Con una cotidianidad cada vez más determinada por la escasez de alimentos, interrupciones del servicio eléctrico, dificultades en el suministro de agua potable y la emigración de los jóvenes, la vulnerabilidad de la mayoría de los cubanos empeora día a día.
Actualmente un 88 % de los cubanos vive en pobreza extrema, un 13 % más que en 2022, según concluyó el VI Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, presentado recientemente en Miami por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
La investigación considera que un hogar de tres miembros está en pobreza extrema si sus ingresos totales son de 1.90 dólares diarios. El 48 % de los entrevistados reconoció que ha dejado de comer por falta de dinero o recursos para conseguir alimentos.
En 2023 ha crecido el impacto de la crisis alimentaria y la inflación en la mayoría de los hogares cubanos, lo que ratifica «el estado de gravedad de los derechos sociales en la isla», de acuerdo con el OCDH. El país sigue acumulando crisis estructurales, sin que exista «la voluntad política de las autoridades para hacer los cambios que necesita».
Según las encuestas «a pie de calle», «estamos ante un país cada vez más empobrecido, no solamente por lo que encontramos cuando analizamos los ingresos del hogar, sino cuando miramos que una gran cantidad de cubanos ha tenido que dejar de realizar alguna comida diaria, o que un número importante de cubanos no encuentra medicamentos o los toma vencidos», reveló Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, a elTOQUE.
Aunque el Gobierno continúa sin reconocer la pobreza como un problema social en la sociedad cubana actual, el estudio de OCDH demuestra que es cada vez mayor la preocupación de los cubanos por la crisis alimentaria (70 %). Le siguen los salarios (50 %), la inflación (34 %) y la sanidad pública (22 %) como causantes de los mayores dolores de cabeza de los cubanos.
No en vano un 86 % de los cubanos encuestados critica la gestión económica y social de los dirigentes, y un 68 % la valora como «muy negativa». Casi nueve de cada diez hogares ingresan apenas «lo suficiente para sobrevivir» y un 65 % de ellos reconoce que tiene problemas «incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir».
¿Qué más dice el VI Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba?
La investigación sobre derechos sociales, conocidos como de segunda generación o adquiridos, se hizo entre julio y agosto de 2023 con poco más de 1 300 personas en 75 municipios de todas las provincias cubanas.
El estudio de OCDH mostró que la gestión del Gobierno no es aprobada en absoluto por ningún grupo racial. Los más críticos son los de raza negra, con un 73 % que la valora como «muy negativa»; así como el 71 % de mulatos y mestizos, y el 65 % de blancos.
Más del 80 % de los cubanos cree que la inversión pública en educación, vivienda, agricultura y alimentación, y salud pública y hospitales es insuficiente.
Otro punto preocupante es que el 15 % de la población ha tomado medicinas vencidas y un 32 % de quienes necesitan medicamentos no pudieron conseguirlos, por sus altos precios (12 %) o debido a la escasez (20 %).
Únicamente el 6 % de quienes consiguieron fármacos los adquirió en las farmacias del sistema de salud cubano. El resto lo hizo a través de iglesias u organizaciones caritativas, el envío de familiares en el exterior o por otras vías.
Al mismo tiempo, el 15 % de las viviendas se encuentra en peligro de derrumbe, situación que en el caso de las de los mayores de 70 años se eleva hasta el 24 %. Un 79 % de este último segmento poblacional tiene además problemas para comprar los productos básicos o esenciales.
El politólogo Julio M. Shiling asevera que no es posible un cambio en la isla sin que exista un desmantelamiento del sistema. Para el también escritor, está demostrado que, en «un régimen totalitario como Cuba», la generación de riquezas se traduce en más empobrecimiento para la población (que subsiste como puede o se va), y fortalece a quienes están en el poder.
Dos décadas sin datos públicos
El Gobierno cubano sigue sin reportar datos sobre pobreza y desigualdad social, pese a que hay evidencias que dejan claro que «la calidad de vida de la población cubana se ha deteriorado de manera significativa en todos los grupos poblacionales», pero especialmente en quienes superan los 60 años (el 22 % de los cubanos), que es además «el segmento que más ha crecido», subrayó la socióloga Elaine Acosta en entrevista con elTOQUE.
Desde la óptica de la también directora ejecutiva del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos CUIDO60, la mayoría de las encuestas independientes coinciden en que el subgrupo más afectado es el de los adultos mayores y que la crisis alimentaria es lo más preocupante e «influye directamente en cómo viven las personas y cómo acceden a medios y servicios», y a algo «tan básico como la alimentación».
Acosta mencionó, además, que la crisis existente en Cuba incide igualmente en niños y mujeres de forma especial. Acotó que las mujeres son las que llevan el peso de la reproducción y los cuidados y que cargan en sus espaldas «la pésima gestión del Gobierno».
El medio de prensa español El País destacó en 2022 que en la isla no se han dado a conocer nuevos pronunciamientos oficiales «sobre cómo se han movido las cifras (de la pobreza), especialmente a partir de los impactos de la pandemia».
Sobre la misma cuerda, el periódico destacó que también en 2022 la oficialidad cubana no dio su visto bueno al índice anual de miseria, que colocaba al país como el más miserable del mundo.
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es una herramienta de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En 2022 el IPM calculó un 0.003 de incidencia de la pobreza a nivel nacional en Cuba, uno de los más bajos a nivel mundial. Se trata de un valor que en 2017 era del 0.0005 %.
A mediados de 2021, el estudio «Las investigaciones sobre pobreza, vulnerabilidad y marginación en la Cuba actual. Consensos y propuestas a la política social», de la investigadora María del Carmen Zabala, señaló que en el contexto cubano la condición de pobreza y vulnerabilidad era definida por la insuficiencia de ingresos y de otros activos, fundamentalmente la vivienda, porque sigue habiendo un déficit habitacional mientras se deteriora progresivamente el que existe.
Si bien los fenómenos de vulnerabilidad y marginación son difíciles de medir, el análisis de Zabala, respaldado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Cuba y la fundación alemana Friedrich Ebert, lamentó la ausencia de estadísticas actualizadas sobre pobreza, que cubrieran todos los territorios, ya que los últimos resultados de carácter público tienen más de 20 años y solo atienden a los ingresos en espacios urbanos.
En 1996 el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas calculó que el 14.7 % de la población urbana vivía en «situación de riesgo», o lo que es lo mismo, en peligro de no poder cubrir alguna necesidad básica. Advirtieron que se trataba, sobre todo, de personas de la tercera edad, mujeres, personas con nivel educacional primario y medio, desocupados, trabajadores estatales y hogares de mayor tamaño. Tres años después el valor estaba en un 20 %, con mujeres y familias afrodescendientes en los hogares de más bajos ingresos.
Las investigaciones sistemáticas de Zabala han precisado que los mayores porcentajes de población con privaciones no tienen acceso o carecen en el hogar de bienes como radio, televisión, teléfono, computadora, bicicleta o moto. Algo que los distingue también es el tipo de combustible para cocinar y el acceso a saneamiento adecuado.
Se demostró que algunas zonas geográficas presentan desventajas con respecto a otras. Los territorios con más problemas son la región oriental, las zonas rurales (en especial, asentamientos dispersos y espacios de reconversión azucarera) y barrios insalubres de La Habana.
No pocos estudios detallan que en teoría el acceso universal y gratuito a los servicios sociales constituye una garantía para la población cubana, pero no alcanzan para asegurarlos de manera equitativa, lo que afecta fundamentalmente a los grupos vulnerables.
Una crisis vieja
De acuerdo con Elaine Acosta, la situación que vive Cuba hoy «no es fortuita ni resultado de una coyuntura», sino de «una reorientación y de un cambio en las políticas del Estado cubano», lo que trasciende el mandato de Miguel Díaz-Canel.
Con la socióloga coincide el economista Pavel Vidal, que hace poco apuntó a elTOQUE que la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) reconoce que ha habido tres años de una inflación galopante y que los datos oficiales subestiman entre cinco y seis veces el verdadero Índice de Precios al Consumidor.
«Nuestros cálculos dan que es más del 200 %, no de un 44 %, como dice el Gobierno», subrayó el también profesor sobre la inflación, amén de que estimaciones realizadas por el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFI) acotan que el nivel de precios para los consumidores se ha elevado entre 11.6 y 19.1 veces desde que comenzó la actual crisis económica (2019-2022), y duplica el récord alcanzado en los noventa.
Entre las causas que hacen escalar a diario los índices de pobreza, Vidal enumeró factores coyunturales como la crisis venezolana, que es el principal aliado económico de Cuba; y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos bajo la era de Donald Trump, lo cual repercutió directamente en el turismo y en el envío de remesas, dos de las principales fuentes de divisas del país.
Sin embargo, hay otros problemas estructurales, mucho más viejos, como la mala administración de la economía y la resistencia a aplicar reformas económicas a «un modelo que ha demostrado con creces su ineficiencia», que hacen todavía más difícil que mejore una economía que ni siquiera ha recuperado sus niveles prepandemia.
Siempre que hay un crecimiento descontrolado de los precios de manera continua, detrás hay un aumento excesivo de la cantidad de liquidez, es decir, del dinero en circulación; lo que casi siempre está asociado al financiamiento del déficit fiscal, añadió Vidal. Dicho en otras palabras, el Gobierno tiene más gastos que ingresos por la casi nula producción en sectores como el agrícola y el energético, en los que apenas se invierte.
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