Este año, en mi declaración jurada de cuentapropista, quedé “a pagar” 1 905 pesos a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). En el oriente del país eso es una fortuna.

Febrero me sorprendió por la espalda, como siempre desde que tengo patente de reparador de equipos eléctricos, y tuve que torcer todos mis planes para pagar mis impuestos. Mientras sacaba las cuentas: mis contribuciones mensuales para la licencia, más mis gastos en materiales que no se pueden declarar (porque no se deben usar, pero no hay otra, porque no existe un mercado mayorista, y ya estamos cansados de decirlo, y el metro de cable eléctrico está a diez pesos y el rollo de tape eléctrico a treinta), más todo lo que he tenido que pagarles a los colegas que me ayudan en un montaje de redes de datos aquí o allá, la verdad es que me entraron ganas de entregar la patente.

Eso no solo me sucede a mí, a muchos colegas bayameses les pasa igual. Como no podemos ser cooperativa (ya no nos hacemos muchas ilusiones), debemos ir usando la licencia de uno y otro, en prioridad momentánea, hasta que cada una se carga con ingresos que ronden los 30 mil pesos. 30 mil pesos es la cifra donde la ONAT deja de ser “compasiva” contigo, el numerito mágico de todos los cuentapropistas de por acá.

Por lo tanto, hay que evitar arribar a ese número, y trabajar cada patente por separado hasta que se alcance esta cifra, y tratar de disminuir los impuestos individuales; muchas veces los asociados llegamos a ser diez o más, en dependencia de la magnitud del trabajo. Parece bastante dinero, pero cuando metes esa cantidad en la tablita del DJ-08, y luego divides entre esas diez personas el resultado, realmente es para pensar si vale o no el esfuerzo, tanto intelectual como físico.

Somos entonces una especie de “asociación obligatoria”, pues los porcentajes que se cobran luego de la cifra antes mencionada son bastante agresivos, llegando hasta el 50% de los ingresos cuando sobrepasas los 50 mil pesos, que, dividido entre tantas personas, tampoco es fortuna alguna. Al final de año nuestras ganancias individuales pudieran ser mucho mayores si fuéramos una cooperativa, pero no es así.

Y eso también da lugar al “alquiler” de patentes, de alguien que no ejerce nuestra profesión, pero conoce los pormenores del papeleo y se aprovecha. Este fenómeno es muy común por acá, y los que lograron sacar la licencia antes del congelamiento del trabajo por cuenta propia ahora “venden” más caro la simple utilización de su patente, sin siquiera participar directamente en el trabajo, llegando a exigir hasta un 25% de las ganancias por el simple hecho de “poner la cara” en el negocio.

Por ejemplo, y para que se entienda mejor. El año pasado yo solo contraté un montaje de una red de datos con Bufetes Colectivos, por un importe de 38 mil quinientos pesos. De ese monto, obtuve, luego de hacer todas las piruetas matemáticas descritas anteriormente, unos cuatro mil pesos. En un año. Un promedio de unos trescientos pesos mensuales si lo ponemos en esa perspectiva. No se puede negar que ese dinerito junto es una felicidad en el mes que se cobra; pero cuando llegan los día 20 y hay que pagar los 90 pesos de la licencia uno va descontando… y en febrero llega el verdadero dolor de cabeza: la declaración jurada. Porque nuestras necesidades diarias son tantas que para esa fecha has ido gastando, de diez en diez, el dinero que le corresponde al fisco.

La otra opción sería trabajar siempre por una sola licencia, cuestión que es matemáticamente imposible. Así que seguimos esperando que convertirse en una cooperativa no agropecuaria no sea tan difícil. Y casi sin darnos cuenta nos hemos convertido en un gremio: el de los reparadores independientes. Tal vez deberíamos sindicalizarnos, y esperar a que se destrabe el nudo que hoy nos impide ser una empresa de verdad. Ese es nuestro sueño. Y no es tanto pedir, ¿verdad?