La FALSA versión de que la Ley de Reforma Urbana «garantizó una vivienda digna para cada cubano»

El Ministerio de la Construcción informó en julio de 2025 que el déficit de viviendas en el país asciende a 805 583. Foto: elTOQUE/Archivo.
A 65 años de la promulgación de la Ley de Reforma Urbana en Cuba —que fue aprobada por Fidel Castro en octubre de 1960—, los medios estatales cubanos celebran esta legislación como una medida que «garantizó una vivienda digna para cada cubano». La versión oficial también sostiene que tras la implementación de esta normativa «el fondo habitacional en el país creció y mejoraron las condiciones de la infraestructura y el entorno medioambiental». Esto es FALSO.
La realidad muestra un panorama completamente diferente que dista de la «conquista de un techo seguro» proclamada por el Gobierno. Los problemas de vivienda en Cuba no se han resuelto, sino que se han agudizado con el tiempo. El déficit habitacional aumentó, la infraestructura deteriorada nunca fue reparada por completo y millones de cubanos continúan viviendo en condiciones precarias.
En julio de 2025, el Ministerio de la Construcción (Micons) informó que el déficit de viviendas en la isla asciende a 805 583 y, que en lo que va de año, se ha edificado un total de 2 728, lo que representa un crecimiento de apenas el 0.1 % anual. Los reportes gubernamentales no pueden ser contrastados en el terreno por organizaciones independientes, por lo que la crisis de la vivienda podría ser peor.
Alrededor de 1 000 viviendas colapsan anualmente en La Habana, con trágicas consecuencias, como los derrumbes que han ocasionado la muerte de ciudadanos, incluidos niños. Miles de familias continúan viviendo en condiciones precarias en albergues colectivos administrados por el Estado, sin las mínimas condiciones de salubridad. El nombre oficial de estos edificios es «comunidades de tránsito», que implica que la situación de los albergados es «transitoria» y «temporal». Pero hay personas que llevan más de 20 años residiendo en esos locales.
El ministro de la Construcción, René Mesa Villafranca, también señaló que 94 421 viviendas pendientes de recuperación que fueron afectadas tras el paso de ciclones por la isla y los dos sismos registrados el pasado año. El funcionario también advirtió sobre el incremento de techos de planchas y, la vulnerabilidad ante el paso de futuros ciclones tropicales.
Otro de los problemas relacionados con la crisis habitacional en Cuba es la situación de las familias que, tras siniestros como la explosión del Hotel Saratoga en mayo de 2022, perdieron sus viviendas y no han recibido la respuesta adecuada del Estado. A pesar de las promesas oficiales de apoyo, muchas de estas familias siguen esperando una solución definitiva, viviendo en condiciones precarias o siendo reubicadas en lugares insalubres, con nula o escasa ayuda para reconstruir sus hogares.
También por las necesidades de viviendas y la pobreza generalizada también han surgido asentamientos improvisados, conocidos como «llega y pon», en zonas periféricas de algunas ciudades, sobre todo en La Habana.
Uno de los principales intentos de abordar el déficit habitacional fue el «Programa Nacional de la Vivienda», supuestamente un «proyecto social priorizado» aprobado en 2018 y que también incluye entregar viviendas a madres con tres o más hijos. Mientras que este programa se incumple y la situación habitacional sigue agravándose, la inversión estatal se destina en su mayoría al sector turístico, sobre todo a los hoteles de lujo.
De las promesas de la Ley de Reforma Urbana a la crisis de la vivienda en Cuba
En su alegato histórico La Historia me absolverá, Fidel Castro denunció en 1953 el grave problema de la vivienda en Cuba, y señaló que era «uno de los ejemplos más claros de la desigualdad social y económica bajo el régimen de Fulgencio Batista». Castro criticó las condiciones de vida de miles de cubanos, que vivían en chozas y bohíos de piso de tierra, o en cuarterías y solares insalubres, mientras otros miles de ciudadanos se veían obligados a pagar altos alquileres. En ese contexto, Castro proclamó que el Gobierno revolucionario se encargaría de transformar la realidad de la vivienda en Cuba.
Con la promulgación de la Ley de Reforma Urbana en 1960 —que expropió patrimonios y estableció que los arrendatarios pudieran acceder a la propiedad de las viviendas que ocupaban—, el Gobierno pretendió cumplir las promesas hechas en el alegato de Castro. La ley fue presentada como la solución definitiva al problema de la vivienda, y aseguró que se entregarían propiedades a las familias que las habitaban, que se prohibirían los desahucios, y cada ciudadano tendría derecho a una vivienda digna. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos iniciales, la realidad de la vivienda en Cuba ha estado muy lejos de las promesas hechas.
Más de seis décadas después, en 2025, la situación sigue siendo crítica. Según un informe del Ministerio de la Construcción ante el Parlamento, alrededor de 1.4 millones de viviendas del fondo habitacional del país se encuentran en un estado técnico malo o regular, con un aumento de 6 520 unidades de viviendas en malas condiciones en comparación con 2024. A esta cifra se le suman los más de 600 000 cubanos en La Habana que no tienen una vivienda adecuada, propia ni alquilada, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Los números reflejan el fracaso de las políticas habitacionales implementadas desde la Revolución.
Contrario a las promesas de erradicar las viviendas con piso de tierra, que fueron uno de los problemas más denunciados en el alegato de Castro, en enero de 2022 se reportó que aún casi 90 000 viviendas en Cuba mantenían esta precaria condición, según Vivian Rodríguez Salazar, directora nacional de Vivienda del Micons. Aunque no se han publicado cifras más recientes sobre ese dato específico, los informes indican que la situación ha empeorado debido a la escasez crónica de materiales y la falta de inversión en infraestructura. En tanto, de acuerdo con los últimos reportes oficiales, hay 9 611 cuarterías contabilizadas en el país.
Las promesas de una transformación profunda del sistema habitacional se han visto desbordadas por la falta de recursos, la centralización del poder y las dificultades económicas, dejando a la mayoría de los cubanos en condiciones de precariedad, con un fondo habitacional deteriorado y un déficit que sigue creciendo.












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