Siempre recuerdo a Juanito. Guajiro esbelto, rudo y de pocas palabras. Lo conocí en mis tiempos de defensoría de oficio. Su situación fue de las más comunes por aquellos y por estos tiempos: se vio envuelto en el sacrificio de una de las vacas que tenía en la finca de su propiedad.

Cuando lo vi por primera vez llevaba cuatro meses preso. Con mucha tranquilidad y entereza, me dijo que no me preocupara. Solo me pidió que hiciera lo que estuviera a mi alcance para mejorar su situación. En ese primer encuentro también me hizo saber que lo que teóricamente había hecho, lo repetiría gustosamente, pues era de la estirpe de los Iznaga y “nadie podía decirle qué hacer con lo suyo”.

Cuando estudié la causa de Juanito con detenimiento, no encontré nada que lo vinculara con el sacrificio. No ocuparon carnes en su casa, no había ningún comprador que lo indicara como vendedor, solo el cadáver inerte de una de sus dieciséis vacas en uno de los potreros de “La Esmeralda” y sus propias declaraciones, lo ligaban al delito. No obstante, su confesión y el hecho de que en su zona habían ocurrido en los meses anteriores varios sucesos del mismo tipo, fueron suficientes para que las autoridades consideraran a Juanito responsable de la muerte del animal.

Durante el proceso nunca vi a su familia. Sólo el día del juicio conocí a su esposa y a uno de sus tres hijos. Con la humildad campesina cubana, me trajeron una gallina viva, pues los animales, según ellos, se regalan mientras todavía respiran, y me dijeron que les había sido imposible verme antes. Estaban en La Habana en el Hospital Oncológico con una de las hijas de Juanito y me traían un certificado médico que así lo acreditaba, para si quería usarlo en el juicio. Apelaban al menos a la clemencia del Tribunal.

Antes de dar su declaración, le pedí a Juanito que negara los hechos, que contradijera lo que ya había reconocido. Veía importantes oportunidades de defensa. Como un hombre que cumple con su palabra sin importar el costo, se negó. No obstante, con la voz entrecortada me repitió que diera lo mejor de mí, que solo estaba allí, porque desde el principio supo quiénes eran los asesinos de su animal y cuando pretendió denunciarlos, le ofrecieron diez mil pesos para que asumiera la responsabilidad. Malandrines despiertos, le informaron que, por ser el dueño del animal, podría recibir un tratamiento especial. Juanito, necesitado de dinero, con una hija en la capital requerida de cuidados especiales y sin otras opciones, aceptó el trato.

Después comprendió que la Ley no hace distinción entre matarifes comunes y dueños que disponen de sus animales.

El diseño penal cubano regula la persecución de ciertas conductas cuya erradicación, al menos así lo considero, solo puede ser lograda con mecanismos de control social o cambios económicos. La protección penal del ganado mayor y las penas que su menoscabo implican es una muestra ineludible de ello.

La penalización inicial del sacrificio de vacunos en 1962, tiene como hijo más joven al artículo 240 del vigente Código Penal, en el que se incluye también la protección a los equinos. Sin embargo, esa protección penal no tiene como justificación la defensa de una especie, lo cual pudiera ser loable si se valora su peligro de extinción o el equilibrio que su desaparición implica para el medio ambiente. El propio Código o los más elementales tratados de derecho cubano, indican que lo pretendido por los legisladores al tipificar el sacrificio ilegal como delito, es la protección de algo tan importante e intangible como la Economía Nacional.

Casos como el de Juanito me hicieron defender con vehemencia la injusticia que implica imponer al dueño de una res que dispone de ella, una pena entre 4 y 10 años de privación de libertad. Mi consideración de las reses como elementos utilitarios sin peligro de extinción y el respeto que debiera existir al derecho de propiedad me ayudaban a hacerlo.

Con la misma energía defendí a los matarifes, pues considero que el tratamiento a quienes sacrifican también es desmedido.

Si quienes roban y sacrifican un cerdo, una gallina o un chivo ajeno, son simples ladrones, ¿cuál es la diferencia entre ellos y los matarifes de vacas? Me hice muchas veces esa misma pregunta cuando era estudiante y otras tantas como profesional. La única respuesta que encontré de mis profesores y de los jueces en sus sentencias es que, de acuerdo con nuestra Ley, los matarifes no solo son ladrones, son personas que atentan contra nuestro sistema económico y, por ende, merecen una pena adicional.

Soy un poco testarudo; hasta hoy nadie me ha convencido con argumentos de justicia y no con la simple lectura de la Ley, de que los matarifes sean más que ladrones.

El principal argumento utilizado en los estrados para demostrar la influencia del sacrificio ilegal de ganado mayor en la economía cubana, es su impacto en la producción lechera del país. Valdría cuestionarse entonces si la causa de la escasez de la leche y sus derivados se debe a la matanza ilegal de vacas. Si la justificación penal para determinar como delito al Sacrificio Ilegal es solo la producción lechera (al menos en los estrados no he escuchado otro), ¿por qué penalizar el sacrificio del género masculino de la especie o de los equinos?

La respuesta a esta última interrogante es mucho más esquiva y las veces que la he recibido solamente se ha referido a la necesidad de la importación de ese tipo de carnes, ante su deficiente producción en el mercado nacional. Siendo así, reconozco con tristeza que la protección penal de la ganadería, no ha eliminado el permanente deseo de los cubanos por degustar un buen fillet mignon.

La imposibilidad del país de suplir la necesidad de pollo para la población ha motivado también la importación del producto. Si se sigue la misma lógica motivadora de la criminalización del sacrificio del ganado mayor, puede entonces que mañana la matanza de aves de corral pueda constituir un delito que atente también contra la economía nacional.

Juanito fue puesto en libertad antes de que nuevos aires extendieran la criminalización del sacrificio animal, justo después del juicio. No obstante, fue sancionado a cuatro años bajo la supervisión de un juez de ejecución y el mantenimiento de la forma de vida “del trabajo a la casa”. Esa fue la cuota que pagó en desagravio a la economía cubana.