En una medida sin precedentes en su política hacia Cuba, la Administración Trump anunció el 21 de mayo de 2025 sanciones contra fiscales y jueces cubanos involucrados en el procesamiento del joven manifestante Luis Robles Elizástegui. Robles fue condenado en 2020 a cinco años de prisión por sostener un cartel que decía «¡Libertad! No + represión. #Free_Denis» en el bulevar San Rafael, en La Habana Vieja.
Las sanciones, que incluyen restricciones migratorias tanto para los funcionarios como para sus familiares inmediatos, marcan una de las primeras veces que el Gobierno estadounidense penaliza a actores del poder judicial cubano por su participación en la represión de opositores políticos. El último precedente hallado data de mediados de 2022, cuando el Departamento de Estado prohibió la entrada a cinco funcionarios vinculados con los juicios del 11J. En aquel momento, la Administración Biden no mencionó los nombres de los funcionarios ni especificó su cargo.
La mayoría de las sanciones estadounidenses hasta ahora se habían dirigido a altos cargos del Partido Comunista, del Ministerio del Interior y a figuras militares, incluido Raúl Castro. Lo novedoso es que, en esta ocasión, se sancionaron a jueces no profesionales, conocidos en Cuba como «jueces lego», algo similar a lo que en el mundo anglosajón se conoce como «jurado popular» (jury duty).
Esto envía un mensaje contundente a quienes forman parte de la estructura represiva del sistema judicial cubano, especialmente en el ámbito del derecho penal. Aunque muchos jueces manejan casos comunes, todos pueden verse involucrados en procesos de represión política, comentó Eloy Viera Cañive, coordinador de elTOQUE Jurídico, en una transmisión en vivo por redes sociales.
Los sancionados son: la fiscal Yanay Zamora y los jueces Gladys María Padrón Canals, María Elena Fornaris Conde y Juan Sosa Oramas, responsables del juicio y la condena de Robles.
La jueza Padrón Canals, en particular, ha sido señalada durante años por activistas y organizaciones de derechos humanos debido a su papel central en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Bajo su presidencia, esa sala ha dictado múltiples condenas contra disidentes, en especial tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
Las sanciones también alcanzan a los jueces legos que participaron en el caso. En Cuba, algunos Tribunales están compuestos por un juez profesional y dos jueces legos —ciudadanos comunes que sirven durante un mes al año, tras ser seleccionados por las Asambleas del Poder Popular—. Aunque su participación se presenta como secundaria, los jueces legos tienen voto y capacidad de decisión dentro del proceso judicial, y su designación está sometida a mecanismos de filtro político y control ideológico.
El periodista Mario Vallejo llamó por teléfono a Fornaris Conde, quien ejerció como juez lego, para tener su versión de los hechos. Fornaris negó haber participado en juicios contra opositores políticos y se mostró confundida durante la entrevista.
«La figura del juez lego no es voluntaria ni aleatoria. Aunque la ley cubana no es clara en ese sentido, en la práctica actúan como funcionarios oficiales. Al menos durante el mes en el que prestan servicios. Son personas con responsabilidades y que tienen poder de decisión en representación de uno de los organismos estatales: los Tribunales», explicó Viera Cañive.
Luis Robles cumplió casi la totalidad de su sentencia antes de ser liberado discretamente en enero de 2025, tras el acuerdo al que la Administración Biden llegó con el Gobierno cubano. Su caso se convirtió en un símbolo de la criminalización de la protesta en Cuba y fue ampliamente documentado por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Viera Cañive consideró que la decisión del Departamento de Estado podría tener efectos disuasorios dentro del sistema judicial cubano, en especial entre quienes se ven obligados a participar en procesos políticos. «En Cuba, los Tribunales llevan años sin poder cubrir sus plazas. Se sostienen, en gran parte, con jueces recién graduados porque pocos con experiencia quieren formar parte de un sistema percibido como corrupto y subordinado al Partido Comunista o a la Seguridad del Estado».
También, el 21 de mayo de 2025, se conoció que la exjueza Melody González Peraza, quien emigró a Estados Unidos en 2024, recibió una orden final de deportación. Su caso de asilo no fue estimado por la Corte. González Peraza aún puede apelar la decisión de las autoridades.
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