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Foto: elTOQUE.

Inseguridad alimentaria y delincuencia: ¿el que no roba no come?

29 / marzo / 2023

 El último año ha sido significativo en Cuba por varias razones: el descontrol de la economía, la inflación, el desabastecimiento, los alarmantes niveles de criminalidad.

Aunque en este último apartado resulta imposible acceder a estadísticas actualizadas del Ministerio del Interior (Minint) al respecto, mediante las denuncias de activistas, los reportes de medios independientes y la visualización extendida en las redes sociales se sabe de robos, trifulcas, asaltos, estafas, y también de fenómenos más graves, como feminicidios y homicidios.

Los eventos son de conocimiento público y reproducen a vox populi advertencias que aumentan el temor, la cautela y la decepción de años anteriores. La población cubana, sumida en la precaria búsqueda de alimentos que sustenten la dieta familiar, debe adicionar a las prácticas de madrugar, esperar en largas colas y negociar en el mercado negro, actitudes de prudencia, sigilo y cuidado para evitar ser víctimas de un delito.

Hambre y criminalidad

La violencia en la sociedad es un fenómeno multidimensional que involucra diferentes factores, las condiciones socioeconómicas y políticas, el desempeño administrativo del Estado, el entorno sociocultural del individuo, los índices demográficos y los sistemas de control, justicia y rehabilitación social.

El deterioro social está vinculado a los ciclos económicos de un país donde la criminalidad aumenta de forma drástica según se profundizan los síntomas de la crisis. A su vez, una población más violenta genera un clima imprevisible y de inestabilidad, que afecta tanto la inversión como la producción en el país.

En tales contextos, un factor esencial que impulsa a delinquir es la incapacidad de cubrir necesidades básicas como la alimentación. Entonces se habla de la inseguridad alimentaria y su naturaleza «criminogénica», término que distingue un sistema, situación o lugar que potencia o causa una actitud delictiva o criminal.

Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la inseguridad alimentaria puede conducir a un aumento de disturbios, inestabilidad social, conflictos civiles; mientras que al interior del hogar puede generar angustia sociológica, psicológica y económica. El informe del PMA concluye que la inseguridad alimentaria es «tanto una causa como una consecuencia de la violencia».

La causalidad entre la inseguridad alimentaria y la violencia en una sociedad puede tener varias expresiones no siempre evidentes. El sacrificio ilegal de animales, la sustracción de bienes al Estado y su contrabando, e incluso la violencia intrafamiliar contra la mujer, son manifestaciones relacionadas con la pérdida de poder adquisitivo, la falta de acceso a alimentos y secuelas asociadas como el estrés, la incertidumbre y la depresión.

Inseguridad alimentaria y delitos en la agricultura

En Cuba, la naturaleza criminogénica de la inseguridad alimentaria se expresa en delitos vinculados a la sustracción de alimentos, el hurto y el sacrificio de ganado mayor, o los robos en empresas estatales y fincas privadas. En noviembre de 2022 policías locales confiscaron en Ciego de Ávila 66 139 libras de plátano fruta robadas de la granja estatal «La Cuba», y que serían vendidas en el mercado negro. En esta provincia sucedieron las incautaciones que sumaron más de 131 170 libras de plátanos de diferente tipo. Un productor de la zona declaró al respecto: «Los plátanos están raquíticos y el robo de racimos empeora la cosa. Vienen los bandoleros en carretones y te comen a pedrá limpia».

En Sancti Spíritus desde 2017 se han perdido más de 24 mil caballos por robos y sacrificios ilegales. La cifra es todavía más alarmante si se considera que la provincia cerró 2022 con una masa equina de poco más de 76 mil animales, según revela el periódico Escambray.

En esta zona durante el pasado año murieron más de 5 mil animales de uso agrícola víctimas de la delincuencia, mientras que, entre 2017 y 2021, la cifra fue de 19 119.

La situación también fue lamentable para los dueños de reses en el territorio espirituano donde, hasta septiembre de 2022, fueron 1 249 las vacas sacrificadas, un número que aumentó en 26 veces el sacrificio ilegal respecto al año precedente.

Según un reporte del Noticiero de Televisión en noviembre de 2022, el 50 % de los directivos de la Empresa de Aceites y Grasas de La Habana y 49 de sus trabajadores fueron removidos de sus puestos en medio de una campaña contra el robo y la corrupción en las industrias alimentarias en el municipio Regla.

En el mismo mes se detectaron diferentes ventas ilegales de combos de alimentos previamente sustraídos de almacenes estatales, que contenían paquetes de detergentes, pollo, salchichas, tubos de picadillos, gelatinas, cartones de huevo y refrescos, entre otros productos.

Un mes después, en el municipio habanero Diez de Octubre, supuestamente un bodeguero robaba los mandados de los consumidores de su zona para venderlos y costear así su salida del país.

Inseguridad alimentaria y violencia de género

La inseguridad alimentaria repercute también en problemáticas menos evidentes o visibles como la violencia intrafamiliar. El desabastecimiento, los ingresos insuficientes y el aumento vertiginoso del costo de la vida crean estrés en los hogares, siendo las mujeres el eslabón más vulnerable, por la carga social de ser responsables de conseguir, elaborar y repartir el alimento.

En los casos más críticos, cuando aumentan los niveles de inseguridad y la gente lucha por poner comida en la mesa, también aumenta el riesgo de violencia de género, que puede llegar al feminicidio como forma extrema de la violencia doméstica.

Según estudios, los hombres residentes en hogares que experimentan inseguridad alimentaria tienen el doble de probabilidades de perpetuar violencia en contra de su pareja en comparación con aquellos que tienen un suministro de alimentos más estable.

En específico, factores como la pobreza, definida como «una condición económica y social a nivel del hogar, de acceso limitado o incierto a una alimentación adecuada», aumentan el riesgo de violencia doméstica, seguidos por el consumo de alcohol y un estado mental deficiente debido a la depresión y la ansiedad.

En estudios realizados por Food Monitor Program (FMP) sobresalen las féminas en un 60.73 % como las encargadas de realizar largas horas de cola, negociar en el mercado negro o concertar trueques de alimentos. Son ellas los miembros del hogar que más fácilmente dejan de percibir ingresos para dedicarse a conseguir alimentos durante un día laboral; a su vez, están más expuestas a estafas, robos y multas, o sea, a la violencia criminal.

En momentos de emergencia esa vulnerabilidad tiende a acrecentarse. Durante los «apagones» por los fallos de las centrales termoeléctricas y el paso del huracán Ian en septiembre de 2022, la mayor parte de los manifestantes en los cortes de calle y cacerolazos fueron mujeres, madres que vieron sus provisiones de alimentos perdidas y que estaban bajo la presión de alimentar a sus familias.

Una residente en Pinar del Rio comentó que tuvo que desechar alimentos fermentados o putrefactos por falta de refrigeración. En las actuales circunstancias de altos precios, escasez de productos y el empleo de tiempo y esfuerzo para proveerse de estos, la situación resulta una tragedia.

Durante la pandemia y cuando la restricción de movimiento aún estaba en rigor en la isla, asegurar algo que comer se ubicaba en el intermedio entre la necesidad y la ilegalidad, lo que expuso a las mujeres cubanas a una mayor condición de vulnerabilidad.

Durante las medidas de cuarentena a finales de 2021, una abuela habanera comentó a FMP que su vida era un calvario. «Para comprar algo más económico tengo que salir a las cuatro y media de la mañana, quizá antes, y jugar un poco a los escondidos con los policías porque no se puede salir antes de las cinco de la mañana debido a las reglas sanitarias; pero si sales a las cinco ya no alcanzas casi nada (…). En fin, te pasas la semana de cola en cola, apenas resuelves y terminas con la bolsa negra. En mi caso, he sido multada dos veces con 2 000 pesos cada vez por llegar a las colas antes de las cinco de la mañana».

Al interior de la dinámica familiar, las formas específicas en las que se cruzan la inseguridad alimentaria y la experiencia del hambre de las mujeres pueden identificarse de maneras sutiles. Una madre capitalina relató que siempre prioriza al niño, quien en ocasiones le pregunta: «mamá, ¿y tú?».

Para que su hijo no se sienta mal ella le dice que la leche le cae mal, que no puede tomarla porque le da dolor de barriga o que ella tomó mientras él se bañaba. «Le miento para que no me rechace los alimentos porque tiene muy buenos sentimientos y él dice que si yo no como él tampoco. Pero hemos tenido días de comer arroz y frijoles solamente para dejarle la proteína».

Dieciocho feminicidios han ocurrido en Cuba en 2023 y aunque sus causas no registran directamente obstáculos en la garantía de alimentos dignos, estos sí son factores correlativos a las realidades de las mujeres cubanas.

Según la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG), las dificultades para conseguir alimentos están entre los tres primeros problemas que enfrentan las mujeres, junto a la escasez de vivienda y los bajos ingresos económicos.

En especial condición de vulnerabilidad se encuentran las cubanas residentes en zonas rurales, expuestas a mayor grado de machismo y desprotección por falta de vínculo laboral y social, ya que dentro de su ámbito muchas veces se espera que estas permanezcan en casa «atendiendo» a sus familias.

Un fenómeno social que también es representativo de la precariedad económica en el país es la inusitada tasa de abandono de bebés recién nacidos y de desatención de infantes con síntomas de desnutrición, expuesta en las redes sociales.

Inseguridad alimentaria y resistencia cotidiana

La realidad cubana está cifrada por la supervivencia: «buscarse la vida», «la lucha», el «vive y deja vivir», el «invento, luego resisto». Una resistencia cotidiana afanada en cubrir, por otros medios, lo que el sistema salarial y las subvenciones estatales no son capaces de garantizar.

Gran parte de los entrevistados en FMP alegan destinar tres veces su salario oficial a la adquisición de alimentos. En muchas ocasiones, la diferencia está cubierta por remesas familiares y en otras por actividades ilegales que ayudan a «solventar» la economía familiar. En un estudio en el que participaron 2 223 personas en 12 provincias del país, el 52 % admitió acudir al mercado negro para completar los alimentos que no encuentran en las redes estatales.

A la pregunta de quién está garantizando el derecho a la alimentación en el país, la mayoría aseguró que es la familia, con sus propios recursos.

Una entrevistada expuso que el Estado no garantiza nada, ni siquiera para los niños. «El resto [fuera de la canasta básica] lo tenemos que garantizar la familia como se pueda, y por más esfuerzo que se haga no es suficiente».

Otra entrevistada residente en Santiago de Cuba aseguró que «vivimos mayormente del mercado informal, si las personas que tienen acceso roban, entonces encuentras. Si no pueden hacerlo, pues no hay. Las tiendas en MLC, las bodegas, carnicerías, agros no tienen un surtido equilibrado ni estable. La familia manda dinero, pero si no hay, no hay».

Gran parte de la población ha aceptado y normalizado la dependencia parcial a transacciones ilegales. A sabiendas de que muchas veces las mercancías se roban al Estado, justifican sus acciones con frases como «ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón».

Las acciones semiilegales e ilegales en este sentido definen el día a día a la hora de asegurar alimentos mediante el mercado negro, la reventa, el «acaparamiento», entre otras figuras que el Estado, por su parte, criminaliza sin ajustarse a una realidad completamente dilatada por estas acciones cotidianas.

Los delitos motivados por la inseguridad alimentaria son tipificados en exceso, lo cual contribuye a la naturaleza de la pobreza a generar violencia; ya que este tipo de criminalizaciones perpetúa el ciclo de vulnerabilidad de familias de menor acceso.

Esto llega a ser especialmente preocupante para minorías vulnerables. Por ejemplo, evaluaciones de FMP como el Mapa de Hambre en Cuba arrojaron una sobrerrepresentación de personas negras y afrodescendientes en los grupos de menor acceso a alimentos, no receptores de remesas y de menor pertenencia a emprendimientos privados.

Penalización arbitraria y extensión del ciclo de violencia

En Cuba, el dilatado control del Estado sobre la producción y la resistencia diaria de los cubanos para sobrevivir genera un régimen de libertades frágiles y condicionadas, en un ámbito de subalternidad y exposición a leyes que muchas veces estigmatizan y propician mayor corrupción.

De esta manera, el «acaparamiento» y la «reventa» de alimentos es en ocasiones una reacción a la escasez y a la miseria. La llamada «recepción ilegal de mercancía» es casi siempre la única manera para adquirir productos básicos inexistentes en las redes estatales.

La penalización descontextualizada —y a veces de aplicación selectiva— no solamente muestra una normativa arbitraria, sino que asegura la extensión del ciclo de la criminalidad.

El desempeño gubernamental —con mediaciones y regulaciones percibidas como ambiguas, desventajosas o restrictivas— es esencial a la hora de evaluar el surgimiento y reproducción de actividades marginales, opacas e informales.

Si el peso de la ley o de la acción policial recaen con mayor fuerza en formas de sobrevivencia, se demuestra una administración de doble estándar, enfocada únicamente en medidas «cosméticas», que termina ubicando a grupos sociales más desventajados en un espacio de subordinación fronteriza y ambigua. No pareciera haber una voluntad real de coactar desde el origen estos flagelos; por ejemplo, abordar con eficacia la insuficiente producción y suministros de materias primas, el excesivo control sobre la economía, la creciente desigualdad social.

Según el International Handbook on Informal Governance, el acceso condicionado a los alimentos y las circunstancias que perpetúan la incertidumbre y la espera pueden leerse como prácticas de dominación recurrente.

Ello tiene consecuencias significativas en los grupos vulnerables cuando la tendencia estatal de erradicar las actividades informales se ve acentuada por períodos de reacomodo, y de nuevas medidas, como ha sido el caso de la tenencia de dólares, por ejemplo.

Es indudable que la mentalidad, el lenguaje y los hábitos de la sociedad cubana se han transformado y precarizado en los últimos años debido a las crisis económicas que sufre el país.

Añadir el reconocimiento de una inestabilidad a niveles desproporcionados, que limita aún más el libre desenvolvimiento de la sociedad, puede ser un golpe de gracia a los que nos preguntamos sobre la trayectoria futura de la nación.

Urge abordar la realidad cubana en todos sus matices, para ahorrar estigmas y controles desmedidos, para poder alcanzar un enfoque eficiente que neutralice la creciente criminalidad y que asegure un acceso digno a los alimentos.

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