El 13 de mayo de 2026 entrará en vigor la Ley del Deporte Cubano, presentada como una «oportunidad histórica» para reunificar el deporte nacional. 

Sin embargo, declaraciones recientes desde el Instituto de Deporte y Recreación de Cuba (INDER) confirman que no hay cambios en el trato a los llamados «desertores» de delegaciones deportivas. El castigo se mantiene y se consolida como política de Estado.

Lo nuevo y lo que se mantiene

Aunque la nueva normativa permitirá que los atletas no residentes en la isla compitan en el sistema nacional e incluso representen a Cuba internacionalmente, la apertura será limitada, ya que persiste un fuerte filtro ideológico que restringe su alcance real.

Karel Luis Pachot, director jurídico del INDER, aclaró el 18 de abril en televisión nacional que la ley no tendrá un carácter de amnistía. 

Pachot explicó que aquellos atletas que en su momento abandonaron una delegación oficial en el extranjero seguirán considerados «expulsados» del movimiento deportivo cubano y por lo tanto, «están excluidos de la posibilidad» de competir por la Isla. 

«Eso sería una restricción (...) también un atleta que haya sido objeto de una medida disciplinaria, como un año de separación del sistema competitivo nacional por una indisciplina grave o muy grave (como doping o intento de salida ilegal del país), tampoco sería elegible», sentenció el funcionario. 

En el artículo 79 de la nueva ley del deporte cubano, se define que son inelegibles para representar a Cuba los «atletas expulsados del Sistema Deportivo Cubano por haber cometido faltas muy graves según el reglamento disciplinario correspondiente». 

Todo atleta que abandone una delegación oficial en el exterior es automáticamente expulsado del movimiento deportivo cubano. 

En conversación con elTOQUE, el periodista deportivo Ernesto Amaya, señaló que con la incursión del lanzador Yariel Rodríguez, en el equipo Cuba, del V Clásico Mundial, en marzo pasado, pensó que «habría un avance positivo». 

Rodríguez fue reincorporado al equipo Cuba, tres años después de abandonar un contrato con los Dragones de Chunichi en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), algo que la dirección beisbolera en la isla calificó como «grave falta». 

«Pensé que esos atletas que ya habían cumplido sus ocho años de prohibición de entrada al país se podrían incorporar a sus respectivos deportes y representar a Cuba en eventos internacionales, sin embargo, no sucedió y esta nueva ley lo prohíbe terminantemente», añadió. 

Amaya comentó que conoce casos de federativos deportivos en Cuba que desean reclutar a atletas cubanos radicados en el exterior, pero «desde arriba» les dicen que no. «Algunos directores sí quieren tener a los mejores deportistas, sea cual sea la vía por la que se fueron, sea cual sea a la nación que ahora representan; sin embargo, los verdaderos decisores les han dicho que no», añade. 

Otra restricción de la nueva ley sería exigir un documento que acredite la nacionalidad cubana. En la práctica, esto obligaría a los descendientes de cubanos que viven en el extranjero a solicitar un pasaporte cubano para poder representar a la isla en eventos internacionales.

La retórica del castigo

El tratamiento del INDER hacia los atletas que deciden no regresar ha sido, históricamente, el de un tribunal militar. 

En 2009, en un momento de alta tensión tras la fuga de basquetbolistas en España, el entonces presidente del organismo, Christian Jiménez, definió la postura oficial con una crudeza que aún resuena.

«Estamos agredidos por todos los frentes. No hay delegación cubana que salga a un evento internacional que no tenga detrás a los sabuesos del imperio y a los traidores que participan también de esta felonía», declaró Jiménez en aquel entonces, según reportes de AFP. 

Jiménez remarcó que para los directivos cubanos, el deporte no era sólo competencia, sino una «trinchera de guerra», por «ser el deporte una conquista de la Revolución».

En 2008, antes de los Juegos Olímpicos de Beijing, el propio Fidel Castro cargó contra la fuga de atletas consagrados como los boxeadores, Guillermo Rigondeaux, Erislandy Lara, Odlanier Solís, y Yuriorkis Gamboa, y la judoca Yurisel Laborde. 

«Se dejaron arrastrar a la traición (...) Una atleta olímpica de judo y casi segura medalla de oro fue sobornada. Comprando nuestros atletas, nos arrebataron cinco medallas de oro seguras en el boxeo olímpico. Es un toque a degüello contra Cuba robándonos cerebros, músculos y huesos», dijo.

Ese discurso de «guerra» ha sido la base para justificar el ostracismo y castigo a los atletas cubanos que abandonan delegaciones deportivas en el extranjero, a quienes se les prohíbe la entrada a Cuba por un periodo de ocho años a partir de la fecha de su «deserción». 

Un ejemplo de esto es el ex lanzador de los Padres de San Diego, en la MLB, Odrisamer Despaigne, quien en 2015 dijo a ESPN que no podía defender al equipo Cuba porque el Gobierno «no me permite entrar a mi país».

Bajo la lógica del Gobierno cubano, abandonar un equipo no es una decisión personal o profesional, sino una «traición a la patria». 

Con el paso de los años, y ante la sangría imparable de talento, la retórica del INDER dio un giro hacia un victimismo con tintes dramáticos. 

En 2021, tras la histórica fuga de la mitad del equipo Sub-23 de béisbol en México, Luis Daniel del Risco, directivo de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), reafirmó esta postura. 

«Querían destruirnos (...) querían acabar con el béisbol cubano», dijo del Risco al borde de las lágrimas ante la prensa oficialista, describiendo la situación como una emboscada externa más que como una crisis interna de libertades y condiciones económicas.

La nueva ley del deporte cubano hereda y perpetúa este resentimiento institucional. La medida afecta directamente a una lista de nombres que hoy son la élite mundial pero que, para Cuba, son inexistentes legalmente, como Lourdes Gurriel Jr., Aroldis Chapman, Andy Cruz, Yoenlis Hernández, Osvel Caballero, Fernando Dayán o Yaimé Pérez. 

Muchos de ellos hoy compiten bajo otras banderas (España, Portugal, Italia) y otros, simplemente, no tienen ningún interés en representar a una federación que los ha calumniado desde su salida del país.

La nueva ley del deporte cubano muestra una contradicción clara: abre espacio a cambios en el financiamiento, pero mantiene intacta la rigidez política. 

Por primera vez se autoriza el patrocinio y la publicidad, lo que permite a cubanos en el exterior y a empresas privadas dentro de la isla financiar proyectos deportivos.El sistema acepta el dinero de la diáspora, pero no el regreso de sus atletas.