
En otras palabras:
- constitucionalmente, Kavanaugh considera que el Congreso podría limitar la ciudadanía por nacimiento;
- pero mientras el Congreso no cambie la legislación, el presidente carece de autoridad para hacerlo por decreto.
Su voto refleja una visión institucional: incluso si el objetivo político fuera constitucionalmente posible, corresponde al Congreso y no al Poder Ejecutivo adoptarlo.
Thomas propone una reinterpretación histórica
El disenso principal pertenece al juez Clarence Thomas, acompañado por Neil Gorsuch.
Thomas sostiene que tanto la Ley de Derechos Civiles de 1866 como la Decimocuarta Enmienda protegían únicamente a quienes estuvieran domiciliados en Estados Unidos, no a quienes permanecieran temporal o ilegalmente en el país.
Su reconstrucción histórica intenta demostrar que la ciudadanía siempre estuvo ligada a la existencia de una residencia permanente y de una lealtad política exclusiva hacia Estados Unidos.
Desde esa perspectiva, los hijos de inmigrantes temporales continuarían sujetos, por medio de sus padres, a otra soberanía y, por tanto, no quedarían comprendidos por la Decimocuarta Enmienda.
Thomas dedica buena parte de su opinión a cuestionar el peso otorgado por la mayoría al precedente Wong Kim Ark.
A su juicio, ese fallo contiene abundantes afirmaciones incidentales (dicta) y, correctamente leído, se refería a personas domiciliadas en Estados Unidos.
También resta importancia al histórico caso Lynch vs. Clarke, una de las autoridades utilizadas por Roberts para reconstruir el alcance del jus soli; señaló que fue una decisión de un Tribunal estatal de primera instancia con escaso valor precedencial.
Gorsuch: el problema era el tipo de demanda
Neil Gorsuch presentó además un disenso separado.
Aunque comparte la interpretación histórica de Thomas sobre la ciudadanía, introduce un argumento procesal distinto.
Para Gorsuch, los demandantes plantearon una impugnación facial contra la orden ejecutiva. Ese tipo de demanda solo puede prosperar si ninguna aplicación posible de la norma resulta constitucional.
Como, en su criterio, al menos la aplicación a hijos de visitantes temporales sí sería compatible con la Constitución, el Tribunal nunca debió invalidar el total de la orden ejecutiva.
¿Qué significa la decisión?
En términos prácticos, la sentencia mantiene intacto el principio de ciudadanía por nacimiento vigente desde hace más de un siglo.
Pero también deja abierta una puerta importante.
La opinión de Kavanaugh —y especialmente los disensos de Thomas y Gorsuch— sugieren que una parte significativa del ala conservadora de la Corte Suprema considera que el Congreso podría modificar el régimen legal de ciudadanía si así lo decidiera.
Por ahora, la Corte ha sido categórica: el presidente no puede hacerlo por decreto, y la Decimocuarta Enmienda sigue garantizando la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes ilegal o temporalmente en el país.
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