Marta* lleva siete años en Chile y padece cáncer de útero. No sabe si podrá tratarlo a tiempo. Cuando se mira en el espejo, piensa que quizá no vuelva a ver a su madre en Cuba. Llegó en 2018, cruzando por un paso no habilitado desde Perú, con una mochila, la ropa justa y el dinero de la venta de su casa en Matanzas. Su padre había muerto, su madre —esquizofrénica, asmática y operada de cáncer— vivía con un hombre de pocos recursos. Marta tiene 52 años y es la menor de cinco hermanos, nunca tuvo hijos y decidió que su propósito de vida era sostener a la mujer que la crió. «Yo dije: Dios no me mandó hijos, pero tengo a mi mamá por quien luchar».

El valor de irse se lo dio la necesidad de supervivencia. En Cuba, su salario como profesora de primaria apenas alcanzaba los 8 USD mensuales. Con la venta de una casa de campo y las ganancias de un negocio informal de ropa comprada en el extranjero, ahorró lo suficiente para pagar un boleto a Guyana y empezar a «saltar fronteras». «Siempre lo tuve en mente, pero las posibilidades no aparecían», recuerda. Hasta que en 2018 reunió el dinero y partió.

En Guyana, empezó la travesía hacia el sur. Atravesó Brasil, Perú y, finalmente, Chile, donde se autodenunció en la frontera y pidió refugio. En 2019, le concedieron la visa temporal y pudo viajar a ver a su madre. No sabía que ese viaje, repetido en 2020, jugaría en su contra: al regresar, Migraciones le negó la renovación. Desde 2021, vive en situación irregular, encadenando solicitudes de regularización sin respuesta. «Si me hubieran dicho que podía traer a mi mamá por reunificación, yo no hubiera salido de Chile», afirma.

La llegada de Marta al país sudamericano no fue como la imaginaba. Durmió en terminales, en una ocasión pasó ocho días sin bañarse, y durante mucho tiempo se sostuvo con la ayuda de conocidos. En Santiago —la capital chilena—, un matrimonio le ofreció trabajo como garzona en un restaurante y alojamiento en su casa en Las Condes, una de las comunas de mayores ingresos del país. 

La promesa de techo, comida y sueldo, en realidad, se tradujo en un pago ínfimo y condiciones de alojamiento insalubres. Marta recuerda la primera noche que pasó allí de los siguientes tres meses. Le habían dejado un colchón en el suelo, ubicado en una habitación del ancho de un pasillo, infestada de chinches y con olor a perros. No le dieron sábanas ni nada más y le indicaron que debía asearse en un baño exterior sin techo. 

Marta sentía ganas de morir. Era pleno invierno y en Santiago, durante la noche, la temperatura rondaba los 2 °C. Al abrir la ducha, el agua helada le caló los huesos.

Entre expectativas y realidad: cubanos en Chile

Cuando Marta llegó en 2018, Chile aparecía en las conversaciones de los viajeros cubanos como un destino prometedor. Se corría la voz de que allí daban papeles. Como habían demostrado estudios previos, se habían generado altas expectativas alimentadas por la palabra de coyotes y otros migrantes, y una llegada que pronto se complica con las barreras de un sistema de acogida lento y restrictivo.

Según estimaciones del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), más de 21 300 personas provenientes de Cuba residen actualmente en Chile. La comunidad creció con fuerza entre 2012 y 2018, pero entre 2023 y 2024 registró una disminución del 2.3 %. En 2022, el grupo más numeroso se encontraba entre los 30 y 39 años (36.1 %) y tenía una composición mayoritariamente masculina (57.8 %). Casi la mitad vive en la Región Metropolitana de Santiago, seguida por Tarapacá y Arica.

El volumen de solicitudes de residencia temporal refleja esa oleada: entre 2014 y el primer semestre de 2024 se presentaron 19 265 peticiones, de las que se otorgaron 16 881. Aunque en el último semestre las solicitudes crecieron un 33 %, la ruta hacia la residencia definitiva sigue siendo compleja. Solo 6 623 personas han conseguido ese estatus en la última década, y 1 097 han llegado a la nacionalización.

En la práctica, las cifras esconden historias como la de Marta, que lleva más de tres solicitudes de regularización sin respuesta. De acuerdo con el estudio «Nuevos flujos migratorios en las Américas. La migración de cubanos y venezolanos hacia Chile (2019-2024)», este tipo de situaciones no son aisladas, sino un patrón recurrente en la experiencia de las personas migrantes entrevistadas. El sistema, señalan los testimonios recogidos en esta investigación, no solo es lento, sino que en ocasiones desinforma y expone a los migrantes a fallos o procedimientos arbitrarios. 

«Fui a pedir refugio y lo que la funcionaria escribió no tenía nada que ver con lo que yo dije», cuenta Osvaldo, migrante cubano de 34 años. En su caso, el plan original era llegar a Uruguay, pero la falta de dinero lo obligó a desviarse hacia Chile. Entró sin conocer a nadie y pronto comprobó que, a diferencia de la isla —donde «todos son familia»—, allí «tú tocas una puerta y no te abre nadie, a no ser que conozcas a alguien».

A Isis, otra migrante procedente de la isla caribeña, el camino le enseñó que la promesa de refugio podía evaporarse en la frontera. «Llegamos con mis hijos y desde Bolivia no nos dejaron entrar. Tuvimos que pasar por pasos irregulares», relató. Ya en Santiago, trabajó en casas particulares sin contrato, aceptando sueldos bajos por miedo a perder su única fuente de ingresos. Con el tiempo, notó que el cansancio no venía solo de las horas trabajadas, sino de la constante incertidumbre sobre su situación legal: «Uno vive como a prueba, siempre esperando una respuesta que no llega».

Las trabas en cuanto a la adquisición de documentos empujan a gran parte de la comunidad a la informalidad laboral, según corroboran los resultados de esta investigación. El aseo doméstico, la construcción y el comercio ambulante son los rubros más comunes en los que se insertan, con salarios por debajo del estándar local y sin protección jurídica. «Por menos de 40 000 CLP (42 USD), ninguna chilena hace aseo en una casa grande; a mí me pagan 35 000 (36.7 USD) y me piden que rinda como tres personas», lamenta Marta. A veces, le toca asumir semanas de 50 horas de trabajo. 

En los días previos a una colonoscopía, Marta trabajó limpiando una casa de siete habitaciones y cinco baños, alimentándose solo con caldo de pollo colado y té de manzanilla por requerimiento médico. El último día, pidió permiso para salir antes porque se sentía a punto de desmayarse. Caminó más de 5 kilómetros hasta encontrar transporte.

Isis también ha vivido experiencias similares: «He trabajado jornadas de más de 12 horas por un pago que no alcanza para la renta y la comida. Y si reclamas, te reemplazan al día siguiente».

Mariana, la mujer que huyó dos veces

Mariana salió de Ciudad Guayana, en el sur de Venezuela, con su madre, su hija de 8 años y un sobrino adolescente, en 2019. El viaje fue una decisión repentina, tomada después de que unos hombres armados la interceptaron cuando llevaba a la niña al colegio. «Apuntaron a mi hija y me dijeron que le dijera a mi mamá que se alejara de la política», recuerda. Su madre, candidata opositora a la reelección como diputada, ya había sufrido el allanamiento violento de su casa: le destrozaron puertas y muebles, y se llevó lo poco que quedaba para mudarse con su hija. Años antes, el esposo de Mariana había recibido un disparo en la mano durante una protesta, y su cuñada —también candidata opositora— había sido amenazada. 

Antes de emigrar, Mariana —de 37 años— trabajaba en el sector eléctrico. Entró como secretaria administrativa y, tras 16 años, llegó a ser jefa de subestación. Ganaba alrededor de 200 USD mensuales, insuficientes para cubrir las necesidades de su pequeña, que padece problemas renales y hormonales. 

La ruta hacia el sur fue larga y accidentada: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y, finalmente, Chile. Vendió su carro para financiar el trayecto, y su hermano —residente en Perú— pagó a un guía para que atravesaran algunas fronteras. En Ecuador, la solidaridad de desconocidos les alivió el camino. En Perú, donde permanecieron varios meses, percibieron mucha hostilidad. Mariana recuerda que los despidos llegaban sin previo aviso y sin razones claras. Los comentarios despectivos en la calle o en el trabajo se volvieron parte del día a día. En el colegio, su sobrina fue blanco de burlas y empujones y empezó a negarse a asistir por miedo a nuevos episodios de acoso escolar.

La imposibilidad de encontrar un empleo estable y de continuar los estudios terminó por cerrar cualquier expectativa de asentarse allí. Con la misma urgencia con que habían salido de Venezuela, Mariana y su familia volvieron a empacar.

En Chile se instalaron en Iquique, ciudad portuaria del norte y uno de los principales puntos de llegada de migrantes en la región de Tarapacá. Allí, Mariana terminó el cuarto medio laboral y empezó estudios en enfermería para cuidados de adultos mayores. Trabajó de cuidadora, en faenas mineras y de censista del Instituto Nacional de Estadísticas. Pero las dolencias en la columna —discopatías en tres vértebras— y una neuropatía le cerraron oportunidades laborales, incluso en áreas en las que acumulaba experiencia.

Retomar la ingeniería industrial que dejó a medias en Venezuela no ha sido fácil debido a la burocracia: apostillar títulos, inscribirse en el Colegio de Ingenieros, pagar equivalencias… «Prefiero empezar de cero acá que arriesgarme a ir a Venezuela y que no me den nada», afirma. Mientras tanto, sobrevive con un trabajo parcial en un pequeño restaurante familiar, sin contrato, y con la ayuda de organizaciones como la Congregación Madre Josefa o el Servicio Jesuita a Migrantes.

Cartografía de la migración venezolana en Chile

En la actualidad, Chile es el quinto país de acogida de venezolanos, por detrás de Colombia, Perú, Brasil y Ecuador. Datos del INE revelaron que casi 728 000 venezolanos viven en Chile, el 38 % de la población extranjera. La mayoría es joven: el 83 % está en edad laboral (15 a 64 años) y más del 65 % reside en la Región Metropolitana; especialmente, en comunas como Santiago, Estación Central y San Miguel.

Las motivaciones para llegar a Chile, como relató Mariana, combinan razones económicas, de seguridad y de reunificación familiar. «Si en Venezuela hubiera tenido una mejor situación económica, me habría quedado. Empezar de cero no es fácil, pero allá ya no había cómo sostenerse», afirma. De acuerdo con estudios previos, los migrantes venezolanos mencionan a Chile como un país con «oportunidades laborales» y «posibilidad de regularizarse más rápido que en otros países de la región». Sin embargo, las conclusiones del estudio «Nuevos flujos migratorios en las Américas. La migración de cubanos y venezolanos hacia Chile (2019-2024)» muchas veces contradicen esa expectativa: la burocracia, la irregularidad forzada y la discriminación en el acceso al empleo formal son obstáculos recurrentes.

Entre 2014 y el primer semestre de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones recibió 296 340 solicitudes de residencia temporal de personas venezolanas, de las cuales se otorgaron 244 572. Solo en el último semestre de 2024 se presentaron 22 604 solicitudes, un aumento del 25 % con respecto al semestre anterior. El grupo más numeroso es el de 30 a 44 años, que representa el 40.5 % de quienes solicitan este permiso, seguido de personas entre 18 y 29 años (36.4 %). En cuanto al sexo, las solicitudes están casi equilibradas: 51.2 % hombres y 48.8 % mujeres.

La residencia definitiva también muestra un volumen significativo: 172 945 solicitudes entre 2014 y el primer semestre de 2024, de las que se aprobaron 135 788. La mayoría se concentra en la Región Metropolitana (59.1 %), seguida por Antofagasta (6.4 %) y Tarapacá (5.8 %). Las cifras de nacionalización son igualmente relevantes: 23 671 solicitudes en el mismo período, con un 55.1 % de mujeres y una prevalencia en el grupo de 30 a 44 años (46.3 %). 

En materia económica, la comunidad venezolana en el territorio chileno tiene un peso importante. Según un estudio de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y las cámaras de comercio Cavecom y Cavex, cerca del 79 % de los migrantes venezolanos trabaja, lo que ha generado una recaudación fiscal estimada de 410 millones de dólares estadounidense en 2022, equivalentes al 1.03 % de los ingresos tributarios del país. Por cada peso invertido en salud y educación para esta población, el Estado recibió 1.62 CLP en impuestos.

Pese a estos aportes, la integración no es automática. El director del Sermig ha reconocido que el incremento de la población migrante irregular —uno de cada seis en 2023— y la ausencia de una estrategia de integración efectiva son desafíos urgentes. 

Rodrigo Sandoval, exjefe de Extranjería y Migración en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), lo resumió así en una entrevista concedida al diario español El País: «Se trata de un proyecto que, como casi toda la agenda migratoria de este Gobierno, responde más a la presión de una oposición obtusa que a una visión estratégica de largo plazo. La iniciativa sigue centrada en los mecanismos de ingreso y expulsión, los dos aspectos en los que se ha concentrado la política migratoria en los últimos años sin lograr ningún cambio estructural. Mientras tanto, los aspectos que tocan la integración —que es clave para la cohesión social— siguen siendo tratados de manera marginal o con propuestas regresivas que establecen criterios aberrantes de priorización en el acceso a servicios».

Organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes advierten que la legislación vigente es altamente restrictiva y que la mayoría de los mecanismos de regularización son poco accesibles para quienes ingresaron de forma irregular. A lo anterior se suma el clima social. Una encuesta del INE revela que el 18 % de los venezolanos en Chile declara haber sufrido discriminación en su barrio por su nacionalidad, una proporción más alta que la de colombianos (13 %) o peruanos (8 %). Casos como el asesinato de la migrante Yaidy Garnica han encendido alarmas sobre la violencia y la xenofobia contra la comunidad venezolana. 

En los relatos personales, la desprotección es frecuente. Así lo demuestran algunos testimonios recogidos en un informe de la OIM en Chile. «Cuando me van a pagar el mes, me pagan 160 000 CLP (168 USD) y no los 200 000 (210 USD) que habíamos acordado. Cuando pregunté, me dijeron que era porque no tenía permiso de trabajo», contó una entrevistada. Otro trabajador relató: «Ese mes trabajé mucho; debía recibir 900 000 CLP (945 USD) y el jefe de obra dijo que era mucho para mí, así que me pagaron 400 000 CLP (420 USD)». Mariana también recuerda episodios similares que ha vivido: «Si uno pide permiso para ir al médico, lo miran como si estuviera inventando».

En el comercio informal, los abusos se repiten. «Conseguí un trabajo en Maipú vendiendo churros. Después de una semana me dijeron que no había dinero para pagarme y, cuando reclamé, amenazaron con llamar a Carabineros porque no tenía papeles», dijo un joven venezolano. La xenofobia, aunque no siempre explícita, permea la vida cotidiana. «Íbamos cruzando un semáforo y una señora lanzó basura desde el auto; cuando mi hija la recogió, le dijo: “Para eso son los extranjeros, para que limpien nuestra basura”», relata Mariana.

El capital social —la red de contactos y apoyo— resulta clave para resistir. Quienes llegaron en las primeras oleadas, como Mariana, carecían de vínculos que facilitaran alojamiento, empleo o información. «Llegar sin conocer a nadie es salir a la calle sin dirección, sin propósito; eso es lo más malo del mundo», resume. Con el tiempo, muchos han construido nuevos lazos, pero en un contexto en el que la diferencia de derechos entre nacionales y personas en situación irregular deja espacio para abusos y amenazas de denuncia.

Evolución de la política migratoria en Chile

Desde el retorno a la democracia, la política migratoria chilena ha transitado por dos grandes etapas. En la primera —de apertura— se firmaron acuerdos internacionales y reformas orientadas a la integración y protección de derechos. En 2004, se ratificó el protocolo contra la trata de personas de Naciones Unidas y, al año siguiente, el convenio sobre trabajadores migrantes. El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) abrió el acceso a la atención pública sanitaria para personas extranjeras, y se creó un mecanismo provisional para que niños y niñas sin cédula chilena pudieran matricularse en las escuelas, recibir alimentación, becas y la Tarjeta Nacional Estudiantil.

En educación, el Identificador Provisorio Escolar (IPE) sigue siendo clave para la matrícula de estudiantes sin documentación regular, aunque su implementación presenta vacíos: muchas familias desconocen el trámite o llegan fuera de los plazos. Por otro lado, el IPE no está vinculado al Permiso de Residencia Humanitario para menores, lo que genera una brecha entre ambos mecanismos.

No obstante, a partir de 2014 ocurrió un giro restrictivo, coincidente con un alza histórica en la migración hacia Chile, especialmente desde Perú, Bolivia, Haití, Venezuela, Colombia y República Dominicana. La situación derivó en la aplicación de medidas de control como el requerimiento de visas consulares y el establecimiento del Visado de Responsabilidad Democrática (VRD) para venezolanos en 2018, que fue eliminado formalmente con la entrada en vigor del nuevo reglamento de la Ley de Migración y Extranjería en febrero de 2022. En paralelo, se activó el Plan Frontera Norte para reforzar el control en zonas limítrofes.

Durante la pandemia, el cierre de fronteras y el aumento de ingresos irregulares en el territorio —que superaron los 50 000 anuales, según el Servicio Jesuita a Migrantes— llevaron a medidas más duras, como el rechazo masivo de solicitudes de visa, expulsiones colectivas y la ejecución de reconducciones sin garantías procesales. En ese contexto, la Ley 21.325 de Migración y Extranjería en 2021 introdujo avances normativos: igualdad de acceso a derechos, procedimientos administrativos garantistas y mecanismos de protección complementaria, pero su implementación fue postergada hasta 2022 y se acompañó de nuevas restricciones.

Con la puesta en marcha de la primera Política Nacional de Migración (PNME), se organizaron diez ejes que integran derechos, desarrollo y seguridad. Sin embargo, en la práctica, las autoridades priorizan medidas de control migratorio, como la reconducción inmediata de personas extranjeras que ingresan por pasos no habilitados, ejecutada a través de la Resolución 17.548. 

En 2024, con la promulgación de la Ley de Infraestructura Crítica (21.542) y la Ley 21.655, se reforzaron los poderes de las Fuerzas Armadas y se agregaron barreras al acceso al refugio, lo que consolidó el enfoque del Estado chileno en la seguridad fronteriza más que en los derechos humanos. 

Los investigadores a cargo de este estudio refieren que estas disposiciones permiten a la Policía trasladar a los migrantes hasta la frontera para ser entregados a los países vecinos, sin un procedimiento formal que garantice el acceso a defensa jurídica, derecho a audiencia o evaluación individualizada de su situación, lo que expone a las personas a vulneraciones graves de sus derechos. 

El senador socialista Juan Luis Castro planteó la posibilidad de crear campamentos en la frontera para acoger a los venezolanos mientras se verifican su documentación. Otros actores del espectro político más a la derecha exigen medidas drásticas como zanjas o plantean, directamente, el cierre de fronteras. A lo anterior se suman las declaraciones del canciller chileno Alberto Van Klaveren, quien afirmó que la capacidad de Chile para seguir recibiendo inmigrantes «es muy reducida».  

Sin embargo, el Banco Mundial señala que la migración aporta a Chile un bono demográfico —con una población joven y altamente activa en el mercado laboral—, niveles educativos similares o superiores al promedio nacional, y profesionales en áreas con déficit. Además, su sostenibilidad fiscal es mayor que la de los chilenos, pues aportan más en impuestos de lo que reciben en beneficios. Entre 2017 y 2023, solo la migración venezolana sumó en promedio 0.2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB real y 117 USD al PIB per cápita, lo que contribuyó a reducir el déficit fiscal.

Si toda la población venezolana en Chile lograra regularizar su situación e integrarse plenamente en el mercado laboral formal, el ingreso fiscal potencial ascendería a 510 127 517 USD, una cifra equivalente al costo de construir alrededor de 25 estaciones de metro, según estimaciones del organismo.

La tierra prometida que no fue

En Chile, la Ley 20.430 establece normas sobre protección de refugiados y reconoce como tales a toda persona que, debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país de origen. El estatus de refugiado otorga derecho a residencia temporal renovable, acceso a salud, educación, empleo y documentos de identidad, así como a iniciar el trámite para la residencia definitiva después de dos años. El proceso de reconocimiento exige entrevistas presenciales, revisión de pruebas documentales y dictámenes de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, lo que puede demorar varios años.

Expertos y organismos internacionales insisten en que Chile necesita una política migratoria integral. En el plano político, la balanza sigue oscilando entre seguridad y derechos. Los discursos que asocian migración con delincuencia —sin respaldo estadístico sólido— han permeado la agenda pública y endurecido las condiciones de ingreso y permanencia. «No hay un mecanismo de protección internacional lo suficientemente robusto», señala Juan Pablo González, jefe de Estudios en el Servicio Jesuita a Migrantes e investigador del estudio «Nuevos flujos migratorios en las Américas. La migración de cubanos y venezolanos hacia Chile (2019-2024)». 

En su experiencia, venezolanos y cubanos enfrentan grandes obstáculos para demostrar que están en situación de peligro. «Es distópico negar protección a alguien que vive una crisis humanitaria solo porque no puede obtener un papel», afirma. La consecuencia es que no logran insertarse plenamente en la sociedad chilena.

Regularizarse en Chile resulta difícil porque los plazos de respuesta del Servicio Nacional de Migraciones suelen superar con creces lo establecido por ley, y los requisitos documentales —como certificados apostillados, contratos laborales formales o acreditación de ingresos— son difíciles de cumplir para quienes llegaron por pasos no habilitados o trabajan en la informalidad. En efecto, en el país sudamericano, el 17.6 % de los migrantes se encuentra en situación irregular. El 75 % de ellos es de origen venezolano. A la falta de ventanillas únicas y de información clara, se suman rechazos por errores administrativos que perpetúan un círculo de exclusión: sin papeles no hay empleo formal y sin empleo formal no hay papeles.

Las consecuencias se sienten en todos los planos. Las personas sin estatus regular no pueden trabajar legalmente, lo que las empuja a vivir en hacinamiento o en asentamientos informales. La movilidad constante en busca de empleo impide construir redes de apoyo y afecta la salud mental. Aunque el acceso a la salud es, en teoría, universal, González recuerda que, en la práctica, «los migrantes no suelen acceder a prestaciones que van más allá de las urgencias». El resultado es una pérdida del derecho a participar plenamente en la vida social.

Para González, la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela agrava el problema para ese colectivo. «Pedirle a un venezolano un documento que solo puede obtener en el consulado es, simplemente, inviable». Entre sus propuestas, plantea una regularización permanente para quienes puedan demostrar arraigo o una oferta laboral, un compromiso más fuerte contra los discursos de odio —porque «eso se legitima y tiene un efecto directo en los servicios públicos»—.

Marta lo vive en carne propia. Desde Colina, donde arrienda una pieza con su pareja, sobrevive con trabajos esporádicos de aseo y algunos bonos estatales. De su ingreso, una parte va a su madre en Cuba: dinero, medicinas, ropa. La otra se esfuma en la renta y en cuentas médicas. El cáncer de útero, los miomas y los problemas digestivos la obligan a exámenes costosos que no puede cubrir sin endeudarse. Aunque está inscrita en Fonasa —el sistema público que financia las atenciones médicas en Chile mediante tramos de copago según el nivel de ingresos—, figura en el tramo D, lo que implica pagar la mayor parte de los costos de su bolsillo. Cambiar de tramo requiere presentar documentos que no puede obtener sin visa vigente.

«Yo sería incapaz de ir a La Moneda a gritarle al presidente cualquier barbaridad porque no me dé derechos. Si yo no fui capaz de luchar por los derechos en mi país, donde nací y dejé a mi familia atrás para venir a buscar mejor vida, tampoco tendría el valor de ir a ofender a un presidente ni a un carabinero ni a la PDI porque me exigen un papel que no tengo. Yo solamente le pediría ayuda», expresa la cubana.

«Es absurdo que me pidan un contrato si saben que no puedo trabajar formalmente», dice. La irregularidad laboral también implica inestabilidad económica. «Tengo semanas que no trabajo todos los días, y otras en las que no me sale nada. En esas, no genero. A veces me voy hasta sin fuerzas», cuenta. Su madre, desde Cuba, le pide que no vaya a trabajar. «Yo le digo: “Mamá, no me pidas eso, porque todavía tengo fuerza y tengo que hacerlo. Si yo no trabajo, tú no vas a tener para comer”».

Mariana, en cambio, ha encontrado un refugio en Iquique. Su hija se ha adaptado mejor que en Perú: retomó sus estudios con buenas calificaciones y participa en actividades deportivas. A pesar de la inestabilidad, no se plantea volver a Venezuela: «Empezar de cero no es fácil, pero allá ya no había cómo sostenerse». Su presente, sin embargo, sigue marcado por la incertidumbre. La solicitud de refugio que presentó con apoyo de organizaciones de ayuda humanitaria avanza lentamente, sin fecha clara de resolución.

Mientras tanto, vive en el pasaje de Los Suspiros, en una casa sólida y espaciosa que comparte con su madre, su esposo, sus dos hijos y una sobrina, a pocos metros de zonas donde se consume y se vende drogas. Desde allí, al igual que Marta en Colina, mide su vida en la espera. 

* Los nombres de las personas migrantes así como algunos detalles de sus historias se modificaron para proteger su identidad.

Este reportaje forma parte de una serie multimedia de la Fundación Más Voces y 4Métrica dedicada a difundir los resultados del estudio «Nuevos flujos migratorios en las Américas» que analiza la migración de cubanos, venezolanos y salvadoreños hacia Chile, Colombia, México y Estados Unidos.