Los cuerpos sin vida de las cubanas Ana Mercedes Capetillo Savón y Leydi de la Caridad Rodríguez Acosta, de 33 y 36 años respectivamente, fueron encontrados el viernes 15 de noviembre de 2024 en Tapachula, Chiapas, México. 

De acuerdo con reportes de Diario Sur, Ana y Leydi se encontraban en un hotel cuando fueron secuestradas por un «grupo armado» aún no identificado. El 10 de noviembre, los captores las obligaron a grabar y publicar en sus redes sociales un video dirigido a sus familiares. Exigían 8 000 USD a cambio de su libertad. 

Las autoridades sospechan que, al no recibir el monto del rescate, ambas fueron asesinadas. Sus restos fueron abandonados en una carretera que conduce al pueblo Pumpuapan, en Tapachula. 

Al momento del crimen, Ana Mercedes trabajaba en un bar de Tapachula, pero —según familiares y amigos— su objetivo era llegar a Estados Unidos. Leydi había arribado a tierras mexicanas cuatro meses antes.

Migrantes cubanos en un estado narco

Chiapas se encuentra al sur de México y limita con Guatemala. Chiapas es territorio olmeca y chiapaneca donde las ruinas mayas son consumidas por la vegetación selvática. Chiapas, con una docena de lenguas indígenas. Chiapas, lugar de nacimiento de las empanadas fritas rellenas de frijoles. Chiapas colorida. Chiapas, estado narco. Chiapas, territorio en disputa.

«Chiapas sangra, huye o malvive en una escalada de violencia sin cuartel», escribió en febrero de 2024 el periodista Alejandro Santo Cid para El País. Desde 2021, Chiapas es el escenario de una guerra entre el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y distintos grupos armados, locales y nacionales.

Grandes extensiones de territorio incomunicadas y sin presencia institucional, la complicidad de las fuerzas políticas y un Estado ausente han convertido a Chiapas en un terreno fértil para el crimen organizado. Un territorio donde las violaciones a los derechos humanos son «solo un daño colateral».  

Sobrevivir Tapachula. Testimonio de un emigrante cubano

Los cubanos se siguen yendo, las historias de triunfo de quienes llegan les dan fuerza para escapar de una realidad inviable. Lo seguirán haciendo, a pesar de los costos, a pesar de las fronteras; y las fronteras, sabemos, son intrínsecamente violentas.

La conexión fronteriza entre Chiapas y Guatemala hace al estado mexicano un punto clave en la ruta de la droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Pero el narcotráfico no es el único negocio lucrativo para los grupos armados que se disputan el área. Los migrantes que emprenden ruta desde Centroamérica se han convertido en otra fuente de ingresos para los cárteles.

Veinticuatro horas después del video de Ana y Leydi, se hizo pública la liberación del médico cubano Adrián Pupo Ojeda, también víctima de un secuestro en Tapachula durante su travesía a Estados Unidos. Los captores exigían 10 000 USD. La suma pudo entregarse gracias a donativos de amigos y allegados.

Nueve meses antes, la organización 1800 Migrante denunció el secuestro de 95 migrantes —entre ellos, mujeres y niños— durante su paso por Tapachula.

De acuerdo con reportes del portal La República, el Cártel de Sinaloa cobra una cuota de al menos 100 USD por persona para transitar por «sus rutas» hacia Estados Unidos. El Comité de Seguridad Nacional de Estados Unidos estima que, solo en 2021, los cárteles generaron alrededor de 13 millones de dólares producto del tráfico de migrantes hacia el norte.

Tapachula, ciudad donde residieron Ana Mercedes y Leydi de la Caridad, es un nodo estratégico dentro del corredor migratorio.

En septiembre de 2023, la organización Pueblos Sin Frontera calculó que más de 100 000 cubanos se habían acercado a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula. La gran mayoría pedía «protección complementaria» para permanecer en el país mientras esperaba su cita de asilo para Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Sin embargo, en conversación con el portal 14ymedio, Pueblos Sin Frontera aseguró que el número de cubanos en el municipio chiapaneco podía ser mayor.

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Cuba vive un éxodo masivo que ha alcanzado cifras récord en los últimos tres años. Un éxodo altamente feminizado que, además, no da señales de pronta disminución. Todo lo contrario. Ante la emergencia sanitaria, alimentaria y política que se vive en la isla, sumado a los rumores de la posible supresión del parole humanitario, se prevé que un mayor número de cubanos hagan uso de rutas irregulares para llegar a sus destinos antes de enero de 2025. 

Organismos internacionales han alertado sobre la constante vulneración de derechos humanos durante el proceso migratorio irregular. Las condiciones impuestas por legislaciones discriminatorias hacen la ruta más difícil y riesgosa. No solo se habla de necesidades básicas insatisfechas —albergue, alimentación y agua—, sino también de deficiencias en el área de Salud y en la atención de casos de violencia sexual.

Cubanas en travesía: Violencia sexual y otros riesgos de la ruta hacia Estados Unidos

El éxodo masivo de cubanos ha alcanzado cifras récord en los últimos años. Cuatro cubanas relatan las diferentes formas de violencia que enfrentan las mujeres en la ruta. 

«La violencia sexual en las rutas migratorias es una constante», explicó Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), en conversación con elTOQUE. «Tiene que ver con un mecanismo [en el que] los cuerpos de las mujeres pasan a ser la moneda de intercambio», especificó.

En la investigación Cubanas en travesía: violencia sexual y otros riesgos de la ruta hacia Estados Unidos, Diana —quien realizó el cruce por tierra durante los primeros meses de su embarazo— habla de tiros, armas y enfrentamientos con la Policía. Todo el tiempo se sintió como una mercancía. Se sintió vulnerable.

«[Los coyotes] se dedican al tráfico de todo, de personas, de droga. Entonces, por mucho que te parezca que son buenas personas, no lo son. Son personas que tienen un negocio», explicó.

La migración irregular está atravesada por negociaciones con grupos criminales que facilitan —o no— el tránsito. Los cuerpos feminizados tienden a realizar las travesías sin ser conscientes de los derechos con los que cuentan.

La Convención Belém do Pará, adoptada el 9 de junio de 1994, establece el derecho de las mujeres —incluidas las migrantes— a una vida libre de violencia. Lo cual incluye sancionar a los responsables y garantizar a las mujeres una reparación que permita recomponer su vida. Sin embargo, la organización internacional reconoce que muchos de los Estados firmantes —entre ellos, México— no dan una respuesta eficiente a las solicitudes de acompañamiento, reparación o justicia de las migrantes. Por lo que las mujeres viven el proceso solas, en silencio. 

Tras el asesinato de Ana Mercedes y Leydi de la Caridad, colectivos y activistas exigieron a las autoridades la implementación de estrategias para detener la violencia hacia las mujeres migrantes, quienes a diario transitan por la frontera sur y ponen en riesgo sus vidas. Hasta el cierre de esta nota, no ha habido declaraciones del Gobierno mexicano sobre el crimen ni sobre el pedido de la sociedad civil.