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Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.

Foto: Natalia Favre.

Problemas comunes, miradas divergentes: las propuestas de WOLA para Cuba y Venezuela

En diciembre pasado la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y el Centro para la Democracia en las Américas (CDA) elaboraron el estudio «The United States and Cuba: A New Policy of Engagement»[1]. Este propone un relanzamiento en tres fases de los nexos entre EUA y Cuba que concluiría en una eventual normalización en todos los ámbitos de la relación binacional.

El estudio reúne los aportes de varios expertos de la política estadounidense hacia Latinoamérica y, en particular, de reconocidos académicos del campo de estudios cubanoamericano. El léxico del documento —alrededor de la idea del «compromiso» (engagement)— es cónsono con los informes de este tipo realizados con anterioridad en el marco del proceso de acercamiento entre EUA y Cuba bajo la administración Obama. De hecho, utiliza numerosos datos, sondeos y opiniones de la comunidad académica y de lobby implicada en dicho proceso.

A partir de un balance de los pasos dados por las anteriores administraciones (Obama y Trump), el texto señala la necesidad de que Washington tome, de modo inicial y unilateral, una larga serie de acciones para disminuir —y a la postre eliminar— las sanciones económicas, mejorar las relaciones entre ambos Gobiernos y ampliar el intercambio turístico, cultural y estudiantil. Plantea la hipótesis de que una eventual normalización a través de este compromiso alejaría a La Habana del influjo y presencia de los competidores globales de EUA (China y Rusia), animaría la realización de reformas internas y mejoraría la situación de la población insular.

El tono general del informe es crítico de la política de endurecimiento republicano y celebratorio de la apertura demócrata. A la primera (Trump) se le cuestiona la ausencia de resultados y los daños causados a los intereses del Gobierno, las empresas y la ciudadanía de EUA y, de modo directo, a la población cubana. A la segunda (Obama) se le pondera por generar, en sentido opuesto, ganancias para todos los actores.

El documento presenta algunos puntos polémicos. El primero es una deficiencia epistémica del diagnóstico: se echa de menos una evaluación de la naturaleza diferenciada de la contraparte, sus lógicas y motivaciones. En «The United States and Cuba…», el Gobierno cubano es evaluado solo como un actor que responde de modo radical a presiones externas y no a características endógenas de su sistema y élite políticos. Que un estudio de tan ambiciosas metas y tan experta autoría ignore esta condición básica del análisis político —la necesidad de una evaluación atenta a la lógica específica del conflicto y los móviles particulares de los actores que lo integran— es asombroso.

Si se tratase de un estudio para policymakers norteamericanos, indicándoles cómo interactuar con la élite francesa, esta ausencia no sería notable. A fin de cuenta, se trataría de versiones culturalmente distintas de la política liberal democrática, con diferencias de grado y traducción. Pero entre el sistema pluralista norteamericano —integrado por una miríada de actores influyentes, con prioridades diversas— y el cubano —altamente centralizado y vertical en sus grupos de toma de decisión— hay una diferencia de cualidad.

RUTA DIPLOMÁTICA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CUBA: LOS POSIBLES CAMINOS (DOSIER)

Un segundo déficit es el informativo. Se ignoran hechos o se acomodan a la narrativa del documento. La lista enjundiosa de medidas e impactos negativos adjudicables a la política de embargo de Washington no guarda correspondencia con la ausencia de datos sobre las acciones que, en el período de Trump como antes con Obama, implementó La Habana en perjuicio de las reformas y, en sentido amplio, de sus ciudadanos. Por ejemplo: los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, documento marco de la reforma aprobado por el Partido Comunista de Cuba (PCC), fueron implementados de modo lento, parcial y en algunos casos reversible; como han demostrado los propios economistas cubanos. Las limitaciones al trabajo privado, la descentralización y la apertura económica antecedieron al arribo de Trump. Incluso desaprovecharon las acciones implementadas por Obama para facilitar el comercio y crédito a la Isla.

Precisamente porque propone la reapertura de relaciones comerciales como fórmula para el alivio a la crisis que afecta al pueblo cubano, no considerar la otra mitad de la ecuación hace del estudio uno sesgado. ¿Qué argumentos fundados en evidencias —a partir de los antecedentes— pueden esgrimir los autores para demostrar que una apertura inmediata animará las reformas inconclusas y beneficiará a la mayoría de la población? ¿No nutrirá esta las arcas de la élite cubana, al paralizar cualquier reforma, justo en detrimento de los anteriores (y loables) objetivos de prosperidad y empoderamiento declarados en «The United States and Cuba…»?

Un tercer punto a debatir es de la índole normativa. Al tratarse de un informe de académicos que trabajan en las condiciones de una sociedad abierta, a ratos parecen sostener una mirada distinta sobre la naturaleza de la ciudadanía cubana. Una suerte de rasero antropológico diferenciado. Cito un ejemplo: en la página 22 se solicita un rediseño de los «fondos de promoción de la democracia para promover la interacción auténtica entre personas a través de becas, intercambios culturales, de manera transparente y en consulta con el Gobierno cubano». ¿Bajo qué premisas los autores consideran que son posibles «interacciones auténticas» —deseables, futuras— y que otras, presentes, no lo son? ¿Por qué reducen el apoyo a la democracia a «intercambios culturales» o afines, despolitizando el asunto? ¿Cómo piensan estos académicos que el Gobierno cubano, con su lógica actual, podría y debería ser consultado en un eventual rediseño de esos programas? En este punto, el informe se acerca demasiado al discurso político de La Habana, que descalifica cualquier apoyo a la oposición y sociedad civil cubana.

Ilustración: Ramsés Morales.

Por la misma fecha en que se publicó «The United States and Cuba…», el equipo para Venezuela de WOLA elaboró el estudio «Recalibrating US policy in Venezuela. Learning from Failure and Seizing Opportunities»[2]. Se trata de otro documento que revisa los desaciertos de la política de Trump hacia Venezuela y las debilidades de la oposición liderada por Juan Guaidó; hace énfasis, además, en el fracaso de las sanciones para remover a Nicolás Maduro. El diagnóstico emana del trabajo de observación de los autores del informe en el terreno, en diálogo con expertos, organizaciones de la sociedad civil y, en general, con la población venezolana.

NORMALIZAR Y EMPODERAR, COMENTARIOS A UNA NUEVA PROPUESTA

El tono y redacción del estudio es, también, el característico de este tipo de documentos. El informe realiza un diagnóstico riguroso —con numerosos datos, en lugar de expresiones genéricas— de la situación interna y evalúa las responsabilidades de las partes en el conflicto. No se edulcoran ni se evitan términos como autoritarismo, represión y crisis humanitaria para explicar el contexto y su agravamiento. Se trata de un análisis en el cual lo político y lo humanitario van de la mano, y cada dimensión ocupa el lugar que tiene en el caso.

El estudio establece una agenda compleja que incluye trabajar con los aliados internacionales de Maduro —China, Rusia y Cuba— en áreas de interés común que ayuden a una potencial negociación. Desarrollar una estrategia multilateral con los aliados de Europa y Latinoamérica, incluido el Gobierno de Noruega, para relanzar los diálogos. Favorecer procesos de acuerdo parcial, paulatinos y con acompañamiento internacional que eviten la amenaza militar. Revisar aquellas sanciones que impactan de manera directa en la situación humanitaria y lastran un potencial regreso a la democracia. Ayudar a resolver el escenario del éxodo de refugiados y el status de estos en EUA. Incorporar en la formulación de políticas a expertos y organizaciones de la sociedad civil venezolanas, las cuales son señaladas, en varios momentos del informe, como foco de la nueva fase represiva del Gobierno de Maduro.

Merece una mención aparte el tema de los actores políticos que se presentan en «Recalibrating US policy in Venezuela…» en cierta contraposición a los actores sociales. La sociedad venezolana ya ha pasado por ese debate, tanto en la discusión sobre las razones que llevaron a Hugo Chávez al poder, como en las circunstancias actuales de la fractura opositora. Sin embargo, es importante reafirmar que una crisis política de la magnitud de la que se vive en Venezuela no debe caer en la tentación de revivir ese dilema, justamente cuando lo que se busca es la reagrupación de la sociedad. Tanto la sociedad como los partidos políticos son necesarios para la reconstrucción del tejido social del país. Lo que se requiere es que ambos entiendan su rol y se esfuercen por consolidar una agenda inclusiva que rechace cualquier aspiración a posicionar intereses particulares.

RELACIONES CUBA-ESTADOS UNIDOS, UN ASUNTO DE POLÍTICA INTERNA

Aquí es preciso hacer una anotación, válida tanto para «The United States and Cuba…» como para «Recalibrating US policy in Venezuela…». Si bien las sanciones son ineficientes para provocar un cambio de régimen[3], también pueden ser útiles para persuadir cambios graduales en el comportamiento de los actores a las que están dirigidas —si son diseñadas para ese propósito—. En otros casos, son reacciones forzadas por el comportamiento autoritario de Gobiernos, sea respecto a su población como a la proyección en el ámbito internacional.

En este particular, tanto La Habana como Caracas son regímenes que han cometido sostenidas y flagrantes violaciones de los derechos humanos de sus poblaciones. Incluso, el mismo aparato que reprime en Cuba está presente en Venezuela; por lo que se trata de una doble violencia contra la soberanía popular y nacional en suelo extranjero. Los Gobiernos de Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro han usado el tema de «los bloqueos» para victimizarse y profundizar la represión mientras manipulan o desoyen los distintos esfuerzos de negociaciones políticas, expansión de derechos, mejora de políticas públicas y acompañamiento de reformas.

Durante el proceso de escritura de este texto, dos fuentes consultadas dieron, de manera respectiva, las calificaciones más sintéticas de ambas propuestas. Para una politóloga venezolana, experta en transiciones democráticas, «el paper sobre Venezuela enfatiza lo humanitario sin ignorar lo político, y entiende esto en sentido amplio y con el foco y diálogo en todos los derechos de la población venezolana». Para un sociólogo norteamericano, especializado en el impacto de las sanciones, el informe sobre Cuba «tiene más una audiencia basada en la comunidad de élites de relaciones internacionales que en la sociedad civil. El enfoque parece ser las relaciones bilaterales entre Cuba y EUA, más que la promoción de los derechos humanos de los cubanos en el país».

Si leemos de modo cruzado «The United States and Cuba: A New Policy of Engagement» y «Recalibrating US policy in Venezuela. Learning from Failure and Seizing Opportunities», vemos dos aproximaciones divergentes ante problemáticas similares que emanan de un mismo origen: una reconocida organización de la sociedad civil norteamericana con vocación de incidencia pública doméstica e internacional. Con similar foco observamos: dos países con regímenes autocráticos, con graves situaciones socioeconómicas, aliados entre sí y sancionados por EUA. Pero los diferentes presupuestos analíticos y normativos de ambos estudios parecen sugerir que los casos —Cuba y Venezuela— deben ser tratados con perspectivas diferentes.

La semejanza de las crisis, el impacto en sus poblaciones y, lo que es más importante, la imbricación de los actores responsables de estas insinúa justo lo contrario. Sin una aproximación coherente —en lo analítico y lo cívico— a ambos procesos, las posibilidades de influir de modo efectivo para solucionar las crisis múltiples que aquejan a las dos naciones se alejará indefectiblemente. La suerte, opinión y derechos de las ciudadanías cubana y venezolana, concebidos de modo integral, debería estar en el centro de las miradas expertas que hablan en su nombre.

[1] Ver https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/12/A-New-Policy-of-Engagement-WOLA-CDA.pdf

[2] Ver https://www.wola.org/analysis/recalibrating-u-s-policy-in-venezuela-learning-from-failure-and-seizing-opportunities/

[3] Ver análisis de la autora al respecto https://www.programacuba.com/effectiveness-of-economic-sanctions

 

***El texto forma parte del dosier Ruta diplomática entre Estados Unidos y Cuba: los posibles caminos.

 

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Maria Isabel Puerta Riera
Licenciada en Ciencia Política (Universidad Fermín Toro). Magister en Ciencia Política y Administración Pública (Universidad de Carabobo). Doctora en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales (Universidad de Carabobo). Investigadora Asociada de Gobierno y Análisis Político A. C. (2020). Secretaria del Comité Ejecutivo de la Sección de Estudios Venezolanos (LASA). Miembro del Comité sobre el Estatus de la Facultad de Contigencia en la Profesión de la Asociación Americana de Ciencia Política (APSA). Miembro de la Red de Politólogas.
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El estudio reúne los aportes de varios expertos de la política estadounidense hacia Latinoamérica y, en particular, de reconocidos académicos del campo de estudios cubanoamericano. El léxico del documento —alrededor de la idea del «compromiso» (engagement)— es cónsono con los informes de este tipo realizados con anterioridad en el marco del proceso de acercamiento entre EUA y Cuba bajo la administración Obama. De hecho, utiliza numerosos datos, sondeos y opiniones de la comunidad académica y de lobby implicada en dicho proceso.

A partir de un balance de los pasos dados por las anteriores administraciones (Obama y Trump), el texto señala la necesidad de que Washington tome, de modo inicial y unilateral, una larga serie de acciones para disminuir —y a la postre eliminar— las sanciones económicas, mejorar las relaciones entre ambos Gobiernos y ampliar el intercambio turístico, cultural y estudiantil. Plantea la hipótesis de que una eventual normalización a través de este compromiso alejaría a La Habana del influjo y presencia de los competidores globales de EUA (China y Rusia), animaría la realización de reformas internas y mejoraría la situación de la población insular.

El tono general del informe es crítico de la política de endurecimiento republicano y celebratorio de la apertura demócrata. A la primera (Trump) se le cuestiona la ausencia de resultados y los daños causados a los intereses del Gobierno, las empresas y la ciudadanía de EUA y, de modo directo, a la población cubana. A la segunda (Obama) se le pondera por generar, en sentido opuesto, ganancias para todos los actores.

El documento presenta algunos puntos polémicos. El primero es una deficiencia epistémica del diagnóstico: se echa de menos una evaluación de la naturaleza diferenciada de la contraparte, sus lógicas y motivaciones. En «The United States and Cuba…», el Gobierno cubano es evaluado solo como un actor que responde de modo radical a presiones externas y no a características endógenas de su sistema y élite políticos. Que un estudio de tan ambiciosas metas y tan experta autoría ignore esta condición básica del análisis político —la necesidad de una evaluación atenta a la lógica específica del conflicto y los móviles particulares de los actores que lo integran— es asombroso.

Si se tratase de un estudio para policymakers norteamericanos, indicándoles cómo interactuar con la élite francesa, esta ausencia no sería notable. A fin de cuenta, se trataría de versiones culturalmente distintas de la política liberal democrática, con diferencias de grado y traducción. Pero entre el sistema pluralista norteamericano —integrado por una miríada de actores influyentes, con prioridades diversas— y el cubano —altamente centralizado y vertical en sus grupos de toma de decisión— hay una diferencia de cualidad.

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Un segundo déficit es el informativo. Se ignoran hechos o se acomodan a la narrativa del documento. La lista enjundiosa de medidas e impactos negativos adjudicables a la política de embargo de Washington no guarda correspondencia con la ausencia de datos sobre las acciones que, en el período de Trump como antes con Obama, implementó La Habana en perjuicio de las reformas y, en sentido amplio, de sus ciudadanos. Por ejemplo: los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, documento marco de la reforma aprobado por el Partido Comunista de Cuba (PCC), fueron implementados de modo lento, parcial y en algunos casos reversible; como han demostrado los propios economistas cubanos. Las limitaciones al trabajo privado, la descentralización y la apertura económica antecedieron al arribo de Trump. Incluso desaprovecharon las acciones implementadas por Obama para facilitar el comercio y crédito a la Isla.

Precisamente porque propone la reapertura de relaciones comerciales como fórmula para el alivio a la crisis que afecta al pueblo cubano, no considerar la otra mitad de la ecuación hace del estudio uno sesgado. ¿Qué argumentos fundados en evidencias —a partir de los antecedentes— pueden esgrimir los autores para demostrar que una apertura inmediata animará las reformas inconclusas y beneficiará a la mayoría de la población? ¿No nutrirá esta las arcas de la élite cubana, al paralizar cualquier reforma, justo en detrimento de los anteriores (y loables) objetivos de prosperidad y empoderamiento declarados en «The United States and Cuba…»?

Un tercer punto a debatir es de la índole normativa. Al tratarse de un informe de académicos que trabajan en las condiciones de una sociedad abierta, a ratos parecen sostener una mirada distinta sobre la naturaleza de la ciudadanía cubana. Una suerte de rasero antropológico diferenciado. Cito un ejemplo: en la página 22 se solicita un rediseño de los «fondos de promoción de la democracia para promover la interacción auténtica entre personas a través de becas, intercambios culturales, de manera transparente y en consulta con el Gobierno cubano». ¿Bajo qué premisas los autores consideran que son posibles «interacciones auténticas» —deseables, futuras— y que otras, presentes, no lo son? ¿Por qué reducen el apoyo a la democracia a «intercambios culturales» o afines, despolitizando el asunto? ¿Cómo piensan estos académicos que el Gobierno cubano, con su lógica actual, podría y debería ser consultado en un eventual rediseño de esos programas? En este punto, el informe se acerca demasiado al discurso político de La Habana, que descalifica cualquier apoyo a la oposición y sociedad civil cubana.

Ilustración: Ramsés Morales.

Por la misma fecha en que se publicó «The United States and Cuba…», el equipo para Venezuela de WOLA elaboró el estudio «Recalibrating US policy in Venezuela. Learning from Failure and Seizing Opportunities»[2]. Se trata de otro documento que revisa los desaciertos de la política de Trump hacia Venezuela y las debilidades de la oposición liderada por Juan Guaidó; hace énfasis, además, en el fracaso de las sanciones para remover a Nicolás Maduro. El diagnóstico emana del trabajo de observación de los autores del informe en el terreno, en diálogo con expertos, organizaciones de la sociedad civil y, en general, con la población venezolana.

NORMALIZAR Y EMPODERAR, COMENTARIOS A UNA NUEVA PROPUESTA

El tono y redacción del estudio es, también, el característico de este tipo de documentos. El informe realiza un diagnóstico riguroso —con numerosos datos, en lugar de expresiones genéricas— de la situación interna y evalúa las responsabilidades de las partes en el conflicto. No se edulcoran ni se evitan términos como autoritarismo, represión y crisis humanitaria para explicar el contexto y su agravamiento. Se trata de un análisis en el cual lo político y lo humanitario van de la mano, y cada dimensión ocupa el lugar que tiene en el caso.

El estudio establece una agenda compleja que incluye trabajar con los aliados internacionales de Maduro —China, Rusia y Cuba— en áreas de interés común que ayuden a una potencial negociación. Desarrollar una estrategia multilateral con los aliados de Europa y Latinoamérica, incluido el Gobierno de Noruega, para relanzar los diálogos. Favorecer procesos de acuerdo parcial, paulatinos y con acompañamiento internacional que eviten la amenaza militar. Revisar aquellas sanciones que impactan de manera directa en la situación humanitaria y lastran un potencial regreso a la democracia. Ayudar a resolver el escenario del éxodo de refugiados y el status de estos en EUA. Incorporar en la formulación de políticas a expertos y organizaciones de la sociedad civil venezolanas, las cuales son señaladas, en varios momentos del informe, como foco de la nueva fase represiva del Gobierno de Maduro.

Merece una mención aparte el tema de los actores políticos que se presentan en «Recalibrating US policy in Venezuela…» en cierta contraposición a los actores sociales. La sociedad venezolana ya ha pasado por ese debate, tanto en la discusión sobre las razones que llevaron a Hugo Chávez al poder, como en las circunstancias actuales de la fractura opositora. Sin embargo, es importante reafirmar que una crisis política de la magnitud de la que se vive en Venezuela no debe caer en la tentación de revivir ese dilema, justamente cuando lo que se busca es la reagrupación de la sociedad. Tanto la sociedad como los partidos políticos son necesarios para la reconstrucción del tejido social del país. Lo que se requiere es que ambos entiendan su rol y se esfuercen por consolidar una agenda inclusiva que rechace cualquier aspiración a posicionar intereses particulares.

RELACIONES CUBA-ESTADOS UNIDOS, UN ASUNTO DE POLÍTICA INTERNA

Aquí es preciso hacer una anotación, válida tanto para «The United States and Cuba…» como para «Recalibrating US policy in Venezuela…». Si bien las sanciones son ineficientes para provocar un cambio de régimen[3], también pueden ser útiles para persuadir cambios graduales en el comportamiento de los actores a las que están dirigidas —si son diseñadas para ese propósito—. En otros casos, son reacciones forzadas por el comportamiento autoritario de Gobiernos, sea respecto a su población como a la proyección en el ámbito internacional.

En este particular, tanto La Habana como Caracas son regímenes que han cometido sostenidas y flagrantes violaciones de los derechos humanos de sus poblaciones. Incluso, el mismo aparato que reprime en Cuba está presente en Venezuela; por lo que se trata de una doble violencia contra la soberanía popular y nacional en suelo extranjero. Los Gobiernos de Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro han usado el tema de «los bloqueos» para victimizarse y profundizar la represión mientras manipulan o desoyen los distintos esfuerzos de negociaciones políticas, expansión de derechos, mejora de políticas públicas y acompañamiento de reformas.

Durante el proceso de escritura de este texto, dos fuentes consultadas dieron, de manera respectiva, las calificaciones más sintéticas de ambas propuestas. Para una politóloga venezolana, experta en transiciones democráticas, «el paper sobre Venezuela enfatiza lo humanitario sin ignorar lo político, y entiende esto en sentido amplio y con el foco y diálogo en todos los derechos de la población venezolana». Para un sociólogo norteamericano, especializado en el impacto de las sanciones, el informe sobre Cuba «tiene más una audiencia basada en la comunidad de élites de relaciones internacionales que en la sociedad civil. El enfoque parece ser las relaciones bilaterales entre Cuba y EUA, más que la promoción de los derechos humanos de los cubanos en el país».

Si leemos de modo cruzado «The United States and Cuba: A New Policy of Engagement» y «Recalibrating US policy in Venezuela. Learning from Failure and Seizing Opportunities», vemos dos aproximaciones divergentes ante problemáticas similares que emanan de un mismo origen: una reconocida organización de la sociedad civil norteamericana con vocación de incidencia pública doméstica e internacional. Con similar foco observamos: dos países con regímenes autocráticos, con graves situaciones socioeconómicas, aliados entre sí y sancionados por EUA. Pero los diferentes presupuestos analíticos y normativos de ambos estudios parecen sugerir que los casos —Cuba y Venezuela— deben ser tratados con perspectivas diferentes.

La semejanza de las crisis, el impacto en sus poblaciones y, lo que es más importante, la imbricación de los actores responsables de estas insinúa justo lo contrario. Sin una aproximación coherente —en lo analítico y lo cívico— a ambos procesos, las posibilidades de influir de modo efectivo para solucionar las crisis múltiples que aquejan a las dos naciones se alejará indefectiblemente. La suerte, opinión y derechos de las ciudadanías cubana y venezolana, concebidos de modo integral, debería estar en el centro de las miradas expertas que hablan en su nombre.

[1] Ver https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/12/A-New-Policy-of-Engagement-WOLA-CDA.pdf

[2] Ver https://www.wola.org/analysis/recalibrating-u-s-policy-in-venezuela-learning-from-failure-and-seizing-opportunities/

[3] Ver análisis de la autora al respecto https://www.programacuba.com/effectiveness-of-economic-sanctions

 

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