Melani García Lorenzo perdía la vida a manos de su expareja en la noche del 15 de diciembre de 2023. De acuerdo con reportes del Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas (OGAT) y de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), el feminicidio ocurrió en la localidad La Palma, en el capitalino municipio Arroyo Naranjo. Melani solamente tenía 16 años y su agresor, Pedro Julio Serrate Corrales, 22.
Poco después, en conversaciones con el portal Cubanet, Yanet Lorenzo Villalba, madre de la adolescente, confesaría haber hecho repetidas llamadas a la policía —22, para ser exactos— luego de que el agresor se llevara por la fuerza a su hija y a su nieto de dos años. «El carro va para allá», le decían. Pero la patrulla nunca llegó.
Pasadas las 4:00 a. m. del 16 de diciembre de 2023, ante la inacción de las autoridades, Yanet acudió a la estación de la Calle Aguilera, en La Habana. Pedía noticias del paradero de Melani, pero los oficiales le decían que tenían «muchos casos». Aún con la sospecha de la muerte de su hija, la madre se dirigió a la estación de Policía El Capri. Allí le tomaron la denuncia, pero era demasiado tarde. El cuerpo de la adolescente fue hallado en horas de la tarde en el solar La Corea, en el municipio Arroyo Naranjo, donde residía Serrate. Medicina legal indicó que la víctima había fallecido cerca de las 6:00 a. m. como resultado de repetidos golpes.
En su momento, plataformas feministas independientes alertaron sobre la circulación de un video sobre la escena del crimen. Solicitaron «a la ciudadanía y a los medios de comunicación que [detuvieran] por todas las vías la circulación y publicación del video, ya que [era] revictimizante y solo [resultaba] útil a investigadores policiales y a operadores del Derecho».
Hasta el 5 de febrero de 2024, los observatorios independientes verificaron siete nuevos feminicidios en la isla. En 2023 el subregistro de la sociedad civil fue de 89 asesinatos por razones de género. Aún así el Gobierno no toma acciones específicas.
Gobierno cubano reconoce cifras de violencia machista, pero no su responsabilidad
El día que las autoridades encontraban el cuerpo sin vida de Melani, se desarrollaba en la capital el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC). Entre los tópicos que formaron parte de la sesión estuvo el de la violencia de género.
Hasta octubre de 2023, en Cuba había «ciento diecisiete (117) hechos por muerte violenta de mujeres», indicó en el Parlamento Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República. Como parte su intervención, la funcionaria explicó que las provincias de mayor incidencia eran Matanzas, La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo y que el 75 % de los casos tuvieron lugar en viviendas compartidas por las parejas. Como consecuencia, 70 niños y adolescentes quedaron huérfanos de madre.
En el país, 9 579 familias —16 116 mujeres y niñas— viven en situación de violencia, continuó Yamila Peña. De ese grupo, el 60 % son negras y mulatas, menores de 35 años y con promedio de escolaridad de noveno grado.
«Una parte de ellas se encuentran desvinculadas del trabajo o son amas de casa», acotó Peña Ojeda sin dar más detalles sobre el estudio, del que se desconoce el tipo de muestra, fecha de realización y las instituciones que lo realizaron.
El objetivo del levantamiento de datos, señaló Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), era transformar «modos de actuación e ir eliminando las causas y condiciones que generan violencia de género en estas familias». «Los resultados obtenidos indican la necesidad de concebir una atención integral desde los grupos intersectoriales en articulación con los agentes sociales y comunitarios que permita el tratamiento personalizado para cada uno de los casos», aseguró en declaraciones que publicó el diario Granma.
Sin embargo, la secretaria de la FMC, única organización de mujeres permitida por el Gobierno cubano, dejó fuera de su discurso las necesidades no atendidas que permitirían a muchas mujeres salir de los ciclos de violencia y prevenir feminicidios. Por ejemplo, el acceso a un lugar seguro (refugio) y lejos de su agresor, como han demandado activistas feministas. También, un mayor acceso a empleos y viviendas dignas, en especial para mujeres en situación de pobreza; e, incluso, la capacidad de poder pagar la contratación de abogados cuyos honorarios actualmente exceden los 4 000 CUP (un aproximado de 167 dólares al cambio oficial), según las fuentes oficiales. Es imperioso, además, que los abogados cuenten con la formación necesaria para no revictimizar y poder acompañar a quienes requieren sus servicios.
Como parte del encuentro del PCC, el oficialismo cubano también evaluó los reglamentos vigentes para la atención a sobrevivientes o posibles víctimas de violencia de género.
Entre aplausos, los presentes se congratularon por la aprobación del «Protocolo de actuación antes situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral» —presentado en septiembre de 2023 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social— y la implementación del «Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres» (PAM) —del cual, presuntamente, parte una estrategia integral de acciones—. Asimismo, destacaron varias iniciativas que «garantizan la participación» de actores comunitarios». Citando los encuentros Voces de Mujeres por la no violencia y la realización (los 25 de cada mes) de los denominados Días Naranja.
Se hizo mención en el Pleno de una propuesta de la Fiscalía para concentrar un Registro Administrativo Interoperable que «permita contar con información en tiempo real de la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género». Pero, de nuevo, no brindaron más especificaciones.
¿En qué ha cambiado desde 2018 la realidad de las víctimas y sobrevivientes?
Contexto de los feminicidios en Cuba
De enero a noviembre de 2023, el Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MLF) registró cerca de 1 945 asesinatos por cuestiones de género en la región. Para un promedio de 10 crímenes cada 24 horas. El mapeo es una unión de las métricas obtenidas por 17 organizaciones de la sociedad civil —la gran mayoría pertenecientes a la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género— y sistematizadas por la Asociación MundoSur.
Cuba fue el país con mayor aumento de feminicidios —en relación con 2022—, con un crecimiento del 150 % en el primer semestre. Así, 2023 se convirtió en el año más mortífero para las mujeres en la isla, por lo menos desde que en 2019 se comenzaran a contabilizar de forma independiente los asesinatos por cuestiones de género.
Para el cierre de 2023, esfuerzos conjuntos del OGAT y la plataforma YSTCC pudieron verificar un total de 89 casos; junio fue el mes más mortífero (14 feminicidios). El último caso contabilizado, responde al asesinato a manos de su pareja de Ohanis Soto Falcón —conocida cariñosamente como Nani—, el 28 de diciembre en un barrio rural de Artemisa, en la provincia homónima.
Los eufemismos con los que el Gobierno cubano insiste en nombrar los feminicidios dificultan que se unifiquen y actualicen los diferentes registros existentes. Es reiterativo el uso de conceptos inexactos —«muerte violenta de mujer»— que no corresponde necesariamente con un feminicidio. Tampoco queda claro el intervalo de tiempo en el que fueron recogidas las cifras del centenar de casos. Se asume que pertenecen a 2023 porque, de cierta forma, corresponde con lo encontrado por los observatorios independientes.
La escueta información que acompañó los datos ofrecidos durante el pleno del PCC, además, deja varias dudas. ¿Qué metodología fue empleada para el levantamiento de datos? ¿Incluyó a los transfeminicidios? ¿Contaron los asesinatos con proceso judicial inconcluso o aquellos en los que no hubo proceso debido al suicidio del victimario? Estas interrogantes también fueron levantadas en relación a la data publicada por el oficialista Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG) —presentado por la FMC ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en junio de 2023—.
Las funcionarias erraron en no especificar cuántas de las 117 muertes violentas corresponden a asesinatos por razones de género (que según las estadísticas internacionales suele ser la causa predominante) y cuántas a otro tipo de delitos comunes (robos con fuerza).
Los datos que ofreció Yamila Peña Ojeda aún no aparecen recogidos en el OCIG. La última actualización de la plataforma hace referencia a 2022, año en el que —según indican— «18 mujeres fueron víctimas de homicidio intencional por razones de género». Una tasa de 0.39 por cada 100 000 mujeres —la mitad de los casos verificados (36) por los subregistros de observatorios independientes ese año—. La «cifra oficial» fue presentada por Kenia Vasallo Olivera, asesora del ministro de Justicia, el 15 de noviembre durante el cuarto Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, Suiza, y ante la presencia de 193 países miembros de Naciones Unidas.
Ante el innegable estado de alarma, de la negación al reconocimiento
El reconocimiento del Gobierno de la existencia de los crímenes por violencia machista en el país ha sido un proceso largo, con altibajos, y, sobre todo, lento. Habría que recordar las afirmaciones que hizo Mariela Castro, directora del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Censex), a un diario argentino en 2015.
«Nosotros no tenemos, por ejemplo, femicidios. Porque Cuba no es un país violento, y eso sí es un efecto de la Revolución», señaló en conversación con el diario Tiempo Argentino.
En 2018, en el marco del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal EPU, Cuba recibió cinco recomendaciones relacionadas con la violencia de género. En aquel momento, el Gobierno dijo apoyar dos de ellas y tomar notas de otras tres con miras a ser «analizadas acorde a las leyes» del país. Sin embargo, pasarían años para que la FMC tocara públicamente el tema e incorporara en su retórica el término «femicidios».
En noviembre de 2023, Teresa Amarelle Boué habló del incremento de crímenes y denuncias.
«En el primer semestre de 2023 se evidenció un mayor número de femicidios y de denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia, algo que nos convoca a continuar trabajando para evitar la ocurrencia de hechos tan devastadores para una sociedad como estos», dijo Amarelle Boué en una conferencia de prensa.
La funcionaria volvería a hablar de femicidios en el plenario del PCC de 2023. Sin embargo, siempre ha usado la categoría «femicidios» y no «feminicidios». ¿Por qué? El término «feminicidio», acuñado por la antropóloga y feminista mexicana Marcela Lagarde, engloba el conjunto de delitos de lesa humanidad contra los cuerpos feminizados (secuestros, desapariciones, etcétera.) ante un «colapso institucional». Es decir, detrás de un hombre capaz de acabar con la vida de una mujer hay un Estado que lo ampara y lo permite.
No obstante, ambas denominaciones quedaron fuera de la reforma del Código Penal cubano, vigente desde diciembre de 2022. En su momento, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, catalogó de innecesaria la inclusión porque —en sus palabras— en el boceto final del documento no existían vacíos legales con respecto a la violencia de género. La medida fue secundada entonces por Amarelle Boué.
Recientemente, Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, argumentó que el aumento de denuncias no tenía relación directa con el número in crescendo de casos, sino con la construcción y puesta en práctica de un marco normativo que desde lo jurídico e institucional ha respaldado a las sobrevivientes. «En la medida en que se cumplan de manera efectiva [los protocolos], las mujeres van a ganar en mayor seguridad», precisó.
Hablemos de los protocolos. Amarelle Boué, durante el VII Pleno del PCC, confirmó que los protocolos «carecen de una adecuada implementación en sus diferentes niveles». La secretaria de la FMC mencionó «actuaciones incorrectas» y, sin ahondar mucho, se refirió a las «continuas acciones de capacitación para los operadores de la ley y otros garantes del cumplimiento de las normativas». Destacó las experiencias de varios organismos (el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior).
Lamentablemente, Melani García Lorenzo no fue el único caso de 2023 marcado por el abandono institucional. De acuerdo con la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba, a lo largo del recién finalizado año, al menos nueve víctimas intentaron sin éxito protegerse denunciando a sus agresores ante las autoridades.
A inicios de febrero de 2023, Leidy Bacallao, de 17 años, fue ultimada por su expareja Elesván Hidalgo dentro de una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Nuevitas, Camagüey. El crimen fue perpetuado mientras Leidy pedía refugio y en presencia de algunos oficiales. A través de varios testimonios, familiares de la víctima denunciaron la complicidad y la falta de respuesta de los agentes uniformados.
Yunisleive Fernández también acudió a la Policía. El 19 de junio de 2023 se acercó a la unidad Torrientes, en Matanzas, luego de que su pareja la agrediera. Reportes del portal Cubanet indican que los oficiales le tomaron la declaración, pero que no arrestaron al culpable. El primo de la víctima indicó que la situación escaló luego de la denuncia desoída. «Al enterarse que ella lo había denunciado, él la amenazó diciéndole que la iba a matar a ella y al hijo que tiene cuatro años», dijo.
El 23 de junio de 2023, el agresor mató a Yunisleive frente a su hijo.
Una semana antes de que Rosmery Ponce Peña, de 23 años, recibiera un disparo en la cabeza a manos de su expareja, la joven —madre de un pequeño— había acudido a la Policía de Güines, en Mayabeque, para pedir ayuda. El hecho ocurrió el 10 de julio de 2023. La familia de la víctima también recibió amenazas del asesino, quien —según testigos— mantenía estrechos vínculos con las fuerzas policiales de la zona. Las autoridades no notificaron a sus padres cuando el culpable fue arrestado. En conversaciones con el diario 14ymedio dijeron haberse enterado por «la llamada de un vecino».
El Código Penal de 2022 recoge en el artículo 30.1, en calidad de medida cautelar, «la prohibición de acercamiento a la víctima, perjudicado, familiares o personas allegadas afectivamente». Tanto la Policía Nacional Revolucionaria como la Fiscalía pueden aplicar la medida cautelar, junto a otras de carácter preventivo en el momento de tomar la denuncia de las víctimas o tras el término del juicio. La normativa, a su vez, especifica que la Policía es el órgano encargado de controlar y dar seguimiento. Sin embargo, su eficiencia ha quedado a título de papel y con claras deficiencias en la práctica.
Estado de emergencia por violencia de género en Cuba
La situación alarmante de la violencia de género en Cuba y las múltiples iniciativas de la sociedad civil han hecho cada vez más difícil que el oficialismo pueda ocultar la dura realidad.
A principios de 2023, los feminismos independientes pidieron —por tercer año consecutivo— declarar el «estado de emergencia por violencia machista» en el país. El llamado se sustentó en el aumento de feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas; así como en la carencia de mecanismos y protocolos efectivos de prevención que garantizaran la protección de las víctimas, el incumplimiento de las órdenes de alejamiento por parte de los agresores y las malas prácticas en los procedimientos de recepción de denuncias.
Una vez más, las feministas cubanas urgían al Gobierno —entre otras cosas— que incorporara el «feminicidio» como delito en el Código Penal; la aprobación de una ley integral contra la violencia de género; la creación de una red de refugios para sobrevivientes con las garantías para atender los casos; la garantía de derechos a personas trans, mujeres afrodescendientes, mujeres de zonas rurales y personas con discapacidad. Pero sobre todo, el derecho de reunión, asociación y manifestación para quienes luchan contra la violencia de género.
Hasta el 5 de febrero de 2024, los observatorios independientes verificaron siete nuevos feminicidios en la isla. Camagüey es la provincia con más casos verificados en lo que va de año.
Diana Rosa Cervantes Mesías, de 29 años, fue asesinada con extrema violencia por su pareja el 2 de enero de 2024 en su hogar, en Camagüey. Una semana más tarde, el 9 de enero, perdía la vida Yanilsa Zamora Miranda en su vivienda en el Reparto Santiesteban «El Guarro», en Holguín, a manos de quien entonces era su pareja. El crimen ocurrió en horas de la madrugada, cuando sus hijos dormían. «Hubo crueldad y ensañamiento», relató al OGAT un familiar de Yanilsa.
La tercera víctima es Dailene Fernández Carasa, asesinada por su pareja el 11 de enero de 2024 en su casa de Alamar, Habana del Este. El agresor se suicidó luego de cometer el crimen. Le sobrevive una niña de 9 años. De acuerdo con un comunicado emitido por YSTCC, fuentes cercanas denunciaron la supuesta inacción policial. A pesar de las alertas ciudadanas, las autoridades no procedieron a entrar en el domicilio.
«No puede quedar en manos de la ciudadanía la intervención en hechos de este tipo. La [ciudadanía] no tiene la preparación ni la potestad para contener a personas armadas», señaló la plataforma YSTCC.
En el primer mes del año también se reportaron los feminicidios de Talía Labañino, 21 años, en Nuevitas, Camagüey; de Aliuska Carmenate, 40 años, en Mayarí, Holguín y de Dianny Caballero González, 23 años, en la vía pública en El Diezmero, San Miguel del Padrón. Dianny se encontraba realizando compras en este lugar pero residía en Vertientes, Camagüey.
Los observatorios reportaron el feminicidio de la psicóloga y coordinadora local de la Red TransCuba, Helen García Artelles, de 38 años de edad, ocurrido en su hogar en la ciudad de Camagüey, a manos de su pareja, el 2 de febrero. YSTCC denunció las diferentes formas de transfobia sucedidas tras la muerte de Helen, como morosidad para el procesamiento policial y de la morgue y el uso de su nombre muerto en la funeraria.
Bajo la premisa de «tolerancia cero [con] la violencia de género», Amarelle Boué tomó la palabra en el marco del VII Pleno del Comité Central del PCC. La funcionaria habló de «continuas acciones de capacitación» para los operadores de la ley con respecto a la temática. Resaltó los pasos en ese sentido dados por la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior. Pero el cúmulo de feminicidios dibuja otro escenario, del cual las altas esferas se rehúsan a hablar.
Mientras los feminicidios continúan en aumento, el oficialismo mantiene una actitud criminalizadora contra activistas feministas y sexodisidentes. Se sofoca cualquier iniciativa ciudadana. Sin embargo, Boué habla de la existencia de «mecanismos» dentro de la FMC que garantizan la participación de los «actores comunitarios» a la hora de prevenir y tratar crímenes de esta índole.
Entonces, ¿existe o no tolerancia cero con la violencia de género en Cuba?
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Laura