Loreto Hernández García y su esposa Donaida Pérez Paseiro no querían irse de Cuba. Presos por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara —él tiene una condena de siete años y ella una de ocho—, durante mucho tiempo no pensaron en el exilio como una salida del encierro y la persecución. Pero ahora están enfermos y, según el hermano de Loreto —el expreso político Jorge Luis García Pérez (conocido en la disidencia como «Antúnez»)—, ante el deterioro de la salud de ambos terminaron por aceptar el destierro.
El caso de la pareja de disidentes y sacerdotes yorubas no es aislado. Las presiones a activistas y a presos políticos para que se marchen del territorio nacional se duplicaron en poco menos de un año, según los registros de la organización Cubalex compartidos con elTOQUE. La ONG contabiliza 19 personas que han recibido presiones para exiliarse en lo que va de 2026 frente a nueve en 2025.
Los exilios forzados que el Gobierno logró materializar también subieron: de 12 personas el año pasado, a 15 documentadas por Cubalex hasta octubre de 2026 (entre presos políticos, activistas disidentes y sus familiares). Los datos son un subregistro, por lo que la cifra real podría ser mayor.
El último ofrecimiento a Loreto y Donaida ocurrió el 13 de octubre, según Antúnez, aunque dijo que su familia llevaba tiempo soportando esas presiones y no las había hecho públicas. «Muchas veces, uno sin darse cuenta se convierte en vocero de la Policía política, que manipula y crea falsas expectativas buscando neutralizar a la sociedad civil, apagar el fuego», dijo, al referirse al uso que, a su juicio, hace el aparato represivo de las propuestas de excarcelaciones condicionadas al exilio.
Martí Noticias publicó un testimonio en audio de Donaida en el que denunció que los oficiales de la Seguridad del Estado identificados como «Arturo» y «Christopher» presionaban a su esposo para agilizar «los papeles» del extranjero que permitirían la salida de ambos y que querían que no retomaran su activismo. «Saben que el día que nosotros salgamos de prisión vamos a continuar en nuestra lucha por la libertad de Cuba», dijo la prisionera política.
Cuando hablan de «los papeles», explicó Antúnez a elTOQUE, se refieren al otorgamiento de un visado, humanitario o de otro tipo, por parte de algún país. Si lo obtienen, las autoridades aceptarían ponerlos en libertad de inmediato a cambio de que salgan de Cuba. Pero por el momento no hay fecha de excarcelación ni confirmación oficial.
Donaida, recuerda Antúnez, había enfrentado antes una presión distinta: cuando fue excarcelada en enero de 2025 le advirtieron en un interrogatorio que dejara de denunciar o volvería a prisión, pero ella no cedió a las amenazas y fue detenida otra vez el 11 de junio de 2026. Hoy continúa cumpliendo su condena en la cárcel de mujeres de Guamajal; Loreto está allí también, en la sección de hombres.
Los dos padecen, según el hermano de Loreto, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y diabetes con polineuropatía diabética. También han tenido pérdidas de conocimiento. Las autoridades han tomado represalias contra ellos como enviarlos por períodos largos a celdas de castigo y propinarles golpizas por defender a otros reclusos. Donaida, a quien llaman «la madrina» entre las presas, tiene además problemas óseos.
Antúnez cree que las autoridades tienen interés en que salgan del país porque son opositores de base social: gente de barrio con capacidad de concientizar a la población. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia. De los 15 detenidos de Placetas por las protestas de 2021, aseguró el familiar, solo ellos dos siguen encarcelados.
Para Antúnez, el exilio de Donaida y Loreto no será una decisión tomada libremente. «No se fuerza a una persona solo cuando la agarras, la esposas y la montas en un avión; ya la estás forzando psíquica y mentalmente», dijo.
«Ellos sufren una represión triple: por sus ideas políticas, por sus ideas religiosas y por su color de piel. La dictadura trata de utilizar al negro como escudo y arma de propaganda; pero en Cuba, si eres un opositor o preso político negro, sufres el doble de la represión que otra persona».
Si salen, añadió Antúnez, el período en una tierra extranjera no significa para la pareja el acomodamiento, sino una etapa transitoria de recuperación y preparación para el regreso, sin abandonar el activismo en el exilio.
Un régimen que expulsa a sus críticos
Como a Loreto Hernández y Donaida Pérez, otras personas presas por motivos políticos también han sido presionadas para que se exilien.
Yosvany Rosell García Caso cumple en Holguín una condena de 15 años por manifestarse el 11J. Ha estado varias veces en aislamiento total y ha hecho huelgas de hambre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares por considerar que «sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Cuba».
Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, contó a elTOQUE que las autoridades le comunicaron a su esposo el 10 de julio de 2026 que sería enviado fuera de Cuba y que, si no aceptaba irse, seguiría preso. Él se negó. Luego de ese episodio coercitivo, según denuncia su esposa, durante largos períodos le dificultan comunicarse por teléfono con el exterior.
Son frecuentes las presiones, amenazas e irregularidades para afectar a Yosvany y a su familia mientras él continúa preso. Las visitas familiares, relata Mailín, son una prueba de resistencia: ella y sus hijos llegan a las ocho de la mañana y no los dejan entrar hasta tres o cuatro horas más tarde. Los registros al prisionero y a quienes lo visitan son cada vez más intensos. Antes de sacar a Yosvany a reunirse con sus familiares, le han dicho que «si no sale de Cuba seguirá en prisión, que es lo único sobre la mesa para él».
«Él no tiene que irse de su país, él quiere su libertad», dijo Mailín Rodríguez a elTOQUE.
Mailín y su esposo Yosvany Rosell García, en una foto de archivo tomada de su Facebook.
También en Holguín, familiares de Roilán Álvarez Rensoler denunciaron en agosto de 2026 que la Seguridad del Estado habría condicionado su liberación a que compraran un pasaje a Guyana, y temían pagarlo sin garantías. La CIDH le otorgó a Roilán Álvarez medidas cautelares por el riesgo que corre su vida y su salud.
En mayo de 2026, agentes de la Seguridad del Estado le dijeron al rapero Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, que emigrara o permanecería «preso hasta 2030», según grabaciones divulgadas por USA Today. Aceptó la posibilidad de exiliarse y en julio de 2026 se supo de la aprobación de un permiso humanitario estadounidense, sin que ello se tradujera en su excarcelación.
Félix Navarro y su hija Saylí Navarro Álvarez, en Matanzas, recibieron la propuesta de abandonar Cuba en abril de 2026, durante sendas visitas a las prisiones Agüica y La Bellotex realizadas por el obispo auxiliar de La Habana, Eloy Ricardo Domínguez. Según Sonia Álvarez Campillo, esposa de Félix y madre de Saylí, citada por Martí Noticias, los dos la rechazaron.
En otros casos de 2026, la salida del país se concretó. Luis Manuel Otero Alcántara fue desterrado y se encuentra en Estados Unidos desde el 18 de julio de 2026.
También Sissi Abascal Zamora, opositora y dama de blanco, había llegado a ese país norteamericano el 14 de mayo junto a su madre, la dama de blanco Annia Zamora, y otras dos miembros de su familia. Cubalex documentó que el exilio se le planteó a la familia Zamora Abascal como alternativa a finales de 2025 y que su salida quedó condicionada a que su madre también se marchara.
El abogado de Cubalex Alain Espinosa advirtió a elTOQUE que el destierro ya no apunta solo al preso o al activista individual, sino que alcanza a núcleos familiares completos. Cita los casos de las familias de Sissi Abascal, pero también las familias del expreso político del 11J Samuel Pupo Martínez y el exprisionero de conciencia Luis Robles, quienes fueron obligados a exiliarse a finales de 2025, meses después de ser liberados sin que cesara el hostigamiento.
Para la ONG, situaciones como las de José Daniel Ferrer (expulsado con su familia en octubre de 2025), Otero Alcántara y Abascal —quienes pasaron de estar recluidos por las autoridades a la sala de un aeropuerto—, constituyen un «destierro condicionado».
Según Espinosa, el Código Penal cubano solo contempla el destierro como una sanción de aplicación interna, es decir, dentro del territorio nacional. Por esa razón, sostiene, cuando el Estado condiciona la excarcelación o los beneficios penitenciarios a la salida del país actúa al margen de la ley y convierte la libertad personal en objeto de extorsión.
«Para que exista voluntad, debe haber libertad de elección, y en estos casos el consentimiento está viciado por una coacción extrema», dijo el abogado a elTOQUE.
Obligar a elegir entre la prisión, a menudo en condiciones inhumanas y con negación de atención médica, y abandonar el país no es una elección, afirmó, sino una expulsión forzosa.
Según Cubalex, esta práctica afecta el derecho a la participación política y social, a la libertad de asociación y de expresión, a la libertad de movimiento, a la integridad personal y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a la protección de la familia.
Espinosa sostiene que no se trata de acciones aisladas de oficiales, sino de una política de Estado. Entre los rasgos que lo confirman señala que la Seguridad del Estado no actúa sola: cuenta con la Fiscalía y los jueces —que demoran procesos, sancionan y deniegan apelaciones y beneficios hasta que se acepta el exilio— y con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios.
A las familias se les exige gestionar la vía y el destino y pagar los boletos de avión. Se niega atención médica a reclusos con enfermedades crónicas, como alertaron en su momento José Daniel Ferrer y Aniette González (salió de cuba en septiembre de 2026). Y a los activistas en libertad se les amenaza con fabricarles causas penales, como al periodista Austin Llerandi, quien abandonó Cuba con su esposa, el 29 de septiembre de 2026.
Otras personas a las que el Gobierno cubano ha forzado al exilio en 2026, según el monitoreo de Cubalex, son Yuneisy Santana González y Hugh Dieter Pupo —esposa e hijo del expreso político Samuel Pupo—; Luis Alberto Leyva, detenido por las protestas del 21 de junio de 2026 en Contramaestre (Santiago de Cuba) y excarcelado días después; el activista cristiano y creador de contenido Iván Daniel Calas Navarro y su esposa; el médico Erlis Sierra Gómez, quien estuvo varios días preso por la manifestación del 16 de octubre de 2025 en Baire (Santiago de Cuba); y el médico y activista por los derechos humanos Fernando Vázquez Pérez.
Justicia 11J es otra ONG cubana que también ha documentado ese patrón represivo: «el destierro puede materializarse mediante una condición explícita para la excarcelación, una amenaza de retorno a prisión, presiones sostenidas de la Policía política o el traslado directo de una persona desde la cárcel hasta un aeropuerto», publicó en su página web.
El régimen de La Habana niega que persiga y encierre a sus ciudadanos por motivos políticos. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, aseguró el 16 de septiembre de 2026 en la televisión pública estadounidense que en la isla nadie está preso «por hablar» contra el Gobierno ni por protestar, una afirmación que elTOQUE contrastó con datos de la ONU y de organizaciones independientes y verificó que se trata de una narrativa falsa, frecuente en el discurso oficial.
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