Katia, estudiante de último año de la facultad de Filosofía, Historia y Sociología, de la Universidad de La Habana, recibe un mensaje «raro» en un chat grupal de WhatsApp. Se pedía denunciar de forma urgente a The Boobs Project, una cuenta en Instagram que estaba publicando imágenes de desnudos de estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Se decía también que los administradores están vinculados al centro de enseñanza superior, pero nunca se mostró evidencia de ello.
«Cuando entré a la página había cuatro reels de muchachas. En casi todos se les veía la cara y censuraban un poco sus partes íntimas», comentó Katia a elTOQUE. «Yo denuncié todas las publicaciones y bloqueé la cuenta, pero me quedó mucho amargor por dentro, mucha impotencia. Por eso, puse una historia [en Instagram] pidiendo que más personas reportaran».
Lorena es estudiante del Instituto Nacional de Artes (ISA). Al igual que otras usuarias, cuando descubrió de la existencia de The Boobs Project, decidió denunciar la cuenta a través de sus historias de Instagram. Poco después, comenzó a recibir mensajes por parte de los creadores. Le indicaron que, como resultado de sus acciones, ahora ella era parte del «proyecto».
Con ayuda de Inteligencia Artificial (IA) y a partir de fotos —públicas— que Lorena tenía en su Instagram, habían creado una serie de imágenes pornográficas, distribuidas en un grupo de Telegram, donde además se adjuntaban enlaces a sus redes sociales.
«Me empezaron a escribir amigos y algunas personas que ni siquiera conozco preocupadas porque estaban haciéndome fotos con Inteligencia Artificial (...) Yo estoy bien; mis amigos, mi familia, saben que esa no soy yo. Pero la cogieron conmigo solo por las historias que puse».
La existencia The Boobs Project llegó a elTOQUE gracias a una denuncia ciudadana.
¿Qué sabemos hasta ahora?
The Boobs Project existe como perfil privado en Instagram y hasta el cierre de esta nota, cuenta con más de 200 seguidores. «Esta cuenta es el resultado de más de 5 000 arduas horas», dice—en inglés— la descripción en la biografía. Del perfil se desprende un enlace que te redirecciona a un canal de Telegram homónimo.
A primera vista, el canal no parece estar asociado a Cuba, ni a la UCI, como sugerían las primeras alertas. Los mensajes, limitados solo al administrador, están en inglés. Las reglas son claras: una vez que entras en el grupo, si decides salir, no puedes volver a entrar. También aparece un texto —con fecha del 2 de junio— en el que se recuerda: «cualquiera que reporte la cuenta, pasará a formar parte de la base de datos». La advertencia viene acompañada de una captura de pantalla de la historia de Lorena, identificada como el «proyecto número cinco».
«En los perfiles de las protagonistas podemos ver comentarios como: ‘esa no soy yo, es IA y mil excusas más’. Espero sepan que hay más de 10 fotos de cada proyecto. Parece que habrá que subir más contenido para callarlas», dice un mensaje enviado al grupo el día 3 de junio.
En otra comunicación refieren que las fotos fueron extraídas de diferentes dispositivos móviles hackeados. Sin embargo, en el caso de Lorena, la imagen que circuló es una modificación de una foto que se encuentra visible en su perfil de Instagram.
Violencia sexual digital
Las tecnologías de comunicación e información (TIC), herramientas importantes para el desarrollo social, también pueden facilitar y amplificar diferentes formas de violencia. Como dice la investigadora uruguaya Cecilia Gordano, la violencia digital sexual contempla antiguas violencias en nuevos formatos.
«[El universo digital] al ser relativamente nuevo, está mal pautado, escasamente legislado», explicaron a elTOQUE, voceras de MeTooCuba, espacio de acompañamiento para sobrevivientes de violencia sexual en la isla. «Uno de los grandes escollos que tenemos es lograr que las personas entiendan que lo digital es real. Entrar a tus redes sociales es entrar a tu casa, y en tu casa tienes determinadas reglas».
El Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) identifica varias formas de violencia de género en el ámbito digital. Desde la sextorsión (chantaje con la amenaza de publicar información sexual, imágenes o videos), pasando por el abuso basado en imágenes (compartir imágenes íntimas sin consentimiento), el doxing (publicar información personal confidencial), hasta el ciberacoso.
El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) en su informe de 2022 titulado «Ciberviolencia y ciberacoso» define la violencia de género digital como «un acto de discriminación ejercido con la intermediación de las TIC que afecta principalmente a mujeres, adolescentes y niñas, a personas integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y a cuerpos o identidades que no cumplen con los estereotipos de género basados en directrices heteronormativas».
Durante años, la violencia digital estuvo erróneamente asociada a la «pornovenganza». Un término utilizado con frecuencia en titulares de prensa e incluso, en aparatos legales de algunos países. Pero el término no solo quedó obsoleto, sino que no describe la realidad de los hechos.
«No es ni venganza ni pornografía», escribió en 2020 la periodista argentina Irina Sternik, luego de que se diera a conocer el suicidio de Belén San Román, quien había sido extorsionada por su expareja. El agresor, Tobías Villarruel, la amenazó con difundir en las redes sociales una serie de fotografías íntimas y un video sexual.
«La o el protagonista del video o imagen no lo hizo para hacer porno, ni para buscar un lucro económico o provocar excitación sexual a terceras personas. No es porno. Tampoco es venganza, porque indica que el que difunde las imágenes fue dañado por algo previamente», escribió Sternik. «Belén fue un caso de hostigamiento, difusión de imágenes íntimas no consentidas y humillación pública».
La Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Digital de las Naciones arrojó datos preocupantes. De acuerdo con el organismo dependiente de la UNESCO, en 2015, un 73 % de las mujeres habían experimentado alguna forma de violencia en línea y un 90 % había sido víctima de la distribución no consensuada de imágenes íntimas.
En su informe de 2022, el MESECVI indicó que las mujeres entre los 18 y 24 años enfrentan niveles más elevados de violencia en línea, con un 27 % más de probabilidades de ser víctimas, en comparación con los hombres. Las agresiones suelen estar dirigidas contra usuarias activas en los debates digitales, sobre todo, por su participación en la vida pública. Se «socava el ejercicio democrático y la buena gobernanza y, por tanto, crea un déficit democrático», señala la organización.
Antiguas violencias en nuevos formatos: la Inteligencia Artificial
A finales de septiembre de 2023, Mario Leandro Pérez González, un estudiante de la Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, fue sentenciado a tres años de prisión condicional luego de que tomara fotos de las redes sociales de —al menos— 15 jóvenes, para luego «desnudarlas» borrando su ropa mediante el uso de IA. Leandro vendía las imágenes a un sitio web para adultos.
En un primer momento, los fiscales descartaron la comisión de un delito tipificado en el Código Penal. La sentencia llegó luego de que las autoridades descubrieran que el victimario tenía en su posesión material de explotación sexual de menores de edad, que distribuía en plataformas como WhatsApp.
Unos días antes, en Extremadura, España, los medios de prensa reportaron un caso similar.
Varias menores de edad denunciaron la circulación de fotografías suyas desnudas, manipuladas con IA. Las imágenes habían sido creadas mediante el uso de una aplicación y distribuidas por compañeros de la escuela. «Muchas chicas estaban completamente aterrorizadas y tenían ataques de ansiedad porque sufrían en silencio. Se sentían mal y tenían miedo de contarlo y ser culpadas por ello», declaró a la agencia Reuters la madre de una de las víctimas.
Ambos hechos ejemplifican una tendencia que crece: el uso de inteligencia artificial para producir fotos y videos falsos e hiperrealistas. También conocidos como deep fakes. En junio del pasado año, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos alertó sobre el aumento, por parte de agresores, de utilizar IA para crear imágenes sexualmente explícitas —en la mayoría de las ocasiones— con el fin de intimidar y extorsionar a sus víctimas.
«El deep learning es un tipo de inteligencia artificial, que usa redes neuronales (como las del cerebro) artificiales y aprendizaje de máquina para imitar funciones similares a la inteligencia humana. Las imágenes se manipulan para eliminar la ropa y reemplazarla por piel de aspecto realista», explicó al portal argentino TN el ingeniero Fredi Vivas, especialista en inteligencia artificial.
De acuerdo con reportes de la empresa de análisis de redes sociales Graphika, solo en septiembre de 2023, 24 millones de personas visitaron sitios web para «desnudar».
Para crear estos deep fakes, los agresores toman las imágenes de las redes sociales y las distribuyen sin el consentimiento o conocimiento de las personas. Sin embargo, las acciones para frenar la proliferación de los contenidos enfrentan aún disímiles obstáculos en el apartado ético y legal. Los códigos y herramientas judiciales, sobre todo aquellos relacionados con la violencia de género, no se actualizan a la velocidad de los avances tecnológicos.
Marcos normativos y pactos globales contra la violencia digital
El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará ha lanzado un llamado de atención sobre la necesidad urgente de establecer mecanismos, individuales y colectivos, para visibilizar la violencia de género que se perpetúa contra mujeres y niñas en el ámbito digital. En otras palabras, sentar las bases de una nueva estrategia regional para prevenirla y combatirla.
En términos regionales, los estados «tienen la obligación de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación dentro y fuera del internet de conformidad». Así lo estipula el Artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.
La Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, de Naciones Unidas (REVM-ONU) también incorporó esta temática en su informe de 2018, a lo cual le siguieron resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos.
«Si bien esto constituye un avance positivo hacia el reconocimiento y atención de esta forma de violencia, a la fecha persiste en la región una falta de marcos legales adecuados, así como una carencia casi absoluta de políticas públicas integrales, incluyendo una ausencia generalizada de instancias especializadas, de esquemas de capacitación y sensibilización de las autoridades y de presupuestos adecuados para combatir la violencia de género digital», alertó en 2022 el MESECVI.
En América Latina existen dos ejemplos concretos sobre legislaciones que incorporan la violencia digital como modalidad de violencia de género: la Ley Olimpia en México y Argentina.
El 29 de abril de 2021, la Cámara de Diputados de México aprobó las reformas al Código Penal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para llevar la Ley Olimpia a nivel nacional. Hasta la fecha, la normativa es una realidad jurídica en 29 estados del país mesoamericano y contempla sanciones de hasta ocho años de privación de libertad —dependiendo del estado donde se aplique— para quienes incurran en violencia digital. Así como el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
La ley surge a raíz del caso de Olimpia Coral Melo en el estado de Puebla. Cuando Olimpia tenía 18 años, su expareja divulgó sin su consentimiento un video con contenido sexual. Tras años de lucha, el activismo de la sobreviviente se concretó en un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.
La experiencia de México con la Ley Olimpia entró en la agenda de discusión de países como Argentina, Honduras, Ecuador y Estados Unidos —específicamente, en los estados de California y Washington D.C.—.
En octubre de 2023, tomando como modelo la ley mexicana, el Gobierno argentino promulgó la Ley 27.736, también bajo el título de «Ley Olimpia». El texto, divulgado en el Boletín Oficial, incorpora la violencia contra mujeres en entornos digitales a la ya existente Ley 26.485 o Ley de Protección Integral contra la Mujer, como una modalidad de violencia de género. La legislación también prevé una serie de medidas cautelares de protección que puede dictar la Justicia, entre ellas, ordenar que las plataformas digitales quiten los contenidos que generan la violencia.
La normativa vino acompañada de una guía para la prevención de la violencia de género en entornos digitales, redactada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación —organismo cerrado por la administración de Javier Milei en 2024—. El material contempla un conjunto de políticas públicas con el objetivo de generar cambios culturales en prácticas, hábitos y discursos que generan —o pueden generar— agresiones por motivo del género.
¿Qué dicen las leyes en Cuba sobre la violencia digital?
Las violencias de género en el ámbito digital en Cuba están poco reguladas y las medidas aplicadas por el Gobierno han probado ser insuficientes para la protección y reparación de las víctimas. El actual Código Penal de Cuba, por ejemplo, no contempla dentro de su cuerpo legal esta forma de violencia.
El Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) se refirió a esta ausencia en una publicación en la red social Facebook. La institución, dependiente del Ministerio de Salud, refirió que existen delitos que «garantizan una respuesta penal a este fenómeno», ante la ausencia de una tipificación específica. Se cita los títulos de Amenazas, Coacción, Ultraje sexual, Extorsión, Chantaje, Corrupción de menores, Difamación y Calumnia.
El Artículo 397.1, específicamente, prevé sanciones de entre seis meses y dos años de privación de libertad a quien «directamente o a través de cualquier medio de comunicación, acose a otra persona con requerimientos sexuales para sí o para un tercero».
La Resolución 105 de 2021 del Ministerio de las Comunicaciones establece un modelo de actuación nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad. A su vez, establece tres niveles para categorizar los incidentes que se presentan: «alta», cuando la información o servicios que circulan están asociados a la alteración del orden público; «medio», cuando la información puede ser dañina o perjudicial; y solo el nivel más bajo —«seguridad básica»— guarda relación directa con la ciudadanía. En este último escalón entra la categoría de incidentes contra la dignidad y la individualidad; entre ellos el ciberacoso y la pornografía.
La Resolución 105 no establece sanciones, sino que integra varios pasos para mitigar los efectos de los incidentes.
Cuando la activista y periodista independiente Marta María Ramírez acudió a la Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas del Ministerio de Comunicaciones (Osre) en 2022, tras los ataques y hostigamientos en redes sociales de Fernando Bécquer—condenado por abusos sexuales ese mismo año—, los funcionarios le hicieron saber que la institución no tenía relaciones con los servidores de Facebook y no podían realizar ninguna acción. Citaron el bloqueo de Estados Unidos a Cuba como el principal motivo. Tampoco llevaron el caso a instancias superiores o dieron un número para el seguimiento de la denuncia.
«No existe una ruta legal clara para enfrentar las agresiones machistas en el plano digital, porque este universo está muy poco normado, incluso ahora con la Ley de Comunicación Social», comenta MeToo Cuba.
No obstante, la plataforma advierte que existen organizaciones como Yo Sí Te Creo en Cuba que pueden acompañar a las víctimas y brindarles apoyo psicológico y legal: «Es importante que sepan que no están solas y que juntas podemos. No es un lema, es una realidad».
En caso de publicación de contenido íntimo no consensuado, MTC recomienda el uso de StopNCII.org, una herramienta gratuita diseñada para apoyar a víctimas y que funciona a partir de un hash o «huella digital» (valor único en todas las fotos y videos). StopNCII.org comparte el hash con empresas que puedan ayudar a detectar y eliminar las imágenes.
También aconseja hacer la denuncia vía email ([email protected]) —sin sumar las imágenes—, a OSRI. Esta acción permite dejar un registro de la demanda en el territorio nacional, aun cuando el caso sea archivado.
Las agresiones digitales no son un fenómeno aislado; responden a un contexto de discriminación y violencia sistémica que afecta a mujeres y niñas, y suceden con la complicidad de las compañías que administran espacios digitales y los gobiernos. La carencia de mecanismos de denuncia, atención y reparación a las víctimas, son responsabilidad de los actores gubernamentales y de las empresas.
La violencia online tiene efectos directos sobre los cuerpos y el bienestar psicológico de las personas, y en la forma que luego vivirán su día a día.
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