Zidan Batista Álvarez tenía 17 años cuando murió, luego de que la policía cubana le disparara en plena calle. Era primero de julio de 2022. Reparto Condado, Santa Clara.

La muerte de Batista Álvarez se suma al listado ―contabilizado por Justicia 11J― de defunciones violentas a manos de agentes policiales. De acuerdo con el reporte del grupo de trabajo, desde 2020 al menos cinco personas fallecieron en circunstancias no esclarecidas y vinculadas con el accionar de la policía. Cuatro de las muertes reportadas ocurrieron como resultado de disparos de armas de fuego reglamentarias. 

Dentro de esos casos se encuentran los de Diubis Laurencio Tejada (de 36 años) ―único manifestante declarado oficialmente fallecido producto de la intervención policial en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021― y Hansel Ernesto Hernández Galiano (de 27 años), baleado en la La Habana en junio de 2020. Un mes después de la muerte de Hansel Ernesto, se conoció el fallecimiento de Yamisel Díaz Hernández (de 38 años) quien recibió el disparo de un oficial de la policía en Artemisa mientras ―de acuerdo con el reporte del Ministerio del Interior (Minint)― intervenía en el robo de unos caballos. 

Claves legales para reflexionar sobre la muerte de Hansel Ernesto

Cinco días después de la muerte de Hansel Ernesto apareció un comunicado del Ministerio del Interior. Si el caso no se investiga en el marco de un proceso penal o se sobresee, y no se transparenta y contrasta el resultado de la investigación por la opinión pública, la ciudadanía cubana no tendría ni la posibilidad de recibir detalles de lo acontecido.

Justicia 11J contabiliza, además, la muerte de Roldy Polo Pérez (de 45 años), residente de Baracoa, Guantánamo, aunque resultó muerto fuera del marco de una intervención policial justificada. El 15 de febrero de 2022, durante su celebración de cumpleaños, Polo Pérez recibió disparos de un policía a quien conocía y que utilizó su arma reglamentaria para ultimarlo.

Asimismo, consignan la muerte de Christian Barrera Díaz (de 24 años) quien falleció en condiciones no esclarecidas hasta la fecha. El joven había participado en las protestas del 11J en Matanzas y estuvo desaparecido entre el 12 y el 15 de julio de 2021. Los familiares reportaron la desaparición y las autoridades le informaron, en un inicio, que Barrera Díaz estaba detenido. 

Un mes después, las instituciones implicadas confirmaron a la familia que el cuerpo en descomposición de Christian (quien supuestamente muriera ahogado), fue hallado el 15 de julio, pero se les imposibilitó identificarlo en ese momento. Los familiares denunciaron con posterioridad que testigos aseguraban haber visto a Christian por última vez mientras escapaba de la intervención de la Brigada Especial del Minint en un intento de salida ilegal del país.

Lo cierto es que, hasta la fecha (más allá de escuetas notas redactadas por el Minint y replicadas en la prensa oficial), no se ha ofrecido información detallada sobre cómo ocurrieron las muertes ni las posibles implicaciones o responsabilidades de los policías que las ocasionaron o que pudieron estar implicados.

PATRONES EN LAS MUERTES

Pueden encontrarse varios patrones en las muertes de estas personas y en su tratamiento por parte de la prensa y las autoridades cubanas. Uno de ellos está vinculado con el color de la piel de los fallecidos. A excepción de Yamisel Díaz Hernández, el resto de los occisos eran hombres negros y provenían de zonas empobrecidas o marginalizadas: la Güinera, el Condado, Guanabacoa.

El Estado cubano ha utilizado la marginalización como elemento para descalificar a quienes fallecen a manos de policías. De esta manera, intentan justificar el uso de la fuerza letal y obvian la responsabilidad estatal en la situación de marginalidad, en la cual influyen los índices de pobreza y desprotección social. 

La apelación a la marginalidad y al carácter antisocial de las personas ha sido tendencia en Cuba, sobre todo, para respaldar la violencia gubernamental. La etiqueta y despersonalización han provocado que los políticos ―comenzando por Fidel Castro― y quienes están a cargo de las comunicaciones de este tipo en medios oficiales no dudaran en referirse públicamente a la existencia en Cuba de «ciudadanos de segunda clase» o «gusanos» que no merecían formar parte de la nación. En esa narración, los policías casi siempre son los más humanos y decentes, mientras que los fallecidos serían «los excrementos de la sociedad». Esta idea cobra sentido en Cuba porque el Estado, el Partido Comunista y los gobernantes también son presentados ―desde los medios oficiales― como los más íntegros e inclusivos, como infalibles. ¿Por qué deberían ser diferentes los policías quienes, en definitiva, son parte del brazo armado de ese trinomio? 

Para seguir la tendencia heredada de ese conjunto de ideas que muchos llaman castrismo, el discurso oficial no ha dejado de utilizar mensajes peyorativos al informar sobre muertes provocadas por la policía. Al hacerlo, apelan antes que todo a los antecedentes penales de quienes no pueden defenderse, a su vida previa y a su historia, que siempre resulta sospechosamente negativa. 

Después de que Diubis Laurencio fuera baleado por la espalda mientras participaba en una protesta ―de la cual hay imágenes que hacen suponer era pacífica―, una nota oficial aludió a presuntos «antecedentes por desacato, hurto y alteración del orden». Asimismo, dijeron que Hansel Ernesto Galeano tenía antecedentes «por amenaza, abusos lascivos y robo con violencia, por lo cual cumplió sanción y se encontraba en libertad condicional». También aludieron a que Yamisel Díaz Hernández tenía, al parecer, múltiples «antecedentes penales», que era un exrecluso por robo con fuerza, hurto y atentado, y que se encontraba en libertad condicional.

En el caso de Zidan Batista Álvarez, la manipulación gubernamental se elevó. Para el Minint y la prensa partidista, quien murió a manos de un policía, con 17 años, dejó de ser menor de edad y se convirtió en «un antisocial». 

El reporte oficial de la muerte de Zidan profundiza una discusión que parte de las fluctuaciones a conveniencia de los aparatos de propaganda o de quienes definen la comunicación del poder en estos casos. No se deja de ser menor de edad para disminuir las alarmas, sino para intentar transmitir la idea de que los policías cubanos son incapaces de acabar con la vida de un niño.

La mayoría de edad en Cuba no está definida ―aunque parezca lo contrario― por las necesidades de quienes gobiernan, sino por la biología, el tiempo y la ley que el poder creó para hacernos pensar que su influencia tiene límites. La ley afirma que la mayoría de edad en Cuba se alcanza a los 18 años; aunque, por otro lado, el Código Penal establece la responsabilidad penal en los 16 años.

Sin embargo, la nota oficial sobre la muerte de Zidan Batista confirma lo que fue denunciado, sobre todo, después del 11J: en Cuba la ley es secundaria y quienes se enfrenten al poder o sus representantes son tratados ―sin distinciones― como adultos capaces de rebelarse. Confirma también que la prensa oficial solo crea propaganda: es un vehículo para transmitir las visiones estatales. De lo contrario, no habría cómo explicar la preocupación ―insostenible desde lo jurídico― por declarar la inexistencia de menores de edad presos después del 11J o muertos a manos de la policía, al tiempo que reconocen que personas de 15 y 17 años fallecidas en la explosión del hotel Saratoga eran menores de edad.

El grito de la realidad vs. el cinismo y la enajenación de la clase política

Los políticos cubanos no solo no pueden ser juzgados, sino que ni siquiera pueden ser cuestionados públicamente. Una ideología en el poder al servicio de ese poder termina por producir delirios que recurrirían a la exhibición de actitudes de burla, cinismo y frivolidad.

El discurso oficial no solo jugó con la edad de Zidan. Necesitaba convertirlo en adulto, pero también en ciudadano de segunda clase, antisocial, delincuente. 

Zidan era muy joven para tener antecedentes penales ―los que se producen cuando una persona ha sido ejecutoriamente sancionada por un tribunal― como los que fueron mencionados de manera expresa en las comunicaciones oficiales relacionadas con las muertes de Hansel, Diuvis y Yamisel. Por eso utilizaron un concepto que permite estigmatizar al fallecido sin necesidad de ofrecer evidencias. Pocos ―más allá de quienes escribieron la nota que se convertirá en el epitafio público de Zidan― repararán en el hecho de que no es lo mismo un antecedente penal que uno delictivo. El concepto «antecedente delictivo» no existe en la legislación cubana. 

De cualquier forma, ni los antecedentes penales ni delictivos ni la historia previa de los fallecidos debería ser un elemento indispensable en la evaluación de las causas (o las justificaciones) de sus muertes. Mucho menos si la muerte se produce de manera súbita como resultado de la interacción con fuerzas del orden público. 

George Floyd también tenía antecedentes penales y su muerte no fue menos dolosa ni criminal por ese motivo.

Quienes dispararon a Zidan ―de acuerdo con lo declarado en la nota oficial, parece que fueron varios― no tuvieron en cuenta si tenía o no antecedentes delictivos para apretar el gatillo. ¿Acaso hubiese sido diferente la conducta de los policías si la persona que, en teoría, agredió a uno de sus compañeros hubiese sido el presidente del CDR o un connotado e intachable revolucionario? La respuesta es no. 

Por ende, cualquier evaluación en torno a la muerte de Zidan Batista solo debe responder a las circunstancias en las que se produjo, las cuales son las que justifican o no el uso de la fuerza letal por parte de los policías.

Las circunstancias, hasta hoy, se desconocen. Hemos visto al padre de la víctima contar en las redes sociales una historia diferente a la oficial. Pero no hemos visto evidencias de investigaciones de los aparatos de poder ―esos que señalaron el supuesto carácter antisocial de Zidan y sus antecedentes delictivos― para indagar sobre esta otra versión.

Tampoco hemos visto informaciones sobre los antecedentes de los policías que dispararon a Zidan y a las otras víctimas, sobre si habían recibido el entrenamiento necesario para el empleo de armas de fuego. Tampoco sobre si en otras oportunidades habían sido señalados o procesados por conductas agresivas, antiéticas o impropias.

Es muy probable que ese tipo de informaciones no las veamos nunca, porque evidenciarían la impunidad de funcionarios públicos e implicarían desnudar al poder cubano.

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