La nueva ley en Florida sobre la visibilidad de las matrículas no solo castiga marcos decorativos, como algunos piensan. La normativa se enfoca en atacar el uso deliberado de recursos que bloquean la lectura de las matrículas, sea para las autoridades o para sistemas automáticos, en particular los lectores de peajes, cámaras de tráfico y dispositivos de identificación vehicular.

El cambio legal, vigente desde el primero de octubre de 2025, se apoya en el Estatuto de Florida 320.061, que prohíbe alterar la apariencia original de una placa o su calcomanía de registro, así como aplicar o colocar cualquier sustancia, material, cubierta o dispositivo —incluidos sprays, acrílicos, líquidos, recubrimientos reflectantes o elementos electrónicos— que interfieran con su legibilidad, visibilidad angular o capacidad de ser detectada y registrada.

El texto legal es explícito: no se trata solo de que la placa «se vea», sino de que pueda ser identificada de forma confiable tanto por el ojo humano como por sistemas automatizados, un punto clave en un estado donde el cobro de peajes sin cabinas físicas depende casi por completo de cámaras.

Las autoridades han señalado que «el verdadero objetivo de la ley es frenar prácticas diseñadas para evadir responsabilidades, como el pago de peajes o la identificación en infracciones y delitos».

También explicaron que la normativa «ayuda a las fuerzas del orden a identificar a conductores que se dan a la fuga tras un accidente, prevenir violaciones en el pago de peajes, combatir el fraude y el robo de vehículos y garantizar que los sistemas automatizados puedan leer correctamente las matrículas».

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Durante años, se ha documentado el uso de líquidos aplicados sobre los números, cubiertas acrílicas aparentemente transparentes, películas reflectantes y sprays «antifoto» que distorsionan la imagen captada por las cámaras de los sistemas de tolls (peajes), haciendo que la matrícula aparezca borrosa, blanca o ilegible. Este tipo de modificaciones —aunque a simple vista pueden parecer mínimas— afectan la capacidad de los sistemas automáticos para leer la chapa, y son precisamente las conductas que la ley ahora penaliza.

En medio de la confusión generada por la entrada en vigor de la ley, la oficina del Tax Collector de Miami-Dade, encabezada por Dariel Fernández, intervino para aclarar dudas. A través de sus redes sociales, la entidad publicó una explicación práctica dirigida a los conductores, en la que recordó que los marcos de placas no están prohibidos por sí mismos, pero no pueden cubrir números, letras ni la calcomanía de registro ni afectar la visibilidad de la matrícula desde distintos ángulos. El mensaje buscó orientar a los residentes sobre qué accesorios pueden mantenerse en los vehículos y cuáles podrían exponerlos a multas o sanciones, reforzando el criterio central de la ley: si un elemento dificulta que la placa sea leída por una persona o por un sistema automático, no está permitido.

La línea divisoria ya no es estética, sino funcional: si un accesorio reduce la capacidad de identificación del vehículo, es ilegal. La misma lógica aplica a cubiertas «protectoras» que antes se vendían libremente, y se siguen vendiendo, pero ahora pueden convertirse en motivo de una parada de tránsito.

Además, Dariel Fernández ha aportado otra capa al debate al cuestionar la eficacia de la calcomanía física de registro, un elemento que —según ha señalado— se deteriora con facilidad y se ha convertido en un foco recurrente de conflictos por visibilidad.

Aunque su propuesta de eliminar el sticker amarillo que se renueva cada año según la fecha de nacimiento del conductor no modifica la ley vigente ni las obligaciones de registro, sí refleja una preocupación compartida: la necesidad de modernizar el sistema sin generar ambigüedades que afecten a los conductores que cumplen la norma. «No deberíamos pedirle a las familias que peguen algo en su placa cuando nuestra tecnología ya verifica el registro en segundos. Esto se trata de eficiencia, ahorro y avanzar hacia adelante», dijo Dariel Fernández.