El régimen cubano reconoció —en un informe rendido ante el Comité de los Derechos del Niño en diciembre de 2022— que había juzgado a 39 «jóvenes» de entre 16 y 18 años que se habían manifestado el 11 y 12 de julio de 2021 (11J).
La calificación «jóvenes» para ese grupo de manifestantes respondía a las críticas de activistas cubanos y de la prensa independiente que destacaban el procesamiento y encarcelamiento de decenas de menores de edad tras las protestas.
En respuesta a las críticas, la propaganda cubana afirmó que en Cuba «ningún menor había ido a la cárcel». Para justificarlo, recurrieron a un juego retórico entre la mayoría de edad y la edad en la que se adquiere responsabilidad penal en Cuba, que es a los 16 años.
Las autoridades cubanas publicaron —a cuatro años del 11J y a dos años de haber defendido que las personas entre 16 y 18 años son jóvenes que pueden ser privados de libertad— el anteproyecto de código de la niñez, la adolescencia y las juventudes, en el cual desdicen lo que habían afirmado.
El anteproyecto define a «las niñas, los niños y los adolescentes» según varios rangos de edad. Clasifica la «primera infancia» desde el nacimiento hasta los 6 años; la «niñez» desde los 6 hasta los 12 años; y la «adolescencia» desde los 12 hasta los 18 años. El anteproyecto, además, introduce una presunción que establece que, en caso de duda sobre si una persona es menor de 18 años, se deberá asumir que lo es, siempre que beneficie sus derechos. Reconoce la «juventud» como la etapa comprendida entre los 18 y los 30 años.
El texto registra que el «sistema de justicia penal juvenil es un sistema especializado distinto al de las personas adultas». Entre las condiciones mínimas que dispone para diferenciar el sistema de justicia juvenil del sistema penal común se encuentran la intervención de jueces especializados, la prioridad de las medidas restaurativas sobre las privativas de libertad y el cumplimiento de las sanciones en centros destinados a personas menores de 18 años.
Sin embargo, muchos de los «adolescentes» juzgados después del 11J no recibieron penas restaurativas ni fueron juzgados por jueces especializados. En muchos casos, fueron procesados en juicios colectivos junto con adultos y sancionados con penas que llegaron a los diez años de prisión.
Ahora, el anteproyecto destaca la necesidad de implementar un sistema de justicia penal juvenil, en reconocimiento de la importancia de algo que durante mucho tiempo fue ignorado. Para llevar a cabo la implementación, el documento establece que se pueden aplicar medidas extrajudiciales preferentes que permitirían desviar el caso fuera del proceso penal, incluso si el adolescente ha alcanzado la edad de responsabilidad penal.
Los redactores del borrador reconocen que este enfoque ayudaría a evitar la estigmatización y la creación de antecedentes penales. Entre las medidas alternativas se incluyen el trabajo comunitario, la supervisión y orientación por parte de funcionarios designados, las conversaciones familiares, la reparación a las víctimas y otras formas de justicia restaurativa.
El anteproyecto subraya que los adolescentes deben ser sancionados dentro de un proceso judicial penal que garantice un trato y juicio justos; y en el que las medidas privativas de libertad sean consideradas el último recurso y se apliquen por el menor tiempo posible.
La actualización legislativa en Cuba en materia de derechos para las niñas, los niños y los adolescentes y las interpretaciones que de ahí deriven en el ámbito penal se inscriben en un contexto de aumento de la violencia y la delincuencia infantojuvenil. Así lo reconoció José Manuel González Rubines, autor del Informe de Inseguridad Pública 2024 del think tank Cuba Siglo XXI.
En conversación con elTOQUE, el también máster en Democracia y Buen Gobierno explicó que con mayor frecuencia los adolescentes participan o cometen delitos de sangre, incluidos feminicidios. También mencionó otros delitos como asalto y robo con violencia. González Rubines refirió que los adolescentes y jóvenes representan un grupo vulnerable no solo como comisores de delitos, sino también como víctimas.
Cinco años atrás (2020), una publicación del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) alertó sobre la implicación de niños y jóvenes en actividades delictivas. Si bien la institución no brinda datos precisos sobre el fenómeno —como tampoco lo hacen las autoridades cubanas— insistió en la creciente incidencia de delitos cometidos por menores de edad y jóvenes de hasta 20 años.
En 2024, el Gobierno informó que pandillas juveniles operaban en Santiago de Cuba. Funcionarios del Ministerio del Interior, en un encuentro con residentes del reparto Abel Santamaría, conocido como «El Sala’o», confirmaron la presencia de grupos de jóvenes armados con cuchillos que intimidan a los ciudadanos para asaltarlos.
En un video difundido en redes sociales, los agentes señalaron que estos grupos buscan «sembrar el terror». También mencionaron el caso de David Enrique Perdomo Álvarez, un liniero que sufrió la amputación de su mano derecha tras ser atacado por una de estas bandas.
Ante la falta de datos oficiales a nivel macro, algunas investigaciones arrojan luz sobre el comportamiento del fenómeno en ciertos territorios. Por ejemplo, un estudio realizado en la Universidad de La Habana en 2024 sobre la motivación para delinquir en jóvenes de entre 16 y 20 años en el municipio Marianao, reveló los principales delitos por los que fueron procesados los adolescentes y jóvenes en ese territorio. Los hechos más recurrentes son robo con fuerza en las cosas, portación y tenencia de arma blanca, lesiones, robo con violencia o intimidación en las personas, tráfico de drogas y asociación para delinquir.
El estudio determinó que, antes de alcanzar los 16 años, los adolescentes suelen cometer delitos como hurto, lesiones, amenazas y robo con fuerza en las cosas. Concluyó también que las estrategias actuales de prevención, vigilancia e intervención son ineficaces debido a una gestión deficiente por parte de las autoridades y las instituciones de la comunidad.
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