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Hombre cubano vestido con camiseta y nasobuco de la bandera de Estados Unidos. La Habana. Cuba.

Foto: Natalia Favre.

Normalizar y empoderar, comentarios a una nueva propuesta

El Cuba Study Group ha lanzado una nueva propuesta [i] para retomar la agenda, adelantada bajo la administración Obama, de normalización diplomática y comercial entre Estados Unidos y Cuba. El texto «Relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la era Biden» propone una filosofía que defiende la política de acercamiento como medio para brindar apoyo a largo plazo al pueblo cubano. Para ello, parte de tres supuestos epistémicos y políticos: a) la posibilidad de Estados Unidos de legitimarse y beneficiarse de un acercamiento hacia Cuba; b) la necesidad de aproximar posturas para reconciliar a la comunidad cubana en el exilio con los cubanos de la Isla; c) la existencia de cierta voluntad de cambio y diálogo por parte del Gobierno cubano.

El texto reconoce los avances y éxitos de la política de acercamiento encabezada por la anterior administración demócrata, y señala los errores y las oportunidades perdidas durante ese proceso. A la vez, responsabiliza al Gobierno cubano por no haber aprovechado la oportunidad para promover una mayor liberalización dentro de su anunciada reforma económica. Menciona la necesidad de que el Gobierno del archipiélago garantice mayores derechos para todos los cubanos, tanto los residentes en la Isla como los radicados en el exterior.

Partiendo de estos elementos, el texto hace un balance —a nuestro juicio más equilibrado que otros estudios similares[ii]— del decurso y de los saldos del proceso de normalización. En particular, las propuestas de acciones que el Gobierno de Estados Unidos puede desplegar en una primera etapa (p. 4) son claras, detalladas y razonables; atienden de manera especial a criterios humanitarios que —por su impacto en la población— han sido compartidos por diversos actores tanto en el archipiélago como en la diáspora.

Es relevante que el documento, aunque sitúa el énfasis en el sector económico y sus demandas, coloca de manera reiterada sobre la mesa la necesidad de tratar aquellas cuestiones que llama «difíciles» y que tienen que ver con el origen del embargo —como los reclamos por las propiedades confiscadas a estadounidenses— y lo relativo a la situación de derechos humanos y la sociedad civil. También es profesional que reitere la necesidad de designar representantes especiales y funcionarios de alto nivel para diseñar una hoja de ruta que permita las cuestiones que están en el fondo de la disputa; sin las cuales a largo plazo no podría hablarse de una normalización. En las siguientes páginas apuntamos algunos comentarios sobre varios tópicos y criterios que, consideramos, deberían ser atendidos en futuras actualizaciones y revisiones del estudio.

RUTA DIPLOMÁTICA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CUBA: LOS POSIBLES CAMINOS (DOSIER)

Entender (mejor) a la contraparte

Al calificar (p. 7) la postura del Gobierno cubano como obstinada y definir de anticuado el modelo centralista que no ha logrado generar prosperidad económica y garantizar libertades civiles, el diagnóstico es correcto. Sin embargo, el Gobierno cubano parecer ser evaluado en el estudio como un actor cuyo radicalismo obedece a una reacción que se debe a presiones externas y no a características endógenas de su sistema y élite políticos. Con lo cual se pierde de vista una condición básica del análisis político: la necesidad de una evaluación atenta a la lógica específica del conflicto y los móviles particulares de los actores que le integran.

La diferencia entre el sistema político norteamericano y el cubano es cualitativa. Cabe recordar, por ejemplo, que los Gobiernos de Fidel y Raúl Castro respondieron a las iniciativas de Clinton y Obama no con meros mantenimientos del statu quo, sino también con acciones de escalada. El derribo de las avionetas y la represión a Concilio Cubano, bajo el primero, además del incremento de la represión a la sociedad civil[iii], con el segundo, son evidencias que no pueden desestimarse. Estas remiten a una lógica endógena, de talante autoritario, que no deriva de acciones externas de arrinconamiento y agresividad incrementadas.

En ese sentido, el estudio señala una resistencia a la relación más abierta con Estados Unidos proveniente de un grupo cerrado de la élite del Partido Comunista de Cuba (PCC). Un supuesto —avalado por las experiencias de otros casos históricos de regímenes y aperturas en entornos autoritarios— que expone, en el caso cubano, un importante matiz. Es claro que toda élite presenta en su interior posturas divergentes, a partir de criterios generacionales, ocupacionales e ideológicos, entre otros. Pero, en el momento actual, la élite cubana permanece aún cohesionada —o, en cierta medida, coaccionada— bajo el comando del sector más envejecido de la dirección política.

La hipótesis, adelantada en la era Obama por promotores de la normalización, de un Raúl Castro reformista saboteado por burócratas indolentes, no basta para reflejar la realidad[iv]; y, mucho menos, asigna a los actores políticamente decisivos sus cuotas de responsabilidad y potencial reformista. Mientras no aparezcan, siquiera de modo insinuante en el horizonte, esas (proto)facciones moderadas y radicales —como sucede hoy dentro del régimen iraní o antes en los partidos comunistas del Este— no queda muy claro cómo se pudiera negociar otro tipo de relación con el poder y cuál sería el interlocutor probable de ese canal de comunicación.

Evaluar (específicamente) las sanciones

El texto asume que el modelo de sanciones, establecido a través del entramado del embargo durante los últimos 60 años, no ha ofrecido los resultados esperados. Estima que el proceso de normalización entre ambos países, con una flexibilización de las relaciones y las sanciones, es la vía para solucionar la crisis del archipiélago. Este tópico parte de la premisa de que las recientes medidas del Gobierno cubano relacionadas con aperturas del trabajo por cuenta propia vienen de la mano de la crisis de la COVID-19.

El estudio no considera que, además de la pandemia, el impacto de las medidas impuestas a partir de 2017 por la administración de Donald Trump —que incluían, entre otras, limitaciones de viajes, de envío de remesas y paquetería— pudo tener un efecto al forzar a La Habana a reanudar la misma apertura frenada tiempo atrás, desde el Gobierno de Obama. En este sentido, vale la pena cruzar la perspectiva de «Relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la era Biden…» con otros enfoques que analizan el impacto de la naturaleza específica del Gobierno cubano y su lógica de acción sobre el curso de las reformas en la Isla[v].

EXPERTOS: CUBA Y EE. UU. «DEBERÁN ACTUAR CON MÁS RAPIDEZ DE LO QUE JAMÁS LO HABÍAN HECHO»

El informe aboga por una estrategia de múltiples vías para devolver las relaciones bilaterales a una ruta más constructiva. Es acertado al sugerir, para ello, la deseabilidad de evaluar e incorporar diferentes estrategias, canales y acciones. Coincide con buena parte de lo expresado por diversos actores —académicos, sociedad civil, segmentos de la oposición— en relación con eliminar aquellas sanciones y restricciones que afecten de manera directa a la población; en especial las que impacten en la alimentación, la salud, la reunificación familiar y los trámites que facilitarían la vida de los cubanos, tanto en la Isla como en la diáspora.

El texto reitera que la política de bloqueo no ha logrado promover cambios ni conseguir que el Estado haga concesiones, pero no explica ni el porqué ni el cómo una política contraria lo habría de hacer. No delinea bajo qué criterios o qué herramientas consideran que ofrecer mayores capacidades económicas a sectores del pueblo cubano detonaría una transformación más profunda y sistémica.

El informe pone énfasis en el tema de las remesas y reconoce que estas pueden ayudar a incentivar una inversión informal; aunque faltaría señalar aquí cómo los límites políticos y ausencias de garantías jurídicas impuestas a la inversión de cubanos en el exterior mantienen el veto a ese financiamiento del emprendedurismo. En Cuba, pese al efecto de la crisis, sigue sin aprobarse un esquema para pymes. Lo mismo ocurre con la importación de bienes e insumos por parte de los privados, y continúa restringiéndose el ejercicio de actividades profesionales por cuenta propia.

Una limitación recurrente, al abordar las sanciones en diversos análisis y coberturas de prensa, ha sido considerarlas en bloque, como un paquete que se toma o deja en conjunto. Sin evaluar que ha quedado obsoleto del embargo, que es lesivo para los intereses de la población cubana —dentro y fuera de la Isla— y que debe mantenerse como respuesta a una élite incapaz de generar prosperidad y de respetar tanto los derechos humanos de sus habitantes como la soberanía popular y nacional de países vecinos, como Venezuela.

Ilustración: Ramsés Morales.

El diálogo y sus condiciones

Respecto al diagnóstico que sirve de punto de partida al trabajo, llama la atención la idea —normativamente deseable, empíricamente incierta— de que el actual Gobierno cubano estaría dispuesto a dialogar. Diálogo entendido desde una perspectiva y proceso en el cual dos o más actores tienen la voluntad de reconocer, escuchar, ceder y de algún modo comprometerse con soluciones subóptimas que resulten en beneficios para las partes concurrentes. En el caso cubano eso implicaría comprometerse con ciertas reformas que no excluyeran a priori sectores de la sociedad —sean los activistas opositores o funcionarios del régimen—, que fueran integrales —abarcando las dimensiones social, económica e institucional— y que presentasen puntos claros y evaluables.

Una pregunta para los redactores del informe —y para quienes se identifican con su propuesta— sería cómo correlacionar la perspectiva dialógica con la recomendación de responder con apertura a cada apertura, sin que colisionen con el posicionamiento del Gobierno cubano de condicionar la normalización de las relaciones a una renuncia de Estados Unidos a su política de defensa de los derechos humanos y apoyo a la sociedad civil. El cómo conciliar esa propuesta con la postura intransigente del Estado cubano es todo un desafío, de diseño y ejecución del compromiso.

El estudio adelanta la idea de que el incremento del flujo de viajes, comunicaciones y remesas sembró «semillas de reconciliación por encima de las diferencias de experiencia de historia». Una aseveración a nuestro juicio debatible, a la luz de la evolución reciente de la emigración y sociedad cubanas. A diferencia de lo que habría pasado si este proceso ocurriese en la Cuba de los años setenta o en la Centroamérica de los ochenta —naciones salidas de conflictos internos que dividieron a la población—, hoy los cubanos están, en lo fundamental, reconciliados como pueblo. Lo están desde el momento en que buena parte de los que viven en la Isla dependen económicamente de sus familiares del exilio y aceptan su dinero, sus valores y sus relaciones como algo natural y relevante para la familia.

El exilio histórico no es ya, en términos sociológicos, predominante en la comunidad emigrada; las generaciones posteriores tienen una relación mucho más armónica con su país natal. Donde se origina hoy la falta de reconciliación no es en los espacios sociales, sino en la política de no reconocimiento de derechos de los emigrados y la estigmatización que aún hace el discurso oficial cubano de los que se fueron. Cuando se aprecia, en los últimos años, cierto crecimiento del apoyo a medidas económicas de mano dura, ese incremento remite a segmentos de reciente emigración, a quienes no se les puede identificar con el exilio histórico.

La repolitización conservadora —y en algunos casos abiertamente trumpista— de estos jóvenes no deriva de una cultura política de derecha, ya que fueron formados en «la Revolución». Tampoco de algún sustrato de resentimiento con sus parientes en Cuba, cuya suerte y referentes compartieron hasta hace muy poco tiempo. Su radicalismo emana como respuesta, simbólica y efectiva, a un régimen político que de manera simultánea aprovecha su dinero mientras les niega derechos.

RELACIONES CUBA-ESTADOS UNIDOS, UN ASUNTO DE POLÍTICA INTERNA

La dimensión exterior

En el apartado de cómo lograr la resiliencia en las relaciones, llama la atención en el informe la idea de que sería deseable que Estados Unidos consiga mayor legitimidad con un cambio de política hacia Cuba. Sería bueno aclarar ante quiénes debería Washington ganar tal certificado de buena conducta; pues si regresamos a lo acontecido en la era Obama, recordaremos que Latinoamérica y Europa no acompañaron entonces de modo efectivo el acercamiento iniciado por la presidencia demócrata.

Durante aquellos años los europeos aliviados de no tener mayores amenazas de sanciones por sus negocios con la Isla implementaron un nuevo acuerdo con La Habana que —allende la retórica— ha maquillado la situación de los derechos humanos y ha marginado a diversos sectores de la sociedad civil emergente y autónoma. Por su parte, la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos, tras impulsar el fin del veto al regreso de Cuba a la OEA —respondido por La Habana con un desplante— y promover la presencia de la Isla en las Cumbres de las Américas —donde las delegaciones oficiales acosaron a los representantes de la sociedad civil independiente—, continuaron sin abordar con el Gobierno cubano su restrictiva política doméstica. En suma: cuando un nuevo Gobierno de EUA implementó acciones para modificar aquellas políticas comúnmente esgrimidas como causa del atrincheramiento cubano, los europeos y latinoamericanos no se comprometieron con una agenda multilateral de acompañamiento a las reformas.

Respecto al tema de Venezuela, no vemos cómo un mayor acercamiento con Cuba ayudaría a una probable solución a la crisis política de ese país. Cuba tiene hoy pocos incentivos para reconsiderar su apoyo al régimen de Maduro. Más allá de las críticas de los Gobiernos y sociedades democráticas por el rol de asesoría cubana en áreas claves de la institucionalidad venezolana[vi], La Habana no ha sido colocada ante una amenaza real de «perder perder». No se han producido, por ejemplo, sanciones específicas o incautación de activos —embarques de combustible, buques tanques, capacidades de refinación— ligados al comercio bilateral que impacten de forma real sobre el Gobierno cubano y los obligue a buscar una solución negociada a la crisis que pase por su salida de Venezuela. Al presente, toda petición en tal sentido es retórica sin dientes, rechazada por La Habana por su supuesto carácter «injerencista».

El Gobierno de Cuba ha sido corresponsable directo de la crisis socioeconómica y humanitaria y del bloqueo a la transición política en Venezuela. La élite cubana no solo ha secuestrado la soberanía popular de su propia población, sino que ha comprometido la soberanía nacional y popular de otro país vecino mediante la extracción de recursos no reinvertidos en beneficio del pueblo cubano. También a través del adiestramiento al aparato que reprime una movilización popular sostenida. En ese sentido, es justificable, desde puntos de vista políticos, jurídicos y éticos, que la élite cubana sea castigada por los efectos de sus decisiones y alianzas geopolíticas.

GUARDIA COSTERA ANTE AUMENTO DE BALSEROS CUBANOS: «NO SE LANCEN AL MAR»

El espacio de la sociedad civil

Al tratar de explicar el modo de avanzar en la normalización (pp. 4-6), el informe hace un llamado a centrarse en los resultados, bajo el supuesto de que Cuba (su Gobierno) debiera entender cómo le beneficiaría otorgar mayores libertades económicas y ciudadanas a su población. Reconoce el congelamiento de las medidas de liberalización económicas hacia el sector privado, la no aprobación de las pymes, la implementación de decretos restrictivos al ejercicio de libertades artísticas y de expresión en medios digitales.

Destaca, a lo largo del documento, la necesidad de empoderar al sector privado, en especial el segmento que durante la normalización fue identificado como emprendedores. Aunque se menciona varias veces lo imperioso de trabajar con todos los actores de la sociedad civil, no se aprecia un diagnóstico o evaluación de cómo el anterior proceso de normalización privilegió a cierta parte de ella —llamada zona gris—. La cual, pese a ser relativamente potable para el Gobierno, fue objeto de restricciones y hubo soslayo a algunos de sus principales representantes en el exilio. Durante la normalización continuó siendo marginal el apoyo de los promotores del compromiso al establecimiento y fomento de canales permanentes con una sociedad civil más plural; en particular, con actores o grupos rechazados por el Estado cubano en función de su identidad y activismo.

El énfasis en el emprendedurismo y la visión acotada de la sociedad civil debería ser un aprendizaje para un eventual nuevo proceso de normalización. Si no hay un empoderamiento considerable, en sentido amplio —con apego a derechos civiles y políticos y no solo económicos, en el cual sean atendidos trabajadores y ciudadanos y no solo cierta categoría de propietarios— cualquier iniciativa tenderá a generar sujetos privilegiados y nichos de negocio autorizados, metabolizables por la estructura de clases, empresarial y política de la élite cubana. Exponer ejemplos más concretos de cómo y cuáles serían los beneficios previstos de la normalización para el empoderamiento cívico ayudaría a ilustrar a los posibles beneficiarios los alcances de esas mejoras. Pero también ilustraría de dónde —y quiénes— vendrían las resistencias posibles a los cambios.

Un punto a desarrollar por los redactores del informe radica en cómo apoyar a esta sociedad civil para que su inclusión dentro de un eventual proceso normalizador no se reduzca a una representación identitaria limitada —clases medias y cuentapropistas urbanos, desligados de cualquier labor de activismo en temas como periodismo independiente o derechos humanos—, a efectos de vitrina para la normalización de Obama. Por último, el modo en que el informe plantea la revisión de los programas de Fomento a la Democracia —alega para ello las denuncias de corrupción— es problemático. Lo es porque coincide con un objetivo claro de la agenda de La Habana y de su lobby en EUA que pone el reconocimiento del régimen político vigente —el cual restringe tanto el activismo doméstico autónomo como a la solidaridad externa con este— como condición para la normalización entre ambos países. Más positivo sería pedir, de manera simultánea, que se revisen, fortalezcan y amplíen los alcances de las iniciativas, públicas y privadas, para el apoyo a la aún frágil sociedad civil cubana.

PROBLEMAS COMUNES, MIRADAS DIVERGENTES: LAS PROPUESTAS DE WOLA PARA CUBA Y VENEZUELA

Comentario final

Los supuestos de «Relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la era Biden…» conciernen con las ideas de empoderamiento (empowerment) y compromiso (engagement), constantes en la narrativa de la normalización. El empoderamiento apunta al entorno doméstico, a actores desfavorecidos en el actual orden socioeconómico y político insular. El compromiso relaciona dos macroactores —representados por Estados— en el entorno de las relaciones internacionales.

De acuerdo con un eventual cambio de la política hacia Cuba —como en cualquier caso (geo)político— podemos discutir la eficacia y diseño de todas las estrategias y acciones. La normalización no debe ser evaluada bajo criterios mecanicistas —«A conduce inevitablemente a B»— o lógicas binarias del tipo «es A o B, punto». El realismo debe siempre captar la complejidad y dinamismo detrás de cualquier situación en apariencia inmutable.

La administración Biden parece haber comprendido que un apresurado «borrón y cuenta nueva» con La Habana no generará, en la coyuntura actual y con las señales que vienen desde la Isla, más apertura y reformas. Sino más envalentonamiento, recursos e incentivos para la élite autoritaria y menos derechos y beneficios para la población cubana, residente y emigrada. El Gobierno cubano no necesita pretextos para reprimir el disenso cívico y la iniciativa económica de sus ciudadanos. Cualquier cierre o apertura le impactará no porque le ofrezca o elimine pretextos, sino porque le dará o quitará recursos de poder. Los «pretextos» solo tendrían relevancia si el Gobierno sintiera presiones o incentivos para quedar bien con socios más amables que Washington. Los presuntos implicados —Gobiernos de Europa y Latinoamérica— no han mostrado voluntad para jugar ese rol.

Lo correcto será siempre apoyar una agenda integral —bienestar económico y libertades públicas para todos los cubanos, dentro de la Isla y en la diáspora— y un esfuerzo multilateral —Gobiernos, sociedad civil— para resolver el problema cubano; y el apoyo de cualquier plataforma que de forma honesta luche, simultáneamente, por conseguir esos objetivos dentro y fuera de Cuba. En ese sentido, «Relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la era Biden…» combina varios aciertos y algunas limitaciones en su diagnóstico, propuestas y filosofía.

Es una buena práctica internacional, en el ámbito de las sanciones a regímenes autocráticos, buscar formas creativas de minimizar el impacto de aquellas sobre la población. Eso incluye la necesidad de revisarlas de manera periódica, con criterios políticos, jurídicos y humanitarios. No es justificable colocar de manera irreflexiva diques a las remesas, cerrar consulados e impedir viajes humanitarios. Pero sí es legítimo y razonable evitar, en el caso cubano, que los beneficios de la normalización —arribo de capital fresco, renovación de la confianza, flujo crediticio y legitimidad dentro de la comunidad internacional democrática— refuercen principalmente a los responsables directos de la misma crisis que «Relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la era Biden…» diagnostica en sus páginas. Se precisa un nuevo enfoque sobre la normalización que favorezca, junto al avance de los intereses comerciales, un real empoderamiento de la ciudadanía.

[i] Ver: http://cubastudygroup.org/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-16_CubaStudyGroup_PolicyPaper_2021_SPANISH.pdf

[ii] Ver: https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/12/A-New-Policy-of-Engagement-WOLA-CDA.pdf

[iii] La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y el Observatorio Cubano para los Derechos Humanos, entre otros actores de la sociedad civil, evidenciaron un aumento —en cantidad y diversidad— de las acciones represivas durante los años de la normalización. Para muestra, ver: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/a-pesar-del-deshielo-cuba-endurece-la-represion-nid1973949/

[iv] Ver al respecto: https://www.nytimes.com/es/2016/11/26/espanol/el-peso-de-fidel-frenaba-a-raul-y-los-cambios-en-cuba.html , https://www.semana.com/internacional/articulo/raul-castro-reformista-reelegido/170173/ y https://www.noroeste.com.mx/internacional/burocracia-frena-reforma-agricola-de-raul-castro-DFNO400366

[v] Ver al respecto: https://www.youtube.com/watch?v=UmcR2VVqesM

[vi] Documentadas en obras como Diego G. Maldonado, La invasión consentida, Debate, 2019.

 

***El texto forma parte del dosier Ruta diplomática entre Estados Unidos y Cuba: los posibles caminos.

 

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Johanna Cilano
Doctora en Historia. Abogada. Politóloga. Especializada en investigación, gestión e incidencia de la sociedad civil, y acceso a la justicia ambiental. Investigadora posdoctoral UNAM ENES León y miembro de la Red de Politólogas.
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Armando Chaguaceda
Politólogo por la Universidad de La Habana (Cuba) e historiador por la Universidad Veracruzana (México). Especializado en el estudio de los procesos de democratización y 'autocratización' en Latinoamérica y Rusia.
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Abel Cartaya

Sinceramente veo absurdo que se quiera dialogar con alguien que no lo desea, más cuando pretenden que existan cambios y flexibilizaciones, que sabemos de antemano no lo van a permitir. Si quieren presentar una propuesta, que sea con objetivos bien precisos y sin paños tibios, porque todo lo que ha hecho el gobierno de Cuba en los últimos años, es como si el embargo y la discordia con USA no le afectará.
Abel Cartaya

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