La página web de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) publicó el 9 de junio de 2026 el borrador de una ley que reestructura la burocracia del régimen con el objetivo de «lograr mayor eficacia en la función administrativa». La propuesta ha sido recibida por algunos como una señal de racionalización institucional: Cuba tendrá menos ministerios y organismos nacionales, por tanto, tendrá menos burocracia.
Sin embargo, una lectura detallada del proyecto obliga a moderar las expectativas. La cuestión fundamental no es cuántos ministerios desaparecen, sino qué funciones deja de ejercer el Estado. En ese aspecto, los cambios son mucho más limitados de lo que podría sugerir la nueva arquitectura institucional propuesta en el anteproyecto de la «Ley de Organización de la Administración Central del Estado».
Menos fragmentación, más centralización
No es la primera ley de su tipo en Cuba. El país tuvo una normativa similar en 1976 y otra en 1983. Lo novedoso es que se trata de la primera sustitución integral del marco vigente desde hace más de 40 años.
La principal transformación que aporta el proyecto es organizativa: reduce el número de organismos mediante fusiones que crean entidades de mayor tamaño y alcance.
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología absorberá las funciones del actual Citma relacionadas con ciencia e innovación. El Ministerio de Industrias y la Construcción reunirá dos sectores anteriormente independientes. El Ministerio de Deportes y Recreación sustituirá al Inder como organismo rector. El Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda incorpora competencias que antes se encontraban dispersas entre otras entidades, como dirigir y controlar la política ambiental del Estado, el ordenamiento territorial y la gestión urbanística y de vivienda.
La filosofía parece ser la siguiente: reducir la fragmentación institucional para facilitar la coordinación y disminuir solapamientos administrativos. Pero la concentración institucional no necesariamente equivale a una disminución del aparato estatal.
En muchos casos puede producir exactamente lo contrario: organismos más grandes, con competencias más amplias y mayor capacidad de intervención.
Quizá el cambio más significativo del proyecto no sea la desaparición de ministerios, sino el potencial fortalecimiento de la capacidad coordinadora del nivel central del Gobierno.
La norma otorga al primer ministro, cargo ocupado por Manuel Marrero, facultades particularmente amplias para coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los organismos de la Administración Central del Estado.
Incluso prevé la posibilidad de asumir temporalmente la dirección de determinados organismos cuando las circunstancias lo requieran.
La reorganización parece responder a una lógica de mando más integrada y vertical, coherente con el modelo institucional surgido tras la Constitución de 2019.
En ese sentido, la reforma no apunta hacia una descentralización efectiva del poder administrativo. Las delegaciones territoriales continúan subordinadas a los organismos nacionales y no se observan transferencias sustanciales de competencias hacia provincias o municipios.
Una reforma administrativa, no una reforma del Estado
El proyecto reorganiza la Administración Central del Estado que, tras aprobarse la ley durante las próximas sesiones de la ANPP, estaría integrada por 20 ministerios, siete menos que en la estructura actual.
A primera vista, la reducción parece significativa. Sin embargo, la inmensa mayoría de las competencias que ya tiene la burocracia permanecerán dentro de la esfera estatal, aunque distribuidas de manera diferente.
El nuevo Ministerio de Agroalimentación ilustra esta lógica. En lugar de reducir la intervención estatal en la producción o comercialización de alimentos, concentrará bajo una autoridad competencias que antes estaban repartidas entre instituciones de agricultura, industria alimentaria, pesca y otros sectores vinculados.
Algo similar ocurre con el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, que mantiene amplias facultades regulatorias sobre la actividad comercial y el comercio exterior.
Mientras que, con el nuevo superministerio de Economía, Finanzas y Planificación, lejos de reducir atribuciones, se le asigna competencias sobre planificación económica, presupuesto, tributos, precios, patrimonio estatal, crédito público, seguros y desarrollo territorial. También conserva facultades para dirigir y controlar la formación de precios y tarifas.
Otras de las fusiones propuestas también plantean interrogantes legítimas. La integración de la política científica dentro del Ministerio de Educación Superior puede favorecer la articulación entre universidades e investigación. Sin embargo, también corre el riesgo de reducir la autonomía de la política científica nacional al incorporarla dentro de una estructura cuyo objetivo principal sigue siendo la gestión educativa.
Durante décadas el actual Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) funcionó como un organismo transversal capaz de coordinar cuestiones científicas, tecnológicas y ambientales a escala nacional. Esa capacidad deberá reconstruirse dentro de un diseño institucional diferente.
Algo parecido ocurre con la vivienda. La creación de un Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda responde a una visión integradora del desarrollo territorial. No obstante, la gravedad de la crisis habitacional cubana lleva a preguntarse si la vivienda ganará prioridad política dentro de una estructura más amplia o si, por el contrario, quedará diluida entre múltiples responsabilidades.
El nuevo Ministerio de Información y Comunicación Social tendrá como misión dirigir y controlar la política estatal en materia de comunicación social, gestionar el sistema nacional de comunicación y supervisar procesos relacionados con medios, publicidad y patrocinio.
La nueva estructura propuesta ha sido criticada por expertos como el economista Pedro Monreal, quien opinó en sus redes sociales que él no cree necesaria una cartera sobre «información y comunicación social», y que faltan en el diseño otros ministerios que se ocupen específicamente de problemas acuciantes del país: el comercio interior y la construcción de viviendas.
El especialista también afirmó: «[el] comercio es una de las actividades más complejas para regular y normar. (…) El tema de la vivienda ni pinta ni da color en el nuevo ministerio de “Medio ambiente, Hábitat y Vivienda”. La vivienda en Cuba tiene menos que ver con el hábitat que con el proceso inversionista. Era más racional un ministerio de construcción y vivienda».
La reorganización modifica la arquitectura administrativa, pero no altera significativamente la filosofía de gestión que coloca al Estado como actor central en la regulación y conducción de amplios ámbitos de la vida económica y social.
Una reforma orientada a reducir la presencia estatal implicaría transferir actividades al sector privado, eliminar controles administrativos o restringir áreas de intervención gubernamental. Nada de eso aparece claramente en el proyecto.
Lo que la reforma no aborda
La reorganización parte de un diagnóstico implícito: la excesiva dispersión institucional constituye uno de los principales problemas del aparato estatal. Es posible que exista algo de verdad en esa premisa, pero los principales obstáculos para el desempeño económico del país parecen estar asociados a cuestiones más profundas.
Reducir ministerios puede simplificar procedimientos, pero no modifica necesariamente los incentivos que condicionan el mal funcionamiento de la economía cubana.
La baja autonomía empresarial, la centralización de decisiones económicas, las limitaciones del sector privado, la persistencia de mecanismos administrativos de asignación de recursos y las debilidades de los gobiernos locales son problemas que permanecen prácticamente intactos tras la reorganización.
El economista Fidel Vascos González ha señalado que uno de los problemas estructurales del modelo cubano radica precisamente en que los ministerios continúan interviniendo directamente en la gestión empresarial, mientras la planificación centralizada sigue siendo el mecanismo predominante de asignación de recursos. Según su análisis, publicado a inicios de mayo de 2026, el Estado debería concentrarse en regular la economía mediante normas e instituciones, y no administrar directamente la actividad económica a través de organismos ministeriales.
La reorganización propuesta no parece orientarse en esa dirección. El proyecto conserva amplias facultades de dirección, control y regulación estatal sobre los sectores productivos, financieros y comerciales.
Nueva lista de ministerios de Cuba propuesta en la Ley de Organización de la Administración Central del Estado:
- Ministerio de Agroalimentación
- Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera;
- Ministerio de Cultura;
- Ministerio de Deportes y Recreación;
- Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación;
- Ministerio de Educación;
- Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología;
- Ministerio de Energía y Minas;
- Ministerio de Industrias y la Construcción;
- Ministerio de Información y Comunicación Social;
- Ministerio de Comunicaciones
- Ministerio de Justicia;
- Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda;
- Ministerio de Relaciones Exteriores;
- Ministerio de Salud Pública;
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
- Ministerio de Turismo;
- Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias;
- Ministerio del Interior
- Ministerio del Transporte.
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