Prefacio

La oficialidad en Cuba y Estados Unidos, por décadas, consideró conveniente la ruptura de relaciones entre los dos países. En 2014 Raúl Castro y Barack Obama propusieron revertir esa estrategia sostenida, con idéntico tesón, por «ideólogos» de ambos Gobiernos; quienes sustentan una mismísima perspectiva política, si bien apuestan por desiguales enunciaciones del Estado.

Aquel intento de los dos presidentes fracasó, pues la administración Obama concluyó su mandato poco tiempo después y para entonces el poder en Cuba ya había criminalizado los esfuerzos al respecto. Pero ha pasado el tiempo y son espantosas las condiciones económicas de la Isla, apabullante la frustración social y lacerantes las condiciones del poder. Por ello, al parecer, ahora el Gobierno desea aprovechar la administración Biden para lograr una relación favorable.

Será difícil avanzar en ello. No bastará la voluntad política de segmentos importantes de ambos países, ni una insospechada apuesta de los gobernantes cubanos por el futuro de la República —aunque ambas condiciones también sean esenciales—. Pesará demasiado un pasado nacional convertido en presente perpetuo, con implicaciones en la política interna de Estados Unidos.

Tres documentos recientes otean esta senda. «The United States and Cuba: A New Policy of Engagement», de WOLA y el Centro para la Democracia en las Américas (CDA); «Cuba y Estados Unidos: la relación bilateral», de Havana Consulting Group y «Relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la era Biden», de Cuba Study Group.

Cuestión política interna 

Ni para las autoridades de Estados Unidos ni para el Gobierno de Cuba este sería un asunto de meras relaciones internacionales, sino además de política interna. Se hace imprescindible aceptarlo.

WOLA hace referencia a derechos de los estadounidenses acerca de sus potenciales vínculos con Cuba, que no deben estar conculcados por iniciativa de su propio Estado. Entre ellos la posibilidad de hacer turismo en la Isla, las relaciones entre académicos de ambos países y los vínculos religiosos de estas sociedades. O sea, indica la constricción de realidades particulares propias de ese país que no suelen limitarse por razones de política internacional. Lo cual ocurre por el peso de influjos dentro del andamiaje sociopolítico de Estados Unidos.

Cuotas de tales influencias provienen de la importancia electoral del Estado de Florida, donde es significativo el voto de la comunidad de cubanos y de otras franjas electorales afines. Sin dudas, la política cotidiana nacional de ese país posee escaso interés por Cuba y ante ello prevalece el voto del electorado floridano con su expresión en las dinámicas sociales y políticas estadounidenses. Por eso, en la mayoría de los casos, el voto de Florida será más importante que las relaciones con Cuba.

Este hecho se torna sensible porque una amplia porción de los cubanos allí votantes dirime en esas elecciones el conflicto con el Gobierno de la Isla, lo cual es expresión de nuestras dificultades sociopolíticas —si bien estas son responsabilidad estrictamente nuestra y solo tendrían solución entre cubanos—. Havana Consulting Group advierte sobre este particular que, ante la ausencia en el archipiélago de una esfera pública para la ciudadanía y la extensa emigración cubana establecida en Estados Unidos, los asuntos políticos entre cubanos resultan política interna de Estados Unidos, sitúan el protagonismo del poderío del norte en esos conflictos y colocan la política dentro de Cuba como condición de las relaciones entre ambos Estados.

Ello contribuye de manera significativa al peligroso ambiente de confrontación entre los dos países. Comprenderlo contribuiría a una política interna madura, incluyente. Único modo de garantizar la estabilidad de un pequeño país sometido a sus propios demonios, los cuales son henchidos por otros geopolíticos, incluso históricos.

La victoria de Biden no garantiza una nueva normalización

Tres principios

Lo anterior exige no confundir la razón de la política nacional acerca de las relaciones entre ambos países. Los elementos fundamentales de tal razón deben ser los derechos y la república, lo cubano y la soberanía, la economía y el bienestar. A la vez, tales vínculos bilaterales serían indispensables, pero solo a modo de uno de esos elementos necesarios para sostener esta razón.

Lo que conduce a la prevalencia de los principios de independencia política, desarrollo humano e integridad cultural. Sin este horizonte no habrá dispositivo aglutinador ni punto de arranque ni paraje de llegada; si bien resultaría fatal concebirlo a manera de aislamiento nacional. Nadie existe honradamente sin estar junto a los otros, incluso cuando es espinoso.

Al respecto, José Martí propuso: «injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas». Sin embargo, también esto nos desafía. Sería incierto ese tronco si lo nacional no fuera expresión auténtica del ejercicio de todos los derechos por todos los cubanos.

PROBLEMAS COMUNES, MIRADAS DIVERGENTES: LAS PROPUESTAS DE WOLA PARA CUBA Y VENEZUELA

Relaciones plenas

En los documentos se percibe que el inicio de vínculos bilaterales adecuados reclamaría un clima previo que favorezca el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas, lo cual actualmente demandaría ventilar el asunto de los llamados «ataques sónicos». Algunos añaden la importancia de que ambas partes reconozcan la necesidad de una labor encaminada a la cancelación del embargo, la praxis de guerra fría, la ocupación de la base naval de Guantánamo y la compensación por los daños ocasionados.

Para esto último, Cuba tendría que indemnizar las expropiaciones a los estadounidenses. Es interesante la propuesta del académico norteamericano Richard Feinberg titulada «Conciliación de reclamaciones relativas a propiedades estadounidenses en Cuba. Transformación del trauma en oportunidad». Ella centra su despliegue en un «gran acuerdo» entre ambos Estados como resultado de una negociación que bocete con claridad los propósitos cardinales y que sea capaz de colocar el convenio sobre los otros puntos de tensión alrededor de tales intenciones esenciales —orientado hacia una sólida estrategia de futuro que aporte al desarrollo de la Isla—.

Acerca del despliegue de vínculos, WOLA y Cuba Study Group también consideran la colaboración de interés para ambas naciones, como, por ejemplo, la conocida cooperación de las fuerzas que protegen ambas costas. Además, otras nuevas y entre estas el Cuba Study Group destaca la cooperación en salud pública para combatir la COVID-19.

Igual indican la participación estadounidense en el comercio de la Isla. O sea, las practicadas exportaciones agrícolas a Cuba, los vuelos de la aviación civil y otras noveles como el apoyo al sector económico privado cubano.

También queda esbozada la necesaria modificación de estructuras en el archipiélago para facilitar la inversión y otras cooperaciones. Pues sin un acople práctico y funcional entre los dos países los vínculos no desarrollarían beneficios tangibles.

Existe además consenso acerca de que (así como se requeriría de un clima previo que favoreciera el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas) todo proceso de relaciones bilaterales sería infecundo y altamente reversible si la Isla no consigue convertirse en el «ágora efectiva» de todos los cubanos. No solo, en alguna medida, para aquellos satisfechos con el poder. Esto lo destacan Havana Consulting Group y Cuba Study Group.

Ilustración: Ramsés Morales.

Construir juntos la nación

En lo anterior abunda el documento de Cuba Study Group. Recomienda la definitiva reforma económica y cuestiones políticas importantes; si bien lo hace a manera de sugerencias para una Cuba mejor y no como precondición a cualquier cambio de la política de Estados Unidos hacia la Isla.

Sobre la economía, solicita avanzar en el proceso de unificación monetaria; prescindir de rigideces en el trabajo por cuenta propia; instituir las pequeñas y medianas empresas; liberalizar las leyes de inversión extranjera; permitir que todos los inversionistas — incluidos los cubanos en el extranjero— se asocien legalmente con el sector privado cubano y autorizar a este a exportar e importar de manera directa. Acerca de la política, reivindica mayores derechos para ciudadanos y emigrantes; el reconocimiento de la diversidad de opiniones políticas; el derecho de todos a participar en los asuntos económicos, políticos y públicos; la creación de un marco legal con reglas claras para que los medios no estatales operen libremente; y el fin de las detenciones y hostilidades arbitrarias hacia periodistas, artistas y activistas pacíficos.

Es oportuno asumir que lo anterior solicitaría una perspectiva de restitución recíproca. Al respecto cito, como ejemplo, la indemnización por expropiaciones a cubanos y otros daños. La cuestión de las expropiaciones pudiera imponerse en cualquier agenda, además, porque vendría de la mano del aspecto referido a las confiscaciones a estadounidenses y del concerniente a las inversiones de emigrados en la Isla.

En un artículo titulado «Indemnizar a los expropiados cubanos. Un reto esencialmente político, no estrictamente jurídico», presento opiniones de expertos que ofrecen un modo para clausurar un pasado de desencuentros y, a la vez, beneficiar el desarrollo de la sociedad. Tales criterios intentan que sea posible un nivel de justicia restaurativa que a la vez alcance una adecuada justicia distributiva y humanista por medio de procesos rigurosos y transparentes que eviten tratos preferenciales y tráficos de influencias.

En cuanto a las empresas cubanas expropiadas sugieren aplicar la emisión de créditos fiscales que puedan ser transferibles y supeditados en cierta proporción a nuevas inversiones de capital en el país. Así como el trueque del valor expropiado a una empresa cubana, dedicada con éxito a ese giro en el extranjero, por inversión.

Estos modos facilitarían dichas indemnizaciones, incluso cuando el Estado no pueda disponer para esto de los exiguos recursos que posea. Por ejemplo, Cuba concedió a la cadena hotelera Marriott la capacidad de operar hoteles a largo plazo en vez de un pago en efectivo. Tampoco es espinoso dilucidar otras complejidades, como en aquellos casos en los cuales puedan compartir propiedad industrial unos titulares que resultaron legítimamente expropiados y otros que lo fueron de manera ilegítima.

Acerca de los otros posibles daños discurre el profesor Jorge Ignacio Domínguez en una entrevista titulada «Justicia en la medida de lo verdaderamente posible». Domínguez sostiene que la mayoría de los responsables y culpables —y también de las víctimas— de todas las partes contendientes ya son difuntos. Por tal razón, en aquellos casos que por consenso se establezcan responsabilidades y culpas —que las hay en diversas partes— con castigos pertinentes, los eventualmente castigados serían mucho menos que los verdaderos culpables. Más bien ocurrirían compensaciones, en la medida de lo posible, a descendientes de víctimas. Asimismo, dadas las peculiaridades del conflicto, sería imprescindible que los poderes de Cuba y Estados Unidos acuerden el modo de asumir sus responsabilidades y la cooperación que ello demanda.

También, sobre el proceso en general, el profesor indica que este debería orientarse hacia una confianza nacional capaz de conseguir un «olvido estratégico» de la mayor parte de las razonables quejas de los contendientes, con el objetivo de lograr que los enemigos se dispongan a construir juntos la nación. Pero, en mi opinión, esto parece alejado porque aún en todas las partes abunda la polarización política y en la actualidad el discurso oficial reafirma sus antípodas.

Biden debe priorizar temas como las propiedades nacionalizadas en su política hacia Cuba, propone Carlos Saladrigas

Final

Únicamente con un Estado inclusivo y democrático podríamos conseguir la síntesis de país con el cual todos nos identifiquemos. Solo de ese modo podríamos ubicar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos fuera de la política interna de esta nación, con independencia de los conflictos que resultan de las asimetrías de poder.

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