Una carta que aboga por una ley de amnistía en Cuba, impulsada por familiares de presos políticos, está disponible para la recolección de firmas de cubanos residentes y no residentes en la isla.

La misiva fue firmada inicialmente por 34 familiares de presos políticos y entregada al Parlamento cubano el 19 de enero de 2024 por Wilber Aguilera Bravo, padre del preso político Walniel Luis Aguilar Rivera. «Apostamos por la amnistía porque hemos explotado otros recursos legales y veremos la voluntad del Estado para liberar a nuestros hijos. Aquí la mesa está servida para que los liberen. Se han ensañado con ellos, no son asaltantes ni delincuentes, son manifestantes e hicieron uso de su derecho constitucional a manifestarse», dijo Aguilera Bravo a elTOQUE.

El documento titulado «Carta de petición ciudadana para una ley de amnistía» está dirigido a Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y hasta el 22 de enero fue firmado por más de 700 personas, según informó la activista Carolina Barrero a nuestra redacción.

Aguilera Bravo destacó que muchos están firmando la petición porque «apoyan la amnistía y consideran que los presos políticos son inocentes».

La petición se ampara en el artículo 61 de la Constitución, en el cual se reconoce que los ciudadanos cubanos pueden hacer pedidos a funcionarios e instituciones estatales y estos están obligados, en teoría, a responderlos.

Los 34 firmantes iniciales manifestaron haber agotado el resto de las vías legales «para reclamar justicia para los cubanos presos por manifestar su deseo de democracia» y pidieron a Mari Machado impulsar una ley de amnistía que reconozca que «NO hubo delito en manifestar la voluntad de cambio democrático que expresaron los ciudadanos en las protestas de julio de 2021, así como en las protestas colectivas e individuales que precedieron y prosiguieron a esta fecha histórica y que se inscriben en un ciclo más amplio que tiene en la libertad, los derechos humanos y la democracia su reclamo común».

Además, la carta expone que los familiares de los presos políticos han sufrido acoso y hostigamiento por parte de la policía política cubana por pedir la excarcelación de los recluidos.

«En los años por venir, no se podrá decir que los ciudadanos cubanos no pedimos y luchamos por todas las vías la amnistía de los injustamente condenados. Si ustedes no toman partido del lado justo de la historia en esta hora clave, será de ustedes el silencio, la complicidad, la cobardía y el entorpecimiento a las legítimas aspiraciones de cambio democrático de la mayoría de los cubanos», concluye la misiva.

Algunos de los familiares firmantes son Wilber Aguilera Bravo (padre del preso político Walniel Luis Aguilar Rivera), Ailex Adelina Marcano Fabelo (madre de Ángel Jesús Véliz Marcano), Sonia Generosa Álvarez Campillo (madre y esposa de Saylí Navarro y Féliz Navarro), Viviany Peña Fuentes (esposa de Maykel Castillo Pérez), Larianny Otero Alcántara (hermana de Luis Manuel Otero Alcántara), Luis Rodríguez Pérez (esposo y cuñado de Angélica Garrido Rodríguez y María Cristina Garrido Rodríguez), Ángel Delgado Almira (esposo de Lisandra Góngora Espinoza), Yindra Elizastigui Jardinez (madre de Lusi Robles Elizastigui), Ana Elvis Amaya Leyva (esposa de Pedro Albert Sánchez), Yurka Rodríguez Garcia (madre de Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, Yenisey Mercedes Taboada Ortiz (madre de Duannis Dabel León Taboada), Migdalia Gutiérrez Padrón (madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez), Marta Perdomo Benítez y Jorge Martín Blanco (padres de Nadir y Jorge Martín Perdomo), Eralidis Frometa Polanco (esposa de Lázaro Yuri Valle Roca), Liset Fonseca Rosales (madre de Roberto Pérez Fonseca), Yuneisy Santana González (esposa de Samuel Pupo Martínez), Saily Núñez Pérez (esposa de Maykel Puig Bergolla) y Aylin Sardiña Fernández (hermana de Rolando Sardiña Fernández).

La «Carta de petición ciudadana para una ley de amnistía» parte de un documento elaborado y entregado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las posibles vías legales para la liberación de los presos políticos cubanos. A su vez, la CIDH proporcionó el documento al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

Amnistía o sobreseimiento: ¿cómo lograr la libertad de los manifestantes del 11J?

No existe evidencia de que los gobernantes cubanos cedan a los pedidos de libertad absoluta para los encarcelados del 11J. Solo la amnistía garantizaría la libertad de los detenidos y constituiría un símbolo político sin precedentes.

¿Qué expone el documento del Observatorio Cubano de Derechos Humanos?

Al cierre de diciembre de 2023 existían en Cuba 1 063 presos políticos, según la organización Prisoners Defenders. El documento redactado por OCDH muestra varias soluciones legales para liberarlos o excarcelarlos. 

Entre ellas se contempla una ley de amnistía, indultos para excarcelar a los presos políticos o de conciencia, licencias extrapenales por causas humanitarias y solicitadas previamente, libertad condicional ordinaria o extraordinaria y la sustitución de la sanción de privación temporal de libertad por sanciones alternativas.

Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH explicó a elTOQUE que hay opciones «maximalistas» que resultan ser las más justas porque implican la liberación y otras que solo proponen la excarcelación de los prisioneros.

Para Cires y para Carolina Barrero, la amnistía sería la vía más justa. «Otra opción efectiva sería el indulto, una vía legal que el régimen ha aplicado en varias ocasiones y que obviamente no tiene un contenido político tan marcado como la amnistía», declaró Cires.

También valoró la factibilidad de una licencia extrapenal, opción empleada durante la Primavera Negra de 2003.

El camino de la amnistía

La amnistía es una declaración de impunidad a favor de una persona o un grupo y conlleva la cancelación inmediata de los antecedentes penales relacionados con los hechos que cubre. No significa que se despenaliza el delito o se desregulariza la infracción, sino que existe una «derogación transitoria de la ley». 

La actual propuesta no es la primera orquestada por la sociedad civil cubana, pero sí la primera impulsada por los familiares de los presos políticos. 

Una de las propuestas anteriores fue la ley de amnistía del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) en marzo de 2022. El proyecto buscaba una amnistía general para quien fuese acusado de actividad «contrarrevolucionaria» contra el poder cubano.

También solicitaba ofrecer amnistía a autoridades, funcionarios y agentes del orden público que participaron en la persecución de actividades contrarrevolucionarias, siempre que no hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos.

Por otro lado, el jurista Sergio Osmín Fernández Palacios presentó otra propuesta enfocada en los manifestantes del 11J y otros encarcelados desde 1959 por «ejercer las libertades fundamentales del ser humano en oposición al totalitarismo». El jurista sufrió cortes del servicio de telefonía tras hacer pública su propuesta.

Las iniciativas previas no llegaron a ser presentadas a la ANPP y generaron críticas de quienes consideran que la amnistía es legitimar el sistema y reconocer culpabilidades.

En febrero de 2023, visitó la isla el cardenal Beniamino Stella y muchos pusieron sus esperanzas en que intercediera a favor de los presos políticos. El enviado del Papa Francisco se refirió a los manifestantes encarcelados al decir: «Es importante que los jóvenes que en un momento manifestaron su pensamiento de la forma que conocemos puedan volver a sus casas».

El viaje del cardenal Stella

Una meta del viaje del cardenal Stella tiene carácter humanitario y se basa en la liberación de los presos políticos del 11J. Al salir de la Universidad de La Habana, el prelado dijo a la prensa: «es importante que los jóvenes que en un momento manifestaron su pensamiento de la forma que conocemos puedan volver a sus casas».

Durante ese mes, además, tres organizaciones pro derechos humanos alertaron sobre una posible negociación del Gobierno para usar de moneda de cambio la excarcelación de los manifestantes. La declaración del OCDH, Justicia 11J y Cubalex se basaba en la entonces reciente excarcelación de 222 presos políticos de Nicaragua, deportados a EE. UU. el 9 de febrero de 2023.

«La alerta está motivada por las conversaciones entre el Estado cubano e instancias como la Iglesia católica, la Unión Europea (UE) y el Gobierno de Estados Unidos, que han expresado posturas en favor de la liberación incondicional de los presos políticos», esgrimía el texto de las organizaciones. 

De momento, no es público algún proceso de negociación ni el Gobierno ha promovido una solución reparadora para los presos políticos y sus familias, fragmentadas por la injusticia y el totalitarismo.