La reciente noticia sobre la compra de más de 300 drones militares de origen ruso e iraní colocó nuevamente en el debate público las capacidades militares de Cuba. Según fuentes de inteligencia citadas por Axios, los equipos se adquirieron desde 2023 y el régimen valora su posible empleo contra objetivos militares estadounidenses como la Base Naval de Guantánamo o instalaciones ubicadas en Cayo Hueso, Florida. Las autoridades cubanas no han negado la posesión de los drones.
Bruno Rodríguez Parrilla y Miguel Díaz-Canel Bermúdez alegaron el derecho a la legítima defensa y que Cuba no constituye una amenaza para ningún país. La ambigüedad, en este caso, no es una mera trivialidad porque el debate se desplaza desde el ámbito factual (la posesión de los drones) hacia el normativo (el derecho a la legítima defensa). En términos estratégicos, equivale a aceptar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) poseen tales armas.
Lo anterior engrana con la doctrina militar cubana, la cual pretende disuadir una operación mediante la asimetría: dispersión de sus limitadas capacidades y ataque con medios lo más barato posible. Así, los drones sirven para ataques de saturación. El interés de las FAR por ellos es previo a 2023 y se enmarca en la colaboración con varios países además de Irán y Rusia. Argelia, Bielorrusia, Venezuela y Vietnam los desarrollan para equipar a sus ejércitos y para la exportación. También hay indicios de que la industria militar cubana fabrica drones.
Antecedentes y posibles proveedores
En 2012, se conoció que Bielorrusia pretendió establecer una fábrica en Cuba para ensamblar drones. Según declaraciones de Yevgeny Vaitsekhovich, en ese momento director general de la empresa estatal Minsk Aircraft Overhaul Plant, cooperaba con sus contrapartes cubanas para el ensamblaje conjunto de drones Sterkh-BM. Su peso es de 65 kg y su alcance máximo de 240 km, pero se desconoce si lo poseen las FAR.
Dron bielorruso Sterkh-BM.
La colaboración militar cubano-bielorrusa se ha consolidado recientemente. Incluso, en una visita del general de Cuerpo de Ejército y ministro de las FAR, Álvaro López Miera, a Bielorrusia en 2024 acudió a una instalación militar donde inspeccionó varios tipos de drones. Bielorrusia utiliza los drones Irkut, Orlan y Supercam, de fabricación rusa; y Formula, VR-12, Moskit y Busel, entre otros, desarrollados por su industria militar.
Álvaro López Miera (centro) / Ministerio de Defensa de Bielorrusia.
Argelia también fabrica sus drones en el Centro de Investigación en Tecnologías Industriales (CRTI), el cual desarrolló al menos cinco tipos de la serie Amel hasta 2021. En 2024, el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, visitó Argelia para estrechar la colaboración militar. Hasta hoy, no se ha confirmado que Cuba cuente con drones argelinos.
Dron argelino AMEL-700.
Otro de los principales socios militares de las FAR es Vietnam. En diciembre de 2024, se conoció que la cooperación militar abarca el perfeccionamiento y modernización de la técnica y el armamento y las especialidades de lucha radioelectrónica, defensa antiaérea, fuerza aérea, comunicaciones y tropas especiales, entre otras. En la planta Z131 se fabrican los drones de ataque BXL.01 y QXL.01, aunque no son los únicos.
El UAV BXL.01 es un dron suicida que transporta proyectiles de carga hueca y está especializado en la destrucción de tanques, vehículos blindados, artillería autopropulsada, etc. Foto: PV
Finalmente, Venezuela dispone de drones iraníes y se conoce lo estrecho de la colaboración militar con Cuba antes de la captura de Maduro. En un desfile militar efectuado en 2022, apareció por primera vez el Mohajer-2. Este también se fabrica en territorio venezolano como Antonio José de Sucre-100 (ANSU-100).
Un dron iraní Mohajer-2 parcialmente ensamblado en una base aérea venezolana / Departamento del Tesoro de EE. UU.
¿Qué drones rusos e iraníes podrían tener las FAR?
No se dispone de evidencia pública sobre los drones rusos o iraníes de las FAR, pero se puede suponer cuáles son, según los datos publicados por Axios sobre su alcance y los modelos más empleados contra Ucrania. Entre estos, sobresalen los iraníes Shahed-136, Arash-2 y Mohajer-6, así como el ruso Geran-2. Los precios de este último y de los dos primeros fabricados en Irán se estiman entre los 10 000 y 80 000 USD, según la fuente consultada. Por su parte, el Mohajer-6 es más costoso, pero no existe un precio unitario publicado oficialmente. Las estimaciones de fuentes abiertas sugieren que cuesta unos pocos millones de dólares, según los sensores y el armamento instalados.
Drone iraní Shahed-136. / Wikipedia.
El Shahed-136 alcanza objetivos entre los 2 000 y 2 500 kilómetros. Puede transportar una ojiva que pesa entre 40 y 50 kilogramos y su velocidad de crucero abarca un rango de entre 180 y 185 km/h. Ello lo convierte en un sistema lento, pero eficaz para ataques a larga distancia. Mientras, su variante rusa, conocida como Geran-2, viaja hasta 2 000 kilómetros y sus capacidades son similares a la versión iraní.
El dron ruso Geran-2 fue encontrado en la región de Vinnytsia, en Ucrania, en marzo de 2024. / Wikipedia.
El Mohajer-6 combina capacidades de vigilancia y ataque de precisión. Puede portar hasta cuatro municiones guiadas de alta precisión para atacar objetivos fijos o móviles y sus sensores electro-ópticos e infrarrojos le permiten detectar, identificar y seguir blancos en tiempo real. Su autonomía le otorga una notable persistencia operativa y su carga útil flexible permite integrar tanto armamento como equipos de inteligencia o guerra electrónica.
Drone iraní Mohajer-6 / Wikipedia.
Por último, el Arash-2 alcanza objetivos ubicados a 2 000 kilómetros. Su velocidad máxima varía entre los 180 y 480 km/h, según la versión, y puede mantenerse en vuelo hasta por 30 horas en ciertas configuraciones. Ello le permite ejecutar ataques sin desplegarse desde bases cercanas al objetivo.
Drone iraní Arash-2 / Wikipedia.
La evidencia conocida
Independientemente de las especulaciones sobre posibles modelos y proveedores, se ha confirmado que las FAR disponen de drones. La mayoría de los vistos son modelos comerciales de origen chino adaptados a funciones de vigilancia y exploración. Además, las instituciones docentes de las FAR incorporaron la especialidad Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) en sus planes de estudio.
Algunos de los drones de exploración y vigilancia usados en Cuba / Ejército Central.
A lo anterior se suma el ensamblaje de drones en Cuba. Durante el Ejercicio Meteoro 2025, Díaz-Canel visitó la Empresa Militar Industrial (EMI) «Yuri Gagarin» donde le mostraron un dron para extinguir incendios. Un modelo similar aparece en un video del programa FARVISIÓN lanzando pequeñas granadas de mortero. Ello significa que las FAR pueden ensamblar, modificar y mantener drones.
Dron fabricado en la EMI «Yuri Gagarin» / Estudios Revolución.
Contar con diversos tipos de drones permite realizar ataques de saturación y es parte de una estrategia de disuasión de las FAR. Lo primero, requiere la integración de sistemas, coordinación compleja, entrenamiento especializado y capacidad de mando y control. Lo segundo, no confirmar, pero tampoco negar la tenencia de (al menos) 300 drones de ataque, mientras se apela a la legítima defensa, se basa en no reconocer la amenaza para Estados Unidos, pero tampoco la descarta.
Pretextos falaces
En la dimensión especifica de lo técnico-militar, los sistemas defensivos —misiles antitanques, antiaéreos y antimisiles, radares de alerta temprana, búnkeres, sistemas de contramedidas electrónicas, equipos de protección individual— tienen como propósito primario proteger a las tropas, infraestructura y población de agresiones externas. Un dron armado no pertenece a esta categoría en ninguna de sus variantes operativas documentadas. Su función es proyectar fuego sobre objetivos a distancia. Por definición, es un arma ofensiva o de interdicción.
La distinción no es semántica. Se trata de sistemas diseñados para destruir objetivos, no para proteger tropas o población civil. Presentar drones armados como «medios defensivos» supone una confusión conceptual sobre los principios básicos de la doctrina militar o una deliberada distorsión del lenguaje para consumo político interno. El hecho de que un Estado más débil los utilice no cambia su naturaleza táctica: el que ataca con drones desde posición de inferioridad no ejerce la defensa, sino el ataque.
El argumento temporal también desmiente la propaganda de La Habana. La adquisición de sistemas de armas implica fases que se suceden durante años: identificación de requerimiento operativo, selección de proveedor, negociación contractual, transferencia de tecnología, adiestramiento de pilotos y operadores, integración en la cadena de mando y adaptación de la doctrina de empleo. Si las FAR disponen de drones armados en alguna fase de operatividad, ese proceso comenzó varios años antes de las medidas de la Administración Trump. De ahí que presentarlos como respuesta a presiones recientes es cronológicamente insostenible. La secuencia causal que el Gobierno cubano sugiere —amenaza estadounidense que deriva en adquisición defensiva— invierte el orden real de los hechos. Lo que existe es un programa de armamento que antecede a la amenaza invocada para legitimarlo, lo que revela que la amenaza es el pretexto, no la causa.
El argumento contextual pone al descubierto la mayor contradicción de la narrativa que La Habana repite en foros internacionales y ante su población: Cuba no representa amenaza para sus vecinos regionales, que su política exterior está orientada a la paz y la cooperación sur-sur, y que el gasto público se orienta al bienestar social en condiciones de severa escasez de recursos. La existencia de un programa de drones armados contradice las tres premisas de manera simultánea y expresa que el verdadero destinatario de esa capacidad no es una amenaza exterior, sino el control interno del territorio y, eventualmente, la proyección de fuerza en escenarios regionales de inestabilidad donde Cuba mantiene presencia.
El contraste taiwanés: transparencia, proporcionalidad y legitimidad
El caso de Taiwán ilustra cómo se construye una defensa creíble y legítima, sin amenazas a los vecinos y sin sacrificar a su población. Taiwán es una democracia próspera con instituciones civiles robustas, libertad de prensa y rendición de cuentas públicas. Ha vivido durante décadas bajo amenaza militar china documentada, creciente y explícita: ejercicios de bloqueo naval, incursiones sistemáticas en su zona de identificación de defensa aérea y declaraciones oficiales desde Beijing que no dejan ambigüedad sobre sus intenciones.
Solo después de años de esa presión acumulada —y tras un proceso de debate público y legislativo— Taiwán anunció la adquisición del misil Barracuda-M: un arma de contragolpe de precisión diseñada específicamente para destruir activos de una fuerza invasora en el momento del cruce, no para atacar territorio continental chino. La adquisición fue anunciada con transparencia, acompañada de justificación doctrinal pública y enmarcada en una estrategia de disuasión asimétrica coherente con el Derecho internacional.
El contraste con el caso cubano es total en cuatro dimensiones: la amenaza taiwanesa es real, documentada y preexistente; el proceso de adquisición es posterior y proporcional a ella; la decisión fue pública y sometida a escrutinio; y el sistema elegido tiene una función defensiva verificable —impedir una invasión anfibia—, no ofensiva. En cambio, Cuba adquiere armas de ataque en secreto, invoca retrospectivamente una amenaza que no precede al armamento, lo hace mientras alega no ser amenaza para nadie y lo financia con recursos de una sociedad en emergencia humanitaria.
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El argumento de quienes defienden la existencia de drones como parte de la defensa legítima de Cuba construye una estructura de triple falsación. Los drones cubanos son armas de ataque, su adquisición precede a la amenaza alegada y contradicen la narrativa estatal. La comparación que adelantamos acá con otro caso de isla amenazada por un vecino poderoso, Taiwán, no es una cuestión de simetría geopolítica —son situaciones radicalmente distintas en escala y contexto—, sino de criterio. Sirve para mostrar qué aspecto tiene una defensa legítima cuando se construye con honestidad intelectual e institucional, y subraya lo que el caso cubano no tiene: amenaza preexistente —no coyuntural— verificable, proporcionalidad doctrinal, rendición de cuentas públicas y coherencia con las declaraciones de paz.
Un Estado que no amenaza a nadie no necesita proyectar fuego a distancia sobre territorios y poblaciones vecinas. Si promueve la paz no invierte escasos recursos en sistemas de interdicción no defensivos. Si prioriza la inversión social en medio de una crisis económica aguda no puede justificar ante ningún criterio de bienestar ciudadano el costo de adquirir, mantener y operar plataformas de ataque no tripuladas. Un Estado que responde a los parámetros antes mencionados lo hace porque materializa la naturaleza y agenda del grupo en el poder. En el caso cubano, de una dictadura represiva a lo interior y desestabilizadora en lo foráneo.
