Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado, aseguró que en Cuba se han fortalecido los «derechos y garantías» para los ciudadanos tras la aprobación de la Constitución de 2019. La afirmación es ENGAÑOSA.
«Desde la aprobación de la Constitución de la República en referéndum popular en 2019 se han ampliado las iniciativas legislativas que fortalecen el marco jurídico institucional, la protección de los derechos y garantías para todo el pueblo cubano», dijo el 30 de julio Lazo Hernández en su intervención en la Sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).
elTOQUE consultó a tres juristas cubanos sobre la narrativa propagada por Lazo, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC). Los expertos coinciden en que, aunque tras la aprobación de la Constitución de 2019 se han promulgado diversas leyes, estas no han significado un fortalecimiento real de los derechos ciudadanos.
Derechos en el papel: pero no en la práctica
Desde la entrada en vigor de la Constitución, en Cuba se ha impulsado un proceso normativo que ha dado lugar a la aprobación de varias leyes y normativas. Entre ellas se encuentran:
- Ley 128/2019 sobre la organización y funcionamiento del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros;
- Ley 131/2020 del Proceso Penal;
- Ley 143/2021 del Proceso Administrativo;
- nuevo Código Penal (Ley 151/2022) que sustituyó al de 1987;
- Ley 156/2022 de la Comunicación Social;
- Código de las Familias
- Ley 135/2021 de los Tribunales de Justicia
Las normas mencionadas reflejan una actividad legislativa en el plano institucional, procesal y familiar en el último lustro.
Sin embargo, esta expansión legislativa no ha venido acompañada de garantías efectivas. Las normas se desarrollan dentro de una estructura política donde el sistema judicial continúa subordinado al Partido Comunista.
«En ausencia de garantías judiciales, separación de poderes y pluralismo político, el marco jurídico cubano opera más como un sistema normativo de administración autoritaria que como un verdadero Estado constitucional de derecho. La Constitución y las leyes existen formalmente, pero los ciudadanos carecen de medios institucionales para hacerlas valer frente al poder», advierte Raudiel Peña Barrios, máster en Derecho Constitucional y coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba.
De acuerdo con el experto, «el despliegue legislativo posterior a la Constitución de 2019 ha servido más para reforzar el control del Estado sobre la ciudadanía que para garantizar sus libertades fundamentales. La expansión del marco jurídico no ha significado, en los hechos, un avance en materia de derechos humanos».
A esta crítica se suma la del abogado Eloy Viera Cañive, quien considera que las leyes aprobadas no han ampliado ni protegido los derechos ciudadanos de forma efectiva.
De acuerdo con el director de elTOQUE Jurídico «las normas más importantes que han sido decretadas tienen que ver con la reforma procesal a partir de la cual se promulgaron normas como las leyes del Proceso Penal y la Ley de Reclamación de Derechos Constitucionales».
Sin embargo, apunta Viera Cañive, «ambas normativas perpetúan prácticas como la discrecionalidad de las autoridades para detener a una persona por hasta 24 horas sin motivo legal. Por otra parte, la Ley de Reclamación de Derechos Constitucionales demostró ser una norma limitadísima desde su diseño y que —como era esperable en un régimen que no sigue las lógicas del derecho — terminó siendo aún más prostituida en la práctica», detalló.
«No se ha legislado una ley de asociaciones que permita el reconocimiento legal de organizaciones no afines al Estado ni una ley que regule de forma garantista el derecho de manifestación, a pesar de estar reconocidos formalmente en los artículos 56 y 61 de la Constitución. El resultado es que los derechos de expresión, asociación y manifestación no tienen garantías formales y materiales para su tutela. Lo anterior se evidenció con la represión posterior a las protestas del 11 de julio de 2021», señala Peña Barrios.
Normativas como herramienta de represión
«Varias leyes aprobadas refuerzan el aparato de vigilancia, sanción y censura del Estado», advierte Raudiel Peña.
Entre las leyes más polémicas figura el nuevo Código Penal, que endurece el castigo al disenso mediante tipificaciones como «propaganda contra el orden constitucional», «desacato» o «mercenarismo». También destaca la Ley de Comunicación Social, que excluye expresamente a los medios independientes y prohíbe cualquier contenido que contradiga «los principios de la Revolución».
Las críticas a este marco legal también han sido respaldadas por organismos internacionales como Amnistía Internacional, que advirtió sobre los riesgos que supone la legislación cubana para quienes se expresan críticamente.
«El nuevo Código Penal de Cuba (…) corre el riesgo de consolidar aún más unas limitaciones arraigadas a la libertad de expresión y de reunión, y presenta un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades», declaró la reconocida ONG cuando entró en vigor la legislación en 2022.
El abogado Alain Espinosa, del centro de asesoría legal Cubalex, considera que «no solo no hay mayor protección y garantía a los derechos, sino que se ha aumentado de manera exponencial la restricción al ejercicio efectivo de los mismos».
«A la sistemática represión que ejerce la Seguridad del Estado (desapariciones forzadas, detenciones ilegales, uso de la tortura y el derecho penal como formas de castigo para lograr un efecto inhibitorio en el pueblo), han puesto en vigor legislaciones como la Ley de Comunicación Social, el Decreto Ley 370, o el Código Penal, que criminalizan cualquier forma de disenso o ejercicio efectivo de derechos humanos», subrayó.
Cuando no legislar también es una forma de control
Más allá de las leyes que se han aprobado, los expertos destacan también lo que no se ha legislado: temas clave como la actuación de la Policía, el derecho a la manifestación y la creación de asociaciones independientes. La omisión deliberada de estas normativas mantiene un entorno de ambigüedad legal que refuerza el control del poder sobre los ciudadanos.
«En Cuba todos los días la gente se pregunta si la Policía lo puede parar en la calle sin motivo, le puede pedir los documentos o incluso lo puede registrar. El vacío normativo en ese tema es voluntario», explica Viera Cañive. En su opinión, el régimen de partido único prefiere mantener la incertidumbre legal antes que establecer mecanismos de exigibilidad de derechos.
También menciona que se han aprobado leyes como las de Migración y Ciudadanía, pero estas no han sido publicadas ni puestas en vigor. «Esta dilación deliberada confirma la falta de voluntad política para hacer efectivos derechos que el propio Estado ya había reconocido formalmente», apunta.
El abogado Alain Espinosa también advierte que «muchos derechos constitucionales no están reglamentados, lo que genera un vacío legal que los convierte en letra muerta. Tampoco hay una ley para reglamentar el ejercicio de la protesta pacífica en Cuba. Eso le permitió a las autoridades reprimir al pueblo e imponer largas condenas a los manifestantes del 11J», declaró.
De acuerdo con el experto de Cubalex, es importante además señalar que «la continua modificación legal y la interpretación arbitraria de las normas crean un estado de inseguridad jurídica que impide a los ciudadanos saber qué es legal y qué no. Cada día se hace más evidente la falta de voluntad política del Gobierno cubano para garantizar y respetar los derechos humanos y de sus ciudadanos», concluyó.
Aunque la Constitución de 2019 abrió la puerta a un despliegue legislativo notable, la falta de garantías judiciales, la persistencia de un marco autoritario y el incumplimiento sistemático de los derechos reconocidos, evidencian que no se ha fortalecido el Estado de derecho en Cuba. Por esa razón, la afirmación de Esteban Lazo en Naciones Unidas resulta engañosa: no basta con legislar cuando las leyes terminan reforzando el control del poder y no la protección de los ciudadanos.
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