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Autor
Raudiel Peña Barrios
Coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y máster en Derecho Constitucional. Ha publicado artículos sobre varias temáticas jurídicas y políticas en revistas especializadas de Ecuador, Chile, Costa Rica y Alemania.
La oportunidad para una transición negociada en Cuba será política, frágil y dependiente de costos reales para la élite autocrática. Aumentar esos costos no garantiza el cambio, pero no hacerlo garantiza la continuidad. Incluso las élites autocráticas que se creen eternas dependen, en última instancia, de que esa creencia se mantenga.
El Ministerio de Relaciones de Exteriores cubano (Minrex) aseguró que no existen «bases militares o de inteligencia extranjeras en el país». Sin embargo, algunos reportes de expertos y centros de investigación registran lo contrario.
Después del colapso soviético y de la crisis de los años noventa, en el siglo XXI las FAR han mostrado cierta recuperación de sus capacidades militares con base en dos aspectos fundamentales: la expansión y consolidación de su industria militar y la colaboración con nuevos aliados.
Durante 2024, la ANPP y el Consejo de Estado aprobaron diversas leyes y decretos leyes, respectivamente, que no expandieron la protección de los derechos humanos. Al contrario, reforzaron la capacidad del Estado para reprimir y controlar.
Mientras la alta oficialidad de las FAR controla lucrativos negocios civiles y militares, firma convenios de colaboración con sus aliados, eroga cuantiosas sumas de dinero en armas, infraestructura y equipos, la posibilidad de una invasión estadounidense es cada vez más remota.
No parece que las autoridades sean capaces de solucionar el motivo fundamental que favorece el abandono de los cargos locales del Poder Popular: la crisis estructural del régimen político.
La reforma constitucional fue más un reajuste institucional del régimen político que un proceso para proteger más y mejor los derechos humanos.
El principal problema para el aseguramiento de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto cubano es el continuo menoscabo de las garantías materiales.
Cuba, más que un Estado de derecho, es un Estado por derecho, en el que las disposiciones normativas y las instituciones se utilizan para legitimar la arbitrariedad y la discrecionalidad del régimen político.
Contar con la certificación de elector es un requisito necesario para participar políticamente; lo que no quiere decir que los mecanismos de participación política para los cuales es necesaria sean eficaces en el contexto cubano.
Si algo ha caracterizado el cronograma legislativo en Cuba son los cambios discrecionales. ¿Se cumplirá la agenda para 2023-2027? ¿Las leyes que se deben aprobar son las necesarias para la protección del ciudadano?
¿Cuáles son los mecanismos que pueden utilizar los ciudadanos para interactuar con la Asamblea Nacional del Poder Popular y cuáles son los requisitos fundamentales para emplearlos?
Las cifras oficiales sobre la participación de los ciudadanos en elecciones confirman el deterioro de la legitimidad del régimen político en Cuba.
¿Qué funciones cumple la participación política institucionalizada en un régimen político con sistema de partido único? El jurista Raudiel Peña expone cuáles son esas funciones y cómo se comportan en el caso cubano.
Una de las enseñanzas del caso de Fernando Bécquer es que la diversidad de fuentes de información forma parte de las garantías institucionales de una poliarquía. Está claro que el régimen político cubano no es poliárquico.
Autores
Raudiel Peña Barrios
Coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y máster en Derecho Constitucional. Ha publicado artículos sobre varias temáticas jurídicas y políticas en revistas especializadas de Ecuador, Chile, Costa Rica y Alemania.
La oportunidad para una transición negociada en Cuba será política, frágil y dependiente de costos reales para la élite autocrática. Aumentar esos costos no garantiza el cambio, pero no hacerlo garantiza la continuidad. Incluso las élites autocráticas que se creen eternas dependen, en última instancia, de que esa creencia se mantenga.
Durante 2024, la ANPP y el Consejo de Estado aprobaron diversas leyes y decretos leyes, respectivamente, que no expandieron la protección de los derechos humanos. Al contrario, reforzaron la capacidad del Estado para reprimir y controlar.
La reforma constitucional fue más un reajuste institucional del régimen político que un proceso para proteger más y mejor los derechos humanos.
Contar con la certificación de elector es un requisito necesario para participar políticamente; lo que no quiere decir que los mecanismos de participación política para los cuales es necesaria sean eficaces en el contexto cubano.
Las cifras oficiales sobre la participación de los ciudadanos en elecciones confirman el deterioro de la legitimidad del régimen político en Cuba.
El Ministerio de Relaciones de Exteriores cubano (Minrex) aseguró que no existen «bases militares o de inteligencia extranjeras en el país». Sin embargo, algunos reportes de expertos y centros de investigación registran lo contrario.
Mientras la alta oficialidad de las FAR controla lucrativos negocios civiles y militares, firma convenios de colaboración con sus aliados, eroga cuantiosas sumas de dinero en armas, infraestructura y equipos, la posibilidad de una invasión estadounidense es cada vez más remota.
El principal problema para el aseguramiento de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto cubano es el continuo menoscabo de las garantías materiales.
Si algo ha caracterizado el cronograma legislativo en Cuba son los cambios discrecionales. ¿Se cumplirá la agenda para 2023-2027? ¿Las leyes que se deben aprobar son las necesarias para la protección del ciudadano?
¿Qué funciones cumple la participación política institucionalizada en un régimen político con sistema de partido único? El jurista Raudiel Peña expone cuáles son esas funciones y cómo se comportan en el caso cubano.
Después del colapso soviético y de la crisis de los años noventa, en el siglo XXI las FAR han mostrado cierta recuperación de sus capacidades militares con base en dos aspectos fundamentales: la expansión y consolidación de su industria militar y la colaboración con nuevos aliados.
No parece que las autoridades sean capaces de solucionar el motivo fundamental que favorece el abandono de los cargos locales del Poder Popular: la crisis estructural del régimen político.
Cuba, más que un Estado de derecho, es un Estado por derecho, en el que las disposiciones normativas y las instituciones se utilizan para legitimar la arbitrariedad y la discrecionalidad del régimen político.
¿Cuáles son los mecanismos que pueden utilizar los ciudadanos para interactuar con la Asamblea Nacional del Poder Popular y cuáles son los requisitos fundamentales para emplearlos?
Una de las enseñanzas del caso de Fernando Bécquer es que la diversidad de fuentes de información forma parte de las garantías institucionales de una poliarquía. Está claro que el régimen político cubano no es poliárquico.
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