Carlos R. Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, hizo al menos tres afirmaciones falsas durante una entrevista con Amna Nawaz, periodista de PBS NewsHour, el principal programa informativo del Servicio Público de Radiodifusión de Estados Unidos (PBS, por sus siglas en inglés).
Durante el intercambio, emitido el 16 de septiembre de 2026, el alto funcionario diplomático negó categóricamente que en Cuba haya alguien preso por «hablar» o «protestar» contra el Gobierno; descalificó a la ONG Human Rights Watch afirmando que recibe financiamiento directo del Gobierno estadounidense; y aseguró que, en proporción con sus respectivas poblaciones, hay menos reclusos en Cuba que en Estados Unidos.
elTOQUE verificó las tres declaraciones y encontró que ninguna es sostenible con los datos y la evidencia disponible públicamente.
1. Los presos que Fernández de Cossío dice que no existen
Ante la interrogante: «¿Usted sostiene que no hay presos en Cuba por hablar contra el Gobierno?», el funcionario respondió: «Ninguno por hablar. Si vandalizan, si atacan individuos, si intentan atacar una estación de la Policía, si intentan volcar un patrullero, en Cuba, como en Estados Unidos, tendrías que enfrentarte a la ley (…), pero no por pensar o por protestar están en prisión».
Las declaraciones FALSAS del funcionario cubano contradicen lo documentado por expertos de Naciones Unidas y el registro sistemático de varias organizaciones independientes distintas.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU confirmó en noviembre de 2025 que al menos 49 manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) —juzgados en dos causas penales distintas en Villa Clara y Artemisa— fueron víctimas de detenciones arbitrarias, violaciones graves al debido proceso, discriminación política y religiosa, y tratos crueles en prisión, según las Opiniones 46/2025 y 57/2025.
El 13 de marzo de 2026, fue publicada una comunicación al Estado cubano enviada por cuatro relatoras especiales de la ONU —a cargo de velar por los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; derechos culturales; promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y la situación de los defensores de derechos humanos—, en la que dijeron estar preocupadas por «un patrón sistemático de criminalización de la disidencia y el uso de la coerción, incluida la detención arbitraria y el exilio forzado, contra defensores de derechos humanos, activistas y artistas en Cuba».
Prisoners Defenders registró 1 339 prisioneros políticos al cierre de agosto de 2026. Según la ONG, entre los casos recopilados en su más reciente informe mensual «hay 155 mujeres y 38 personas detenidas cuando eran menores de edad».
Justicia 11J ha recogido la existencia de al menos «836 personas privadas de libertad por razones políticas», al momento de publicar esta verificación.
Las diferencias en las cifras totales reportadas por diversas ONG se explican por las dificultades que enfrentan para documentar y verificar caso por caso las denuncias de detenciones políticas en la isla, cuyos sistemas judiciales y penitenciarios están cerrados al escrutinio externo.
Sin embargo, el trabajo realizado por la sociedad civil y la prensa independiente para visibilizar esta realidad permite refutar la afirmación absoluta de Fernández de Cossío en PBS NewsHour. elTOQUE ha dado cobertura durante años a decenas de detenciones por motivos políticos, procesos penales arbitrarios, violaciones de derechos cometidas contra disidentes presos —apoyándonos en testimonios de familiares y amigos—, análisis de expertos jurídicos e interpretación de documentos de los Tribunales cubanos. Puedes encontrar parte de nuestra cobertura aquí.
Entre las personas presas por razones políticas cuyas historias ha contado elTOQUE —y que continúan privadas de libertad al momento publicar esta nota— están el humorista y youtuber Eduardo Ceballos Pérez; Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, creadores del proyecto de opinión política El4tico; el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea, condenado a seis años por una protesta pacífica; el profesor universitario Ariel Manuel Martín Barroso, sentenciado a diez años por pintar letreros antigubernamentales; la disidente Yaquelín García Jaén; y Pedro Carlos Camacho Ochoa, condenado a siete años por su vinculación a la organización opositora Cuba Primero.
Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) también han documentado individualmente (ver 1 y 2) casos de personas presas de conciencia en sus informes sobre Cuba; lo que también desmiente la afirmación de Fernández de Cossío sobre que HRW «no puede mencionar ni un nombre» de opositores detenidos.
A propósito del quinto aniversario de las históricas protestas de julio de 2021, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, dijo que «los Tribunales cubanos condenaron a muchos de ellos [los manifestantes] a pesar de que ejercían legítimamente su libertad de expresión y de asociación».
De acuerdo con la abogada y politóloga, «a otros [detenidos] se les acusó de delitos violentos, como lanzar piedras, basándose en pruebas poco confiables o sin corroborar, y se les impusieron penas de prisión desproporcionadas».
La narrativa desinformadora de que «en Cuba no hay presos políticos» ha sido reiterada sistemáticamente por funcionarios gubernamentales cubanos en medios y foros internacionales (ver las verificaciones 1, 2, 3, 4).
2. HRW no recibe fondos del Gobierno estadounidense, como afirma el viceministro
Cuando la periodista Amna Nawaz citó un reporte de Human Rights Watchen el que se denuncia la existencia de «unos 800 presos políticos», el viceministro de Relaciones Exteriores intentó desacreditar a la organización internacional.
«Human Rights Watch es una organización que recibe financiamiento directo del Gobierno de Estados Unidos y, por tanto, refleja los puntos de vista del Gobierno estadounidense que usa propaganda para atacarnos», dijo Fernández de Cossío en el programa PBS NewsHour.
La afirmación del funcionario es falsa. HRW es una organización sin fines de lucro que se financia con donaciones privadas de individuos y fundaciones. La organización establece en su información financiera oficial que no acepta subvención directa ni indirecta de ningún Gobierno, lo cual incluye al de Estados Unidos.
Su política de fondos incluye no solo a los Estados, sino también a fundaciones gubernamentales y funcionarios públicos. Además, dice que rechaza donaciones canalizadas indirectamente a través de familiares, intermediarios o fundaciones cuando actúan en nombre de un Gobierno.
En su declaración fiscal de junio de 2025, HRW reportó 84.97 millones de dólares de ingresos, de los cuales 81.27 millones (95.7 %) correspondieron a contribuciones. Esa cifra también está documentada en el registro de organizaciones benéficas del estado de Minnesota, donde la categoría específica Government Grants (subvenciones gubernamentales) para HRW aparece en 0 USD.
Entre sus financiadores privados se encuentran grandes fundaciones filantrópicas: por ejemplo, la Ford Foundation registró una subvención de 650 000 USD a HRW en 2025, mientras que Open Society Foundations anunció en 2010 un compromiso de 100 millones de dólares durante diez años, según la organización.
Los registros de Charity Navigator, que utiliza información pública del formulario fiscal 990 presentado ante el IRS, muestran para HRW, en el ejercicio fiscal 2024, una puntuación de 100 % en indicadores como la existencia de estados financieros auditados por un contador independiente y de un comité encargado de supervisar esa auditoría, así como en otros indicadores de rendición de cuentas.
Tampoco se sostiene la supuesta subordinación a «los puntos de vista del Gobierno estadounidense» que le atribuye Fernández de Cossío a HRW.
La ONG ha sido muy crítica con discímiles Gobiernos estadounidenses, incluido el de Donald Trump, por cuestiones de derechos humanos y política exterior. Su informe sobre EE. UU. de 2026 documenta críticas a las políticas de la Administración actual.
La estrategia de desacreditar a las organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos no es nueva en el discurso de Fernández de Cossío. En 2025, el funcionario utilizó un argumento similar contra Amnistía Internacional al atribuir sus informes a organizaciones «opositoras al socialismo». Pero esa acusación tampoco aporta evidencia de que la organización esté financiada por Gobiernos o actúe siguiendo sus intereses.
3. ¿Cuba tiene «proporcionalmente» menos presos que Estados Unidos?
El vicecanciller cubano también aseguró durante la entrevista «que en Cuba hay, en números totales, y proporcionalmente, muchos menos presos que en Estados Unidos». Se trata de otra desinformación, de acuerdo con una revisión de los datos públicos disponibles.
World Prison Brief (WPB) —la principal base de datos comparativa sobre población penitenciaria—, sitúa a Cuba en el segundo lugar mundial por tasa de encarcelamiento, solo por detrás de El Salvador.
Según el WPB, que pertenece al Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR) de la Universidad de Londres, Cuba tendría 794 personas privadas de libertad por cada 100 000 habitantes, de acuerdo con datos de 2020 proporcionados por Prisoners Defenders y otras organizaciones, a partir de información oficial interna del Ministerio del Interior cubano.
Mientras que Estados Unidos aparece en el cuarto lugar del ranking internacional, con una tasa de 542 por cada 100 000 habitantes, según datos de 2023 (1 833 700 personas de población penal en total).
La cifra total de 90 000 personas cubanas privadas de libertad y la tasa de encarcelamiento fueron incorporadas a la base de WPB después de un proceso de verificación por parte de la institución londinense que tomó más de tres años, según explicó a Martí Noticias Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
En 2026, la población penitenciaria real en Cuba podría ser incluso mayor, por los siguientes motivos: el dato vigente en el registro de WPB no incluye a las personas que estaban recluidas en campos de trabajo, arresto domiciliario u otras situaciones de control judicial y policial; las detenciones por motivos políticos tras el 11J y otras protestas recientes han sumado reclusos al sistema penitenciario y la tasa del WPB fue calculada de acuerdo con la población cubana en 2020 (1.9 millones de habitantes más que la población actual).
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